Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

India

Menaka Guruswamy celebrated as India’s first openly LGBTQ MP

Constitutional lawyer elected to Rajya Sabha on March 9

Published

on

Menaka Guruswamy (Screen capture via OxfordUnion/YouTube)

India’s LGBTQ community has found renewed hope in the election of Menaka Guruswamy, a lawyer who has argued before the Supreme Court, as the country’s first openly LGBTQ MP.

Guruswamy was declared elected unopposed to the Rajya Sabha, the upper house of Parliament, on March 9, representing West Bengal. The All India Trinamool Congress, the regional party that governs the state, nominated her.

Guruswamy is a constitutional lawyer who studied at Oxford University, Harvard Law School, and the National Law School of India University. She has argued several significant cases before the Supreme Court and is widely known for her work on constitutional law, civil liberties, and LGBTQ rights. 

Guruswamy was part of the legal team that successfully challenged Section 377 of the Indian Penal Code, a colonial-era law that criminalized consensual same-sex sexual relations, which the Supreme Court struck down in 2018. She has also written and spoken extensively on issues of democracy, rights and institutional accountability.

Ankit Bhupatani, a global diversity, equity and inclusion leader and LGBTQ activist, welcomed Guruswamy’s election. 

“This is significant not because Parliament needed a queer person, but because a queer person needed Parliament,” Bhupatani told the Washington Blade.

India has seen LGBTQ representation in elected office at the state and local levels, though it has remained limited. 

In 1998, Shabnam Mausi was elected to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from the Sohagpur constituency, becoming one of the first openly transgender people to hold public office in India. Mausi’s election marked a rare moment of visibility for trans people in the country’s political system, where representation has historically been sparse. Since then, a small number of openly trans candidates have contested and, in some cases, won local and state elections, but no openly LGBTQ person had been elected to Parliament before Guruswamy.

Guruswamy and her partner, Arundhati Katju, who is also a lawyer, were part of the legal team that played a central role in the Section 377 decision.

Representing one of the plaintiffs, the two lawyers helped frame the case around constitutional guarantees of equality, dignity, and privacy. The Navtej Singh Johar v. Union of India ruling marked a watershed moment for LGBTQ rights in India.

“For too long, we have fought our battles only in courtrooms and on streets. Now, there is a seat at the table where laws are written,” said Bhupatani. “Whether that seat produces change depends entirely on how it is used. Representation without substance is decoration. But as a beginning, yes. This matters.”

Guruswamy later represented the plaintiffs in the Supreme Court’s 2023 marriage equality case, Supriyo v. Union of India, which a 5-judge panel heard in the spring of 2023. 

Along with other lawyers representing same-sex couples, she advanced arguments rooted in constitutional guarantees of equality, dignity, and personal liberty. The Supreme Court in a 3-2 decision on Oct. 17, 2023, declined to recognize same-sex marriage — holding that such a change falls within Parliament’s domain — but did acknowledge LGBTQ people face discrimination. The Blade previously reported the ruling underscored the court’s view that it could interpret the law, but could not create a new legal framework for marriage rights.

Bhupatani said Guruswamy’s election should not be seen as an immediate shift toward legislative action on LGBTQ rights, cautioning that such expectations may not align with political realities. He said her presence in Parliament could help sustain the issue in a way it has not been before, even as broader legal change is likely to take time.

“What she can do is keep the question alive inside Parliament in a way that it hasn’t been before,” Bhupatani said. “Legislative change in India on social questions usually takes longer than advocates want and shorter than skeptics predict. The 377 decriminalization seemed impossible until it wasn’t. Partnership rights will follow the same pattern eventually.”

Bhupatani added that while Guruswamy’s election may influence the pace of change, it does not, on its own, constitute a broader political movement.

“One person in Parliament, however extraordinary, is not a movement. She is an opening,” he said. “The 2023 ruling created a responsibility. Guruswamy’s election creates an opportunity to fulfill it from inside. Whether opportunity becomes outcome is entirely a question of human will.”

Guruswamy has served as a visiting faculty member at leading American institutions that include Yale Law School, Columbia Law School, and New York University School of Law. She has also worked with international organizations, advising the U.N. Development Fund for Women in New York and the U.N. Children’s Fund in both New York and South Sudan.

According to her professional profile, Guruswamy has been involved in a range of significant cases before the Indian Supreme Court that include matters related to bureaucratic reform and accountability. 

One case is connected to the AgustaWestland helicopter deal, an investigation into alleged bribery in a multimillion-dollar defense procurement contract; litigation arising from the Salwa Judum case, in which the court examined the state-backed use of civilian militias in counterinsurgency operations in central India; and cases involving the implementation of the Right to Education Act, a law guaranteeing free and compulsory education for children between the ages of six and 14.

More recently, Guruswamy represented the All India Trinamool Congress in legal proceedings challenging searches conducted by India’s Enforcement Directorate, a federal agency responsible for investigating financial crimes, including money laundering and violations of foreign exchange laws. The searches were carried out at the offices of the Indian Political Action Committee, or I-PAC, a political consulting firm that provides data-driven campaign strategy and election management services to political parties. The case raised questions about the scope of investigative powers and the use of federal agencies in politically sensitive matters.

Guruswamy’s engagement with LGBTQ rights has extended beyond courtroom advocacy into public constitutional discourse. 

On July 11, 2018, during hearings in the Section 377 case, she argued the criminalization law could not be justified on the basis of “social morality,” describing it as subjective and incompatible with constitutional guarantees, and framing the case as one fundamentally about “our humanity.” The Thomas Jefferson Foundation Medal in Law at the University of Virginia in February 2023 recognized Guruswamy and Katju for their work on LGBTQ rights.

Guruswamy has not responded to the Blade’s multiple requests for comment about her election.

Continue Reading

District of Columbia

Gay priest credited with boosting church support for LGBTQ Catholics

Fr. Tom Oddo’s biographer speaks at Dignity Washington event

Published

on

(Book cover image courtesy of Amazon)

The author of a biography of a U.S. Catholic priest said to have advocated for support by the Catholic Church of gay Catholics in the early 1970s has called Father Thomas ‘Tom’ Oddo a little known but important figure in the LGBTQ rights movement.

Tyler Bieber, author of the recently published book “Against The Current: Father Tom Oddo And the New American Catholic,” told of Oddo’s life and work on behalf of LGBTQ rights at a March 22 talk before the local LGBTQ Catholic group Dignity Washington.

Among Oddo’s important accomplishments, Bieber said, was his role as a co-founder of the national LGBTQ Catholic group Dignity U.S.A. in 1973 at the age of 29.

But as reported in the prologue of his book, Bieber presented details of the sad news that Oddo died in a fatal car crash in 1989 at the age of 45 in Portland, Ore., where he was serving as the highly acclaimed president of the University of Portland, a Catholic institution.

“He was a major figure in the gay rights movement in the 1970s, an unsung hero of that movement,” Bieber told Dignity Washington members, who assembled for his talk in a meeting room at St. Margaret Episcopal Church near Dupont Circle, where they attend their weekly Catholic mass on Sundays.

Tyler Bieber (Washington Blade photo by Lou Chibbaro, Jr.)

“And Dignity U.S.A. saw intense growth in membership and visibility” during its early years under Oddo’s leadership, Bieber said. “The story of Father Tom and his contemporaries is a story largely untold in the history of the gay rights movement, but one worth knowing and considering,” he said.

As stated in his book, Bieber told the Dignity Washington gathering Oddo was born and raised in a Catholic family on Long Island, N.Y., and attended a Catholic high school in Flushing Queens. It was at that time when he developed an interest in becoming a priest, according to Bieber.

After studying at the University of Notre Dame and completing his religious studies he was ordained as a priest in 1970 and began his work as a priest in the Boston area, Bieber said. It was around that time, Bieber told the Dignity Washington audience, that gay Catholics approached Oddo to seek advice on how they should interact with the Catholic Church. It was also around that time that Oddo became involved in a group supportive of then gay Catholics that later became a Dignity chapter in Boston.

In a development considered unusual for a Catholic priest, Bieber said Oddo in 1973 testified in support of gay rights bill before a committee of the Massachusetts Legislature and collaborated with then Massachusetts gay and lesbian rights advocate Elaine Noble.

In 1982, at the age of 39, Oddo was selected as president of the University of Portland following several years as a college teacher in the Boston area, Bieber’s book states. It says he was seen as a “vibrant and capable administrator who delivered real results to his campus,” adding, “His magnetism was obvious. One student described him as ‘John Kennedyesque’ to the university’s student newspaper.”

 Bieber said that although Oddo was less active with Dignity U.S.A. during his tenure as UP president, he continued his support for gay Catholics and what is now referred to as LGBTQ rights.

“For those that knew him prior to his term at UP, though, he represented something greater than an accomplished university administrator and educator,” Bieber’s book states. “He was a new kind of priest, a gay man living and ministering in a world set loose from tradition by the Second Vatican Council,” the book says.

It was referring to the Vatican gathering of worldwide Catholic leaders from 1962 to 1965 concluding under Pope Paul VI that church observers say modernized church practices to allow far greater participation by the laity and opened the way for sympathetic consideration of gay Catholics.

Continue Reading

District of Columbia

HRC to host National Rainbow Seder

Bet Mishpachah among annual event’s organizers

Published

on

(Photo by Rafael Ben Ari/Bigstock)

The 18th National Rainbow Seder will take place at the Human Rights Campaign on Sunday.

The sold out event is the country’s largest Passover Seder for the Jewish LGBTQ community.

Organizations behind the event include Bet Mishpachah, a local D.C. LGBTQ synagogue that Rabbi Jake Singer-Beilin leads, and GLOE, an Edlavitch DC Jewish Community Center program that sponsors events for the queer Jewish community. The theme for this year’s Seder is “Liberation For All Who Journey: Remembering, Resisting, Rebuilding.” Rabbis Atara Cohen, Koach Frazier, and Avigayil Halpern will lead it. 

The Seder will honor the late GLOE co-chair Michael Singer. Singer also served on the Edlavitch DC Jewish Community Center’s board.

“This Seder is both a celebration of how far we have come and a call to continue building a more just and inclusive world.” Bet Mishpachah Executive Director Joshua Maxey told the Washington Blade.

Continue Reading

Popular