News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
District of Columbia
Police mental health struggles gain growing attention
‘My body begins to manifest physically, through depression, stress’
When Scott Silverii began his career as a police officer, he faced daily exposure to traumatic incidents with little guidance or support, particularly in distressed neighborhoods where officers were expected to respond decisively under pressure.
“When I started, the only thing they offered was to suck it up and get over it,” Silverii said. “Any indication that you were hurt meant that you were weak, and if you were weak, it meant you could not be trusted.”
Years later, when Silverii became a police chief, he chose a different approach. Rather than reinforcing silence around trauma, he made mental health support a visible part of his leadership.
“In every critical incident that we had, I would bring the critical incident stress debriefing team in — and I would participate in it,” Silverii said. “I wanted to promote it from the top. That’s what it’s going to continue to take to change the culture.”
Silverii’s experience reflects a broader reality in law enforcement. Across the country, police officers face ongoing mental health challenges linked to repeated exposure to violent crime scenes, fatal accidents, and human suffering — experiences that most civilians never encounter. Long shifts and the responsibility of protecting the public have long been documented to further intensify emotional strain, particularly when officers fear making mistakes with serious consequences.
Silverii, former Thibodaux, La., chief of police and current National Law Enforcement Initiative Manager at Mothers Against Drunk Driving (MADD), said coping mechanisms in the past were often unhealthy.
“A lot of officers, they would drink — sometimes prescription drug use, just different ways,” of coping, he said. Today, he said, the trauma can linger long after an incident: “…you become affected by the trauma. It doesn’t have to happen to you. But when officers respond to a crash, you’re involved… You carry this trauma.”
In some cases, he says, the impact resurfaces every year. “My body begins to manifest physically, through depression, through stress… once I realize it’s the anniversary, I can start dealing with it,” he said.
For decades, police culture discouraged officers from seeking mental health support, often treating emotional distress as a weakness rather than an occupational hazard. In recent years, however, departments have begun expanding access to counseling, peer-support programs, and crisis-intervention training.
In Baltimore, a shift in police culture is tackling the long-standing “shrug it off” mentality toward officer mental health. The Baltimore Police Department’s Officer Safety and Wellness Section, started in 2018, changed how the agency handles trauma, depression, and substance abuse by treating these issues as medical needs rather than disciplinary failures.
A core component of the program is its confidential alcohol addiction treatment, which has seen more than 250 officers voluntarily sign themselves in without fear of termination. This proactive approach has led to a dramatic drop in internal interventions — falling from 250 in 2018 to 48 in 2024 — alongside a decrease in citizen complaints and use-of-force incidents.
The need for such programs is underscored by national data from the Police1 2024 State of the Industry report, which found that 76% of officers cite a lack of time due to heavy workloads as the primary barrier to maintaining their health. More than 50% of respondents report that a significant stigma still surrounds seeking mental health services. Perhaps most telling — 12% of officers nationwide report having no access to mental health resources at all, and 33% have considered calling themselves out of service due to emotional distress or exhaustion.
Chris Asplen, executive director of the National Criminal Justice Association, is a former Washington prosecutor who handled child abuse and other high-stakes cases. He said the emotional weight of the work eventually led him to step away after becoming a parent.
“It became too mentally and emotionally difficult after I had my own child,” Asplen said.
Asplen said his understanding of trauma was also shaped in part by his upbringing. Raised by a parent who struggled with mental illness, he described growing up feeling overlooked. “My father’s mental health issues made me essentially invisible to him,” he said — an experience that later informed how he approached victims in the justice system.
Asplen also pointed to disparities in how mental health crises are handled. His family’s middle-class background, he said, afforded protections and support not available to many others. “Mental health issues for people who are not white and middle class are often treated as criminal matters,” he said.
Experts warn that when mental health challenges go unaddressed, they can affect officers’ judgment, job performance, and interactions with the public. In response, lawmakers and communities have begun exploring preventive approaches. In 2023, Congress passed the De-escalation Act, providing funding for training focused on crisis response, de-escalation, and officer wellness.
In addition to legislative efforts, some communities are turning to violence intervention programs aimed at reducing harm before police are required to respond. One such organization, Roca, was founded in Massachusetts in 1988 and has operated in Baltimore since 2018. According to the organization’s impact data, 87% of its participants have had no new incarcerations after entering the program for at least 24 months.
Police officers in Baltimore and several other cities have been trained by Roca’s nonprofit coaching arm, the Roca Impact Institute, to use cognitive behavioral therapy (CBT) to regulate their emotions and understand the impact of trauma on officers and community members. The training reduced stress, loss of temper and use of force incidents, according to the institute.
A 2024 report by the D.C. Office of the Attorney General showed the city’s violence intervention program’s efforts contributed to an 18% decrease in shootings and a 26% decrease in gun homicides across its target neighborhoods in 2023. Based on the national Cure Violence Global model, the programs treat violence as a public health epidemic through the use of what it calls “credible messengers” to de-escalate conflicts.
But a Washington Post investigation published Feb. 3 found excessive spending that City Administrator Kevin Donahue called a “completely inappropriate use of public money.” A week later, the publication reported that two DC violence interrupters were charged with murder in the death of a Baltimore man in a DC nightclub in 2023.
When done correctly, these programs can offer a secondary benefit by reducing the volume of high-stress calls handled by law enforcement. Advocates say such approaches can lessen the emotional toll on officers by preventing traumatic encounters altogether.
“If we can reduce the amount of trauma that occurs at the scene,” Asplen said, “then we’re a lot further along.”
(Carl Barbett is a senior at Bard High School Early College DC, one of Youthcast Media Group’s journalism class partners. This story was produced under the mentorship of Edith Mwangi, a Kenyan multimedia journalist based in D.C. with a background in international reporting and politics.)
South Carolina
Man faces first S.C. ‘hate intimidation’ charge
Timothy Truett allegedly shot at gay club in Myrtle Beach on April 1
A South Carolina man remains in custody on a more than $300,000 bond after he allegedly opened fire at a Myrtle Beach nightclub on April 1, according to WMBF.
Reports say 37-year-old Timothy James Truett Jr., of Clover, S.C., was detained by the Myrtle Beach Police Department after the April 1 incident outside Pulse Ultra Club. He was later arrested and charged with possession of a weapon during a violent crime, discharging a firearm into a dwelling, discharging a firearm within city limits, malicious injury to real property valued over $5,000, and assault or intimidation due to political opinions or the exercise of civil rights.
At 10:57 a.m. on April 1, officers responded to a call about a possible shooting at Pulse Ultra Club, located in the 2700 block of South Kings Highway.
In an affidavit released later, the club’s owner, Ken Phillips, said he was doing paperwork that morning when he heard “five or six” gunshots. He went outside and found a window and the windshield of his SUV shattered by bullets. An SUV with blue plastic covering one window was left at the scene.
Police later reviewed footage that showed a silver vehicle stopping in the middle of the road. The video appeared to capture muzzle flashes coming from the passenger-side window.
According to the affidavit, an officer later pulled over a vehicle driven by Truett and found spent shell casings in the back seat, along with a gun.
Documents do not detail why Truett was ultimately charged under the state law covering assault or intimidation tied to political opinions or the exercise of civil rights.
As of April 1, records show Truett is being held in Horry County on a combined bond of more than $312,000.
WMBF spoke with Phillips after the incident and asked whether there was any prior conflict that might have led to the shooting.
“I don’t know if it’s personal, I don’t know if it’s related to being gay, I don’t know if it’s related to the bar issues,” Phillips told WMBF. “Anybody with a mindset of pulling out a weapon in broad daylight is not right.”
“My primary concern has and always will be the safety of my community and my customers,” he added. “It’s given me great concern … as to how far people will go.”
WMBF also spoke with Adam Hayes, vice chair of Myrtle Beach’s Human Rights Coalition, who was involved in pushing for the ordinance. He said that while the incident itself is troubling, it shows the policy is being put to use.
The ordinance is intended to deter “crimes that are motivated by bias or hate towards any person or persons, in whole or in part, because of the actual or perceived” identity, in the absence of a statewide hate crime law.
“It’s nice to see that something we put into policy is not just a piece of paper, that it’s actually being used,” said Hayes.
He said the shooting underscores the need for a statewide hate crime law in South Carolina and added that the incident has left the local LGBTQ community shaken.
South Carolina and Wyoming are the only two states in the U.S. without a comprehensive statewide hate crime law.
Truett remains in jail as of publication.
The White House
Trump budget would codify expanded global gag rule
Funding for LGBTQ health programs around the world would also be cut
The Trump-Vance administration’s fiscal year 2027 budget would codify the expanded global gag rule and eliminate funding for LGBTQ-specific programs in global health initiatives.
“The budget would ensure no funding supports abortion, unfettered access to birth control, and also eliminates funding for circumcision and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer services to better focus funds on life-saving assistance,” reads the proposed budget the White House released on April 3. “The United States should not pay for the world’s birth control and therapy.”
The proposed budget includes four examples of “eliminated activities.”
- In the last administration, PEPFAR funded health workers who performed over 21 abortions in Mozambique
- Promoting reproductive health education and access to birth control and other harmful programs couched under ‘family planning’ in Ghana
- A supply chain “control tower” to provide a “holistic commercial of the shelf solution” on the Office of Population and Reproductive Health (PRH)
- Promoting health equity and providing condoms and contraception in Kenya.
President Ronald Reagan in 1985 implemented the global gag rule, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services.
Trump reinstated the rule during his first administration. The Biden-Harris administration shortly after it took office in January 2021 rescinded it.
The Trump-Vance White House earlier this year expanded the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.” The expansion took effect on Feb. 26.
US funding cuts have devastated global LGBTQ rights movement
The Trump-Vance administration after it took office in January 2025 moved to dismantle the U.S. Agency for International Development, which funded LGBTQ and intersex rights groups around the world. USAID officially shut down on July 1, 2025.
Secretary of State Marco Rubio in March 2025 announced the State Department would administer the 17 percent of USAID contracts that had not been cancelled. Rubio issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during the U.S. foreign aid freeze the White House announced shortly after it took office.
The global LGBTQ and intersex rights movement has lost more than an estimated $50 million in funding because of these cuts. The Washington Blade has previously reported PEPFAR-funded programs in Kenya and other African countries have been forced to suspend services and even shut down.
The Trump-Vance administration has signed healthcare-specific agreements with Kenya, Uganda, and other African countries through its American First Global Health Strategy. Advocacy groups with whom the Blade has spoken have expressed concern these partnerships will result in further exclusion and government-sanctioned discrimination based on sexual orientation or gender identity.
The proposed fiscal year 2027 budget includes $5.1 billion for “global health to end the previous administration’s abuse of these programs and to execute (the State Department’s) newly released America First Global Health Strategy.” This figure represents a $4.3 billion cut from the previous year.
“The president’s new vision of bilateral health assistance eliminates bloated Beltway Bandit contracts, does more with fewer dollars, and transitions recipient countries to self-reliance,” reads the proposed budget. “The budget would also eliminate disease-specific accounts and provide the department crucial agility to address the actual needs of each recipient country — across HIV/AIDS and other infectious diseases such as malaria, tuberculosis, and polio — to strengthen global health security and protect Americans from disease.”
“The budget would focus on new compacts that unify funding, achieving economies of scale in both implementation and oversight,” it adds. “Under the prior administration, only about 40 percent of PEPFAR funds supported actual service delivery, including medications, testing, commodities, and health workers, with the remaining 60 percent wasted on duplicative administrative costs, unwieldy supply chains, and layers of endless bureaucracy. The new AFGHS (America First Global Health Strategy) compacts would improve efficiency, cut red tape, and dismantle the bloated ecosystem of foreign assistance profiteers.”
The Council for Global Equality on April 3 reiterated its criticism of the expanded global gag rule, and urged Congress to reject the proposed budget.
“We won’t mince words: people are dying because of this policy,” said the Council for Global Equality in a statement. “Making this policy permanent will only ensure that U.S. foreign assistance discriminates against those who need services the most, all while forcing people around the world to adhere to the Trump administration’s extremist, ideological agenda that denies the very existence of transgender, nonbinary, and intersex persons.”
“We will not be silent as Trump threatens to upend decades of bipartisan foreign assistance programs to appease his extremist base,” added the group. “We call on Congress to immediately reject this budget and block implementation of the expanded global gag rules.”
-
The White House5 days agoVIDEO: Gay journalist detained for booing Trumps at ‘Chicago’ opening night
-
Movies5 days agoTrans-driven ‘Serpent’s Skin’ delivers campy sapphic horror
-
Opinions5 days agoD.C. not the place for antisemitic Democratic Socialists of America
-
The White House4 days agoPam Bondi ousted as attorney general
