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A 11 años del asesinato de Vicky Hernández, su madre reclama justicia

Se espera una decisión del CIDH en el caso

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(Foto cortesía de Rosa Hernández)

 

Reportar Sin Miedo es el medio socio del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 4 de mayo.

TEGUCIGALPA, Honduras — La asesinaron hace 11 años, pero Vicky Hernández sigue presente en la mente de su madre. Desde su lecho de enferma, Rosa Hernández, de 65 años, habló con Reportar Sin Miedo y la Agencia Presentes sobre la activista trans muerta de un balazo en la cabeza entre el 28 y el 29 de junio de 2009 en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, en pleno golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

Solo la enfermedad de los últimos años le ha hecho difícil seguir en pie de lucha por hacer justicia para Vicky. Sus hijas le pagan las radioterapias para tratar el cáncer, pero se han quedado sin dinero. “Conseguí que una institución me pagara seis quimios. Pero uno tiene que pagar mil lempiras diarios [40 dólares] por la radioterapia”, relata Rosa.

En medio de todo, Rosa recibe ayuda del equipo de abogadas liderado por Robert F. Kennedy Human Rights y la Red Lésbica Cattrachas. Ambas organizaciones, con apoyo de la familia de Vicky, han emprendido un trabajo arduo.

La labor de once años culminó con dos audiencias virtuales en noviembre de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambas audiencias participaron testigas hondureñas y expertxs de toda América que dieron su punto de vista sobre el caso.

La sentencia en el caso “Vicky Hernández y otros contra Honduras” será publicada muy pronto, anunció el 6 de abril la Red Lésbica Cattrachas en Twitter. El 5 de abril, la Corte IDH publicó en redes sociales que en marzo tuvo lugar la deliberación sobre la sentencia en el caso de la trans hondureña.

Las abogadas de Vicky Hernández sostienen que los responsables de su muerte son elementos de seguridad estatal hondureña, ya que durante el toque de queda eran los únicos que podían moverse libremente por las calles de San Pedro Sula. Además argumentan que el Estado no le hizo autopsia al cadáver o la ocultó con la excusa de que Vicky padecía VIH.

Si la sentencia favorece a la familia de la activista trans, sería un logro sin precedentes para la población LGBTI en América y en especial para las mujeres trans que siguen muriendo violentamente en Honduras.

“Tiene que haber justicia para todos”, exige Rosa. “Tienen que respetar los derechos de ellos por ser trans y de ellas por ser lesbianas. Porque son humanos. ¿Por qué discriminarlos? No puede haber discriminación”.

Datos recopilados por organizaciones de derechos humanos muestran que Honduras tiene la tasa más alta de asesinatos de personas transgénero y otras personas con diversidad de género en el mundo.

Una vida en medio del peligro

“Vicky fue todo para mí”, cuenta Rosa, quien se incorpora un poco en la cama con ayuda de Tatiana, una de sus siete hijas e hijos a quienes crio vendiendo dulces en las calles.

“Me traía dinero para la comida”, dice Rosa, de pelo canoso y ojos que ven con amabilidad detrás de los anteojos de marco negro. Para disipar el calor que hace en el cuarto de paredes verdes, Tatiana enciende un ventilador y arregla un poco la ropa de su madre.

Vicky ejercía el comercio sexual para dar dinero a su familia. Como a otras trans, la sociedad hondureña le cerró los caminos: no le dio un trabajo normal, la despreció, no le ofreció los servicios de salud, educación y empleo que da a lxs demás ciudadanxs. Tuvo que viajar a Guatemala a los 16 años de edad para empezar su transición. A Rosa le costó aceptar que Vicky era distinta, pero terminó aceptándola y sintiéndose orgullosa con ella.

Su forma de ganarse la vida fue también su forma de perderla. La madre de Vicky todas las noches espera que ella regresara con vida cuando se iba a trabajar.

Una noche, pocos meses antes de morir, Vicky llegó malherida. “Vino herida de un filazo que me le pegó un guardia de seguridad. Vino sangrando. Otra trans me ayudó a llevarla al hospital”. Los policías la insultaron. “Dijeron ‘por mí morite, hijo de la gran…’”, cuenta Rosa.

Esa fue una de tantas señales del peligro letal que acecha a las trans hondureñas como Vicky. Las que ejercen el comercio sexual corren mayor riesgo de morir, pero en realidad ninguna está a salvo en una sociedad machista como la hondureña.

Aunque su hija caminaba sobre el filo de la navaja, Rosa jamás la rechazó. “Para una madre, siempre la hija es hija. No sé cómo hay madres que rechazan a sus hijxs cuando son homosexuales o trans cuando a un hijx es doloroso parirlx”.

Mataron a todas las testigas

Hasta el día en que se le acabó la suerte. Si se puede llamar suerte a vivir como Vicky vivía.

Ese día, Vicky y Rosa no sabían que había toque de queda. “Al otro día me pareció raro que no hubiera venido Vicky”. La cena de su hija se había enfriado sobre la mesa. “Entonces, una de las muchachas me dijo: ‘¿No sabe que los policías mataron a Vicky en la madrugada?’”.

El mundo de Rosa se derrumbó. No, no lo sabía. “‘Vicky está en la morgue’, me dijo. Para mí no había palabras”.

La noche en que mataron a Vicky, sus compañeras de trabajo salieron corriendo para escapar de la muerte. Una de las testigas fue una de las afortunadas que lograron huir. “La mataron”, le contó a Rosa. “Yo todavía le dije a Vicky ‘corre, corre, corre’. Cuando volteamos a ver, no miramos a Vicky, sólo oímos los disparos”.

Escaparon, pero no por mucho tiempo. “A Lisa la mataron y a la otra también la mataron”, recuerda Rosa, quien con ayuda de Tatiana se traslada a la salita adornada con peluches y modestos adornos de cerámica. “No quedaron testigos, pero me aseguraron que la policía había matado a Vicky”.

Con miedo, pero sin echarse para atrás

La mamá de Vicky junto con su otra hija, Tatiana.

“Cuando estábamos en la audiencia en la Corte IDH recibí una llamada de la DPI”, cuenta Rosa con voz quebrada. DPI es la sigla de la Dirección Policial de Investigación de Honduras y la llamada, según Rosa, fue para amedrentarla y hacer que abandonara su deseo de buscar justicia en las audiencias de la Corte IDH.

“Me dio miedo porque matan a la gente y no saben ni quién [lo hace]. Por eso he estado en zozobra. Me da miedo porque tal vez uno tiene demandado el Estado y vayan a querer fregarlo porque para ellos la vida de uno no vale nada”.

Pero con la ayuda de Cattrachas y las demás organizaciones que lxs respaldan, Rosa y su familia han agarrado el valor necesario para contar su historia y mantenerse en pie de lucha durante más de una década.

“Me dijeron que luchara y luchara para que la muerte de Vicky no quede impune”, dice Rosa. “Pero es duro perder una hija que me daba el sostén y quedar a la deriva”.

 

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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