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Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’
Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU

Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.
“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.
Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.
“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.
Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.
Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.

Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Las historias detrás del sueño americano
No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.
Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.
Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.
Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.
En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.
No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.
Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.
De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.
Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.
Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.
Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.
“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.
Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.
Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.
Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.
“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.

Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.
Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.

Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)
A la espera del asilo
Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.
Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.
Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.

En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.
Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.
Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.
“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.
Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.
Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.
Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.
La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.
La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.
El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.
Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.
Ya sabemos por qué.
Federal Government
Trump budget targets ‘gender extremism’
Proposed spending package would target ‘leftist’ political ideologies
The White House submitted its 2027 budget request to Congress last month, outlining a push for the Federal Bureau of Investigation to “proactively” target what it describes as “extremism” related to gender — raising concerns about the potential for law enforcement to target LGBTQ people.
The Trump-Vance administration’s 2027 budget request, submitted to Congress on April 4, proposes a dramatic increase in national security and law enforcement spending, while reducing foreign aid and restructuring multiple domestic security programs. In total, the administration is requesting $2.16 trillion in discretionary budget authority (including mandatory resources), a 15.3 percent increase over the 2026 proposal.
Central to the proposal is the creation of a new “NSPM-7 Joint Mission Center,” a direct follow-up to the September 2025 National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7). The directive instructs the Justice Department, the FBI, and other national security agencies to combat what the administration defines as “political violence in America,” effectively reshaping the Joint Terrorism Task Force network to focus on “leftist” political ideologies, according to reporting by independent journalist Ken Klippenstein.
The American Civil Liberties Union has characterized NSPM-7 as a way for President Donald Trump to intimidate his political enemies.
In a press release following the memorandum, Hina Shamsi, director of the ACLU’s National Security Project, said, “President Trump has launched yet another effort to investigate and intimidate his critics,” and had described the move as an “intimidation tactic against those standing up for human rights and civil liberties.”
The proposed mission center would include personnel from 10 federal agencies tasked with targeting “domestic terrorists” associated with a wide range of ideologies. Among them is what the administration labels “extremism” related to gender, alongside categories such as “anti-Americanism,” “anti-capitalism,” “anti-Christianity,” and “support for the overthrow of the U.S. government.” The document also cites “hostility toward those who hold traditional American views” on family, religion, and morality — language LGBTQ advocates have increasingly warned could be used to frame queer and transgender rights movements as ideological threats.
The mission center is one component of a proposed $166 million increase in the FBI’s counterterrorism budget.
In total, the FBI would receive $12.5 billion for salaries and expenses under the proposal, a $1.9 billion increase. Planned investments include unmanned aerial systems operations and counter-drone capabilities, counterterrorism efforts, and security preparations for the 2028 Summer Olympics in Los Angeles. The budget also cites 67,000 FBI arrests since Jan. 20, 2026, which it describes as a 197 percent increase from the prior year.
When Congress passed the USA PATRIOT Act in 2001, it also enacted 18 U.S.C. § 2331(5), which defines domestic terrorism as activities involving acts dangerous to human life that violate criminal laws and are intended to intimidate or coerce civilians or influence government policy through violence. That statutory definition has not changed.
However, federal agencies have historically categorized domestic terrorism threats into groups such as racially or ethnically motivated violent extremism, anti-government or anti-authority violent extremism, and other threats, including those tied to bias based on religion, gender, or sexual orientation.
The language in the budget suggests a shift in how those categories are interpreted and applied — particularly by explicitly linking “extremism” to gender and to perceived opposition to “traditional” views — without any corresponding change to federal law. Only Congress has the power to change the definition of domestic terrorism by passing legislation.
The budget document states:
“DT lone offenders will continue to pose significant detection and disruption challenges because of their capacity for independent radicalization to violence, ability to mobilize discretely, and access to firearms. Additionally, in recent years, heinous assassinations and other acts of political violence in the United States have dramatically increased. Commonly, this violent conduct relates to views associated with anti-Americanism, anti-capitalism, and anti-Christianity; support for the overthrow of the U.S. government; extremism on migration, race, and gender; and hostility toward those who hold traditional American views on family, religion, and morality.”
This language echoes earlier actions by the Trump-Vance administration targeting trans people.
On the first day of his second term, President Trump signed Executive Order 14168, titled “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government.”
The order establishes a strict binary definition of sex and withdraws federal recognition of trans people.
“It is the policy of the United States to recognize two sexes, male and female,” the order states. “‘Sex’ shall refer to an individual’s immutable biological classification as either male or female. ‘Sex’ is not a synonym for and does not include the concept of ‘gender identity.’”
Appropriations committees in both chambers are expected to begin hearings in the coming weeks.
Hungary
Viktor Orbán ousted in Hungarian elections
Anti-LGBTQ prime minister conceded defeat after polls closed
Hungarian Prime Minister Viktor Orbán on Sunday conceded defeat in the country’s elections.
The Associated Press notes Péter Magyar’s center-right Tisza party is significantly ahead of Orbán’s Fidesz-KDNP coalition.
Orbán had been in office since 2010. He and his government have faced widespread criticism over its anti-LGBTQ crackdown.
Sunday’s elections took place less than a week after Vice President JD Vance traveled to Budapest, the Hungarian capital, and urged Hungarians to support Orbán.
The Washington Blade will update this story.
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
The Comings & Goings column also invites LGBTQ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success.
Congratulations to Yadiel Meléndez, on their new role as Community Associate, with the Wanda Alston Foundation. Meléndez is piloting a new role as a Community Associate at the Wanda Alston Foundation, where they support queer and trans young people in finding their footing, building independence, and experiencing a housing community where they are seen, valued, and affirmed. They are coming into this role with more than a decade of experience as a community organizer and operations specialist, supporting diverse communities through service, advocacy, and program coordination.
Previously they worked for Right Proper Brewing Shaw as a server and bartender and at Sephora, Washington, DC, and at FreshFarm, DC, in bilingual food access. They also worked freelance to build foundational structures for local queer BIPOC performance art coalitions, producing variety shows to curate space for marginalized performance artists in the community. They were a production manager for Haus of Hart Productions, a BIPOC centric performance art production. They also worked as field staff with the American Foundation for Suicide Prevention in Stafford, Va.
Meléndez is bilingual, Spanish and English. Their work is guided by a commitment to dignity, safety, and trauma-informed engagement, particularly within LGBTQ and BIPOC communities.
Congratulations also to Ben Rosen LICSW, on his new role as program director, with the Wanda Alston Foundation. Rosen previously worked with Fountain House’s OnRamps program, helping to build a new, innovative outreach program for individuals considered chronically homeless, and living with serious mental illness, in the Times Square area of New York. Rosen is a Psychotherapist, having worked with SG Psychotherapy, and as the psychotherapist with the Nest Community Health Center (URAM).
Rosen has a B.F.A. in Theatre Arts: Musical Theatre, Minor in Psychology (Cum Laude) from Malloy University Conservatory; and his M.S.W. in Clinical Practice with Individuals, Families, and Groups, from The Silberman School of Social Work, Hunter College, N.Y. He is independently licensed in New York and Washington, D.C.
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