Connect with us

News

Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’

Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU

Published

on

Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.

“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.

Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.

“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.

Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.

Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.

Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

Las historias detrás del sueño americano

No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.

Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.

Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.

Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.

En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.

No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.

Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.

De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.

Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.

Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.

Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.

“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.

Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.

Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.

Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.

“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.

Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.

Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.

Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)

A la espera del asilo

Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.

Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.

Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.

En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.

Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.

Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.

“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.

Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.

Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.

Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.

La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.

La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.

El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.

Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.

Ya sabemos por qué.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

The White House

White House deadnames highest-ranking transgender official

Rachel Levine’s portrait altered at HHS

Published

on

Adm. Rachel Levine speaks at the International LGBTQ Leaders Conference on Dec. 2, 2021. (Washington Blade photo by Michael Key)

Admiral Rachel Levine — the first transgender person ever confirmed by the U.S. Senate and the highest-ranking trans official in American history — had her official portrait in the Humphrey Building altered, with staff replacing her correct name with her deadname, the name she has not used since 2011.

NPR first reported the change, and an HHS spokesperson confirmed to the outlet that Levine’s portrait had recently been altered. A digital photograph obtained by NPR shows Levine’s former (male) name typed on a placard beneath the portrait, placed under the glass of the frame.

Levine served as a four-star admiral in the U.S. Public Health Service Commissioned Corps under the Biden-Harris administration and was appointed the 17th assistant secretary for health.

During her tenure, Levine oversaw the Commissioned Corps and helped lead national public-health initiatives, including the federal COVID-19 response and vaccination strategy; efforts to address rising syphilis infection rates; HIV/AIDS prevention and treatment programs; and strategies to combat the opioid epidemic, particularly through expanded harm-reduction approaches for the communities most affected.

The Trump-Vance administration’s decision to publicly deadname Levine is widely viewed within the trans community as demeaning and disrespectful. The move comes amid a series of federal policy reversals targeting LGBTQ Americans, particularly trans youth seeking gender-affirming care.

Those actions include: weakening workplace protections for LGBTQ employees; limiting restroom access; downgrading gender-identity discrimination cases; pressuring hospitals to end gender-affirming care; cutting HIV research and prevention funding; removing LGBTQ crisis resources; restricting access to trans-inclusive medical policies for veterans and young people; supporting trans sports bans and threatening funding for teams that include trans athletes; and forcing schools and universities to eliminate DEI and LGBTQ offices, inclusive curricula, gender-neutral bathrooms, and books or training materials addressing LGBTQ issues.

The Trump–Vance administration has also expanded federal censorship by removing LGBTQ language from surveys, agency websites, Smithsonian materials, and human-rights reports; blocking Pride recognitions; creating federal communications that misgender trans women; imposing passport and travel barriers for trans Americans; lifting protections for trans service members; limiting benefits and care for LGBTQ veterans; and pressuring states, universities, and hospitals to end trans-inclusive policies under threat of losing federal research, education, or Medicaid funds. The administration has additionally deported LGBTQ asylum seekers to unsafe conditions, removed LGBTQ issues from global human-rights reporting, and escalated anti-trans rhetoric at public events.

These actions stand in stark contrast to Levine’s public-health record. As assistant secretary for health, she worked to expand LGBTQ+ health data collection, promote equitable vaccine distribution, strengthen national health-equity initiatives, and reduce care disparities experienced by historically underserved communities, including LGBTQ populations. Within HHS, she led councils and task forces dedicated to reducing structural barriers to care and improving community outcomes.

Before joining the federal government, Levine oversaw health and safety for nearly 13 million residents as Pennsylvania’s physician general from 2015–2017 and as Pennsylvania secretary of health from 2018–2021.

Rachel Levine‘s official portrait, which now bears her deadname. (Photo public domain)

Asked by NPR about the alteration of her official portrait, Levine responded that it had been an honor to serve as assistant secretary for health, adding: “I’m not going to comment on this type of petty action.”

Continue Reading

Congress

EXCLUSIVE: George Santos speaks out on prison, Trump pardon, and more

Not interested in political comeback: ‘I made so many poor choices’

Published

on

George Santos sits down with the Washington Blade for an exclusive interview. (Washington Blade photo by Michael Key)

It has been just over two years since George Santos — the disgraced politician who once represented New York’s Third District — was expelled from Congress. Now, Santos is breaking his silence about his expulsion, imprisonment, subsequent pardon, what he believes he did wrong, and allegations regarding immigration fraud.

In 2022, Santos was elected to represent the Long Island communities of North Hempstead, Glen Cove, and Oyster Bay, one of the wealthiest congressional districts in the United States. This week, he sat in the lobby of the Hyatt Capitol Hill, just blocks from his former office in the Cannon House Office Building, to speak with the Washington Blade about how he became the center of one of the most outrageous political scandals in modern U.S. history. Despite the media scrutiny surrounding his lies, criminal convictions, and eventual pardon by President Donald Trump, Santos appeared relaxed during the interview, speaking freely about his experiences, admissions, and grievances.

Scope of Santos’s misconduct

Many journalists have struggled to verify George Santos’s personal history and professional resume. Numerous claims he made during his campaigns have been debunked or walked back, particularly regarding his personal and professional history since 2020.

Santos gained media attention for claiming Jewish heritage despite being raised Catholic and identifying as Catholic. He said his maternal grandfather grew up Jewish, converted to Catholicism before the Holocaust, and raised his children Catholic. Investigations, however, show his maternal grandparents were born in Brazil, not Ukraine or Belgium. Santos described himself variously as “Jew-ish,” “half Jewish,” a non-observant Jew, a “proud American Jew,” and a “Latino Jew.”

He also misrepresented his mother’s professional history, claiming she was “the first female executive at a major financial institution.” Records, including her 2003 visa application, show she had not been in the U.S. since 1999 and listed her occupation as a domestic worker.

Santos further fabricated his educational history, claiming a bachelor’s degree in finance and economics from Baruch College, where he said he graduated near the top of his class. Investigations revealed he never graduated. He also falsely claimed an MBA from New York University on official campaign documents — a misrepresentation that later became grounds for his expulsion. Santos later blamed the lies on a local Republican Party staffer.

His professional claims were also fraudulent. Santos called himself a “seasoned Wall Street financier and investor” and claimed to have worked for Citigroup and Goldman Sachs. Both companies reported no record of his employment. When pressed, Santos admitted he had used a “poor choice of words,” eventually describing his experience as “limited partnerships.” He also falsely claimed to have lost four employees in the 2016 Pulse nightclub shooting in Orlando; no victims had any connection to companies listed in his biography.

Santos misrepresented his residences during his 2020 campaign. He listed an Elmhurst, Queens, address outside the district he sought to represent, later moving with his partner to a Whitestone rowhouse. He was registered to vote at the Whitestone address but did not live there.

When asked about his lies, Santos told the Blade he wishes he did everything differently.

“Everything, everything, everything,” Santos told the Blade. “I made so many poor choices that I think it would be redundant to not say everything.”

He did not fully take responsibility, describing the scandals as a mix of personal ambition and what he called a “sensational political assassination.”

“Ambition is a toxic trait, and unfortunately, I was consumed by that. I forewent everyone else’s [considerations]… I had no consideration for anything around me other than myself, and that’s awful,” he added.

In addition to personal history fabrications, Santos made numerous false claims the Department of Justice later treated as campaign finance fraud. He solicited donations through a fake political entity, diverted funds into an LLC he controlled, and disguised personal expenditures as legitimate political expenses, using donations for luxury purchases.

Santos denied wrongdoing, stating, “I didn’t steal people’s credit cards… I didn’t go shopping at Hermes and Onlyfans. It’s not true either.”

He defended some purchases as campaign-related, singling out House Ethics Committee Chairman Michael Guest.

“The only two luxury brands that you’ll see of purchases in my campaign were Ferragamo and Tiffany. [I got] Ferragamo for the [male members of the] Republican steering committee when I was lobbying for my seat committee and three Tiffany pens for the females … That’s where those are legal expenses. They’re very legal.”

The House Ethics Committee found “substantial evidence” of lawbreaking, stating Santos “fraudulently exploited every aspect of his House candidacy,” using campaign funds for luxury shopping, cosmetic procedures, travel, and rent.

“I had a choice to not straw donate to my campaign, and I chose to, yeah, that was a poor choice,” Santos admitted. “Of course, I’m guilty for that. Was I forthcoming in the GOP with the party? No, I was not. I was very dishonest with the GOP, and for that I regret, and I also regret that the GOP in New York created an environment that made somebody like me feel it was needed to do that. But I regret not being forthcoming and honest about it.”

Santos also collected pandemic unemployment payments of approximately $24,000 while employed.

He was charged with multiple federal offenses, including conspiracy to commit offenses against the United States, wire fraud, making materially false statements to the FEC, falsifying records, aggravated identity theft, access device fraud, money laundering, and theft of public funds. Santos pleaded guilty to wire fraud and aggravated identity theft and was sentenced to 87 months in prison in April 2025, ordered to pay hundreds of thousands in restitution and forfeiture. He was released from the Federal Correctional Institution in Fairton, N. J., following Trump’s pardon in October.

Immigration fraud allegations

George Santos (Washington Blade photo by Michael Key)

In addition to the professional and personal claims Santos has made that have been proven false, he also addressed allegations of immigration fraud raised by the Washington Blade. A source familiar with Santos’s history with U.S. immigration proceedings described several alarming allegations, most notably a reportedly fraudulent marriage to his former wife, Uadla Viera, to help her obtain U.S. immigration status. Santos has adamantly denied wrongdoing.

According to the source, who spoke to the Blade on condition of anonymity, Santos married Viera in a civil ceremony in Manhattan in 2012, despite neither living in the city. There are no known photos, announcements, or records of a wedding celebration, engagement, bridal party, shower, or honeymoon. This unusual lack of documentation stands out for Santos, whose life and actions are typically geared toward media attention.

While the source questioned the motive behind the marriage, Santos insisted it was legal and not done for any nefarious purpose.

“I married a person who was legally in this country, and all in all, what I did was kind of skip the line for her. And we were married, and there was no financial benefit [for me]. We were married. We had bills together. There’s no proof or evidence of a financial benefit other than jaded people again, anonymously, lying saying ‘He got paid. He offered me money.’ First of all, I don’t even have the wherewithal for that. Second of all, we went through a very rigorous — fucking rigorous — immigration litmus test, house interviews, multiple layers of interviews, a consummate marriage that was very obvious for anybody who was around us, and then I ended up cheating for now, obvious reasons.”

In 2013, the source said Santos dated Leandro Bis, a Brazilian tourist, while still married to Vieira. Santos denies this, framing the period as tumultuous and asserting that he was merely helping someone in need who now falsely alleges more. Bis told ABC News in a 2023 interview that Santos had “promised the world” to him while they dated.

“I’ve never dated a Leandro,” Santos told the Blade. “I can’t believe that six months of my life are common stories in the New York Times. This lunatic is going on TV and putting himself out there…I look so much better than him, and I’m much older than him. I mean life does numbers on people, because hate is a virus.”

The source further recounted Santos’s interactions with Greg Morey-Parker, a former roommate of Santos’s who told CNN that he was suspicious of Santos’s academic resume and stories of family wealth.

“Greg Morey-Parker is not a boyfriend– nowhere near a boyfriend,” Santos told the Blade. “He was actually a homeless Starbucks barista that I felt bad for. Let him crash in my living room. … He accused me of stealing his Burberry scarf. You’re homeless and you have a Burberry scarf? Bro, make up your fucking mind.”

In 2014, Santos met Pedro Vilarva, 18, on Tinder and dated him for a year while still married to Viera. According to the source, the trio socialized frequently: Santos and Vilarva with other gay men, Viera with heterosexuals. That same year, Santos filed a family-based immigration petition for Viera, who was granted conditional permanent residency. Santos publicly celebrated his engagement to Vilarva in a Facebook post at La Bonne Soupe, a Manhattan restaurant, though the relationship eventually ended. That Facebook post has since been deleted.

Santos maintains he was honest with both immigration authorities and his spouse.

“I was honest with immigration authorities, 100% above board. I was honest with my spouse, as far as my relationship with him and with my ex-wife, so much I’m the one who told her, I’m sorry we can’t do this anymore. I’m seeing Pedro. And she knew Pedro, it was a shit show. Okay? I’m gonna leave it at that, out of respect to both her and Pedro … I cheated on my first wife, and that was a whole story on its own.”

Later in 2014, Santos met Morey-Parker, who told the Daily Beast that Santos advised him to marry an immigrant woman from Brazil to make money. Santos denied that claim to the Blade.

“That is Gregory again making more shit up and there’s no proof or evidence or anything that you can point to,” Santos said.

Viera became a permanent resident in 2017, according to previous media reports, and in 2018 gave birth to a daughter. Santos did not claim paternity or seek custody. Santos and Viera were granted an uncontested divorce in 2019. Viera became a U.S. citizen in 2022 and purchased a $750,000 home in New Jersey, according to the Blade’s source and to the official deed of the property.

Santos did not mention that he had been married or divorced during his congressional campaigns until an internal vulnerability study commissioned by the campaign identified it as a potential issue for voters.

Santos downplayed all of this, saying it was a running joke among his staff. “I would be a joke. I would allude to it [and say] ‘Ladies, look, I love you guys, but there’s a reason that I don’t date women anymore, and I’m divorced from my first wife.’ It was like a running joke, making light of it and self-deprecating humor, which is my favorite kind of humor.”

He claimed that the New York Times story was the reason he became more sensitive with posts related to his ex-wife.

“The reason it’s not [visible] today is because I pulled it all off because of privacy issues. It was all archived for my Instagram, but if you had access to my Instagram prior to the New York Times story, you would see I never deleted my pictures with her…They were all over my Instagram, going to the beach, like everything. It’s like our entire life was documented together.”

On Trump, politics, and public office

Santos was tight lipped when the Blade questioned him about his conversations with President Trump.

“You never, ever share a lick of a word you exchange with the sitting president of the United States, no matter who that person is… I’ve seen it backfire for people who did it with Biden, with Trump, with Obama. I’m not about to make that mistake. Yeah, my conversations with the president are private.”

He did say that he was humbled by Trump’s pardon but regrets ever entering politics.

“I had such a good life, and to have to be at the place I am today is indicative of, you know, politics is really for the elites…I’m so uninterested in politics these days…I want to get involved in policy change, but not politicking.”

He said he is not interested in a position in the Trump administration.

“I would respectfully decline [any government job], I would say thank you from the bottom of my heart, and say ‘I’m probably not best suited for a job in government.’ I want nothing to do with the government or public office.”

Trans and LGBTQ issues

George Santos (Washington Blade photo by Michael Key)

Santos also spoke on his experience as both a member of the LGBTQ community and a Republican legislator. Most notably, he doesn’t think there is any barrier for gay people to join the Republican Party, citing his ascent into Republican leadership as an example.

He defended his record as a gay Republican, noting the continued election and reelection of LGBTQ members of Congress and emphasizing that he disproved stereotypes about Republicans.

“There’s no bigotry in the Republican Party. It’s a matter of how you present yourself…I’m not saying there’s no anti-gay sentiment, I’m pretty sure there is, but I never experienced it.”

He continued, explaining how far-right figures gaining prominence within Republican circles sets off some tension.

“I know it exists… I mean Nick Fuentes exists, right? His followers go on my social media, and either call me a Jew or a homo all day long. But I’m proud of it. I’m proud that I was the first who didn’t conceal the fact that he’s gay, and still got elected by a constituency of Republicans in a landslide victory.”

It is important to note that Santos is the first openly LGBTQ non-incumbent Republican to be elected to Congress, not the first openly LGBTQ Republican to win an office. Santos won his seat with 53% of his district’s vote while his opponent, Robert Zimmerman, got 46%.

Santos spoke on his experience as a gay man, echoing other LGB Republicans who have distanced themselves from transgender rights.

“This is very controversial for me, but I don’t loop my issues in with the trans community issues. I’m a gay man. I’m gender conforming. I’m he/him/sir.”

He continued, saying all he can speak on is his experience as a gay man, which doesn’t inherently lend him to being a champion for transgender rights, unlike many other LGB elected officials have done.

“I’ve never walked in the shoes of a trans person, so I can’t speak for them.” Santos framed his stance on gender-affirming care carefully: “I believe those people deserve the right to treatment, and that’s fair. I don’t believe in a mass agenda of pushing children towards that. I think we need to have a sensible conversation of, let’s allow kids to get to a certain age, right? Let’s allow adults to make those decisions, not children…for permanent decisions like hormone blockers and puberty blockers…that should be with adults.”

This is despite general medical consensus that views gender-affirming care as medically necessary, appropriate, and potentially life-saving for trans youth. The American Medical Association, the largest medical association in the country, opposes state laws that interfere with or ban gender-affirming care, calling such actions harmful and contrary to medical evidence.

Prison experience

Santos also spoke explicitly about what he says are dehumanizing conditions at FCI Fairton, something that has given him a new passion following his release from the facility.

“It’s punitive and dehumanizing,” he said when describing the situation he was in.

“Black mold bubbling all over the ceiling. Rat infestations… Listeria and ringworm outbreaks. Expired food… Underwear with skid marks… either wear that or don’t wear underwear.”

He continued, emphasizing the dehumanizing treatment he says he received, and hoping it will lead to prison reform.

“Solitary confinement for 41 days. Three showers a week. One 15-minute phone call every 30 days. [The warden] an absolute vicious human being. … We need to rehabilitate people. Just make it humane.”

Santos hinted at a future in media and activism, particularly related to prison reform, signaling that while he has stepped away from public office, he may still seek to influence policy and public discourse.

Despite his dramatic fall from political grace, Santos remains unapologetically in the public eye. From allegations of fraud to his prison experience and ongoing controversies, he presents a portrait of a man both shaped by — and defiant of — the consequences of his actions. Whether the public views him as a cautionary tale, a redeemed figure, or something in between, Santos’s story continues to provoke debate about accountability, ambition, and the limits of political power in America.

Continue Reading

Egypt

Iran, Egypt object to playing in Seattle World Cup ‘Pride Match’

Game to take place on June 26

Published

on

(Photo by fifg/Bigstock)

Iran and Egypt have objected to playing in a “Pride Match” that will take place in Seattle during the 2026 World Cup.

The Egyptian Football Association on Tuesday said it told FIFA Secretary General Mattias Grafström in a letter that “it categorically rejects holding any activities related to supporting (homosexuality) during the match between the Egyptian national team and Iran, scheduled to be held in Seattle, USA, on June 26, 2026, in the third round of the group stage of the 2026 World Cup.” Football Federation Islamic Republic of Iran President Mehdi Taj told ISNA, a semi-official Iranian news agency that both his country and Egypt “protested this issue.”

The 2026 World Cup will take place in the U.S., Canada, and Mexico. The draw took place at the Kennedy Center on Dec. 5.

Iran is among the handful of countries in which consensual same-sex sexual relations remain punishable by death.

The State Department’s 2023 human rights report notes that while Egyptian law “did not explicitly criminalize consensual same-sex sexual activity, authorities regularly arrested and prosecuted LGBTQI+ persons on charges including ‘debauchery,’ prostitution, and ‘violating family values.’” Egyptian authorities “also reportedly prosecuted LGBTQI+ individuals for ‘misuse of social media.’”

“This resulted in de facto criminalization of same-sex conduct and identity,” notes the report.

The 2024 human rights report the State Department released earlier this year did not include LGBTQ-specific references.

Soccer has ‘unique power to unite people across borders, cultures, and beliefs’

The June 26 match between Iran and Egypt coincides with Seattle Pride. The Washington Post reported the Seattle FIFA World Cup 2026 Local Organizing Committee decided to hold the “Pride Match” before last week’s draw.

“As the Local Organizing Committee, SeattleFWC26’s role is to prepare our city to host the matches and manage the city experience outside of Seattle Stadium,” said SeattleFWC26 Vice President of Communications Hana Tadesse in a statement the committee sent to the Washington Blade on Wednesday. “SeattleFWC26 is moving forward as planned with our community programming outside the stadium during Pride weekend and throughout the tournament, partnering with LGBTQ+ leaders, artists, and business owners to elevate existing Pride celebrations across Washington.”

“Football has a unique power to unite people across borders, cultures, and beliefs,” added Tadeese. “The Pacific Northwest is home to one of the nation’s largest Iranian-American communities, a thriving Egyptian diaspora, and rich communities representing all nations we’re hosting in Seattle. We’re committed to ensuring all residents and visitors experience the warmth, respect, and dignity that defines our region.”

The 2034 World Cup will take place in Saudi Arabia.

Consensual same-sex sexual relations remain punishable by death in the country. The 2022 World Cup took place in neighboring Qatar, despite concerns over the country’s anti-LGBTQ rights record.

Continue Reading

Popular