News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
The White House
White House targets gender-affirming care funding, states fight back
Attorneys general from Md. and elsewhere are fighting directives
The Centers for Medicare and Medicaid Services announced last week that federal funding could no longer be used to pay for gender-affirming care through Medicaid or the Children’s Health Insurance Program.
The rule prohibits federal Medicaid dollars from covering puberty blockers, hormone therapy, and rare instances of surgery for enrollees under the age of 18 in the Medicaid program and under the age of 19 in CHIP. It does not prohibit coverage of counseling or psychotherapy as part of gender-affirming care.
The decision to restrict what healthcare is covered by federal dollars is part of a longer, more aggressive stance the Trump-Vance administration is taking toward LGBTQ healthcare.
Since taking the White House back for his second term, Trump has signed three executive orders that directly target transgender Americans. They include Executive Order 14168, “Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government” that requires the federal government to recognize only a person’s sex at birth, not their gender identity; Executive Order 14183, “Prioritizing Military Excellence and Readiness,” which attempts to remove transgender service members from the military and prevent them from enrolling; and an executive order that helped spur this change by restricting gender-affirming care.
The administration’s choice to villainize gender-affirming care, despite it being considered a best medical practice recommended by nearly every major medical group for gender dysphoria or gender incongruence, including the American Medical Association, American Academy of Pediatrics, and American Psychological Association, comes as KFF, a source for health policy research and polling data, estimates about 130,000 young trans people with Medicaid or CHIP coverage could be impacted by the policy.
“Today, we are ending federal taxpayer funding for sex-rejecting procedures on children,” U.S. Department of Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy, Jr., said last week when announcing the change. “These interventions carry serious risks and can cause irreversible harm. The federal government will no longer use Medicaid and CHIP dollars to fund procedures that fail to meet the evidentiary standard our children deserve.”
“Children deserve our protection, not experimental interventions that pose serious risks and convey no proven benefits,” said CMS Administrator Mehmet Oz. “By cutting off federal funds for these sex-rejecting procedures, we’re following the science, saving taxpayer dollars, and, most importantly, protecting children from potentially irreversible harm so they can truly flourish.”
The administration’s push is having a chilling effect on state healthcare legislation — more states now prohibit gender-affirming care than ever before. States with gender-affirming care restrictions jumped from four in 2023 to 27 states today.
The funding change has been met with fierce pushback from LGBTQ advocates, health experts, and government officials across the country before the rule goes into effect.
Some of the first actions against this policy began in July 2025.
Twenty-one states have attempted to restrict this effort in some fashion from going through as the White House intends. They include Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, and Wisconsin, as well as Pennsylvania Gov. Josh Shapiro on behalf of his state.
The coalition of attorneys general filed lawsuits challenging nine separate provisions of the final rule, arguing that they would make it harder for consumers to get coverage through the ACA, increase costs for states, and weaken key ACA protections.
The U.S. District Court for the District of Massachusetts on Aug. 15 struck down a key provision of a Trump-Vance administration final rule that would have excluded coverage of certain types of gender-affirming care as essential health benefits under the Affordable Care Act. Essential health benefits are subject to the ACA’s financial protections, including limits on out-of-pocket costs.
“Everyone deserves access to health coverage,” said California Attorney General Rob Bonta. “The Trump administration tried to exclude gender-affirming care from qualifying as an essential health benefit. We fought back, and the court’s ruling means this care can — and in many states must — qualify for the ACA’s financial protections, ensuring transgender people have an equal opportunity to benefit from the ACA.”
“The Trump administration tried to make essential care unaffordable for transgender Marylanders by stripping it out of the ACA’s cost protections,” said Maryland Attorney General Anthony Brown. “We fought to keep that care covered, and we won. My Office will always defend Marylanders’ right to the care they need.”
The final rule at issue — the “Marketplace Integrity and Affordability” rule — was proposed by the Trump-Vance administration in March 2025, purportedly to “curb ACA enrollment fraud” and reduce federal spending on subsidies that help consumers afford ACA coverage. Among other changes, the rule would have removed certain types of gender-affirming care from the ACA’s 10 essential health benefit categories.
“This president would rather target young people than lower costs or expand access to health care. It is reprehensible that our federal government is intent on hurting and isolating the adolescents it is supposed to protect. I will use every tool at my disposal to fight this proposal and protect transgender Americans and their families,” said New York Attorney General Letitia James in December after the policy was announced.
In addition to state government resistance to the change, multiple LGBTQ advocates have committed to protecting the right to healthcare for LGBTQ children.
Rocky Mountain Equality CEO Mardi Moore affirmed those in Colorado would continue to help people most at risk if the change goes through.
“First, to the families impacted by this news: you will not be cut off immediately. The rule takes effect Oct. 13, 2026, and providers can continue to bill Medicaid and CHIP for youth already receiving gender-affirming care for up to six months after that. Rocky Mountain Equality is here, and we can help you understand your options to continue your child’s care.
“This is discrimination dressed up as rule-making. Government healthcare policy should expand what people can access, not strip away care that families and doctors have already determined is medically necessary,” Moore added. “We’ve seen this pattern before with other kinds of essential care, and it rarely stops with just one restriction. Any effort to ban or limit care opens the door for more restrictions on more kinds of care.”
The Human Rights Campaign, the largest LGBTQ lobbying group in the U.S., issued multiple statements following the announcement, and has filed a similar lawsuit against the federal government for prohibiting gender-affirming care to federal employees using federal health plans.
HRC President Kelley Robinson said taking a hard stance against what the administration is presenting as a win for the American people that will ultimately restrict healthcare options for thousands of Americans.
“Every young person is entitled to the health care that they, their parents, and their medical providers agree that they need, without politicians interfering with these important and highly personal decisions. And yet, rather than working to make healthcare more affordable and accessible, the Trump administration continues to obsess over the healthcare needs of trans youth, this time by cutting off health insurance coverage for those who rely on Medicaid and CHIP to access that care,” Robinson said. “The Trump administration is terrorizing trans youth and their families with these kinds of actions, and it has to stop.”
Virginia
Winsome Earle-Sears ‘Life and Marriage Tour’ to include Northern Va. stops
Voters to consider marriage equality, reproductive rights referenda in November
Former Virginia Lt. Gov. Winsome Earle-Sears has announced her campaign against efforts to enshrine marriage equality and reproductive rights in the state constitution will make several stops in Northern Virginia.
Her “Life and Marriage Tour” will include stops in Manassas, Winchester, and Harrisonburg. Earle-Sears said the “Life and Marriage Tour” will also travel to Virginia Beach, Lynchburg, Roanoke, Charlottesville, and other cities across Virginia “throughout September and October.”
The announcement did not include specific dates.
“Virginia, you’ve been asking where the Life and Marriage Tour is headed — here’s a look at our current tour locations,” she said on X on Tuesday. “We’ll be traveling across the commonwealth throughout September and October, and we’re still building the journey.”
Current Gov. Abigail Spanberger, a Democrat, last November defeated Earle-Sears, a Republican, in the race to succeed Republican Glenn Youngkin.
Voters in 2006 approved the Marshall-Newman Amendment, which defined marriage in Virginia as between a man and a woman.
Same-sex couples have been able to legally marry in Virginia since 2014. Youngkin a decade later signed a bill that codified marriage equality in state law.
Two successive legislatures must approve a proposed constitutional amendment before it can go to the ballot.
Spanberger signed bills that finalized the marriage equality and reproductive rights referenda’s language.
The referenda will take place on Nov. 3.
Russia
Russian LGBTQ rights group to shut down
Russian LGBT Network in April declared ‘extremist’ organization
A Russian LGBTQ advocacy group on Monday announced it will shut down after a court declared it an “extremist” organization.
A St. Petersburg court in April in response to a Russian Justice Ministry lawsuit made the declaration against the Russian LGBT Network.
“For many years, Russian LGBT Network brought together initiatives and activists and supported queer people across the country,” said the advocacy group on its Facebook page. ” However, its ‘extremist’ status has made the previous public format of its work impossible: any connection to the organization may create additional risks for the people we seek to support and protect.”
The Russian LGBT Network formed in 2006.
The group on its Facebook page said it “made this decision” to close “after a thorough assessment of the risks.”
“Continuing our public activities could have put at risk those who took part in the organization’s work, supported it, or received assistance,” said the Russian LGBT Network. “We cannot control the repressive environment, but we can do everything possible to avoid creating additional risks for people. People’s safety comes first.”
The Kremlin over the last decade has faced global criticism over its crackdown on LGBTQ rights.
The Russian Supreme Court in 2023 ruled the “international LGBT movement” is an extremist organization and banned it.
Russia in January designated ILGA World, a global LGBTQ and intersex rights group, as an “undesirable” organization. ILGA World in response to the designation noted Russians who are found guilty of engaging with “undesirable” groups face up to six years in prison.
Human Rights Watch in May noted the Russian LGBT Network is one of nine LGBTQ groups that Russia this year has banned after authorities deemed them “extremist.”
“Russian LGBT Network may close; but dignity, solidarity, and people’s right to be themselves cannot be destroyed,” said the Russian LGBT Network in its statement. “Take care of yourselves.”
