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Tamara Adrián continúa su lucha por derechos humanos en Venezuela

La primera diputada trans del país fue elegida en 2015

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Tamara Adrián, la primera diputada trans en Venezuela, habla durante el International LGBTQ Leaders Conference del LGBTQ Victory Fund en D.C., el 3 de diciembre de 2022. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Nota del editor: El LGBTQ Victory Fund el 3 de diciembre incorporó a Tamara Adrián a su “LGBTQ Victory Hall of Fame” durante su conferencia en Washington. El Washington Blade habló con Adrián antes de su incorporación.

Tamara Adrián, venezolana, abogada y activista con el World Movement for Democracy con su cheering committee ha roto barreras y se ha colocado como la primera diputada trans de la Asamblea Nacional de Venezuela, relata cuál es la situación actual de derechos LGBTQ en el país y si hay avances en dicha temática.

El régimen de Chávez y de Maduro se presentaron como igualitarios pero en la práctica tienen un apoyo importante de iglesias evangélicas, ambos siendo militares, poseen casi poder absoluto en las decisiones del país más del 50 por ciento y del 70 por ciento de los ministros y viceministros, respectivamente, son militares activos, mientras que, más del 95 por ciento de los presidentes de las empresas del Estado también lo son.

La realidad venezolana

Los avances legales que han habido no se han puesto no se han concretado en ninguna aplicación práctica y lo relevante nunca se ha reglamentado. Hasta el momento no hay ningún documento instrumento que permita el matrimonio igualitario y aquellos documentos que de alguna manera podrían utilizarse para el goce de derechos de las personas LGBTQ, son interpretados a conveniencia de organismos estatales.

El reconocimiento se lograba por vía judicial hasta 1998, pero después de que Chavez llegó al poder y sustituyó los jueces existentes, se acabó toda independencia en el poder judicial y existe miedo de decidir en este tipo de temáticas o lo que no se crea políticamente correcto.

En la ley orgánica del registro civil del 2009 que entró en vigencia en el 2010 se establece el derecho del cambio de nombre pero no de sexo. Esto debe nada más en tres casos: cuando el nombre es infamante, cuando el nombre expone al escarnio público, cuando no corresponde al género de la persona y pueda afectar el libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de la legislatura del registro civil está administrado por evangélicos desde ese entonces, por ende decidieron que el tercer caso para proceder con el cambio de nombre solamente aplicaba a personas cis género a quien habían colocado un nombre que no iba de acuerdo con el de su género, pero no a una persona trans.

A 12 años de esta ley nunca ha sido posible el cambio de nombre de una persona trans ni mucho menos el cambio de sexo en la documentación ni registros públicos, menciona Adrán, quien también tiene su propia solicitud pendiente desde el año 2004 ante el Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, hay alrededor de otras 15 solicitudes pendientes sin avances ni respuestas.

Hay menciones aisladas en diferentes normativas y legislaturas referentes a orientación sexual, identidad de género y a veces expresión de género en algunas leyes contra discriminación, pero no han recibido ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, La Ley Orgánica del Poder Popular, la cual introduce las comunas; la Ley del Trabajo, solo menciona orientación sexual, sin embargo, tampoco tiene aplicación alguna, hasta el momento, ningún Juez se ha atrevido a proteger a alguien que allá sido discriminado por el trabajo. 

En la Ley de Bancos, hay una mención a la identidad de género, sin embargo, este fue un esfuerzo de parte del Estado para quitar el término orientación sexual de la misma. Esta dice que al momento de abrir una cuenta de banco, la persona, no puede ser discriminada por su identidad de género, sin embargo, la superintendencia de bancos ha dicho que esto solamente se refiere a las mujeres.

“Es frustrante porque cualquier avance aparente no tiene repercusión práctica”, menciona Adrián. 

En la Ley de Regularización y Control de los Contratos de Arrendamiento y Vivienda, se hace mención de no poder publicar anuncios discriminatorios, por raza, condición de salud, orientación sexual ni identidad de género. Sin embargo, la diputada cataloga tal enunciado como “Folklorico” por no tener relevancia práctica.

Con el actual régimen venezolano, la mayoría de los medios de comunicación han sido desaparecidos por los cuerpos militares. Coartando por completo la libertad de expresión. Los medios de comunicación oficiales son utilizados para perpetrar el control militar.

En 2017, el régimen de Maduro convocó a una Asamblea Constituyente utilizada para la modificación de la Constitución de ese entonces, sin siquiera hacer revisión de las leyes ni estatuto, solamente para “aplastar” la asamblea legítima y proceder a establecer acuerdos constitucionales y leyes constitucionales. 

Bajo esto se aprobó la Ley Contra el Odio y para La Convivencia Pacífica, sin embargo la diputada dice que esta ley tiene una especie de “poison pill”. Según los preceptos de la misma no se permite discriminación en las redes ni en medios de comunicación y se hace referencia a un castigo de 10 a 20 años a quien incite al odio en redes sociales.

La misma hace mención al respeto al género, expresión de género, entre otros casos. No obstante, en todos los años de vigencia de la misma solamente se ha aplicado a casos de persecución política, dado a que una de las incitaciones al odio que se menciona dentro de la ley es por opinión política. 

Según la activista al menos unos 45 a 50 presos políticos han sido apresados por incitar el odio en redes sociales en contra del Presidente o algún otro funcionario. A pesar de la mención en sus estatutos, cuando una persona de la diversidad LGBTQ hace mención de dicha ley para ponerla en práctica en escenarios de incitación al odio contra la población, se hace caso omiso de parte de los jueces y no se cumple.

En el reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, se distingue un patrón de persecución política haciendo uso de esta ley que inicialmente se mostraba como mecanismo de defensa y de estabilización social.

La Asamblea Nacional de diciembre de 2020 incorporó dos artículos dentro de la Ley Orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, donde se hace referencia a las discriminaciones en contra de la mujer y se incluyó los términos orientación sexual e identidad de género. Lo mismo en la Reforma de la Ley de la Familia, la Paternidad y la Maternidad, la cual dice que no se debe discriminar en las familias por su orientación sexual e identidad de género, aún sin haber derechos de pareja para personas LGBTQ.

No obstante, al momento de la aplicación, dicen que se refiere a la discriminación que puede ver de los padres hacia los hijos en cuanto a su expresión de género u orientación sexual. Evitando que este principio se aplique para la familia como institución.

De igual manera, se creó una defensoría especial, La Defensoría del Pueblo en materia LGBTQ, nombrando a una sola persona como encargada a nivel nacional, sin secretaria ni presupuesto. 

“Sus posibilidades para actuar son muy limitadas”, dice la venezolana.

Sumándole a esto, se le resta poder a la defensoría, dado a que no se permite la asistencia para un privado de su libertad, cuando este es el caso, se pide que se inicie un proceso por medio del ente administrativo para después proceder con un recurso judicial que puede tardar hasta 14 años y luego solicitar el apoyo de la defensoría, por lo cual no tiene mucha oportunidad de acción.

Por otro lado, se creó la fiscalía número 98, con competencia nacional, para crímenes en materia LGBTQ, la cual fue creada, aunque nunca fue publicada en gaceta, por una designación que hizo el Fiscal General de la República, hasta ahora no se conoce ningún caso que haya sido llevado por esa fiscalía desde su creación en enero de 2022.

La realidad de la educación, salud y empleo

Según Adrián “no hay protección alguna en la práctica” en temas de educación, salud ni empleo. Comúnmente son las poquísimas empresas de inversión extranjera que quedan en el país las que deciden brindar servicios de salud o que emplean a personas de la diversidad sexual en Venezuela. 

En torno a la identidad de género también son muy pocos los casos en los cuales se hace reconocimiento de la identidad asumida de personas trans. La abogada solamente conoce de dos casos en los cuales las empresas hacen reconocimiento total de las expresión de género de personas trans en sus empresas.

Con la educación el caso es similar, no se posee ninguna herramienta que garantice el goce de educación sin discriminación para personas trans. Por lo tanto, los niveles de deserción escolar son muy altos, limitando oportunidades de crecimiento para estas personas.

El Ministerio de Educación ha sido liderado por el ala radical de los evangélico, tanto para la educación primaria como para la secundaria, comparte la venezolana. Incluso en el Ministerios de Educación Superior, así que en cuando ha tratado de incorporar algún módulo de educación sexual y reproductiva los esfuerzos se ven obstaculizados.

Solamente los niños de noveno año tienen acceso a algún tipo de información referente a salud sexual y reproductiva. No obstante, cualquier esfuerzo por permitir acceso a educación referente a identidad de género y orientación sexual son bloqueados bajo cualquier espectro.

Por otro lado, ya no se tiene conocimiento de cuál es el número de personas LGBTQ asesinadas en la República, lo cual se ve empeorado por la falta de medios de comunicación confiable que difundan información sin injerencia militar. Aunque algunos de los medios de comunicación sobrevivieron de manera digital, lo hicieron sin el ala de investigación necesaria para cubrir estas temáticas.

En 2017 Venezuela era el tercer país con mayor número de muertes de personas trans. Las organizaciones de sociedad civil se siguen organizando de una u otra manera para poder ayudar un poco con la crisis humanitaria actual, sin embargo, el apoyo que pueden brindar se ve limitado por el contexto legal y político.

“Nos hemos convertido en una crisis olvidada”, menciona Adrián. En la actualidad hay más de 7 millones de refugiados venezolanos a nivel mundial, sin embargo, se ha normalizado lo cual de cierta manera viene a empeorar la situación humanitaria porque deja las verdaderas necesidades en el olvido. Además se desconoce cuántas personas LGBTQ hay dentro de estas métricas.

En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas de Hecho por Adrián en el 2019, el grado de percepción de discriminación en el país donde los migrantes venezolanos se encuentran versus el que sufrían en venezuela, cae en un 60 por ciento a comparación del porcentaje de discriminación que vivían estando en Venezuela.

Organizando un movimiento de movimientos

El movimiento unidos por la libertad, del cual también forma parte la activista ha tratado de realizar una serie de acciones para tratar de restablecer la democracia en Venezuela, entre estas el poner a las personas chavistas frente a las personas antichavistas dado a que todas han sufrido de lo mismo.

El Consejo Nacional Electoral, reconocimiento como movimiento político no como partido político. Proceso de Organización, ya cuenta con promotores en las 24 circunscripciones electorales de Venezuela para poder participar en todas las elecciones posibles en Venezuela

Nacen dado a que los partidos políticos del país no estaban trabajando en las necesidades de la sociedad del país. Adrián no ha renunciado a su partido, sin embargo, vio la necesidad de participar en esta iniciativa para buscar más opciones para mejorar las condiciones sociales del país.

También resalta como se continúa perpetuando la desigualdad de género y las estructuras de género para continuar con la manipulación estructural del Estado. En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas, Adrián logró descubrir que el principal agresor dentro de la familia y la sociedad es la madre. Lo cual es visto frecuentemente a lo largo de toda américa latina por una cultura heterocispatriarcal arraigadas en diferentes niveles estructurales.

La diputada remarca como “Los regímenes militares con aditamento evangélico no son necesariamente abiertos a temas de mujeres y LGBT” y que mientras continúen los mismos regímenes es muy difícil que se tengan avances prácticos que permitan igualdad y un goce de derechos integrales para las personas trans.

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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