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Odio en Guatemala: Parte I

10 años de políticas LGBTQ

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(Imagen cortesía de Astrid Morales)

 

Nota del editor: Esta investigación se realizó con el apoyo de la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation. El Washington Blade la publicará en tres partes.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, en Guatemala algunas poblaciones reciben protección desigual.

A pesar de ser firmante de varios convenios internacionales relacionados a los derechos de las personas LGBTI, el Estado continúa priorizando a las personas y la familia heterosexual, mostrando una postura conservadora y antiderechos.

La falta de políticas públicas que reconozcan y permitan a las personas de la comunidad LGBTI tener acceso a derechos básicos como lo son la identidad de género e identificación, vivienda, salud, empleo digno y seguro, y la familia, las vuelve una de las poblaciones más vulnerables.

Desde hace más de 25 años sus integrantes se han organizado para exigir sus derechos. El espacio en el que han tenido más incidencia es en el de la salud, aunque se les relega principalmente al tema del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, cuando requieren una asistencia de salud integral.

En otros ámbitos, no se ven ni se nombran. Para las autoridades parece que no existen aunque algunas instituciones los reconozcan en sus registros oficiales.

Esta línea de tiempo recorre las acciones que ha tomado el Estado de Guatemala desde 2010, las cuales muestran el desinterés en brindar soluciones reales y que respondan a las exigencias de estas poblaciones históricamente desprotegidas y violentadas.

2010

  • Guatemala calcula por primera vez el número de personas con VIH. Son 20,591 casos, entre 1984 y 2009. El Gobierno de Álvaro Colom identifica a la comunidad LGBTI como una población de riesgo, pero no les ofrece una atención de salud integral.
  • La Red Nacional de la Diversidad Sexual (REDNADS), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), impulsa el “Plan Estratégico Nacional de Salud y Derechos de la Diversidad Sexual”. El documento propone una guía de trabajo en materia de salud y derechos para trabajadores de salud y grupos de base comunitaria.

2011

  • El Gobierno de Guatemala firma una declaración del Consejo de DDHH de la ONU para detener la violencia contra la comunidad LGBTI, pero el acuerdo se queda en papel porque no se establecen directrices claras para erradicar el problema.
  • La Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS) empieza a impulsar la aprobación de una ley que busca que las personas transgénero y transexuales puedan rectificar sus documentos para que muestren una identidad de acuerdo con su identidad de género adoptada. Diez años después esta ley sigue sin aprobarse.

2012

  • El Sistema Penitenciario vulnera los derechos de las personas trans al ordenar que todas las personas privadas de libertad deben vestir acorde a su género asignado al nacer. “Por antecedentes relacionados o fugas, a partir de la presente fecha los privados de libertad homosexuales deberán vestir en todo momento la vestimenta según su género natural (hombres homosexuales como hombres con el cabello recortado, mujeres lesbianas como mujeres) conforme corresponde”, manifestó el Subdirector Operativo del Sistema Penitenciario, Eddy Fisher Arbizú, en una circular.

2013

  • El presidente Otto Pérez Molina declara durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que el Estado de Guatemala está en contra de las personas homosexuales y el aborto.
  • “La base de la sociedad guatemalteca es la familia y vamos a cumplir con los valores y la ética que manda la Constitución”, expresó ante un grupo de manifestantes que se reunieron frente al lugar donde se hizo la asamblea.
  • En una reunión de la Organización de Estados Americanos, en Antigua Guatemala, se conoce la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación y Tolerancia. Al año 2021 han firmado 12 de 34 países.  Guatemala, a pesar de haber sido el país anfitrión, aún no ha firmado.

2014

  • La Procuraduría de los Derechos Humanos crea la Defensoría de la Diversidad Sexual, la cual protege los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
  • La Policía Nacional Civil incorpora la categoría LGBTI en los formularios para presentar denuncias y la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, da la instrucción de que los fiscales, al momento de investigar casos, deberán tomar en cuenta que la orientación sexual e identidad de género pueden ser motivos de discriminación.

2015

  • Sandra Morán, del Partido Winaq, se convierte en la primera diputada abiertamente lesbiana en el Congreso.
  • El Ministerio de Salud Pública aprueba una estrategia de atención diferenciada en salud a la población trans, para atender de forma integral a las personas trans, sin estigma, exclusión o discriminación. Hasta 2021 la estrategia sigue inactiva debido a la falta de voluntad política del Estado.

2016

  • El 19 de abril Karla Reyes, mujer trans, es asesinada por su conviviente.
  • En noviembre de 2017 el Tribunal de Puerto Barrios dicta la sentencia de 7 años de prisión para el asesino. Este es un caso emblemático porque es la primera vez que un tribunal reconoce que una persona es víctima de homicidio por ser de la comunidad LGBTI.

2017

  • La congresista Sandra Morán (Convergencia CPO-CRD) presenta la Iniciativa de Ley para sancionar los crímenes por prejuicio, la cual busca incluir como agravante en el Código Penal el desprecio a una persona por orientación sexual, identidad y expresión de género. La propuesta fue rechazada.
  • Los diputados Ronald Arango (Todos), Edgar Sandoval Trigueros (FCN-Nación) y otros 11 congresistas presentan una iniciativa que busca incluir en el Código Penal una condena de prisión de dos a ocho años y multas de tres mil a seis mil quetzales a quienes promuevan el odio, hostilidad o violencia por motivos de racismo, machismo, homofobia, transfobia, clasismo, misoginia.  A pesar de haber recibido un dictamen favorable, la iniciativa no ha tenido más avances.

2018

  • El diputado Aníbal Rojas (VIVA) y otros 16 ponentes presentan la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual criminaliza el aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. “El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer, así nacidos, se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos (…). Se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (…), se lee en la propuesta.
  • La investigación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala titulada “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” evidencia que la Policía Nacional (PN) detuvo ilegalmente y criminalizó al menos a 156 personas por su identidad de género o por su orientación sexual.
  • Los congresistas Sandra Morán y Walter Félix López (Bloque Convergencia) presentan la Iniciativa Ley de identidad de género, que busca que las personas trans puedan acceder a documentos que reconozcan su identidad de género. La propuesta obtuvo dictamen desfavorable.
  • El Organismo Judicial (OJ) habilita una carceleta en Torre de Tribunales para personas LGBTI y así evitar que sean objeto  de ataques por parte de otras y otros reclusos.

 2019

  • Aldo Dávila es electo como diputado. Es el primer hombre abiertamente gay y VIH positivo en ocupar una curul.
  • Alejandro Giammattei y Sandra Torres expresan su compromiso para aprobar la Ley de Protección de la Vida y la Familia.

“Como madre y guatemalteca, reafirmo mi compromiso con la vida desde su concepción y creo en el matrimonio entre hombre y mujer. La defensa de los valores morales, éticos y espirituales fortalece la unidad nacional” – Sandra Torres. 

“Manifiesto mi apoyo total a la iniciativa 5272 (…) y a cualquier iniciativa de ley que fortalezca los valores y principios que deben sustentar la familia”. – Alejandro Giammattei.  

2020

  • La pandemia de COVID-19 evidencia la desprotección y exclusión de las personas LGBTI, en especial las personas trans, quienes no están consideradas en los servicios de asistencia económica temporal del Estado. Para mitigar una de las necesidades básicas, con el apoyo de AIDS Healthcare Foundation (AFH) Guatemala, la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans) abre las puertas del Comedor y cocina comunitaria Jackeline Sánchez.
  • Una mujer trans, solicitante de asilo en Guatemala, es asesinada brutalmente. La mujer solicitó protección en 2018, luego de  huir de la violencia de género y la persecución de las pandillas en su país natal, El Salvador. Esto demuestra un vacío para la protección de personas LGBTI que solicitan refugio.

Para conocer más datos sobre lo ocurrido en esta década, descarga nuestra línea de tiempo completa.

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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