Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

European Union

European Parliament resolution backs ‘full recognition of trans women as women’

Non-binding document outlines UN Commission on the Status of Women priorities

Published

on

(Photo by nito/Bigstock)

The European Parliament on Feb. 12 adopted a transgender-inclusive resolution ahead of next month’s U.N. Commission on the Status of Women meeting.

The resolution, which details the European Union’s priorities ahead of the meeting, specifically calls for “the full recognition of trans women as women.”

“Their inclusion is essential for the effectiveness of any gender-equality and anti-violence policies; call for recognition of and equal access for trans women to protection and support services,” reads the resolution that Erin in the Morning details.

The resolution, which is non-binding, passed by a 340-141 vote margin. Sixty-eight MPs abstained.

The commission will meet in New York from March 10-21.

A sweeping executive order that President Donald Trump signed shortly after he took office for a second time on Jan. 20, 2025, said the federal government’s “official policy” is “there are only two genders, male and female.” The Trump-Vance administration has withdrawn the U.S. from the U.N. LGBTI Core Group, a group of U.N. member states that have pledged to support LGBTQ and intersex rights, and dozens of other U.N. entities.

Continue Reading

District of Columbia

Deon Jones speaks about D.C. Department of Corrections bias lawsuit settlement

Gay former corrections officer says harassment, discrimination began in 1993

Published

on

Deon Jones (Photo courtesy of the American Civil Liberties Union)

Deon Jones says he is pleased with the outcome of his anti-gay bias lawsuit against the D.C. Department of Corrections that ended after five years on Feb. 5 with the D.C. government paying him $500,000 in a settlement payment.

The lawsuit, filed on his behalf by the American Civil Liberties Union of D.C. and the law international law firm WilmerHale, charged that Jones, a Department of Corrections sergeant, had been subjected to years of discrimination, retaliation, and a hostile work environment because of his identity as a gay man in clear violation of the D.C. Human Rights Act.

A statement released by the ACLU at the time the settlement was announced says Jones, “faced years of verbal abuse and harassment, from co-workers and incarcerated people alike, including anti-gay slurs, threats, and degrading treatment.”

The statement adds, “The prolonged mistreatment took a severe toll on Jones’s mental health, and he experienced depression, post-traumatic-stress disorder, and 15 anxiety attacks in 2021 alone.:

Jones said the harassment and mistreatment he encountered began in 1993, one year after he first began work at the Department of Corrections and continued for more than 25 years under six D.C. mayors, including current Mayor Muriel Bowser, who he says did not respond to his repeated pleas for help.

Each of those mayors, including Bowser, have been outspoken supporters of the LGBTQ community, but Jones says they did not intervene to change what he calls the homophobic “culture” at the Department of Corrections.

The Department of Corrections, through the Office of the D.C. Attorney General, which represents city agencies against lawsuits, and the mayor’s office, have so far declined to comment on the lawsuit and the half million-dollar settlement the city offered to Jones, who accepted it.

Among other things, the settlement agreement states that Jones would be required to resign from his job at the Department of Corrections. It also declares that “neither the parties’ agreement nor the District government’s offer to settle the case shall in any way be construed as an admission by the District that it or any of its current or former employees, acted wrongfully with respect to plaintiff or any other person, or that plaintiff has any rights.”

Scott Michelman, the D.C. ACLU’s legal director said that type of disclaimer is typical for parties that agree to settle a lawsuit like this. He said the city’s action to pay Jones a half million-dollar settlement “speaks louder than words.”   

With that as a backdrop, Jones reflected on the settlement and what he says was his tumultuous 30-year career as an employee at the D.C. Department of Corrections in a Feb. 9 interview with the Washington Blade.

He and Michelman pointed out that Jones was placed on paid administrative leave in April 2022, one year after his lawsuit was filed. Among his upcoming plans, Jones told the Blade, is to publish a podcast that, among other things, will highlight the hardship he faced at the Department of Corrections and advocate for LGBTQ rights.   

BLADE: What are your thoughts on this lawsuit settlement which appears very much in your favor?

JONES: That’s great. I’m happy. I’m glad to resign. It’s been a long time coming. It was the worst time it’s ever been. And I have advocated for the community for many, many years. And not only standing up for my rights but for the rights for others in the LGBTQ community.

And I’m just tired now. And my podcast will start soon. And I will continue to advocate for the community.

BLADE: Can you tell a little about that and when it will begin?

JONES: Once in April, once everything is closed my podcast will be starting. And that’s Deon’s Chronicle and Reveal. Yes, my own podcast.

BLADE: Since we have reported your attorney saying you have been on administrative leave since March of 2022, some in the community might be interested in what you have been doing since that time. Did you get another job or were you just waiting for this case to be resolved?

JONES: I was waiting for this to be resolved. I couldn’t work. That would violate policy and procedures of the D.C. government. So, I could not get another job or anything else.

BLADE: You have said under administrative leave you were still getting paid. You were still able to live off of that?

JONES: Yes, I was able to. Yes, sir. I used to do a lot of overtime. As a zone lieutenant for many years, I have supervised over 250 officers. I’ve also supervised over 25,000 inmates in my 30 years.

BLADE: How many years have you been working for the Department of Corrections?

JONES: It’s 30 years all together. I started down at the Lorton facility. Six facilities — I’ve worked for past directors, deputy directors, internal affairs. I’ve done it all.

BLADE: Do you have any plans now other than doing the podcast?

JONES: Well, to just do my podcast and also to write my book and my memoir inside of the house of pain, the house of shame — what I’ve been through. When I start my podcast off it will be stories — Part 1 through Part 4. And I will go back to the Lorton days all the way up to now. When it first started was sexual harassment and discrimination back down at Lorton. And I mean this has just been the worst time around.

BLADE: So, did you first start your work at the Lorton Prison?

JONES: Yes, I was at the central facility, which was the program institution.

MICHELMAN: Just for context. You may remember this, but the Lorton facility was where D.C. incarcerated people were held. So, that was part of the D.C. Department of Corrections.

BLADE: Yes, and that was located in Lorton, Va., is that right?

JONES: Right.

BLADE: Didn’t that close and is the main incarceration facility is now in D.C. itself?

JONES: Yes. And that closed in 2001.

BLADE: I see. And is the main D.C. jail now at a site near the RFK Stadium site?

JONES: Yes, sir. And next-door is the correctional treatment facility as well.

BLADE: So, are you saying the harassment and other mistreatment against you began back when you were working at the Lorton facility?

JONES: At the Lorton central facility. And they used to flash me too. When I say flash me like the residents, the inmates were flashing. And they [the employees] were flashing.

BLADE: What do you mean by flashing?

JONES: They take their penis out and everything else. I mean the sexual harassment was terrible. And I came out then down there. And I continued to advocate for myself and to advocate for other people who I was told were being picked on as well.

BLADE: As best you can recall, where and what year did that happen?

JONES: That was back in 1993 in April of 1993.

BLADE: The mayor’s office has declined to comment on the settlement and payment the city is giving you. Yet they have always said they have a strong policy of nondiscrimination protections for LGBTQ people in D.C. government agencies. But do you think that was not carried out at the Department of Corrections?

JONES: That’s a blatant reason why — I had 13 anxiety attacks. It was so blatant. Can you imagine? On the airwaves or the walkie-talkies — everybody had a walkie talkie — the captains and the majors and everything. And you transmit it to the command center or something like that. When you finish someone gets on the air and calls you a sissy or a fag.

They received so many complaints, and I also sent the mayor so many emails and begging for help. And they ignored it. They didn’t address any complaints at all. So, that’s bull.

BLADE: But now after you filed your lawsuit and you received this settlement do you think there will be changes there to protect the rights of other LGBTQ employees?

JONES: I hope so, because I have been defending community rights. For many years I have been advocating for different things and different services. And I’ve seen the treatment. There are a lot of mistreatments towards the community over there. And I have taken a stance for a lot of people in the community and protecting their constitutional rights as well as mine.

BLADE: What advice might you have for what the Department of Corrections should do to correct the situation that led to your lawsuit?

JONES: Well, what my advice for the department is they need to go back over their training. And they need to enforce rules against any acts of discrimination, retaliation, or sexual harassment. They need to enforce that. They’re not enforcing that at all. They’re not doing it at all. And this time it was worse than ever, then I’ve ever seen it. That you would get on the walkie talkie and someone would call you a fag or a sissy or whatever else or do evil things and everything. They are not enforcing what they are preaching. They are not enforcing that.

BLADE: Is there any kind of concluding comment you may want to make?

JONES: Well, I hope that this litigation will be a wakeup call for the department. And also, that it will give someone else the motivation to stand up for their rights. I was blessed to have the ACLU and WilmerHale to protect my constitutional rights. So, I am just really happy. So, I’m hoping that others will stand up for their rights. Because a lot of people in the community that worked there, they were actually afraid. And I had some people who actually quit because of the pressure.

Continue Reading

Baltimore

‘Heated Rivalry’ fandom exposes LGBTQ divide in Baltimore

Hit show raises questions about identity, cultural representation

Published

on

(Photo courtesy of Crave HBO Max)

By JOHN-JOHN WILLIAMS IV | “Heated Rivalry,” the surprise gay hockey romance that has captivated global audiences and become a cultural phenomenon, has inspired sold-out parties celebrating the characters from the steamy series, including in Baltimore.

For some, love of the show has exposed the loss of a once-vibrant gay nightlife in Charm City and splintered its LGBTQ community. It also brings up layered questions about identity, cultural representation, and the limits of identity politics.

In Baltimore, the majority of the parties also appear to be missing a key ingredient that has been a part of the show’s success: gay men at the helm. Last month, women hosted a dance party at Ottobar, a straight establishment.

The rest of this article can be read on the Baltimore Banner’s website.

Continue Reading

Popular