A Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, le fracturaron los brazos y las piernas antes de arrojarla a una quebrada en Bello, Antioquia. Sin poder nadar por las heridas, murió ahogada. Nadie la ayudó. La escena quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales, despertando una indignación tardía en un país que sigue indiferente ante el dolor de las personas trans.

“La diversidad nos está costando la vida”, dicen las organizaciones defensoras de derechos humanos que esta semana encendieron velas en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país para clamar justicia por Sara y por todas las víctimas de la transfobia en Colombia.

El crimen ocurrió el fin de semana en la Quebrada de Playa Rica, en Bello, municipio del Valle de Aburrá. Fue ahí donde arrojaron el cuerpo de Sara Millerey, conocida cariñosamente como “La Millerey”, una mujer que había enfrentado la exclusión desde su infancia. Según una amiga cercana, Sara sufrió abusos sexuales en su niñez, dejó el colegio y vivió en condición de calle durante años, enfrentando el consumo de drogas y múltiples formas de violencia. Pero su identidad nunca dejó de ser visible, y eso, en un país como Colombia, le costó la vida.

En un hecho, no menor, de revictimización después de fallecida el Secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Bello, José Ronaldo Serrano Jaramillo, negó la identidad de género de Sara Millerey, refiriéndose a ella por su nombre masculino asignado al nacer. A ella la mató precisamente ese desconocimiento de su construcción identitaria, la transfobia y los discursos de odio que ellos mismos — y todos los que niegan que ella era una mujer trans — perpetúan.

La brutalidad del asesinato ha sacudido incluso a las autoridades. La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del crimen. La Alcaldía de Bello y la Defensoría del Pueblo también se han pronunciado, confirmando que las investigaciones están en curso. Sin embargo, hasta ahora no hay capturados, pese a que el asesinato fue grabado.

Aunque el Gobierno Nacional ha creado espacios institucionales como el Viceministerio de Diversidades y la Oficina de Diversidad Sexual y de Género en el Ministerio de la Igualdad, que también ha lamentado el hecho, la violencia no cesa. Los territorios más peligrosos para las personas trans siguen siendo el Valle de Aburrá y el Distrito de Aguablanca, en Cali, donde la impunidad, la exclusión y el odio siguen cobrando vidas.

No podemos permitir que se vuelva un patrón recurrente: 

La historia de Sara no es un caso aislado. Es el reflejo de una sociedad que normaliza la violencia hacia quienes se atreven a vivir su identidad con valentía. 

Que un video tan atroz tenga que circular para despertar reacciones es también un síntoma de ese abandono. “Eso no se le hace a nadie”, dijo entre lágrimas su madre. Tenía razón: a nadie se le debería hacer. Pero a Sara sí se lo hicieron.

(Noticias Telemedellín)

Y mientras su rostro se convierte en bandera de resistencia, su muerte grita una verdad incómoda, en ciertos sectores: ser trans en Colombia sigue siendo una sentencia de muerte.

TOTAL REPUDIO

Desde OrgulloLGBT.co condenamos con total firmeza el atroz asesinato de Sara Millerey González y exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones, así como la captura y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de este crimen cargado de odio. Este acto de extrema violencia no solo enluta a la comunidad LGBTQ sino que interpela a toda la sociedad colombiana por su indiferencia e inhumanidad frente al dolor de quienes viven en la marginalidad y la exclusión. 

La dignidad de una vida no puede depender de la identidad de género, y este crimen nos obliga a preguntarnos qué clase de país estamos construyendo si seguimos permitiendo que la diversidad se pague con la vida.

La reciente decisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de suspender temporalmente su financiamiento a organizaciones que trabajan por los derechos humanos ha generado un profundo impacto en El Salvador, especialmente en aquellas que defienden a la población LGBTQ.

La medida ha afectado de forma directa a entidades que brindaban acompañamiento legal, atención en salud mental, asesoría para víctimas de violencia y promoción de iniciativas económicas comunitarias. Las consecuencias son palpables: despidos masivos, cierre de programas y debilitamiento de redes de apoyo.

Esta situación ocurre en un contexto político internacional tenso, tras la llegada de una nueva administración a la Casa Blanca que ha replanteado el enfoque de su cooperación exterior. Mientras tanto, en países como El Salvador, las organizaciones sociales enfrentan ahora una emergencia silenciosa que podría dejar sin protección a cientos de personas vulnerables.

Colectivos en crisis: sin fondos y con menos personal

Uno de los casos más significativos es el de Colectivo Alejandría, que perdió el 65 por ciento de su presupuesto anual tras la suspensión de los fondos. 

Su directora, Karla Guevara, relató que la organización se vio obligada a despedir a más de la mitad del personal y a suspender varios programas esenciales, como la atención a sobrevivientes de violencia basada en género, servicios de salud mental, asesoría legal y proyectos de emprendimiento para personas LGBTQ.

Otro caso preocupante es el de Perlas de Oriente en San Miguel. 

Su directora general, Venus Nolasco, denunció que tuvieron que detener iniciativas clave de prevención del VIH, talleres de capacitación y actividades comunitarias. 

“Es un gran retroceso para el fortalecimiento de la comunidad LGBTQ+”, afirmó. 

Nolasco también alertó que sin financiamiento externo se pierde la capacidad de incidir y sensibilizar a instituciones públicas en materia de derechos humanos.

En una situación similar se encuentra Aspidh Arcoiris Trans, donde gran parte del equipo sigue trabajando ad honorem para mantener en pie los servicios mínimos. Su directora, Mónica Hernández, indicó que continúan atendiendo casos de discriminación y ofreciendo asesorías, pero sin saber por cuánto tiempo podrán sostenerse en estas condiciones.

Las organizaciones de sociedad civil, aseguran que la población LGBTQ en El Salvador, sigue siendo criminalizada, pese a no querer hablar del tema en ninguna entidad del Gobierno, debido a la supuesta seguridad que hoy se vive, los derechos humanos de las personas con una orientación e identidad de género diversa, siguen siendo vulnerados.

Cierre de espacios seguros y afectación en salud

A las consecuencias presupuestarias se suma el reciente cierre de Casa Rosada, un espacio seguro para la comunidad LGBTQ ubicado en Antiguo Cuscatlán. La alcaldía municipal ordenó el cese de sus operaciones el 1 de abril, argumentando inconformidad de vecinos y temas regulatorios de uso de suelo. Casa Rosada era un referente para la promoción de la salud mental, la formación y la integración comunitaria.

El impacto también se extiende al ámbito de la salud. Según un informe de ONUSIDA, el programa USAID PASMO, que implementaba la PrEP contra el VIH a través de clínicas privadas, fue suspendido. Aunque la terapia antirretroviral aún se mantiene, la cobertura ha disminuido, afectando a poblaciones clave como hombres gais, trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas y personas trans.

Educación en pausa: becas estudiantiles y formación juvenil detenidas

Además de los colectivos LGBTQ, la suspensión ha alcanzado a una serie de programas educativos clave para jóvenes de zonas rurales y urbanas marginadas. Organizaciones como Glasswing International, Fe y Alegría, y diversas iniciativas lideradas por universidades privadas reportan la cancelación o congelamiento de becas estudiantiles financiadas directa o indirectamente por USAID, en las cuales también habían jóvenes LGBTQ beneficiados.

“Muchas de nuestras becas eran cofinanciadas por fondos de cooperación. Al cerrarse esta línea, no podremos continuar con nuevos ingresos para el ciclo 2025”, explicó un vocero de una universidad privada del oriente del país, que pidió anonimato.

Estos programas beneficiaban a jóvenes con alto rendimiento académico pero sin recursos para costearse una educación superior. También incluían formación técnica, pasantías y mentorías para preparar a los estudiantes para el mercado laboral o el emprendimiento.

Otro de los sectores afectados son los programas de apoyo a mujeres rurales, víctimas de violencia y madres solteras que recibían capacitación en liderazgo, gestión de pequeños negocios, acceso a microcréditos y formación técnica. Proyectos como Ciudad Mujer han reportado una disminución en los servicios brindados por falta de recursos provenientes de la cooperación internacional.

Además, muchas ONG que trabajaban en zonas como Morazán, Ahuachapán y La Unión en temas de soberanía alimentaria, agricultura sostenible y empoderamiento comunitario, han tenido que suspender actividades por la pérdida de fondos de USAID. Esto afecta de manera directa a cientos de familias que dependían de estos proyectos para su sustento diario.

Una pausa que pone vidas en riesgo

La suspensión de los fondos de USAID no solo representa una pérdida económica. Para cientos de personas LGBTQ en El Salvador, significa menos acceso a servicios de salud, menos protección ante la violencia, y la pérdida de espacios seguros que les ofrecían dignidad y esperanza.

Activistas como Guevara, hacen un llamado a donantes de otros gobiernos, “sigan apostándole al trabajo que las organizaciones sociales LGBTIQ+ seguimos haciendo y vamos a continuar así”, haciendo un llamado a la solidaridad internacional.

En un país donde las brechas de discriminación aún son profundas, esta pausa en la cooperación internacional pone en evidencia la fragilidad del tejido comunitario y la urgente necesidad de crear mecanismos sostenibles de financiamiento y protección para las poblaciones vulnerables.

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 11 de marzo.

En el dormitorio de Rick, sobre un escritorio de madera, aún reposa el folleto de la carrera de Cine de una universidad pública, junto a un cuaderno de pasta azul que contrasta con otros dos en los que las cubiertas las acapara el colorido dibujo de una pelirroja adolescente sobre siluetas de flores.

Una solitaria vincha en la que sobresalen dos corazones blancos y un fragmento de lo que era un tercero reposa también entre útiles escolares.

El primer cajón del escritorio guarda lo que fueron sus tesoros para su cuidado personal: productos de “skincare”, una brocha de polvo y un cepillo para el cabello.

La madre de Rick, Roxana Ramos, conserva casi intacto ese escritorio, así como la cama cuya cabecera está repleta de peluches, y el clóset con prendas ‘aesthetic’, como él las llamaba.

Todos son artículos u objetos familiares para ella. Rick quería ser actor, era un sueño que le había compartido y ya habían elegido una universidad; se maquillaba y usaba vinchas desde los 13 años y ella nunca lo reprimió; ni lo rechazó cuando a los 11 le dijo “siento que soy gay”.

Pero ese sueño por ser parte de una producción artística se desvaneció y su dormitorio ya no es escenario de sus sesiones de “skincare”. El pasado 1 de febrero, Rick, de 16 años, se suicidó, y su madre señala que el bullying homofóbico, la discriminación y la violencia de las que Rick fue víctima en el colegio en que estudió lo mataron.

Mofas de estudiantes (incluso de otros cursos), una caída porque un compañero le puso el pie para que se tropiece, balonazos durante el recreo, y un baldazo de agua en pleno patio de la institución.

Son las situaciones que relata Roxana porque su hijo se las contó en las conversaciones diarias que mantenían; o porque, tras ese 1 de febrero en que rogó a los paramédicos que le salven la vida, ella ha accedido a los chats que Rick mantenía con sus amigas.

Además del bullying, Roxana apunta al hostigamiento de una profesora, quien -según le contó una compañera de Rick tras su muerte- lo llamaba de manera despectiva “el homosexual” en plena clase.

Roxana busca justicia para Rick, el segundo de sus cinco hijos, a quien cargó en brazos hasta los seis años, su incondicional compañero para ver películas en casa, y quien la animaba a comprarse prendas de ropa o cambiarse de “look”.

“Yo perdí un hijo, no perdí un carro o una casa, y lo que estoy pidiendo es que se hagan responsables”, expresa Roxana en el comedor de su vivienda, en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil.

Para ella, los responsables son el colegio en el que Rick cursaba el segundo año de Bachillerato en Contabilidad y la profesora de Matemáticas que -afirma- hostigó a su hijo. En su búsqueda de justicia, el pasado 12 de febrero, Roxana presentó ante el Ministerio de Educación una demanda por maltrato psicológico en contra de la docente. Exige que tanto la maestra como la institución educativa y sus representantes sean sancionados. 

A la vez, ha proporcionado información a la Fiscalía en una investigación que inició de oficio por el suicidio de su hijo; la defensa legal de la familia considera que tras la muerte de Rick hay elementos que configuran en delito de odio, hostigamiento e instigación al suicidio.

La abogada de la familia, Soledad Angus, señala que hubo motivaciones explícitas detrás de la muerte de Rick y la Fiscalía debe investigar. “No puede quedarse como simplemente un suicidio”, advierte.

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Rick ingresó a estudiar al colegio que -según Roxana- causó dolor en él, en mayo de 2024, un mes antes de cumplir 16 años y celebrarlo comiendo pastel con su familia en casa. Ella conserva una foto de ese día: Él aparece sonriendo con sus tres hermanos menores.

Roxana cambió de colegio a su hijo (de uno particular a uno fiscal) el año pasado. Tomó esa decisión por estar inconforme con la enseñanza en la institución anterior. Pero el cambio le generaba temor; buscaba un lugar seguro para su hijo, donde no fuera violentado o discriminado por su orientación sexual.

– “Mamá, yo me siento que soy gay”.
– “Mi amor, yo te acepto como sea. Tú eres mi hijo”.

La conversación se dio cuando Rick tenía 11 años. Pero incluso antes Roxana no reprimió las actividades o los juegos por los que su hijo se mostraba interesado. De pequeño, por ejemplo, cortaba las tiras de sus mochilas para hacerle pelucas a sus muñecos.

“Nunca lo tratábamos como ‘eso no hagas’ o ‘eso está prohibido’, no, nunca. A él se le respetó bastante su niñez. Él era muy libre de hacer lo que quería”, recuerda.

En su adolescencia, vivió la misma libertad. Compró en una ocasión una mochila rosada de Hello Kitty que usaba para ir al cine con amistades o en paseos familiares. Y lucía también vinchas en su cabello.

Pero el año pasado, Rick experimentó desde un inicio rechazo y violencia en el colegio. En los primeros días de clase, estudiantes de otros cursos lo abordaron y le preguntaron si era gay. 

Rick no le contó a su mamá sobre este hecho. Se lo había contado a una amiga, quien -tras la muerte de él- lo compartió con Roxana y le envió la captura de pantalla de un chat.

“Y pues le pregunto q por qué me dice eso”.
“Y pues medice que es que todos de mi curso y otros cursos anda hablando sobre ti”.
“Y yo what”.

(Nota de Redacción: Los mensajes están transcritos tal cual los redactó Rick).

Pero sí le comentó de otros, como cuando un compañero, de manera intencional, le puso el pie y, por supuesto, tropezó. O cuando estaba en el recreo sentado con sus amigas y de repente sentía en su cara o espalda el golpe de un balón de fútbol. Nunca pudo identificar a los responsables, pero escuchaba risas burlescas grupales tras recibir esos balonazos.

“Él se iba a quejar con la tutora y no sabían quién era porque se tapaban entre ellos”, asegura Roxana.

Las burlas y agresiones que sufrió Rick entran en el denominado bullying homofóbico. Edgar Zúñiga, coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, explica que en el bullying homofóbico el detonante de una violencia reiterativa entre pares es la percepción por parte de los agresores de que una persona pertenece a las diversidades sexogenéricas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) precisa, en el informe “Abiertamente, Respuesta del sector de educación a la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género”, que los estudiantes LGBTQ tienen mayores probabilidades de sufrir violencia que sus pares que no lo son.

La violencia homofóbica y transfóbica, indica el documento, se basa en el miedo, la incomodidad, la intolerancia y el odio hacia la homosexualidad y hacia las personas sexualmente diversas.

“Esta violencia persistente se combina con todos los procesos internos de descubrimiento, de aceptación, de reconocimiento de su identidad, y eso puede provocar un impacto muy negativo en la vida de las personas, llegando incluso a intentos de suicidio”, indica Zúñiga.

En Ecuador, el suicidio es la tercera causa de muerte de infancias y adolescencias, según del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No hay datos específicos de suicidios de infancias y adolescencias LGBTQ en el país, pero Zúñiga señala que -según estimaciones- las personas de las diversidades tienen hasta ocho veces más riesgo de ideación suicida que sus pares heterosexuales o cisgénero.

En Ecuador, la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género en escuelas y colegios está contemplada en el documento “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo“, que establece directrices obligatorias para el abordaje de estos casos para instituciones públicas y privadas.

En la “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional” también se hace referencia a ese término y se señala que es deber de toda la comunidad educativa actuar para prevenir y abordar situaciones de violencia. En el documento, se recomienda que en estos casos el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil, responsable del acompañamiento y seguimiento psicosocial de estudiantes) o tutor de curso actúen inmediatamente si se recibe una denuncia.

Además de las burlas y agresiones de sus compañeros, Rick se sentía incómodo en las clases de Matemáticas. Aunque no le contó a su madre los términos despectivos que ella hoy conoce por una compañera de él, sí le comentó que la profesora se negaba a despejar sus dudas, revisar sus tareas y lo excluía de trabajos grupales. 

En cuatro ocasiones, Roxana acudió al colegio para presentar sus quejas a la docente. De esos cuatro encuentros, en uno participó una funcionaria del DECE y en dos la tutora de curso. Además, en una reunión de padres y madres de familia, expuso el caso de su hijo y, cuenta, otros representantes comentaron situaciones similares, pero la tutora respondió “los chicos exageran”.

En la demanda presentada por Roxana al Ministerio de Educación, se detallan estos hechos como “prácticas de hostigamiento” y que responden a sesgos discriminatorios de una profesora que usaba términos despectivos para referirse a la orientación sexual de Rick en plena clase.

“Si bien pudo haber, y seguramente hubo, violencia entre pares, esto fue incitado por alguien que tenía una posición de autoridad ante ellos, que es la docente. Entonces, si una docente le dice ‘el homosexual’ a un niño en clases, es mínimamente esperable que eso vaya a detonar violencia entre pares”, explica Soledad Angus, abogada de la familia.

Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, coincide con ella: “Muchas veces el bullying es auspiciado, de forma tácita o no, por los adultos, por los docentes, incluso los psicólogos de las unidades educativas”.

Zúñiga también explica que el aislamiento, la marginación y un trato discriminatorio son formas tácitas de violencia, pero -agrega- son situaciones que, lamentablemente, no son comprobables.

“Ahora sería impensable que alguien no te acepte en una unidad educativa porque eres diverso. No lo van a decir así, van a decir ‘no tenemos espacio físico’ o ‘no tenemos cupo’. Hay esta forma sutil de generar esta violencia y es una de las formas más perversas de violencia”, observa.

Uno de los pedidos de la defensa al Ministerio de Educación fue la suspensión de la docente porque se considera que hay un riesgo de que ejerza presión en los estudiantes durante las investigaciones. En la demanda, se adjuntó un CD con un vídeo en el que la profesora se dirige a un curso para -precisa el documento- amenazar a los alumnos con la intención de que no hablen de ella en el caso.

El video no muestra a la docente porque fue grabado sigilosamente por un estudiante. La mayor parte del tiempo se ve la espalda de quien está sentado en un pupitre en un aula de clases. Entre el natural bullicio de un colegio (hasta se puede escuchar a una persona tomando asistencia) se cuela la voz de una mujer que se dirige a estudiantes con frases como “no pueden difamar a una persona”, “si hago una contrademanda” o “tengo abogados”.

El Ministerio de Educación, en respuesta a un pedido de entrevista de edición cientonce, indicó que la docente se encuentra alejada de la institución educativa como parte de las medidas de protección mientras se lleva a cabo la investigación.

La cartera de Estado aclaró, además, que se trata de una investigación en curso y que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos.

Dentro de este proceso, el colegio reportó que Roxana no había informado sobre el acoso escolar que sufría su hijo y el DECE no cuenta con ningún reporte, sostiene el ministerio en una de sus respuestas a este medio, pese a que Roxana acudió en cinco ocasiones a la unidad educativa.

“Ella fue a manifestar que era una profesora que lo trataba mal, a quien correspondía y quien tenía la obligación legal de activar protocolos era al colegio. No pueden exonerarse en que Roxana no puso una denuncia porque finalmente ella es un usuario que no tiene que conocer los protocolos, ellos sí”, señala Angus.

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El último encuentro que Roxana mantuvo con la profesora de Matemáticas y la tutora del curso fue el 31 de enero, un día antes de la muerte de Rick. Habló con ellas porque una compañera de su hijo le había comentado que lo trataba mal.

Esto se menciona en la denuncia, pero en el comedor de su casa Roxana cuenta más detalles sobre las motivaciones de esa reunión.

Aproximadamente una semana antes, ella pasó por Rick al colegio. No acostumbraba a recogerlo después de clases por sus otras ocupaciones, pero ese día pudo hacerlo.

Rick salió enojado, cuenta Roxana. Le preguntó qué le sucedía y respondió “nada, nada”. “Entonces, se acerca una compañera y me dice ‘señora, la profesora de matemáticas se le carga mucho’”.

Tras despedirse de ella, preguntó a Rick por qué no le había contado, pero él dijo que su compañera estaba exagerando. Roxana decidió igual hablar con la profesora. Incluso el mismo día de la reunión, antes de salir de casa, su hijo le pidió que no acuda al colegio. 

Rick ya no le estaba contando a su mamá las situaciones hostiles que vivía en el colegio. Roxana se ha enterado de otras más por chats que le han facilitado las compañeras de su hijo.

En una nota de voz de casi 20 segundos por Instagram, él le cuenta a una amiga que en una ocasión le echaron un balde de agua. “Yo ya quería llorar, esta vez sí me enojé porque fueron muy bruscos conmigo”, le confiesa Rick a su amiga.

Roxana recuerda que ese día hubo una fiesta de espuma por el último día de clases de tercer bachillerato, en el mismo mes de enero. Llegó mojado y golpeado, recuerda.

Cuando le preguntó por qué llegaba así, Rick no le contó lo que precisó a su amiga en la breve nota de voz. Le dijo que no había visto quién lo golpeó y que todos habían salido así. “Lo minimizaba, decía que hasta una compañera también salió golpeada”, lamenta Roxana.

En diciembre, hubo otro evento estudiantil sobre el que Rick tampoco le contó a su mamá. Roxana se enteró el mes pasado por redes sociales. En la cuenta de Instagram del colegio, hay un reel que fue subido el pasado 24 de diciembre, con el mensaje “Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, en que aparecen fotografías de estudiantes varones con globos bajo sus camisetas y pantalones con los que buscan adquirir una silueta femenina exagerada. En una de ellas, afirma Roxana, aparecen compañeros de curso de Rick.

“Mi hijo ese día (del evento) vino un poco molesto”, señala. Solo le dijo que la fiesta estuvo “aburrida”. Roxana comenta que incluso días antes Rick había expresado su deseo de no acudir el día de la fiesta, pero luego no tuvo opción porque debía participar en una actividad obligatoria.

Rick no dijo nada más. No contó a Roxana sobre esa actividad que el mismo colegio posteó. Sí le llevó un poco de comida de la fiesta, como solía hacer cuando había festejos en la unidad educativa o cuando salía con sus amigas.

Estas parodias, asociadas a la costumbre de “las viudas” en el país, pueden ser tomadas como un agravio por un adolescente homosexual, considera Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI.

“Es una cosa muy común en fin de año todo el tema de las viudas, todo el tema de la sátira a la figura femenina, a las identidades feminizadas, y es lógico que aquellas personas que están en una proceso de exploración vean eso como una burla”, explica.

Aunque aclara que el video es reflejo de un problema estructural, considera que el colegio está incumpliendo con ofrecer espacios seguros para estudiantes de las diversidades sexogenéricas.

“Si alguien posteó eso y lo está poniendo como algo que representa a la unidad educativa, significa que hay una cero conciencia de la violencia LGBTIfóbica en ese espacio”.

La “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo” recomienda que en las instituciones se desarrollen actividades de sensibilización sobre la discriminación y violencias contra personas LGBTQ. 

Este medio consultó al Ministerio de Educación si en el colegio se implementan las recomendaciones del documento, pero la institución no lo precisó. Su respuesta fue: “El Ministerio de Educación se encuentra analizando y levantando información sobre este caso y las acciones de prevención y abordaje que ha realizado la institución educativa”.

Una respuesta evasiva en un contexto en que la ministra de Educación, Alegría Crespo, ha mostrado su abierta oposición a temas de género y diversidades en las instituciones educativas.

En un vídeo, publicado semanas atrás, anunció que el ministerio ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de los protocolos para prevenir y abordar vulneraciones de derechos en las aulas, pero a la vez señaló que no se implementará “ninguna acción basada en ideologías de género” ni habrá “imposición de agendas ideológicas”.

Estos términos son usados de manera despectiva por sectores antiderechos para oponerse al reconocimiento de derechos de mujeres y personas LGBTQ.

Este anuncio se dio tras la sentencia de la Corte Constitucional que dispone al Ministerio de Eduación elaborar un protocolo para acompañar los procesos de transición de género en escuelas y colegios.

El caso que estudió la Corte fue el de una niña trans cuya escuela no tomó las medidas para respetar su identidad de género. En el desarrollo de la sentencia, entre otros puntos, precisa que “la finalidad de la educación no se reduce a garantizar únicamente la adquisición de conocimientos, sino también se orienta al pleno desarrollo de la personalidad, y al ejercicio de otros derechos humanos”.

*** 

La última conversación que Rick tuvo con su mamá sobre temas del colegio fue un día antes de su muerte. Le comentó que tenía que presentar el siguiente lunes un proyecto en la materia de Matemáticas y el cuaderno de Filosofía. Roxana lo sabía, pues había hablado con los profesores de ambas materias. 

Hablaron cuando Rick regresó del colegio, en las conversaciones diarias que mantenían y en las que también hacían bromas, o hablaban de su gata Meche.

Ese día, por la mente de Roxana ya pasó cambiar a su hijo a otra institución educativa para cursar el tercer año de Bachillerato. Le faltaba solo un año para terminar sus estudios secundarios y perseguir su sueño de ser actor.

Pero al día siguiente, el sábado 1 de febrero, Rick se suicidó en su dormitorio, aproximadamente a las 16:00. No dejó ninguna nota, pero su madre asegura que el bullying mató a su hijo.

A la media hora de su deceso, en un grupo de WhatsApp del curso de Rick, Roxana cuenta que llegaron mensajes como “¿Ya está muerto Rick?”, “jajajaja”, “que conteste aunque esté muerto”… En ese momento, ella tenía su teléfono, que está ahora en manos de Fiscalía.

En otro grupo de WhastApp de otro curso al que tuvo acceso Roxana, en un chat al día siguiente del fallecimiento de Rick, se lee la pregunta “como que un pelado de segundo murió ??”. La primera respuesta fue: “Si. El marinconcito”.

El día de la velación de su hijo, acudieron la rectora, inspectora y tutora del colegio, cuenta Roxana. “Ahí les dije que nunca me ayudaron y que voy a hacer justicia”.

Hasta el momento, además de la investigación en el colegio por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos instaló una mesa interinstitucional para el seguimiento del caso, mientras que Fiscalía ha ordenado versiones, pericias y requerimientos de información, precisa la defensa de la familia.

Roxana busca justicia por el hijo a quien en cada cumpleaños le compraba una torta para celebrar en casa. A quien abrazaba en las fotografías que se tomaban juntos. A quien en una ocasión descubrió que, de la mesada que le entregaba, destinaba dinero para comprarle dulces.

“Se me fue mi hijo, se me fue todo. Me quedé sin mi compañero que me daba aliento”.