Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Netherlands

Thailand’s first openly gay senator attends World Pride in Amsterdam

Blade sat down with Pornchai Witayalerdpan on Aug. 7

Published

on

Thai Sen. Pornchai Witayalerdpan at the World Pride Human Rights Conference in Amsterdam on Aug. 7, 2026. (Washington Blade photo by Michael Key)

Editor’s note: International News Editor Michael K. Lavers and Photo Editor Michael Key were on assignment in the Netherlands from July 28-Aug. 10.

AMSTERDAM — The first openly gay man elected to the Thai Senate says the law that extended marriage rights to same-sex couples in Thailand has positively impacted his country’s global image.

“It totally changed how the world perceived Thailand,” Sen. Pornchai Witayalerdpan told the Washington Blade on Aug. 7 during an interview at the World Pride Human Rights Conference in Amsterdam.

Thailand on Jan. 23, 2025, became the first country in Southeast Asia to allow same-sex couples to legally marry.

The marriage equality bill received final legislative approval in June 2024 when the Senate approved it by a 152-130 vote margin. King Maha Vajiralongkorn signed it a few months later. Then-Prime Minister Prime Minister Paetongtarn Shinawatra is among those who supported the law.

Witayalerdpan was a freelance interpreter before he took office in July 2024.

The independent senator noted Thailand’s marriage equality movement began to gain traction with a lawsuit that the Foundation for Sexual Orientation and Gender Identity Rights and Justice, a Thai advocacy group, filed.

The Constitutional Court in 2021 upheld a law that defined marriage as between a man and a woman. MP Tunyawaj Kamolwongwat of the Move Forward Party later introduced the marriage equality bill that became law.

“It was a coalition of efforts between the civil society organizations, the LGBTQ organizations, and also the Pride movement in Thailand,” Witayalerdpan told the Blade.

Taiwan in 2019 became the first country in Asia to extend marriage rights to same-sex couples.

The Nepalese Supreme Court in June issued a landmark ruling that ordered the country’s government to guarantee full marriage rights to same-sex couples.

The Japanese Supreme Court in March said it will consider six marriage equality lawsuits that have been filed in the country. The Indian Supreme Court in 2023 ruled against marriage rights for same-sex couples. South Korea is among the other Asian countries in which marriage equality efforts are gaining momentum.

Witayalerdpan said Thailand’s marriage equality law could have a direct impact in Japan, which is the only G7 country that does not legally recognize same-sex couples.

“It’s been nothing but a positive effect (in Thailand) after the same-sex marriage law (took effect),” he said.

A lesbian couple celebrates Bangkok Pride in 2023. (Photo courtesy of Bangkok Pride’s Facebook page)

InterPride, the organization that coordinates World Pride events, has announced Bangkok and Barcelona, Spain, are the two finalists to host the biennial event in 2030. (World Pride took place in D.C. in 2025.)

Witayalerdpan told the Blade that World Pride in Bangkok would further improve Thailand’s global image. He also said his fellow lawmakers, in turn, should pass LGBTQ rights bills — including proposals that would allow transgender people to legally change their name and gender and enable same-sex couples to have children via surrogates from in vitro fertilization. Witayalerdpan noted the most important bill to him is one that would strengthen Thailand’s LGBTQ-inclusive nondiscrimination law that took effect in 2015.

Impact of US funding cuts has ‘been very hard’

Witayalerdpan also offered advice to activists in the U.S. and elsewhere around the world.

“Keep on pushing forward,” he told the Blade. “I know that it’s hard for activists in Thailand as well.”

Witayalerdpan acknowledged the loss of U.S. government funding since the Trump-Vance administration took office — which has forced advocacy groups in Asia and elsewhere around the world to close — has “been very hard.” Witayalerdpan noted the global LGBTQ and intersex rights movement in response to these cuts has turned to the European Union, the U.K., Canada, and the Netherlands to help fill the gap.

“It’s very good that these countries are providing more funds to the activists in Asia than before because of the Trump situation,” he told the Blade. “It can increase their soft power as well.”

Witayalerdpan said American activists should “wish for a positive result in the mid-term elections.”

“Then there is some resistance,” he added.

Witayalerdpan specifically highlighted efforts to fight against the Trump-Vance administration’s efforts to restrict gender-affirming healthcare.

A federal court in Massachusetts on Aug. 15 struck down a key provision of a U.S. Department of Health and Human Service rule that would have limited access to gender-affirming care under the Affordable Care Act. Maryland and California are two of the 21 states that sued the Trump-Vance administration over the issue.

“You have to show more resistance … to show that we are still here and we will push back when we can,” said Witayalerdpan.

Continue Reading

Pennsylvania

Philadelphia gayborhood preservation battle raises questions about displacement

Opponents of historic designations worry about new burdens on property owners

Published

on

Philadelphia has a rich history of LGBTQ activism, but some fear that historic preservation efforts honoring that history go too far. (Photo courtesy of LGBT50)

Philadelphia’s Washington Square West neighborhood — which is home to the city’s Gayborhood — was awarded a historic designation in 2024. While many LGBTQ+ Philadelphians were excited by news of preserving approximately 1,500 residences, religious spaces and business properties spanning the 26 included blocks, the designation was not celebrated by all.

Advocates, including the Washington Square West Civic Association and various LGBTQ+ residents, partly framed the designation as long-overdue recognition for the area’s LGBTQ+ culture and Black history — but opponents argued it would impose costly restrictions on property owners and limit new development. A group of property owners — which also includes LGBTQ+ people — took the city to court over the designation and successfully overturned the decision.

The judge cited a lack of substantial evidence as a leading cause for his decision despite the Philadelphia Historic Commission’s nearly 1,500-page nomination packet. Attorney Dan Auerbach, representing the residents who opposed the designation, told WHYY that the documents submitted didn’t explain why many of the properties hold historic significance. Just 173 properties were described as historically significant, he argued. However, 773 of 1,509 properties included in the boundary — more than half of the neighborhood’s properties — are already listed in the National Register of Historic Places.

In March, the judge’s ruling was vacated after an appeal — effectively forcing the process to start over. The historic designation stands in the meantime. The Preservation Alliance for Greater Philadelphia is now drafting its own brief — due May 18 — to support the city’s position, which the organization’s executive director Paul Steinke believes will elaborate on the merit of the designation as a supplement to the city’s arguments.

Scholars have found that Philadelphia’s local historic designation offers a more protective effect on buildings facing possible demolition than the national register. Because zoning and construction is overseen by local laws and leaders, local designations play a stronger role in preservation. But that doesn’t mean buildings with the designation are guaranteed to be preserved.

The outcome of this lawsuit could affect a major re-development project that would benefit the LGBTQ+ community but has been met with mixed feelings. William Way LGBT Community Center (WWCC), which is currently housed in a pre-Civil War era building that would be harder to demolish under the designation, is set to be leveled (along with a famous LGBTQ+ mural on its facade) to build a more accessible space for gatherings and queer-centered low-income housing units.

Steinke underlined that it’s possible for the project to move forward as-is. Historic designations do not prevent every demolition. There are standards in place that allow for demolition, which WWCC would need to meet for the project to be approved.

WWCC leaders would need to appear before the historical commission to seek a demolition permit before applying to the city, but that obstacle would be removed if the historic designation is overturned.

Historic designation is mostly used to preserve the character of buildings through recommendations about how owners can restore or maintain exterior facades. Steinke hopes WWCC will adjust its plans to maintain all or some of the most important historic elements of its current home (the facade, historic marble and wooden staircases, entryways and ballroom) rather than demolishing it all outright. He hasn’t lost hope, but he admits he hasn’t convinced anyone at WWCC to change the current plans.

It’s a project that seems to place competing interests in tension. There’s a need for housing — especially income-specific, LGBTQ+ centered projects — in that neighborhood. This, as Steinke hopes, could be pursued without demolishing much-loved cultural landmarks — but WWCC has emphasized that the price tag for pursuing its goals this way makes preservation out of reach.

The Washington Square West litigation is one of three active lawsuits pending against historic districts in Philadelphia. Six newer proposals are also currently in various stages of the nomination process — but if approved, they too could be contested and overturned.

A 2002 attempt to designate Spruce Hill was unsuccessful due to resident opposition that may have been fueled by politics. It was the third attempt to nominate the neighborhood. A case study published in 2023 by a University of Pennsylvania student about the matter found that the opponents feared increased maintenance costs, the loss of personal freedom and gentrification.

“Ironically, in the two decades since that campaign, Spruce Hill has become one of the most gentrified — and threatened — neighborhoods in the city of Philadelphia,” the study notes.

Residents also feared displacement. The case study underlines that residents who are displaced by gentrification tend to move to neighborhoods with lower property values, less access to resources, and fewer opportunities for upward economic mobility.

Following historic designation, the number of college-educated households in a community tends to increase while the poverty rate drops in contrast to its adjacent neighborhoods, which do not receive the designation. These and other factors contributing to economic mobility are visible on maps created by the Opportunity Atlas, a project of Harvard University which presents information collected by the census in an effort to tangibly discuss economic mobility in localities across the United States. It shows the same patterns in many of Philadelphia’s historic districts.

But the Washington Square West neighborhood outperformed the surrounding blocks even before the historic designation took effect — highlighting that the designations themselves may not always be the cause of disparities.

“It’s true that in most cases, historic districts aren’t the most affordable neighborhoods in any city — no matter where you go,” Steinke said. “That’s not the fault of the historic district.”

Historic districts tend to protect properties and neighborhoods that are historically, architecturally, or culturally significant — properties that already tend to be expensive.

For example, Steinke underlined that Rittenhouse Square was expensive before it was officially designated as historic — and some neighborhoods, like Graduate Hospital, have become pricey without the designation.

Historic preservation may actually promote some protective factors that act as a buffer against gentrification and rising rents, contradicting the most common fears. For instance, the designation makes it harder for developers to tear down smaller, older, more affordable homes or significant community hubs that sit on desirable land in order to build newer, larger, high-cost housing units in their place.

Many LGBTQ+ locals opposed the redevelopment of the Gayborhood’s former 12th Street Gym — which held cultural significance and a meaningful mural of queer activist Gloria Casarez. It was removed alongside a neighboring building of note for its connection to Black history. A luxury high-rise apartment complex now takes its place.

Residents of a working-class neighborhood in Durham, N.C. hoped they would stave off developers and prevent or slow gentrification by pursuing historic designation in 2016.

Steinke explained that this has happened in Philadelphia too.

The Parkside neighborhood, which is situated near the Please Touch Museum, has been a historic district for 15 years, Steinke explained. It was a low to moderate income, majority minority neighborhood when it was designated in 2009 and it still is today, he said. The same is true for West Diamond Street in North Philly, which was designated historic in the 1980s. It was a low to moderate income neighborhood then and has remained one today.

“Real estate prices are a factor of so many other things — proximity to work, public safety, access to schools, access to shopping and other amenities, transportation,” Steinke said. “That’s really what determines property values and neighborhood value.”

Those are also factors that have strong correlations with upward economic mobility.

Despite a poverty rate that is lower than it has been in decades, Opportunity Insights ranks Philadelphia as last among large metro areas for upward economic mobility — with some children experiencing even worse economic outcomes than their parents. It’s a problem Mayor Cherelle Parker has addressed with new initiatives she hopes will support young people who hope to break free from cycles of poverty.

The supplemental programs that offer economic support to historic homeowners in Durham might have helped its anti-gentrification efforts succeed.

Steinke said it’s true that some preservation-oriented maintenance costs may be higher upfront, but many of those options also last longer and could even cost less than cheaper fixes that must be repeated over time.

“One real weakness in Philadelphia is that there is no publicly available funding to help homeowners maintain their historic homes, and that’s something that we have talked about with city officials, with city council, with the mayor’s office,” he added. “There really needs to be a fund that homeowners can apply to if their property is designated historic — especially for low to moderate income homeowners.”

Although there isn’t a city fund or initiative to help offset maintenance costs for historic homeowners in Philadelphia, a few state and federal tax incentives could be helpful to some historically-designated property owners — including landlords and developers who might not otherwise pursue preservation.

“Not many property owners or homeowners have a lot of expertise about what’s best for a historic building to maintain its value and its appearance,” Steinke said. “So when historic districts are in place, you actually have access to experts who know the best practices and can share them with you and help you find solutions to the problems you’re trying to solve.”

The Preservation Alliance for Greater Philadelphia collaborated with the Washington Square West Civic Association to publish a manual that will be released in late spring or early summer. It will provide information about historic practices for windows, doorways, carpentry, masonry and roofs pertaining to the area’s buildings.

There’s been an increase in low-income households in Philadelphia’s historic districts and top earners are moving in at a slower rate than in neighborhoods in the rest of the city.

Racial diversity is shifting in there, too. Although these districts tend to have whiter populations, a report published by the Preservation Alliance shows that non-white homeownership in Philly’s historic districts has increased significantly since 2010. The number of non-white homeowners and Black and Hispanic residents is on the rise in these districts, even as diversity has slowed in other neighborhoods.

“We think [this report] shows that historic designation is not an obstacle to housing production or population growth,” Steinke said.

Steinke argues that the buildings in Washington Square West have economic value not only to those who own or utilize the buildings but to the city as a whole. They’re an economic engine — creating jobs and drawing tourists. Almost 6% of Philadelphia’s jobs are in historic districts, including nearly 10% of small business jobs, 13% of new jobs, and almost 17% of creative jobs.

The 250th anniversary of the United States will bring visitors hoping to immerse themselves in Philadelphia’s history. Visit Philly estimates the events could contribute up to $2.5 billion to the city’s economy.

Some funding is making its way to historic districts in preparation for the events by way of grants for programming and beautification projects. But that doesn’t make them an accessible place to do business.

Historic districts aren’t necessarily start-up friendly. Commercial rent tends to be higher there too — a frequent complaint among LGBTQ+ business owners who want to open brick-and-mortar locations in the Gayborhood but are priced out.

(This article was originally published by the Philadelphia Gay News and is part of a national initiative exploring how geography, policy, and local conditions influence access to opportunity. Find more stories at economicopportunitylab.com.)

Continue Reading

District of Columbia

Man charged with anti-gay assault in D.C. accepts plea offer

Community service offered in exchange for dismissing hate crime charge

Published

on

(Photo by Sergei Gnatuk via Bigstock)

A Germantown, Md., man arrested by D.C. police on a charge of simple assault with a hate crime designation for allegedly assaulting a gay man while using “homophobic slurs” has agreed to an offer by prosecutors to plead guilty to simple assault without the hate crime designation and with the promise of having the charge dismissed if he completes, among other requirements, 48 hours of community service work.

Dean Edmundson, 26, standing beside his attorney, officially accepted the offer of a Deferred Sentencing Agreement at an Aug. 18 status hearing in D.C. Superior Court after Senior Judge Hiram Puig-Lugo explained the details of the agreement and confirmed Edmundson’s decision to waive his right to a trial.

Among other things, the judge said the agreement offered by prosecutors with the Office of the United States Attorney for D.C. includes the requirement that he successfully completes 48 hours of community service work, stays away from the victim of the assault, writes a letter of apology to the victim, and does not violate any other laws or get into trouble for the next 12 months.

Puig-Lugo then announced he scheduled a sentencing hearing for Edmundson for Aug. 18, 2027, at which time a determination will made on whether he has fulfilled all the requirements under the agreement and whether the simple assault charge will be dismissed. The judge added that if it is determined that Edmundson did not fulfil the terms of the agreement the charge would remain in place and he could be sentenced to a possible maximum penalty of 180 days in jail and a $1,000 fine.

Edmundson, who appeared in court wearing a business suit with a dress shirt and tie, was released on his own recognizance following his arrest by D.C. police on Feb. 7, 2026.

Police and court records show he was initially charged by arresting officers with simple assault with a hate crime designation. In a statement announcing the arrest, D.C. police said, “On Saturday, Feb. 7, 2026, at approximately 7:45 p.m. the victim and suspect were in the 1500 block of 14th Street, Northwest. The suspect requested a ‘high five’ from the victim. The victim declined and kept walking,” the statement says.

A follow-up arrest affidavit filed by police states that Edmundson followed the victim and called him “bald, ugly, and gay,” and then “pushed the victim with both hands, shoving them, causing the victim to feel the force of the push.” The affidavit adds, “The victim stated that they felt offended and that they were also gay.”

According to the court records, the Office of the U.S. Attorney filed its official charge of simple assault against Edmunson on Feb. 9 without the hate crime designation. The office has not responded to a request by the Washington Blade for its reason for dropping the hate crime designation. The office has also not immediately responded to a follow-up inquiry from the Blade this week asking if prosecutors consulted the victim to obtain the victim’s thoughts about the plea offer.

The Blade, which has a policy of not disclosing the identify of crime victims in cases like this without their consent, could not immediately obtain contact information to reach the victim for comment.

Court records show that Edmundson rejected an earlier plea agreement offer by prosecutors and he was scheduled for a non-jury trial on Aug. 18. The records show his attorney filed a motion earlier this month asking the judge to convert the trial into status hearing on that same day after his client accepted the Deferred Sentencing Agreement offer by the U.S. Attorney’s office. The judge approved the motion without objection from prosecutors.

Continue Reading

Popular