Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Delaware

Democrat Maureen ‘Mo’ Madden takes on longtime GOP stronghold in Delaware’s 38th

Out lesbian candidate for state House focused on infrastructure needs, voting rights

Published

on

Maureen ‘Mo’ Madden (Photo courtesy of Madden)

Democrat Maureen “Mo” Madden is running for the Delaware House of Representatives in the 38th District, seeking to win a seat that has been held by Republicans for more than two decades.

The race opened up after Republican state Rep. Ron Gray announced in April that he would not seek reelection after seven terms in the General Assembly. 

Gray was first elected in 2012 and represents communities including Bethany Beach, Fenwick Island, Selbyville and Ocean View. Madden, a Dagsboro resident, filed to run for the seat in 2025.

Madden is a retired federal civil servant who spent nearly 23 years at NASA and more than seven years at the National Oceanic and Atmospheric Administration. She holds a master’s degree in physics and previously worked in leadership at NOAA.

She said her professional experience taught her the importance of working collaboratively, something she believes would translate to the legislature.

“Advocating, negotiating, and collaborating are all skills that a legislator needs,” she said. “You learn to collaborate. You learn to negotiate. You learn to advocate for your budget, for your team, and for your projects.” 

Madden said her decision to run began after she and her wife moved to the area and she noticed the lack of Democratic candidates on the ballot in her district.

“Somebody’s got to do it, and I’ve got time. I’m retired,” said Madden.

She acknowledged the difficulty of running as a Democrat in the district, which has been represented by Republicans since 2002.

Madden said one of the biggest concerns she hears from residents is the rapid growth of Sussex County.

“We have a massive amount of growth and a massive amount of development,” said Madden.

Madden said the growth has placed additional pressure on roads, schools, emergency services, as well as water and sewer infrastructure.

“We need to find a way to bring more money down here for the school system and for the infrastructure that we need,” she said.

She also raised concerns about the impact of new developments on existing neighborhoods, particularly in regard to flooding and drainage.

“Something needs to be done,” said Madden.

Madden also pointed to climate change as a factor affecting the region.She said the state will need to work on both addressing development and preparing communities for increasingly severe weather.

“We have to work both sides of it,” Madden said.

Madden said improving infrastructure would be a priority if she is elected, particularly roads and other infrastructure that affect residents’ daily lives.

“I want to increase the safety of my neighbors,” she said.

Madden also said she wants to address infrastructure needs related to water and sewer service, as well as the availability of health care in the rapidly growing coastal region.

Madden said protecting voting rights would be another priority in the legislature.

“The right to vote is one of the biggest things that we have here in a democracy,” she said.

She said that she supports early voting, mail-in voting, and same-day registration, as well as restoring voting rights to people who have completed felony sentences.

“You should not lose a constitutional right because you’ve been in jail,” said Madden.

“Protecting the right to vote is how I will defend democracy when I get to the state House,” she said.

Madden said she would also support efforts to enshrine certain rights in the Delaware Constitution, including reproductive rights, voting rights, and the right to marriage.

“Those three protections of our freedoms that are right now under attack need to be more secure in the Delaware State Constitution,” she said.

As an openly lesbian candidate, Madden said LGBTQ+ rights are important to her, particularly the treatment of young transgender people.

She said she is concerned about efforts to restrict transgender students’ participation in sports and other policies affecting transgender people.

“They are picking on the most vulnerable of the most vulnerable,” said Madden.

She said she hopes voters will view LGBTQ+ people as part of their communities rather than as fundamentally different from their neighbors.

“We’re your neighbors. We’re your friends. We’re your family,” she said.

Madden will face Republican Carlie Carey in the general election on Nov. 3. 

Continue Reading

Local

Comings & Goings

Spark Social launches new Sunday coffee event

Published

on

Nick Tsusaki

The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected]

It is exciting to write about Nick Tsusaki, the founder and owner of Spark Social, 2009 14th St., N.W. Tsusaki just announced the official opening, on Sunday, Aug. 23, of a new daytime event, called Spark Coffee Club, a great opportunity to meet up with friends, or meet new ones.  It is in partnership with Go Gay DC and runs 12-1 p.m., every Sunday. If you are new to D.C., you can browse more than 180 local LGBTQ+ community groups Tsusaki has listed on the community tab of his website: spark-dc.com/community.

“I’ve been out for most of my life, but it wasn’t until I started working in queer spaces, surrounded by queer people, that I really felt proud, even lucky, to be gay,” he said. “I hope Spark is a place where more people come to that same realization.”

Tsusaki went to Georgetown for his undergraduate studies, and spent four years doing Navy ROTC, then went into the Navy. He told me, “Town was the first gay bar I ever went to. It was always such a liberating and euphoric experience, I knew I wanted to come back to D.C. permanently, after the Navy.”  

During his eight years in the Navy, Tsusaki spent time in among other places, Bahrain, and Korea. He was D.C. operations manager, where he managed large, diverse teams, across multiple countries, supervising logistics, scheduling, safety protocols, and daily operational readiness. He also directed emergency response and crisis management operations, including White House support, COVID-19 response planning, and major safety and security protocols protecting tens of thousands of personnel.

Tsusaki recounted, “When I left the Navy in 2023, I applied to every gay bar in the city.  Fortunately, Shakers, was just opening at that time, and I started as a barback on the opening team. My appreciation for the D.C. LGBTQ+ community, and LGBTQ+ spaces only grew as I worked with and met some of the most hilarious, talented, proud, diverse, and supportive people in my life. After just a year in the industry, my passion had grown so strong I decided I wanted to open my own venue.” 

Tsusaki then built Spark Social, and now supervises a 20-person team across café, bar, retail, and nightlife operations, ensuring strong safety standards, clear procedures, and consistent guest experience. He has developed a deeply trusted neighborhood presence through strong community partnerships, resulting in a 4.9 Google rating with 120+ reviews.  He created an innovative 1-for-1 cocktail menu offering alcoholic and non-alcoholic options, with equal quality and presentation, and promotes an inclusive nightlife for non-drinkers. He has established Spark as a unique market leader in LGBTQ+ hospitality, combining daytime café culture, with late-night programming, and community-centered events. So, whether you go for the new community coffee hour on Sundays, or any other time, Spark Social is a place where you will feel comfortable. 

Tsusaki earned his bachelor’s of science degree in foreign service, Georgetown University; and master’s in business analytics from the University of Virginia, Darden School of Business. 

Continue Reading

White House

Trump-Vance administration’s LGBTQ brain drain: what you need to know

Several high profile figures have left government since January 2025

Published

on

Demetre Daskalakis resigned from the Centers for Disease Control and Prevention months after the Trump-Vance administration took office in January 2025. (Screen capture via Zoom)

Uncloseted Media published this article on Aug. 21.

By SPENCER MACNAUGHTON and HOPE PISONI | Since President Donald Trump regained office in January 2025, he and his administration have waged an all-out war against the LGBTQ community.

This has led queer Americans to move to other countries at unprecedented rates — Rainbow Railroad, a Canadian nonprofit that supports LGBTQ asylum seekers, reported receiving a huge increase in inquiries from the U.S. last year.

The same pattern is playing out within the government. And it’s leading to a brain drain of competent queer employees and allies who are either resigning or being fired, often because of their LGBTQ identity or their belief that queer people deserve basic human rights.

Here are six examples of federal workers who had a messy exit from Trump 2.0:

Demetre Daskalakis

  1. WHAT HE DID: Dr. Daskalakis is one of the foremost LGBTQ health professionals in the U.S. Under Trump’s first term, he was appointed director of the Division of HIV/AIDS Prevention at the Centers for Disease Control and Prevention. Under Biden, he also served as the deputy response coordinator for mpox at the White House.
  2. WHAT HAPPENED: While he continued a lot of this work under Trump 2.0, he didn’t last long. In August 2025, he resigned from the CDC, writing in his resignation letter that he was “unable to serve in an environment that treats CDC as a tool to generate policies and materials that do not reflect scientific reality and are designed to hurt rather than to improve the public’s health.”
  3. BOTTOM LINE: I recently interviewed Daskalakis, where he told me that leadership from RFK Jr.’s Health and Human Services Department justified HIV cuts by saying the virus is “just too woke.”

Julia Curlee

  1. WHAT SHE DID: Julia Curlee worked in intelligence for nearly two decades between the CIA and the National Security Council. Earlier this week, she wrote an article in The Atlantic explaining how she had served as Mike Pence’s daily briefer and the NSC’s director for intelligence programs. During Trump 1.0, she briefed the president on Air Force One.
  2. WHAT HAPPENED: Curlee told CNN this week that in Trump’s second term, her treatment by the federal government transformed. She was no longer allowed to use the women’s bathroom on federal property and had to leave her workplace to relieve herself. Her passport was also reissued to read “male,” which led to complications when traveling abroad. In March 2025, less than 70 days into Trump’s second term, Curlee says she received a call while at a rib joint in Virginia with her family informing her that her White House tour was over and that they couldn’t tell her why. She continued to work for the CIA for some months, but she later resigned.
  3. BOTTOM LINE: Curlee wrote that moments after she learned she was fired from the White House, she saw a post from right-wing political activist Laura Loomer that read “A transgender, Biden holdover who hates President Trump is still working in the NSC intel office. I’m told there are several NSC staffers who have complained that this trans Biden holdover hasn’t been fired yet, but nothing is being done about it.”

Marc Seawright

  1. WHAT HE DID: Marc Seawright worked for more than eight years at the U.S. Equal Employment Opportunity Commission. Most recently, he served as the EEOC’s director of information governance and strategy, where he oversaw tech policy to help combat workplace harassment and discrimination.
  2. WHAT HAPPENED: During Trump 2.0, Seawright was ordered to develop technology that would erase any mention of LGBTQ identities from EEOC outreach materials. “[My expertise] was being leveraged to perpetuate discrimination against people like me,” he told the Associated Press. In that article, Seawright and other transgender and gender nonconforming federal employees described their “fear, grief, frustration, and distress working for the federal government at a time when it rejects them — often with no clear path for recourse or support.”
  3. BOTTOM LINE: Seawright quit in June, citing a hostile work environment. “It became overwhelming. It felt insurmountable,” he told the AP. He has now hired lawyers at Katz Banks Kumin and has filed a discrimination complaint.

David Maltinsky

  1. WHAT HE DID: Until 2025, Maltinsky worked for more than 16 years at the FBI as an intelligence specialist. In 2025, he was training to become a special agent, but three weeks ahead of graduation, he was fired.
  2. WHAT HAPPENED: On Oct. 1, he was delivered a letter from FBI Director Kash Patel informing him that he was being fired for an “inappropriate display of political signage.” The signage in question, according to Maltinsky, was a Pride flag displayed in his work station at a previous post in Los Angeles. The flag had been given to him by the FBI’s LA Field Office, and Maltinsky says he had been told by multiple supervisors that displaying it would not be a violation.
  3. BOTTOM LINE: Maltinsky is currently suing the FBI and the Department of Justice, arguing that his firing constituted unlawful discrimination.

Mary Brinkmeyer

  1. WHAT SHE DID: Brinkmeyer had been working as a psychologist for the Department of Veterans Affairs since 2008. She held multiple leadership roles, including the LGBTQ veteran care coordinator at the Hampton VA Medical Center. She established the first military support group for trans servicemembers and was awarded Navy Psychology Civilian Psychologist of the Year in 2016.
  2. WHAT HAPPENED: Following an early Trump executive order directing the federal government to purge any practices promoting “gender ideology,” Brinkmeyer says staff at her workplace were told to remove all LGBTQ-affirming materials from both public and private areas, as well as to identify “anything in medical records, training materials, or patient resources that could be considered ‘gender ideology.’” When she refused to comply and confronted her supervisor, she says her concerns were dismissed.
  3. BOTTOM LINE: Brinkmeyer resigned in February 2025, stating that she “didn’t want to be complicit in something that I knew was wrong.”

Amy Paris

  1. WHAT SHE DID: Paris was the second-highest ranking trans woman in the federal government, serving as a deputy digital services lead in the HHS Department, where she oversaw the safety of organ donations. Prior to that, she worked in a number of tech-related roles across the federal government since the Bush administration. She helped create cross-agency spending trackers, streamlined unemployment insurance during the pandemic and implemented trans-inclusive policies like gender-neutral passports.
  2. WHAT HAPPENED: Paris was fired as part of a string of mass layoffs across the federal government in February 2025. While the HHS did not publicly comment on why she was fired, Paris says she was told it was because of her performance, despite the fact that she got a 4.75 out of five on her last performance review and was praised for her work by multiple Biden administration officials.
  3. BOTTOM LINE: Paris told the 19th she suspected her firing was politically motivated, saying the Trump administration is “trying to sow discord and disrupt confidence in the workings of the federal government.”
Continue Reading

Popular