News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
National
Demonstrators disrupt OMB director hearing over PEPFAR
Capitol Police arrested five protesters
A group of protesters interrupted Office of Management and Budget Director Russell Vought during his testimony before Congress on Wednesday.
Vought was at the Cannon House Office Building to give testimony to the House Budget Committee.
Committee Chair Jodey Arrington (R-Texas) began the hearing by touting what he described as economic accomplishments of the Trump-Vance administration’s economic accomplishments. Ranking Member Brendan Boyle (D-Pa.) disputed those claims in his opening statement.
Boyle went on to admonish Vought for not attending a committee hearing in the previous year.
Vought, the “Project 2025” architect, was invited to speak after Arrington and Boyle made their statements.

Shortly after Vought began reading his statement, Housing Works CEO Charles King stood up in the gallery and began shouting, “PEPFAR saves lives: spend the money!”
The U.S. Capitol Police moved quickly to escort King from the room. Other activists began chanting with King as they unfolded signs bearing a picture of Vought’s face and statements such as, “Vought’s cuts kill people with AIDS,” and “Protect PEPFAR from Vought.”
The group of HIV/AIDS activists included independent activists, former U.S. Agency for International Development and PEPFAR staff, members of Health GAP, Housing Works, and the Treatment Action Group. Six activists were escorted from the hearing and the U.S. Capitol Police detained five of them.

The HIV/AIDS treatment activists protested at the hearing in response to the dismantling of global health programs, including PEPFAR, a federally-funded program credited with saving millions of lives from HIV/AIDS, particularly in sub-Saharan Africa.
“Russell Vought is directly responsible for illegally withholding Congressionally appropriated funds for PEPFAR and related global health initiative,” King said in a statement provided to the Washington Blade. “These funding disruptions have already contributed to preventable deaths and threaten to reverse decades of progress in the fight against HIV worldwide. Enough is enough. Congress must ensure Vought stops this deadly sabotage.”
National
HIV/AIDS group NMAC is ‘destabilized’ and in financial crisis: sources
Organization disputes allegations of mismanagement by new CEO
A statement sent to the Washington Blade by an anonymous source claiming to be a current staff member at NMAC, formerly known as the National Minority AIDS Council, alleges that the prominent HIV/AIDS advocacy organization is facing “a rapid and systemic collapse of leadership, governance, and ethical standards.”
The three-page detailed statement sent on April 4 by someone identifying himself only as “John Doe” includes multiple specific allegations that NMAC CEO Harold Phillips, who began his position in October 2025, “has destabilized the organization at every level,” including hiring nine new high-level appointees with salaries of $220,000 each who are performing “duplicative and unjustifiable roles.”
The Blade was able to corroborate some of the allegations by talking to two other knowledgable sources who spoke on condition of anonymity. Those sources said they had received the John Doe statement and believed many, if not most, of its allegations were accurate.
With a total staff of about 30 to 35 employees, the John Doe statement claims the high salaries of the nine new staff members have added to financial problems NMAC has been facing in recent years. It says that at least two NMAC staffers who raised concerns about Phillips’s actions were terminated on grounds of insubordination.
One of the two anonymous sources who spoke to the Blade said one of the dismissed staff members was considering filing a lawsuit against NMAC in response to the firing.
“An external firm was recently brought in to assess the organizational health,” the John Doe statement to the Blade says. “The findings were staggering — more than 50% of staff reported they are actively seeking employment elsewhere,” it says.
The Blade sent the John Doe statement to NMAC this week and asked for a response to the allegations.
NMAC spokesperson Jennifer Moore Phillips, who serves as chief strategy officer and who is not related to Harold Phillips, sent the Blade a short statement calling the John Doe allegations “false and purposefully misleading,” but which did not comment on each of the specific allegations.
“A recent anonymous letter containing unfounded allegations about NMAC makes claims that are simply false and purposefully misleading,” the NMAC statement says. “Evidenced by our new strategic plan and recent successful Biomedical HIV Prevention Summit in Chicago, NMAC’s new leadership is laser focused on delivering on our mission serving the HIV community with renewed energy and vision,” the statement concludes.
The Biomedical HIV Prevention Summit referred to in the statement, which took place in Chicago April 8-10 of this year, is one of the two largest HIV/AIDS related conferences that NMAC organizes each year. Jennifer Phillips said more than 1,400 people attended the event.
The largest NMAC event, the United States Conference on HIV/AIDS, the most recent of which was held in D.C. Sept. 4-7, drew more than 2,400 participants and was hailed by AIDS activists as a highly successful gathering of a diverse group of experts seeking to push for the end to the HIV/AIDS epidemic.
One of the keynote speakers at that conference was Paul Kawata, who served as executive director and CEO of NMAC for 36 years and who delivered his farewell address at the conference following the announcement that he would retire on Oct. 7, 2025.
Many of the conference speakers praised Kawata, who became NMAC’s leader two years after its founding in 1987, as the leading force behind its growth and evolution into one of the nation’s leading HIV/AIDS advocacy organizations with a special outreach to people of color.
It was at that time that Harold Phillips, who served as director of the White House Office of AIDS Policy under then-President Joe Biden and who later joined NMAC as deputy director before the NMAC board named him Kawata’s successor as CEO, emerged as NMAC’s next leader.
“The Board has exuberantly elected Harold Phillips as our new CEO,” said Lance Toma, chair of the NMAC Board of Directors at the time Phillips’s appointment was announced. “In this unprecedented moment, there is no one more strategically positioned and experienced to lead our movement through what we know will be some of the most tumultuous and complicated times ahead,” the statement said.
The John Doe statement raising questions about Phillips’s actions and leadership says NMAC staff members formally appealed to the board of directors to intervene.
“The Board has remained silent, while Harold arrogantly told the staff that ‘the board has my back,’” the statement says.
The Blade has also attempted to reach out to Kawata by email for comment on how he feels NMAC is doing six months after his retirement. As of April 14, Kawata had not responded to the Blade’s inquiry.
According to the John Doe statement, NMAC officials have recently “sought external financial rescue,” including a visit by an NMAC official to California to request assistance from the pharmaceutical company Gilead Sciences. “Without such intervention, layoffs seem imminent,” the statement says.
“This is not a functioning nonprofit,” the John Doe statement concludes. “It is an organization in crisis – bleeding resources, hemorrhaging staff, and operating without transparency, accountability, or governance,” it says, adding, “The communities NMAC serves, the donors who fund its mission, and the public at large deserve to know what is happening behind closed doors.”
By contrast, the NMAC website describes the organization as a highly functioning nonprofit continuing to lead the fight against HIV/AIDS.
“Launched in 1987 during the early years of the HIV/AIDS crisis in the United States, NMAC is a national HIV organization that offers capacity building, leadership development, policy education, and public engagement to end the HIV epidemic among communities most impacted in the United States,” a statement on the NMAC website says.
“In 2026, we mark 45 years of the HIV movement,” the statement adds. “NMAC continues to pivot to center the needs of people of color impacted by HIV by responding to political challenges that threaten federal funding and programs that have provided an essential survival safety net,” it says. “Simultaneously, as HIV treatment allows people to age with HIV, our whole-person approach extends to achieving optimal quality of life beyond attaining viral suppression.”
In its most recent action, NMAC issued a detailed press release on April 14 criticizing President Donald Trump’s proposed fiscal year 2027 budget provisions that call for cutting more than $1.5 billion in HIV prevention, substance use, housing and other programs. The release provides details on how the cuts would negatively impact important HIV prevention programs and urges Congress to reject the proposed cuts.
Senegal
Senegalese court issues first conviction under new anti-LGBTQ law
Man sentenced to six years in prison on April 10
A Senegalese court has issued the first conviction under a new law that further criminalizes consensual same-sex sexual relations.
The Associated Press notes the court in Pikine-Guédiawaye, a suburb of Dakar, the Senegalese capital, on April 10 convicted a 24-year-old man of committing “acts against nature and public indecency” and sentenced him to six years in prison.
Authorities arrested the man, who Senegalese media reports identified as Mbaye Diouf, earlier this month. The court also fined him 2 million CFA ($3,591.04).
Lawmakers in the African country on March 11 nearly unanimously passed the measure that increases the penalty for anyone convicted of engaging in consensual same-sex sexual relations from one to five years in prison to five to 10 years. The bill that Prime Minister Ousmane Sonko introduced also prohibits the “promotion” or “financing” of homosexuality in Senegal.
MassResistance, an anti-LGBTQ group based in the U.S., reportedly worked with Senegalese groups to advance the bill that President Bassirou Diomaye Faye signed on March 31.
“This prison sentence is unlawful under international law,” said Human Rights Watch on Wednesday. “Senegal is bound by treaty obligations that protect every person’s right to dignity, privacy, and equality.”
