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Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’
Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU

Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.
“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.
Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.
“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.
Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.
Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.

Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Las historias detrás del sueño americano
No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.
Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.
Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.
Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.
En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.
No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.
Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.
De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.
Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.
Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.
Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.
“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.
Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.
Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.
Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.
“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.

Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.
Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.

Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)
A la espera del asilo
Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.
Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.
Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.

En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.
Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.
Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.
“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.
Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.
Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.
Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.
La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.
La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.
El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.
Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.
Ya sabemos por qué.
Uganda
LGBTQ Ugandans targeted ahead of country’s elections
President Yoweri Museveni won 7th term in disputed Jan. 15 vote
Barely a week after Ugandan President Yoweri Museveni secured a 7th term in an election marred by state violence, intimidation, and allegations of fraud, the country’s queer community spoke about how the election environment impacted it.
The LGBTQ lobby groups who spoke with the Washington Blade noted that, besides government institutions’ failure to create a safe and inclusive environment for civic participation by all Ugandans, authorities weaponized the Anti-Homosexuality Act to silence dissent and discourage queer voter engagement.
The rights groups note that candidates aligned with Museveni’s ruling National Resistance Movement — including Parliament Speaker Anita Among — during the campaigns accused their rivals of “promoting homosexuality” to discredit them while wooing conservative voters.
Queer people and LGBTQ rights organizations as a result were largely excluded from the formal political processes for the election as voters, mobilizers, or civic actors due to fear of exposure, stigma, violence, and legal reprisals.
“This homophobic rhetoric fueled public hostility and emboldened vigilante violence, forcing many queer Ugandans into deeper hiding during the election period,” Uganda Minority Shelters Consortium Coordinator John Grace stated.
Some queer people had expressed an interest in running for local council seats, but none of them formally registered as candidates or campaigned openly because of safety concerns and local electoral bodies’ discriminatory vetting of candidates.
“UMSC documented at least three incidents of election-related violence or intimidation targeting LGBTQ+ individuals and activists,” Grace noted. “These included harassment, arbitrary detentions, extortions by state and non-state actors, digital cat-fishing, and threats of outing.”
Amid such a militarized and repressive election environment, Let’s Walk Uganda Executive Director Edward Mutebi noted queer-led and allied organizations engaged in the election process through restricted informal voter education, community discussions, and documenting human rights violations.
“Fear of backlash limited visibility and direct participation throughout the election cycle,” Mutebi said. “But despite the hostile environment of work, Let’s Walk Uganda was able to organize a successful transgender and gender diverse youth training on electoral security and safety.”
Museveni’s government escalated its repressive actions during the Jan. 15 elections by shutting down the internet and suspending nine civil society organizations, including Chapter Four Uganda and the National Coalition of Human Rights Defenders, for allegedly engaging in activities that are prejudicial to the security and laws of the country.
The suspension of the rights organizations remains in force, an action both Mutebi and Grace condemn. They say it prevents queer Ugandans from accessing urgent services from the affected groups.
“For the LGBTQ community, the impact has been immediate and deeply harmful. Many of the suspended organizations, like Chapter Four Uganda, were critical partners in providing legal representation, emergency response, and documentation of rights violations,” Grace said.
This has compelled UMSC and its other partners to handle increased caseloads with limited resources, while navigating heightened scrutiny and operational risk.
“The suspension has disrupted referral pathways, delayed urgent interventions, and weakened collective advocacy for marginalized groups and minority rights defenders, which calls for urgent international solidarity, flexible funding, and protection mechanisms to safeguard the work of grassroots organizations operating under threat,” Grace stated.
Mutebi warned that such repressive actions are tyrannical and are indicative of shrinking civic space, which undermines democratic accountability as the promotion and protection of human rights is ignored.
With Museveni, 81, extending his tenure at State House from a landslide win of 72 percent, UMSC and LWU consider a bleak future in the protection of rights for queer Ugandans and other minority groups.
“Without significant political and legal shifts, LGBTQ persons will face continued criminalization, reduced civic space, and heightened insecurity, making sustained advocacy and international solidarity more critical than ever,” Mutebi said. “ It is unimaginable how it feels to live in a country with no hope.”
Grace, however, affirmed the resistance by local queer lobby groups will continue through underground networks, regional solidarity, and digital organizing.
The duo noted that a win by Museveni’s main challenger and rapper, Bobi Wine, who only managed 24 percent of the total votes cast, could have enabled the opening up of civil space and human rights protections in Uganda.
Wine, for his part, spoke in favor of the respect for the rule of law and human rights during his campaign.
“While Bobi Wine’s past stance on LGBTQ rights was inconsistent, his recent shift toward more inclusive rhetoric and international engagement suggested a potential opening for dialogue,” Grace said. “A win might have created space for policy reform or at least reduced state-sponsored homophobia, though structural change would still require sustained pressure and coalition-building.”
Mutebi stated that a change in Uganda’s leadership to a youthful leader like Wine could have offered an opening, but not a guarantee for progress on inclusion and human rights. Mutebi added existing institutionalized and societal homophobia remain in place.
Federal Government
Trump-appointed EEOC leadership rescinds LGBTQ worker guidance
The EEOC voted to rescind its 2024 guidance, minimizing formally expanded protections for LGBTQ workers.
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission voted 2–1 to repeal its 2024 guidance, rolling back formally expanded protections for LGBTQ workers.
The EEOC, which is composed of five commissioners, is tasked with enforcing federal laws that make workplace discrimination illegal. Since President Donald Trump appointed two Republican commissioners last year — Andrea R. Lucas as chair in January and Brittany Panuccio in October — the commission’s majority has increasingly aligned its work with conservative priorities.
The commission updated its guidance in 2024 under then-President Joe Biden to expand protections to LGBTQ workers, particularly transgender workers — the most significant change to the agency’s harassment guidance in 25 years.
The directive, which spanned nearly 200 pages, outlined how employers may not discriminate against workers based on protected characteristics, including race, sex, religion, age, and disability as defined under federal law.
One issue of particular focus for Republicans was the guidance’s new section on gender identity and sexual orientation. Citing the 2020 U.S. Supreme Court’s Bostock v. Clayton County decision and other cases, the guidance included examples of prohibited conduct, such as the repeated and intentional use of a name or pronoun an individual no longer uses, and the denial of access to bathrooms consistent with a person’s gender identity.
Last year a federal judge in Texas had blocked that portion of the guidance, saying that finding was novel and was beyond the scope of the EEOC’s powers in issuing guidance.
The dissenting vote came from the commission’s sole Democratic member, Commissioner Kalpana Kotagal.
“There’s no reason to rescind the harassment guidance in its entirety,” Kotagal said Thursday. “Instead of adopting a thoughtful and surgical approach to excise the sections the majority disagrees with or suggest an alternative, the commission is throwing out the baby with the bathwater. Worse, it is doing so without public input.”
While this now rescinded EEOC guidance is not legally binding, it is widely considered a blueprint for how the commission will enforce anti-discrimination laws and is often cited by judges deciding novel legal issues.
Multiple members of Congress released a joint statement condemning the agency’s decision to minimize worker protections, including U.S. Reps. Teresa Leger Fernández (D-N.M.), Grace Meng (D-N.Y.), Mark Takano (D-Calif.), Adriano Espaillat (D-N.Y.), and Yvette Clarke (D-N.Y.) The rescission follows the EEOC’s failure to respond to or engage with a November letter from Democratic Caucus leaders urging the agency to retain the guidance and protect women and vulnerable workers.
“The Equal Employment Opportunity Commission is supposed to protect vulnerable workers, including women, people of color, and LGBTQI+ workers, from discrimination on the job. Yet, since the start of her tenure, the EEOC chair has consistently undermined protections for women, people of color, and LGBTQI+ workers. Now, she is taking away guidance intended to protect workers from harassment on the job, including instructions on anti-harassment policies, training, and complaint processes — and doing so outside of the established rule-making process. When workers are sexually harassed, called racist slurs, or discriminated against at work, it harms our workforce and ultimately our economy. Workers can’t afford this — especially at a time of high costs, chaotic tariffs, and economic uncertainty. Women and vulnerable workers deserve so much better.”
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
The Comings & Goings column also invites LGBTQ+ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success.
Congratulations to R. Warren Gill III, M.Div., M.A. on being appointed as the development manager at HIPS. Upon his appointment, Gill said, “For as long as I’ve lived in Washington, D.C., I’ve followed and admired the life-saving work HIPS does in our communities. I’m proud to join the staff and help strengthen the financial support that sustains this work.”
Gill will lead fundraising strategy, donor engagement, and institutional partnerships. HIPS promotes the health, rights, and dignity of individuals and communities impacted by sexual exchange and/or drug use due to choice, coercion, or circumstance. HIPS provides compassionate harm reduction services, advocacy, and community engagement that is respectful, non-judgmental, and affirms and honors individual power and agency.
Gill has built a career at the intersection of progressive politics, advocacy, and nonprofit leadership. Previously he served as director of communications at AIDS United, supporting national efforts to end the HIV epidemic. Prior to that he had roles including; being press secretary for Sen. Bernie Sanders during the 2016 presidential primary, and working with the General Board of Church and Society, the United Methodist Church, the denomination’s social justice and advocacy arm.
Gill earned his bachelor’s degree in philosophy and religious studies, Jewish Studies, Stockton University; his master’s degree in political communication from American University, where his graduate research focused on values-based messaging and cognitive linguistics; and his master of Divinity degree from the Pacific School of Religion.
