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Mi voto en nombre de los excluidos 

La democracia no existe en mi patria de Cuba

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Yariel Valdés González, izquierda, y su novio, Sebastian Cabral, enfrente de su hogar en Fort Lauderdale, Florida. (Foto cortesía de Yariel Valdés González)

En mis 30 años jamás he elegido al presidente de mi país. Y no es algo que diga con orgullo, más bien con vergüenza. A esta altura de mi vida debería, al menos, haber votado por tres candidatos presidenciales, pero de dónde vengo esa posibilidad fue exterminada como una pandemia de las más letales. 

En Cuba no hay elecciones presidenciales, sino que se eligen diputados que, entre ellos, eligen al presidente. Este engañoso y conveniente sistema electoral fue fabricado varios años luego del triunfo de la Revolución y le permitió a un mismo hombre gobernar durante 49 años. Fidel Castro se enamoró tanto del poder que solo una letal enfermedad pudo arrebatárselo en 2008. 

En ese entonces, transfirió las riendas del país a su hermano, Raúl Castro, quien estableció los mandatos presidenciales de cinco años, con derecho a una reelección pero mantuvo el mismo sistema electoral. ¡Qué conveniente! Con 87 años y cansado de timonear un barco sin rumbo durante una década, Castro designó un candidato a la presidencia, Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 58 años, a quien había previamente entrenado. 

Sin embargo, el presidente designado de mi tierra natal es una marioneta, cuidadosamente cosida y manejada por delgadísimos hilos que le indican qué hacer o decir, pues es la dinastía Castro quien verdaderamente comanda los destinos de la isla comunista tras bambalinas. 

El ex-presidente Castro sigue a la cabeza del Partido Comunista, el único permitido, proclamado por la propia Constitución cubana como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. No hay que decir más.

Por lo tanto, Díaz-Canel no tuvo que conquistar el aplauso de las masas con propuestas de gobierno; no compitió durante meses con adversarios; ni se enfrentó a sus contrarios en debates televisados a nivel nacional. A Díaz-Canel lo eligieron de forma mecánica y unánime 605 diputados encerrados en un salón, no los más de ocho millones de cubanos inscritos para votar. 

Aun así, nadie puede discutir su “liderazgo”. Cuba no reconoce ni legaliza la oposición, que pudiera hacerle frente, como normalmente sucede en las democracias.  Los pocos valientes que se enfrentan al régimen son perseguidos o encarcelados como criminales, acusados de recibir dólares que Estados Unidos les envía para “subvertir” el “orden soberano y democrático escogido por el pueblo”.

Como periodista en Cuba, fui acusado varias veces por la dictadura de formar parte de “campañas subversivas” lanzadas desde medios independientes a la dictadura y que, según ellos, pretenden un cambio de régimen, cuando en verdad solo pretendía mostrarle al mundo la cruda realidad de mi gente. 

Me refugié en este país luego de pasar 11 meses retenido en las cárceles del Servicio de Inmigración en mi proceso de asilo. Mi salida a la verdadera libertad, hace tan solo siete meses, ha coincidido con el epílogo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las cuales no tengo aún derecho a participar. 

Aun así, ser espectador de este proceso es sumamente emocionante. Transitar de una dictadura sin elecciones presidenciales a un país con una de las democracias más sólidas del planeta es un giro de 360 grados, que aún estoy asimilando y comenzando a comprender. 

Por el momento, mi voto, como el de millones de inmigrantes, será excluido. Sin embargo, eso no significa que no pueda integrarme a la efervescencia electoral previa al tres de noviembre. 

Es una sensación rara, lo confieso. Tantos años de inexperiencia no pueden recuperarse así de golpe. Por momentos me siento tímido, hasta temeroso. Toma algo de tiempo acostumbrarse a la idea de que nada te sucederá por hacer proselitismo en contra del propio presidente. 

Uno de mis primeros aportes fue colocar junto a mi novio una pancarta de apoyo a Biden en el jardín de nuestro apartamento. Ese pequeño cartel constituyó para mí la señal inequívoca de la libertad política que ahora tengo y que por tantos años me fue arrebatada. 

Luego un amigo, ferviente activista pro-Biden en Fort Lauderdale, me invitó a una manifestación de apoyo al ex-vicepresidente. Cuando me ví allí supe que realmente estaba contribuyendo al bien de esta nación. 

De alguna forma, apoyar al candidato que creo idóneo es mi forma de hacerle el bien a este país, de devolverle el favor por acogerme, de decir “gracias”: gracias por permitirme elegir, gracias por protegerme de la intolerancia, gracias por liberarme, gracias por dejarme crecer, soñar, vivir …  

Mi contribución a la democracia estadounidense no estará definitivamente en las estadísticas, ni viajará por correo. Mi voto no es secreto ni personal. Mi voto lo lanzo al viento cada vez que salgo a la calle con una bandera demócrata; cuando alzo un cartel en nombre del candidato azul; cuando salto emocionado si alguien suena el claxon de su auto en señal de simpatía; cuando coloco el pulgar hacia arriba si un trumpista me muestra el suyo hacia abajo; cuando recorro las avenidas en una caravana incitando a todo el que veo a votar.

Porque en este país votar sí que puede marcar la diferencia, sobre todo en la Florida, un estado que ha sido clave en las últimas contiendas presidenciales y donde reside una gran comunidad inmigrante, que cada día adquiere más fuerza. 

Prueba de ello es la suma a la actual contienda electoral de más de 23 millones de inmigrantes naturalizados en Estados Unidos y que son elegibles para votar, según un informe del Pew Research Center, lo cual representa aproximadamente 1 de cada 10 votantes elegibles en el país, todo un récord. 

En las próximas elecciones tampoco podré votar, pero estaré más cerca. Mientras, seguiré alzando mi voz, por mí y en nombre de los millones de excluidos. Puede que mi contribución no sea tomada en cuenta ahora, pero definitivamente nadie podrá silenciarla nunca más.

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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