News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Federal Government
Texas Children’s Hospital reaches $10 million settlement with DOJ over gender-affirming care
Clinic specializing in detransition care will be established
The Justice Department announced May 15 that it has reached a settlement with Texas Children’s Hospital, one of the nation’s top pediatric hospitals.
Under the agreement, the hospital will pay more than $10 million in damages and civil penalties related to its provision of gender-affirming care and will establish a clinic specializing in detransition care.
The DOJ partnered with Texas Attorney General Ken Paxton’s office to resolve allegations that the hospital submitted false billings to public and private insurers to secure coverage for pediatric gender-affirming procedures. The department alleges the conduct violated the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, the False Claims Act, and federal fraud and conspiracy laws.
The settlement was reached out of court, meaning neither party formally admitted wrongdoing. Both the DOJ and Texas Children’s Hospital denied liability.
“The Justice Department will use every weapon at its disposal to end the destructive and discredited practice of so-called ‘gender-affirming care’ for children,” Acting Attorney General Todd Blanche said in a DOJ press release. “Today’s resolution protects vulnerable children, holds providers accountable, and ensures those harmed receive the care they need.”
The DOJ’s hardline stance on gender-affirming care sharply contrasts with the positions of major medical organizations, transgender healthcare advocates, and human rights groups, which broadly support gender-affirming care as an evidence-based treatment for gender dysphoria.
Adrian Shanker, former Deputy Assistant Secretary for Health Policy and Senior Advisor on LGBTQI+ Health Equity at the U.S. Department of Health and Human Services under during the Biden-Harris administration, told the Washington Blade the settlement could have sweeping consequences for trans youth and healthcare providers nationwide.
“The Trump administration’s framing of gender-affirming care is wildly inaccurate, scientifically implausible, and frankly, just mean-spirited,” Shanker told the Blade. “What’s really clear is that the science hasn’t changed, the evidence hasn’t changed — it’s only the politics that have changed. Unfortunately, the people that lose out the most with a settlement like this one are the patients that are denied access to care where they live.”
According to Shanker, the agreement also requires Texas Children’s Hospital to revoke privileges for physicians involved in providing gender-affirming care, potentially limiting their ability to practice elsewhere.
“This is a weaponized Department of Justice doing absurd investigations against providers that are providing care within the established standard of care,” he said. “They’ve come up with an absurd remedy in their settlement to require a so-called ‘detransition clinic’ to open at Texas Children’s. It’s harmful to science, it’s harmful to trans people, and it’s harmful to the medical profession.”
Shanker argued the case reflects a broader politicization of trans healthcare.
“Every American should be concerned about the weaponized Department of Justice and their obsession with trans people and their access to care,” he said. “These hospitals that provide gender-affirming care, the providers of gender-affirming care, have done nothing wrong. They followed the standards of care that are well established and followed the mountain of evidence.”
Karen Loewy, senior counsel and director of constitutional law practice at Lambda Legal, echoed those concerns.
“For Texas Children’s to capitulate to this pressure campaign of both Paxton and the Trump administration and end this care, and go after physicians who had been lawfully and faithfully taking care of their patients, it’s hard to see that as anything other than bending the knee in the face of political pressure,” Loewy told the Blade. “That’s not putting your mission above politics. Your mission is to provide health care for kids that need it.”
Loewy said the settlement reflects years of efforts by Paxton and the Trump-Vance administration to target gender-affirming care providers. Paxton has pursued investigations into providers across Texas since 2022 and supported a 2023 law banning gender-transition-related medical care for minors. Meanwhile, the Trump-Vance administration moved quickly in its second term to restrict trans healthcare access, including through Executive Order 14187, titled “Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation.”
“This is a perfect storm of Ken Paxton’s own mission to stigmatize and target trans young people and their healthcare in Texas with the Trump administration’s targeting of trans people and gender-affirming medical care,” Loewy said. “It is the two of them together. Without that, you wouldn’t have had this settlement.”
Loewy also emphasized that the settlement is part of a broader legal strategy targeting providers nationwide.
“You can’t view this one in isolation from all of the other administrative subpoenas that have been sent to hospitals or other kinds of medical providers that have provided gender-affirming medical care to trans adolescents,” she said. “It is all part and parcel of the same direct line from the executive orders that were issued in the first days of this Trump administration.”
“Every court that has considered those subpoenas has found them illegitimate and issued for an improper purpose, or at least narrowed them really dramatically,” she added. “Courts agree these hospitals didn’t do anything wrong. It’s the DOJ that has the problem here.”
Shanker also criticized the settlement’s requirement that the hospital establish a detransition clinic, arguing the move contradicts existing medical evidence.
“The irony shouldn’t be lost on anyone that the Trump administration is claiming that gender-affirming care lacks a scientific basis, and then is requiring the opening of a so-called detransition clinic, which certainly lacks a scientific basis,” Shanker said. “There’s less than a 1% regret rate when it comes to gender-affirming care. That’s lower than knee surgery, lower than bariatric surgery, lower than childbirth, lower than breast reconstruction, and lower than tattoos.”
Loewy was similarly blunt in her criticism.
“This is the most craven, political, ridiculous elevation of ideology over evidence,” she said. “They are creating a program built on an outcome that almost never happens. It is unprecedented and politically mandated rather than healthcare mandated.”
She said the settlement’s broader effect will be to intimidate providers and further marginalize trans people.
“The real effect here is to further stigmatize trans people and intimidate healthcare providers,” she said. “This is about sending a message nationwide that the DOJ is coming after the doctors. These are committed, faithful, law-abiding physicians and healthcare providers who just want to provide the healthcare their patients actually need.”
Both Loewy and Shanker warned that restricting access to gender-affirming care could deepen health disparities for trans people.
“We know that when transgender Americans lack the care that they need, we end up with higher rates of depression, higher rates of anxiety, higher rates of self-harm and suicidal ideation,” Shanker said. “We know that gender-affirming care is a medically appropriate, scientifically grounded form of care that resolves these challenges and leads us toward health equity. It’s unfortunate that the Trump administration has politicized not only transgender medicine, but the very basis of public health.”
Shanker said the restrictions are already prompting some trans people to relocate in search of care.
“We’re already seeing medical refugees leave states that have restricted access to care to move to states where it’s still available,” he said. “Frankly, we’ve already seen some trans people go to other countries to receive care or maintain access to care.”
Loewy said the DOJ’s recent subpoenas targeting hospitals, including those issued to NYU Langone Health in New York, suggest the administration is escalating its legal strategy.
“We’ve seen the DOJ escalate this by convening a grand jury and issuing grand jury subpoenas to hospitals,” she said. “That is going to be the next front in this fight.”
In addition to , there has been as large increase in anti-trans legislation in the past few years — with 126 federal pieces of legislation introduced this year and 26 state level policies passed across the country.
Still, Loewy pointed to recent court victories as evidence that challenges to these policies can succeed.
“Just yesterday, a state court in Kansas struck down that state’s ban on gender-affirming medical care in one of the most meticulous recognitions of the medical consensus and the harm of denying care to trans young people,” she said. “When courts actually look at the science and the impacts on trans people, they still can rule the right way.”
Asked whether there is any optimism to be found amid the ongoing legal battles, Loewy said she continues to draw hope from advocates, families, and community organizers fighting back.
“The solidarity of the community is really what brings hope,” she said. “There are incredible lawyers, advocates, families, and organizations fighting every day to protect these kids and their privacy and safety. It is that community strength and collaborative effort that continues to give me hope.”
Cuba
Cuba marks IDAHOBiT amid heightened tensions with U.S.
Energy crisis, fears of military intervention overshadow events
International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia commemorations took place in Cuba against the backdrop of increased tensions between the country and the U.S.
Mariela Castro, the daughter of former Cuban President Raúl Castro who is the director of the country’s National Center for Sexual Education, spoke at a Havana press conference on May 13. Mariela Castro, who is a member of Cuba’s National Assembly, also participated in an IDAHOBiT gala that took place in the Cuban capital on May 14.
CENESEX organized an IDAHOBiT event in Havana on Sunday. The group this month also put together panels and other gatherings.
‘Love is law’
IDAHOBiT commemorates the World Health Organization’s declassification of homosexuality as a mental disorder on May 17, 1990.
This year’s IDAHOBiT theme was “At the Heart of Democracy.” CENESEX-organized IDAHOBiT events took place under the “Love is Law” banner.
“On this day we remember diversity is wealth and equality is a right that does not allow exceptions,” said Cuba’s National Office of Statistics and Information on Sunday. “To say ‘no’ to homophobia, transphobia, and biphobia is to affirm Cuba is being built around the inclusion, the dignity, and the recognition of all people.”
Mariela Castro’s uncle, Fidel Castro, in the years after the 1959 Cuban revolution sent thousands of gay men and others deemed unfit for military service to labor camps known as Military Units to Aid Production.
His government forcibly quarantined people living with HIV/AIDS in state-run sanitaria until 1993. Fidel Castro in 2010 formally apologized for the labor camps, which are known by the Spanish acronym UMAP.
His brother, Raúl Castro, succeeded him as Cuba’s president in 2008. Fidel Castro died in 2016.
The Cuban constitution bans discrimination based on sexual orientation and gender identity, among other factors. Authorities, however, routinely harass and detain activists who publicly criticize the government. (The Cuban government in 2019 detained this reporter for several hours at Havana’s José Martí International Airport after he tried to enter the country to cover IDAHOBIT events. Officials then allowed him to board a flight back to the U.S.)
Same-sex couples have been able to marry on the island since 2022.
Cuba’s national health care system has offered free sex-reassignment surgeries since 2008. Activists who are critical of Mariela Castro and/or CENESEX have previously told the Washington Blade that access to these procedures is limited.
Lawmakers in 2025 amended Cuba’s Civil Registry Law to allow transgender people to legally change the gender marker on their ID documents without surgery.
Federal prosecutors to reportedly indict former Cuban president
American forces on Jan. 3 seized now former Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, at their home in Caracas, the Venezuelan capital, during an overnight operation.
Venezuela after Maduro’s ouster stopped oil shipments to Cuba. That, combined with a U.S. energy blockade, has caused widespread blackouts and a severe fuel shortage that has paralyzed the country.
Federal prosecutors are reportedly planning to indict Raúl Castro over his alleged role in the 1996 shooting down of four planes that Brothers to the Rescue, a Miami-based Cuban exile group, operated over the Florida Straits that separate Cuba and the Florida Keys. The Associated Press notes Raúl Castro, who is 94, was Cuba’s defense minister when the incident took place.
CIA Director John Ratcliffe on May 14 met with Raúl Castro’s grandson, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, and other Cuban officials in Havana.
Axios on Sunday reported Cuba “has acquired” more than 300 drones and is preparing to use them to attack Guantánamo Bay, a U.S. naval base on the island’s southern coast, and other targets that include Key West, Fla., which is less than 100 miles north of the Communist country. Cuban President Miguel Díaz-Canel said Cuba is “not a threat, nor does it have aggressive plans or intentions against any country.”
“Cuba, which is already suffering from a multidimensional aggression by the U.S., does indeed have the absolute and legitimate right to defend itself against a military onslaught. This cannot, however, be logically or honestly be wielded as an excuse to wage war against the noble Cuban people.”
Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas.
Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad…
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
The Comings & Goings column also invites LGBTQ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success.
Congratulations to Jamie Leeds, chef extraordinaire, and owner of Hank’s Oyster Bars, as she ventures into some new areas. Leeds is an award-winning Washington, D.C.–area chef, restaurateur, and entrepreneur with more than three decades of experience shaping the region’s dining scene.
Her first new venture is a restaurant opening in Alexandria this week. It will be called Hank’s Pasta Bar, bringing a personalized twist to classic Italian dining with a hiddenrestaurant-inside-a-restaurant in Old Town, Alexandria. The new trattoria is above Hank’s Oyster Bar, and will feature a build-your-own menu, marking a new direction for Leeds in partnership with chef Darren Norris. Norris brings more than three decades of experience to Hank’s Pasta Bar, with a foundation grounded in Italian cooking. The grand opening was scheduled for May 14. The elevated casual eatery blends an inventive chef-driven menu with an easy-going, sit-down dining experience that puts guests in charge. Hank’s Pasta Bar bridges the gap between elevated fast casual, like Norris’s Shibuya, and full-service dining, like Leeds’s Hank’s Oyster Bar. Diners order electronically at the table, but unlike fast casuals, food and beverages are delivered on plate ware, and a server is on site at all times.
The restaurant-inside-a-restaurant, welcomes guests to dine in with a full bar, including Italian wines and craft cocktails, maintaining its focus on traditional Italian fare with contemporary touches, including a build-your-own pasta bowl experience starting at $16. Create your own pasta bowl from seven artisanal pastas (including gluten-free), nine made-in-house sauces, proteins, vegetables, and toppings. Leeds said, “It’s the kind of place you’d find down a side street in a Tuscan hill town, after being tipped off by a friend who says, ‘trust me.’ If you know, you know.”
The restaurant will continue Hank’s community partnerships, including with Real Food for Kids, supporting programs that improve school food and nutrition equity.
In addition to this you should try Jaimie’s other new venture. Back Door Taco at Hank’s in Dupont Circle. You walk down the alley from 17th Street to the back door of Hank’s, and enter a small patio to partake of great tacos and interesting cocktails.
-
United Kingdom5 days agoUK government makes trans-inclusive conversion therapy ban a legislative priority
-
Commentary5 days ago‘Live Your Pride’ is much more than a slogan
-
World4 days agoThis year’s IDAHOBiT to highlight democracy
-
District of Columbia5 days agoCapital Stonewall Democrats endorses Janeese Lewis George for D.C. mayor
