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Casi el 80% de los cubanos apoya los derechos LGBTI+: Las cifras que nadie mencionó

Se realizará un referéndum de la nueva Constitución el domingo

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Activistas LGBTI que apoyan a Mariela Castro Espín en Santa Clara, Cuba (Foto por Yariel Valdés González)

Nota del editor: Tremenda Nota es la pareja del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en el sitio web de Tremenda el 22 de febrero.

LA HABANA — Con inexplicable retraso, a pocos días del referéndum de la nueva Constitución de Cuba, se publicó un estudio oficial con evidencias estadísticas del respaldo popular a los derechos de las personas LGBTI+. Mariela Castro admitió conocer la encuesta, pero no explicó por qué fue desechada en el debate parlamentario donde se postergó la aprobación del matrimonio igualitario por el presunto rechazo de la mayoría de los electores.

El artículo 68 del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, aprobado el 22 de julio de julio de 2018, cambiaba los términos “hombre” y “mujer” por “personas” y así abría las puertas al matrimonio igualitario en Cuba.

Casi nueve millones de cubanos debatieron el Proyecto en barrios y centros de trabajo y estudio del país. Según las cifras oficiales, el artículo 68 provocó el 24 por ciento de las opiniones y fue el más comentado en los debates populares.

La versión definitiva del documento, aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional, acabó suprimiendo el artículo 68. El matrimonio, trasladado al artículo 82, se define ahora como “una institución social y jurídica que se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges”.

Sin embargo, en una polémica disposición transitoria el texto constitucional establece la celebración de una consulta para la aprobación del Código de Familia ― el documento donde debe quedar especificada “la forma de constituir el matrimonio” ― y la consiguiente convocatoria de otro referéndum popular que pondría los derechos LGBTI+ en manos de la mayoría.

El 15 de febrero de 2019, a nueve días del referéndum, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) publicó en su página web la Encuesta Nacional Sobre Igualdad de Género en Cuba. Realizada por el Centro de Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI en 2016, la investigación refleja que el 77 por ciento de la población cubana entre 15 y 74 años considera que las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo deben tener iguales derechos que las heterosexuales.

La encuesta, que podría haber matizado la opinión generalizada de que la mayor parte de la población aún era demasiado homofóbica y “que no estaba lista” para “otorgar” este derecho, no fue publicitada en los medios de prensa durante los debates populares. Tampoco fue mencionada en el Parlamento cuando se discutía el artículo 68 y los derechos de las personas LGBTI+.

En su rol de diputada la directora del Centro Nacional de Educación Sexual Mariela Castro Espín dijo a esta reportera que conocía los resultados de la encuesta y que ella misma los había compartido en su perfil de Facebook en el pasado, pero no explicó por qué no se usaron para defender y garantizar los derechos de los grupos LGBTI+ en el contexto de la reforma constitucional. Al preguntarle por qué los medios de comunicación públicos no emplearon los resultados de la encuesta, la diputada solo apuntó que la prensa cubana había abordado con anterioridad esta investigación.

Castro Espín se refiere a algunas notas publicadas en 2017. En ese entonces los medios mencionaron algunas cifras sobre la violencia machista, pero no se refirieron a la percepción de los grupos LGBTI+. La población cubana en general no conoció el estudio, al que solo se pudo acceder desde el sitio web de la ONEI hace una semana.

En resumen, casi dos años después de su culminación y en medio de un contexto decisivo para la legalización de derechos de las personas LGBTI+, la encuesta sigue siendo prácticamente desconocida en el país.

El diputado y activista Luis Ángel Adan Roble, consultado por esta reportera, confirmó que el Parlamento no tomó en consideración las cifras aportadas por el estudio. A diferencia de Castro Espín, Adan Roble desconocía la existencia de la encuesta. “Fue una herramienta desaprovechada que ahora solo podemos usar en el próximo referéndum”, dijo, en alusión a la consulta proyectada dentro de dos años para el Código de Familia.

El diputado criticó la metodología que sirvió para evaluar el resultado de los recientes debates populares. Adan Roble cree que solo se valoraron los comentarios contra el matrimonio igualitario (menos de la cuarta parte de todos los planteamientos emitidos durante la consulta). “Los que estaban a favor, que fueron un número muy superior, no se contemplaron”, declaró.

Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), hizo la misma apreciación durante las sesiones parlamentarias de diciembre de 2018. “Un 24 por ciento no es mayoría, si eso fuera en un informe de funcionamiento diríamos “solo el 24 por ciento”, explicó.

Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, admitió que la consulta deja cierta incertidumbre porque “no se votaba a favor o no de un artículo”. La Asamblea tampoco explicó qué cantidad de opiniones serían necesarias para la modificación de un artículo.

La diversidad de opiniones sobre el matrimonio igualitario fue usada por el Parlamento como pretexto para justificar la celebración de un segundo referéndum, en el plazo de dos años posteriores a la entrada en vigor de la nueva Constitución.

Esta fórmula democrática que somete a votación los derechos humanos de un grupo de personas no fue practicada en Cuba con los derechos de las mujeres o de las personas negras. En 2014, cuando el Parlamento aprobó el Código de Trabajo después de varios meses de debate popular, tampoco se dispuso la celebración de un referéndum, aunque miles de trabajadores se quejaron por el aumento de la edad de jubilación.

Otros artículos, además del 68, también recibieron numerosas sugerencias de modificación durante los debates populares. Más de 11.000 personas pidieron cambiar, por ejemplo, la forma de elección del presidente, pero no se valoró la modificación de ese artículo, ni se llamó a segundas votaciones.

“Este es un ejercicio democrático que le dará más legitimidad a estos derechos y, como proceso, es educativo”, dijo la diputada Castro Espín sobre el panorama legal para aprobar un nuevo Código de Familia. La directora del Cenesex aseguró que “es pertinente” aceptar la celebración de un segundo referéndum, pese a que el Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos para todas las personas.

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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