News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
District of Columbia
Both sides propose revised orders in Capital Pride stalking case
Defendant Darren Pasha agreed to accept less restrictive directive
An evidentiary hearing in D.C. Superior Court on April 29 in which the Capital Pride Alliance presented three of four planned witnesses to testify in support of its civil complaint that D.C. gay activist Darren Pasha engaged in a year-long effort to harass, intimidate, and stalk its staff, board members, and volunteers ended abruptly at the direction of the judge.
Judge Robert D. Okun announced from the bench that the hearing, which was intended provide Capital Pride an opportunity to present evidence in support of its request to reinstate an anti-stalking order against Pasha that the judge temporarily rescinded on April 17, was no longer needed because Pasha stated at the hearing that he is willing to accept a revised, less restrictive temporary restraining order.
Pasha made that statement after two Capital Pride witnesses — June Crenshaw and Vincenzo Volpe — each testified in support of the stalking allegations against Pasha for over an hour under questioning from Capital Pride attorney Nick Harrison and under cross-examination from Pasha, who is representing himself without an attorney.
After Capital Pride’s third witness, Tifany Royster, testified for just a few minutes, and after the judge called a recess for lunch and to attend to an unrelated case, Pasha announced that after obtaining legal advice he determined that he was unsuited to continue cross-examining the witnesses. He said he would be willing to accept a significantly less restrictive temporary restraining order.
Okun then ruled that the evidentiary hearing was no longer needed and directed Capital Pride and Pasha to submit to him their version of a revised stay away order. He said he would use their proposed revisions to help him develop his own order, which he would issue after deliberating over the matter.
He also scheduled a mandatory remote mediation session for July 23, in which efforts would be made to resolve the case without going to trial. He then adjourned the hearing at 3:50 p.m.
The online Superior Court docket for the case stated after the hearing ended that the judge would issue “a new modified Temporary Protective Order,” but it did not say when it would be issued.
Shortly before the April 29 hearing began at 11 a.m., Harrison filed a “Draft Temporary Anti-Stalking Order” that included a list of 34 “Protected Persons” that Harrison said during the hearing were affiliated with Capital Pride Alliance as staff and board members, volunteers, and others associated with the group.
The proposed order stated, “The defendant shall not contact, attempt to contact, harass, threaten, or otherwise communicate with any protected person, directly or indirectly, including through third parties, social media, electronic communications, or any other means.”
The proposal represented a significant change from Capital Pride’s initial civil complaint against Pasha filed in February that Pasha claimed called for him to stay away at least 200 yards from all Capital pride staff, board members, and volunteers without naming them. Okun granted that stay away request in February but reduced the stay away distance to 100 feet.
Capital Pride attorney Harrison disputes Pasha’s interpretation of the order, saying the 100-foot stay-away was for events, not for individual Capital Pride staff, volunteers, or board members. He said the order prohibited Pasha from engaging in any way with the Capital Pride staffers, volunteers or board members.
But the proposed order Capital Pride at first submitted at the April 29 hearing also called for Pasha to stay away from and to not attend as many as 25 Capital Pride events scheduled to take place this year from April 30 through June 21 and for him to say away from the Capital Pride office located at 1827 Wiltberger St., N.W., which is the building in which it shares with the DC LGBTQ Community Center.
At the April 29 hearing, at Pasha’s request, Okun called on Capital Pride to consider allowing Pasha to attend at least the two largest events — the Capital Pride Parade and Festival — which draw over 500,000 participants.
Harrison said in a follow-up message to the judge following the hearing that Capital Pride would allow Pasha to attend those two events and one other as long as he stays away from “ticketed and controlled access areas.”
At an April 17 status hearing Okun rescinded the earlier stay away order at Pasha’s request, among other things, on grounds that it was too vague and didn’t provide Pasha with sufficient specific information on who to stay away from. It was at that hearing that Okun scheduled the April 29 evidentiary hearing, saying it would give Capital Pride a chance to provide sufficient evidence to justify an anti-stalking order and Pasha an opportunity to challenge the evidence.
In his own response to the initial civil complaint filed in February and in subsequent court filings, Pasha has strongly denied he engaged in stalking and has alleged that the complaint was a form of retaliation against him over a dispute he has had with Capital Pride and its former board president, Ashley Smith.
Like its initial complaint filed in February, Capital Pride filed a multipage document at the start of the April 29 hearing with written testimony from staff members and volunteers who allege that Pasha did engage in stalking, harassment, and intimidating behavior toward them and others.
Like Capital Pride, Pasha following the April 29 hearing, filed his own proposed version of the stay away order with significantly less restrictions than the Capital Pride proposal. Among other things, it calls for him to restrict his contact with Capital Pride CEO Ryan Bos and Crenshaw but says it “does not by its terms restrict the defendant’s communications with any other person, entity, governmental body, or media outlet.”
“Darren Pasha sent multiple messages to us and to the court after the proceedings asking for further modifications — which we are not accepting or responding to,” Harrison told the Blade in response to a request for further comment on Judge’s request for each side to submit proposed revisions of the stay away order.
“We appreciate the court’s time and careful attention to the evidence presented today,” Harrison told the Washington Blade in a written statement after the hearing. “This process was about bringing forward the experiences of individuals who reported a pattern of conduct that caused fear, serious alarm, and emotional distress,” he said.
“Capital Pride Alliance remains committed to ensuring that our events and community spaces are safe, welcoming, and free from harassment and we will continue to take appropriate steps to support and protect our community,” his statement says.
“I am happy with what we have accomplished so far,” Pasha told the Blade after the hearing. “I’m just waiting to see what will happen next. But I want to reiterate this goes back to when someone treats you wrong you speak up,” he said. “Even if I lose this case, I am glad that I spoke up and raised concerns.”
He added, “I will just be confident that in the next couple of months the truth will come out. But for now, I am happy with the progress that we have made regarding this.”
This story will be updated when the judge issues his revised stay away order.
European Union
European Parliament backs EU-wide conversion therapy ban
More than 1.2 million people backed campaign
The European Parliament on Wednesday voted in favor of banning so-called conversion therapy across the European Union.
ACT (Against Conversion Therapy) LGBT in 2024 launched a campaign in support of the ban through the EU’s European Citizens Initiative framework. More than 1.2 million people ultimately signed it.
The proposed ban had the support of 405 MEPs. The European Commission is expected to formally respond to it by May 18.
Seven EU countries — Belgium, Cyprus, France, Malta, Norway, Portugal, and Spain — have banned conversion therapy outright.
Greece in 2022 banned the practice for minors. German lawmakers in 2020 passed a law that prohibits conversion therapy for minors and for adults who have not consented to undergoing the widely discredited practice.
National
Advocacy groups issue US travel advisory ahead of World Cup
Renee Good’s death in Minneapolis among incidents cited
More than 100 organizations have issued a travel advisory for the U.S. ahead of the 2026 World Cup.
The World Cup will take place in the U.S., Canada, and Mexico from June 11-July 19.
“In light of the deteriorating human rights situation in the United States and in the absence of meaningful action and concrete guarantees from FIFA, host cities, or the U.S. government, the undersigned organizations are issuing this travel advisory for fans, players, journalists, and other visitors traveling to and within the United States for the June 2026 FIFA Men’s World Cup. World Cup games will be played in 11 different cities across the United States, which, like many localities, have already been the target of the Trump administration’s violent and abusive immigration crackdown,” reads the advisory that the Council for Global Equality and other groups that include the American Civil Liberties Union issued on April 23. “The impacts of these policies vary by locality.”
“While the Trump administration’s rising authoritarianism and increasing violence pose serious risks to all, those from immigrant communities, racial and ethnic minority groups, and LGBTQ+ individuals have been and continue to be disproportionately targeted and affected by the administration’s policies and, as such, are most vulnerable to serious harm when traveling to and/or within the United States,” it adds. “This travel advisory calls on fans, players, journalists, and other visitors to exercise caution.”
The advisory specifically mentions Renee Good.
A U.S. Immigration and Customs Enforcement agent on Jan. 7 shot and killed her in Minneapolis. Good, 37, left behind her wife and three children.
The full advisory can be read here.
-
National5 days agoBREAKING NEWS: Shots fired at the White House Correspondents’ Dinner
-
Movies5 days agoAn acting legend meets his match in ‘The Christophers’
-
Theater4 days agoWorld premiere of ‘Everything, Devoured’ oozes queer energy
-
The White House3 days agoFrom red carpet to chaos: A first-person narrative of the WHCD shooting
