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Salir de las redes sociales a las calles

Activistas independientes en Cuba usan métodos innovadores

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Un grupo de activistas por los derechos LGBTI+ en Prado y Malecón en La Habana el pasado 27 de octubre. (Foto cortesía de Jimmy Roque Martínez)

Nota del editor: Tremenda Nota es una revista electrónica independiente que documenta la comunidad LGBTI+ del país y otros grupos minoritarios. Tremenda Nota es una pareja de contenido del Washington Blade.

Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.

LA HABANA — Mientras las iglesias se oponen a la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba y el Cenesex mantiene una postura pública discreta, los activistas LGBTI+ — menos organizados que las instituciones religiosas ― promueven campañas en diferentes soportes y medios.

A las tres de la tarde del 27 de octubre de 2018, en la intersección de Prado y Malecón, La Habana, debía celebrarse una besada — o Besuqueo, como le llamaron sus organizadoras — en apoyo al matrimonio igualitario. Unas horas antes habían confirmado su asistencia más de 600 personas y la invitación había sido compartida un centenar de veces en redes sociales. “Sacar los besos del clóset” era la divisa.

Durante el Besuqueo el Proyecto Abriendo Brechas de Colores (ABC) — LGTBI — un grupo que busca “generar espacios de diálogo entre los discursos religiosos y sociales en torno a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+” ― entregaría folletos sobre el fundamentalismo religioso, así como carteles y pegatinas alegóricos a la diversidad sexual y de género.

ABC también planeaba proyectar videos producidos en la campaña Todos los derechos para todas las familias. Los besos más creativos quedarían plasmados en una sesión de fotos. En esa zona del Prado se “izarían” banderas de la diversidad.

Sin embargo, un día antes de la cita ABC canceló públicamente el Besuqueo por no recibir el permiso estatal para tomar la calle.

Pese a la suspensión, a la hora y el día previstos hubo un flash mob (movilización relámpago) en Prado y Malecón. Acudieron las organizadoras del evento y otros activistas vinculados al Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Se besaron.

El Besuqueo no trascendió más: Asistieron unas 30 personas, en lugar de la multitud que podía haber acudido.

La cancelación del evento y la actitud reticente de sus promotoras generaron críticas de varios activistas en las redes sociales. El poeta Norge Espinosa resumió su decepción así: “El activismo de veras se hace con arrojo, con la disposición precisa a ir más allá de los límites permitidos, o no se hace”.

Paradójicamente, dos días antes de que ABC cancelara el Besuqueo, la Iglesia Metodista de Marianao reunió unos 3.500 feligreses en los alrededores del templo para mostrar su desacuerdo con el matrimonio igualitario, según informó la propia institución en su página de Facebook. Celebraron un culto multitudinario, sin permiso de nadie.

Iglesias versus activistas

Hasta ahora las iglesias cubanas han mantenido una postura firme en contra del matrimonio igualitario y “la ideología de género” en las páginas institucionales de sus redes sociales.

Pero su activismo también ha traspasado las fronteras del mundo virtual. Los feligreses han distribuido a lo largo del país carteles y pegatinas que defienden el “diseño original de la familia, como Dios la creó”. También se han manifestado en las calles aledañas a sus templos y, como si fuera poco, han “publicado” sus mensajes en el “paquete semanal”, la variante cubana a la internet.

Ahora quieren llegar más lejos. La reverenda Alida León, presidenta de la Liga Evangélica de Cuba, confirmó a Tremenda Nota que una veintena de denominaciones recogen firmas contra el artículo 68. “No tenemos nada en contra de los homosexuales, pero exigimos que se conserve el concepto de matrimonio como Dios lo creó”.

En efecto, el pasado 13 de noviembre más de una decena de denominaciones cristianas hicieron pública una carta enviada a la “Comisión Constitutiva del del Proyecto de Constitución, Comité Central del PCC”. Las 13 iglesias que suscriben el documento aseguran haber recogido casi 180.000 firmas contra la modificación del concepto de matrimonio en el proyecto de Carta Magna.

La comunidad cristiana podría votar No en el próximo referendo si se mantiene el artículo 68 en el Proyecto de Constitución. En su texto “El artículo 68: Evangélicos, católicos, el movimiento LGBTI y las cortinas de humo” el intelectual y activista Alberto Abreu Arcia asegura que León Báez, uno de los líderes de la iglesia evangélica en Cuba, declaró: “Si no se modifica el tema del matrimonio en el proyecto de Constitución todo votaremos en contra”.

De acuerdo con el Instituto Patmos en 2017 el 10 por ciento de la población cubana profesaba la fe evangélica, mientras que un 35 por ciento se consideraba nominalmente católico. Las denominaciones cristianas están organizadas y tienen presencia a lo largo del archipiélago cubano. Disponen de locales de reunión y de mecanismos de comunicación directa con el Estado. Por ende, el activismo independiente tiene menos ventaja en esta “contienda”.

Muchos defensores de los derechos LGBTI+ en Cuba han tenido que seguir el guión trazado por el Cenesex: Desfilan en mayo a paso de conga y luego regresan a las redes sociales, donde se acumulan denuncias, mensajes y campañas. A las calles no se puede llegar sin la anuencia del Gobierno.

“Las redes sociales y los entornos digitales han venido a suplir las carencias de legitimidad en otros espacios, pero no permiten dar respuesta a todos los desafíos”, explica a Tremenda Nota el joven activista Yadiel Cepero.

“En aras de transformar el estado actual de cosas creo, como muchos otros activistas, que se debe impulsar la agenda LGBTI+ a la par que se impulsan los derechos civiles y políticos. De manera que los colectivos puedan legalizarse, articularse, disponer de espacios de reunión y hacer uso de mecanismos de participación e incidencia política”, asegura Cepero.

Para el fundador de la plataforma de discusión Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba, el primer paso de los defensores de los derechos LGBTI+ sería arriesgarse a tomar el espacio público. “La iglesia puso sus carteles y no pasó nada. ¿A qué le tenemos miedo?”

Sin embargo, durante los debates constitucionales un sector del activismo cubano se ha mantenido a la zaga de las iglesias, confiado en el papel del Estado como garante de derechos.

“Tenemos una herencia fuerte de inactividad, de miedo. Muchas veces porque no nos han dejado caminar solos”, asegura la activista y abogada Lidia Romero. “Hemos llegado a un momento importante para impulsar derechos y justo ahora parece que no sabemos qué hacer, ni cómo organizarnos.

Solo el 17 de mayo ―Día mundial de la lucha contra la homofobia y la transfobia― el Gobierno, a través del Cenesex, autoriza que los activistas, personas LGBTI+ o simpatizantes de la causa de los derechos sexuales marchen. (Foto por Yariel Valdés González)

Algunos activistas creen inevitable la aprobación del artículo 68 y, por tanto, asumen que sería ocioso replicar a los grupos religiosos. El periodista Francisco Rodríguez Cruz aseguró en su blog Paquito el de Cuba que no debe temerse a que “la matriz de opinión conservadora de algunas iglesias pueda imponerse al resto de la sociedad”.

El bloguero explica que los resultados de la consulta popular no los definirá la cantidad de firmas que reúnan las iglesias ni el número de planteamientos en contra del artículo 68, “sino el análisis de la pertinencia o no de cada propuesta que surja del debate, por parte de la comisión redactora del proyecto constitucional y del Parlamento que aprobará el texto definitivo antes del referendo”.

La opinión de Rodríguez Cruz se apoya en las declaraciones del Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez. El pasado 17 de octubre, durante la inauguración del Congreso Internacional Abogacía 2018, el jurista dijo: “El Derecho no puede permanecer esclavo perpetuo de rezagos sociales, aún cuando en un momento pueda entrar en colisión con parte del espectro social. En su misión transformadora le corresponde también impulsar el desarrollo”.

‘Vamos a convocar nuevas besadas’

En las últimas semanas varios activistas han puesto a circular en las redes sociales videos cortos donde personas LGBTI+ (o no) muestran su apoyo al artículo 68 del Proyecto de Constitución.

Las páginas 68Va, Acepto, Por el matrimonio igualitario en Cuba, Proyecto Abriendo Brechas de Colores – LGTBI, Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba e Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba (ICM) llevan adelante diferentes campañas en las redes sociales. También se suman varios cibernautas desde sus perfiles personales o sus blogs.

Sin embargo, las propuestas o campañas generadas en estas plataformas digitales no logran trascender el espacio virtual en un país cuya población mayoritaria permanece desconectada.

Unos meses atrás, el 11 de mayo, una veintena de intelectuales y activistas cubanos publicaron una detallada agenda por los derechos LGBTI+ en Cuba. El documento — primero de su tipo en el país — incluye 63 demandas específicas y se divide en dos grandes secciones: medidas legislativas y políticas, planes y estrategias. Todos sus firmantes son miembros de la sociedad civil.

Algunos de los suscriptores son activistas que buscan alternativas independientes del Estado o el Cenesex para encauzar sus demandas.

“(El Cenesex) es una institución que excluye a quienes no concuerdan con sus ideas políticas, tampoco socializa los avances de su labor, sino que nos pide confiar en que ʻestán trabajandoʼ, sin tener más información que esto. No nos trata como iguales, ni como parte”, agrega Lidia Romero.

Recientemente, la activista Sandra Álvarez Ramírez, otrora webmaster del Cenesex y miembro del consejo editorial de la revista Sexología y Sociedad, fue replicada por el perfil de Facebook de la institución. “Los ʻperiodistas de verdadʼ no recibimos instrucciones desde Berlín”, escribió Cenesex cuando la psicóloga cubana residente en Alemania preguntó sobre la cancelación del Besuqueo.

Para varios militantes el panorama actual empeora por la falta de articulación de un movimiento LGBTI+ en Cuba. “Si tú no tienes espacios de socialización, ni de accionar, ni una institución que te represente como un todo, y ni siquiera puedes asociarte legalmente, entonces no hay trabajo articulado, pero debemos vencer esos límites”, termina Romero.

Menos unidos, más rezagados que las iglesias, los activistas comienzan a salir discretamente de las redes, empiezan a saber que les corresponde emplazar al Estado, a las instituciones y a una parte de la sociedad negada a que todas las personas alcancen todos los derechos.

Jimmy Roque Martínez — uno de ellos — no cree que los simpatizantes con la causa de los derechos sexuales deban mantenerse esperando los resultados del referendo constitucional con discreción. “Además de las historias de vida y opiniones que comenzaron a circular en las redes sociales, y las páginas creadas también vamos a convocar nuevas besadas, solo que estas no van a cancelarse”, augura.

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United Kingdom

UK Supreme Court rules legal definition of woman limited to ‘biological women’

Advocacy groups say decision is serious setback for transgender rights

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The U.K. Supreme Court (Photo by c_73/Bigstock)

The British Supreme Court on Wednesday ruled the legal definition of a woman is limited to “biological women” and does not include transgender women.

The Equality Act that bans discrimination based on sexual orientation and gender identity took effect in 2010.

Scottish MPs in 2018 passed a bill that sought to increase the number of women on government boards. The Supreme Court ruling notes For Women Scotland — a “feminist voluntary organization which campaigns to strengthen women’s rights and children’s rights in Scotland” — challenged the Scottish government’s decision to include trans women with a Gender Recognition Certificate in its definition of women when it implemented the quota.

Stonewall U.K., a British advocacy group, notes a Gender Recognition Certificate is “a document that allows some trans men and trans women to have the right gender on their birth certificate.”

“We conclude that the guidance issued by the Scottish government is incorrect,” reads the Supreme Court ruling. “A person with a GRC (Gender Recognition Certificate) in the female gender does not come within the definition of ‘woman’ for the purposes of sex discrimination in section 11 of the EA (Equality Act) 2010. That in turn means that the definition of ‘woman’ in section 2 of the 2018 Act, which Scottish ministers accept must bear the same meaning as the term ‘woman’ in section 11 and section 212 of the EA 2010, is limited to biological women and does not include trans women with a GRC.”

The 88-page ruling says trans people “are protected by the indirect discrimination provisions” of the Equality Act, regardless of whether they have a Gender Recognition Certificate.

“Transgender people are also protected from indirect discrimination where they are put at a particular disadvantage which they share with members of their biological sex,” it adds.

Susan Smith, co-founder of For Women Scotland, praised the decision.

“Today the judges have said what we always believed to be the case, that women are protected by their biological sex,” she said, according to the BBC. “Sex is real and women can now feel safe that services and spaces designated for women are for women and we are enormously grateful to the Supreme Court for this ruling.”

Author J.K. Rowling on X said it “took three extraordinary, tenacious Scottish women with an army behind them to get this case heard by the Supreme Court.”

“In winning, they’ve protected the rights of women and girls across the UK,” she added.

Advocacy groups in Scotland and across the U.K. said the ruling is a serious setback for trans rights.

“We are really shocked by today’s Supreme Court decision — which reverses 20 years of understanding on how the law recognizes trans men and women with Gender Recognition Certificates,” said Scottish Trans and the Equality Network in a statement posted to Instagram. “The judgment seems to have totally missed what matters to trans people — that we are able to live our lives, and be recognized, in line with who we truly are.”

Consortium, a network of more than 700 LGBTQ and intersex rights groups from across the U.K., in their own statement said it is “deeply concerned at the widespread, harmful implications of today’s Supreme Court ruling.”

“As LGBT+ organizations across the country, we stand in solidarity with trans, intersex and nonbinary folk as we navigate from here,” said Consortium.

The Supreme Court said its decision can be appealed.

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District of Columbia

Two charged with assaulting, robbing gay man at D.C. CVS store

Incident occurred after suspects, victim ‘exchanged words’ at bar

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D.C. police just after 1 a.m. on April 10 arrested two men for allegedly assaulting and robbing a gay man inside a CVS store at 1418 P St., N.W., according to a police report and charging documents filed in D.C. Superior Court.

The charging documents state that the alleged assault and robbery occurred a short time after the three men “exchanged words” at the gay bar Number 9, which is located across the street from the CVS.

The arrested men are identified in the charging documents as Marquel Jose Diaz, 27, of Northwest D.C., and Lorenzo Jesse Scafidi, 21, of Elizabeth City, N.C. An affidavit in support of the arrest for Diaz says Diaz and the victim “were previously in a relationship for a year.”

Court records show Diaz was charged with Simple Assault, Theft Second Degree, and Possession of a Controlled Substance. The court records show the controlled substance charge was filed by police after Diaz was found to be in possession of a powdered substance that tested positive for cocaine.

Scafidi was charged with Simple Assault and Theft Second Degree, the court records show.

The D.C. police report for the incident does not list it as a suspected hate crime. 

The court records show both men pleaded not guilty to the charges against them at a Superior Court arraignment on the day of their arrest on April 10. The records show they were released by a judge while awaiting trial with an order that they “stay away” from the victim. They are scheduled to return to court for a status hearing on May 21.

The separate police-filed affidavits in support of the arrests of both Diaz and Scafidi each state that the two men and the victim “exchanged words” inside the Number 9 bar. The two documents state that both men then entered the CVS store after the victim went to the store a short time earlier.

Scafidi “came into the CVS shortly after and entered the candy aisle and slammed Complainant 1 [the victim] to the ground causing Complainant 1’s phone to fall out of CP-1’s pocket,” one of the two affidavits says. It says Scafidi “again picked up CP-1 and slammed him to the ground.”

The affidavit in support of Diaz’s arrest says Diaz also followed the victim to the CVS store after words were exchanged at the bar. It says that after Scafidi allegedly knocked the victim down in the candy aisle Diaz picked up the victim’s phone, “swung on” the victim “while he was still on the ground,” and picked up the victim’s watch before he and Scafidi fled the scene.

Without saying why, the two arrest affidavits say Diaz and Scafidi returned to the scene and were arrested by police after the victim and at least one witness identified them as having assaulted and robbed the victim.

Attorneys representing the two arrested men did not respond to phone messages from the Washington Blade seeking comment and asking whether their clients dispute the allegations against them.

The victim also did not respond to attempts by the Blade to obtain a comment from him. The police report says the victim is a resident of Fairfax, Va.

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El Salvador

Gay Venezuelan makeup artist remains in El Salvador mega prison

Former police officer said Andry Hernández Romero was gang member because of tattoos

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The Salvadoran capital of El Salvador from El Boquerón Volcano (Washington Blade photo by Michael K. Lavers)

A new investigation points to a discredited, former police officer who played a “key role” in the wrongful deportation of Andry Hernández Romero, a gay asylum seeker and makeup artist who was sent to a maximum security mega prison in El Salvador under Trump’s Alien Enemies Act. 

USA Today found in a recent investigation that the former Milwaukee police officer who filed the report about Hernández, citing his tattoos as the reason for the gang affiliation, has a long history of credibility and disciplinary issues in his former police officer position. 

The private prison employee who previously worked as a police officer until he was fired for driving into a house while intoxicated — among other alcohol-related incidents — “helped seal the fate” of Hernández. 

The investigation by USA Today found that the former police officer accused Hernández of being a part of the Tren de Aragua gang because of his two crown tattoos with the words “mom,” and “dad,” which are now being identified as Venezuelan gang-related symbols. 

Since then, his story has made headlines across the nation because Hernández has no criminal record and is legally seeking asylum in the U.S. due to credible threats of violence against him in Venezuela because of LGBTQ persecution. 

He was targeted shortly after Trump invoked the Alien Enemies Act of 1798, which is a proclamation for all law enforcement officials to “apprehend, restrain, secure, and remove every Alien Enemy described in section 1 of [the] proclamation.”

Charles Cross, Jr., the former police officer, signed the report which wrongfully identified Hernández as a gang member. Cross was fired in 2012 after many incidents relating to his credibility and how it was affecting the credibility of the department to testify in court. 

He had already been under investigation previously for claiming overtime pay that he never earned. In 2007, he had also faced criminal charges for damage to property, according to court records. 

In March, the Washington Blade spoke with the Immigrant Defenders Law Center Litigation and Advocacy Director Alvaro M. Huerta regarding the case and stated that “officials with U.S. Immigration and Customs Enforcement and U.S. Customs and Border Protection alleged his organization’s client was a member of Tren de Aragua, a Venezuela-based gang, because of his tattoos and no other information.” 

Hernández came to the U.S. last year in search of asylum and now makes up one of 238 Venezuelan immigrants who were deported from the U.S. to El Salvador, Honduras and Venezuela. Many of those being deported are being sent to the Center for Terrorism Confinement, a maximum-security mega prison in El Salvador, which has been accused of human rights violations. 

According to the investigation, the Department of Homeland Security “wouldn’t offer further details on the case, or the process in general, but reiterated that the department uses more than just tattoos to determine gang allegiance.” 

His story is now being looked at as a cautionary tale of the lack of due process of law the U.S. government is taking, as the Department of Homeland Security and Immigration and Customs Enforcement ramp up deportations across the nation. 

Organizations like the Human Rights Campaign are now calling for Secretary of State Marco Rubio and Secretary of Homeland Security Kristi Noem to cease wrongful deportations and return Hernández home. The petition also urges the U.S. government to afford all Americans, forging nationals and asylum seekers residing in the U.S., due process of law as required by the Constitution. 

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