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Enmienda constitucional en Honduras impide matrimonio igualitario, aborto

Activistas LGBTQ han criticado a congresistas para aprobar medida

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Honduras, gay news, Washington Blade
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Congreso Nacional de Honduras (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

TEGUCIGALPA, Honduras — El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 28 de enero una enmienda constitucional orientada a impedir la legalización del aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Para que la reforma constitucional fuera posible, era necesario el respaldo de dos tercios de los 128 diputados del Congreso unicameral. Una vez ratificada, se necesitaría el voto de tres cuartas partes de los congresistas para aprobar los cambios. Dicha reforma fue aprobada con 88 votos a favor, 28 en contra y siete abstenciones. Para entrar en vigor, aún deberá ser ratificada por, al menos, 86 congresistas.

“La legislación establece lo que hemos dado en llamar un candado constitucional, para impedir la legalización del aborto en Honduras en los años venideros”, dijo el diputado oficialista y vicepresidente del Congreso, Mario Pérez, durante la sesión virtual.

Para entender que ha sucedido en Honduras, es importante tener un contexto; en palabras de Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, para el año 2004 tres organizaciones de sociedad civil pidieron la personería jurídica y fue entonces que se realizó la primera lucha histórica contra la Confraternidad Evangélica de Honduras, la cual conforma un área fundamentalista religiosa del país.

“Ese mismo año aparece que gana el matrimonio igualitario en España, en el 2004; como efecto rebote de este evento, el Congreso Nacional también prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues estos tienen que ser de diferente sexo y así nacidos. También si el matrimonio ha sido efectuado en otro país, no será válido”, comenta al Washington Blade Mendoza.

Cattrachas cumple en marzo tres años de haber puesto un recurso de inconstitucionalidad por el artículo 112, todo esto apoyadas en la opinión consultiva 24/17, “todos estos años han pasado y la Constitución dice que no nos podemos casar, pero también no podemos adoptar, no podemos donar sangre, no podemos tener visitas íntimas si estamos privadas o privados de libertad, son muchas cosas las que están prohibidas para las personas LGBT en el país”, agrega Mendoza.

El 12 de noviembre de 2020, llegan de manera virtual a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso de Vicky Hernández contra Honduras, una mujer trans asesinada durante el golpe de Estado de 2009, durante el toque de queda; su caso no fue una “ejecución extrajudicial”, porque en esa época mataron a 15 personas trans, de las cuales 11 fueron en el Valle de Sula, tanto en toques de queda o Estado de excepción, según lo expresado por Mendoza, todas con disparo en la cabeza.

Sobre el caso la CIDH resolvió que el Estado de Honduras debía adoptar inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los familiares de Hernández, así como de las integrantes de Cattrachas, las cuales litigaron el caso.

“Ahora el 7 de enero del presente año, el diputado nacionalista Mario Pérez, lanzó la iniciativa de ley como efecto rebote de que en Argentina se aprobara el aborto el 30 de diciembre del 2020”, comenta al Blade Mendoza.

Durante la votación en el Congreso un diputado menciona que por cuestión de forma debería de cambiarse el artículo 67 y separarse del artículo 112, “nunca se discutió, nunca estuvo en la iniciativa de ley, nunca estuvo en una presentación y en ninguna socialización”, externa de manera efusiva Mendoza al referirse al hecho de ser agregado el artículo 112 en dicha iniciativa.

“Los argumentos relativos al aborto y al artículo 112 son totalmente inconstitucionales, pero el problema que tenemos en Honduras es que no la sala de lo constitucional, dónde podemos hacer otro recurso de inconstitucionalidad, no es independiente al poder en Honduras”, externa Mendoza.

Por su parte la ONU lamentan la enmienda contra el aborto y contra el matrimonio igualitario, pues esto contraviene la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH y el principio de progresividad y no regresión de derechos humanos, afectando a dos colectivos tradicionalmente vulnerables: mujeres y personas LGBTQ.

“La reforma constitucional aprobada se contrapone a lo establecido en el artículo 373 de la Constitución hondureña, que establece que la reforma de la ley fundamental podrá decretarse con dos terceras partes de la totalidad de miembros del Congreso”, enfatizaron en un comunicado.

Erick Martínez, defensor de los derechos LGBTQ en Honduras, comentó al Blade que es importante recordar que históricamente la población de personas LGBTQ, han sido excluidas de todo marco normativo, el cual debe basarse en derechos humanos; esto ha generado una violencia estructural que se traduce en “vulnerabilidad social y desprotección completa a cada persona LGTBI en el país”.

“Algo que sí es claro, es que a pesar que a Honduras se le ha dicho que debe de abstenerse en legislar en contra de los derechos de las personas LGTBI, la clase política no lo comprende y que lo que hace con estos actos discriminatorios, es generar un país que no es seguro para las personas ciudadanas que tienen una orientación sexual o expresión de género diferente a la impuesta en la sociedad”, asegura al Blade Martínez. “Esta decisión que tomó el Congreso Nacional el pasado mes de enero 2021, rompe todo principio de igualdad generando mayor discriminación y se convierte en una represión sistemática a las libertades que tenemos las personas”.

Según datos compartidos por Cattrachas, en las resientes caravanas que partieron del país centroamericano hacia Estados Unidos, iban aproximadamente 300 jóvenes LGBTQ, “ya no aguantamos el fundamentalismo religioso en Honduras, es tan poderoso que manda y gobierna en este país y es lo que siempre se ve reflejado en nuestros cuerpos; porque somos cuerpos desechados y desechables para el Estado de Honduras”, agrega Mendoza al Blade.

“Vamos a meter un recurso de inconstitucionalidad, aunque sabemos cómo trabaja la sala, pero igual realizaremos otras acciones frente a la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ya se les hizo la notificación”, finaliza Mendoza.  

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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