News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Rehoboth Beach
Rehoboth mayor calls for commissioner’s resignation after investigation into improper behavior
Suzanne Goode ‘has violated her oath of office, disgraced position of commissioner’
Rehoboth Mayor Stan Mills called for the resignation of Commissioner Suzanne Goode, following release of an independent investigation into Goode’s behavior that led Mills to conclude she has violated her oath of office.
Over the past few months, city staff have complained about Commissioner Goode’s extensive and inappropriate communications with them.
In June, Goode went to the house of a fellow commissioner in an attempt to settle a dispute she was having with his neighbor on the online platform NextDoor. Goode also has a history of using anti-LGBTQ language in various emails.
“I believe we’ve come to the point where we can take the most severe action we can take at this time to end Commissioner Goode’s intentional lies and harassment,” said Mills. “This has never been about differences of opinions on issues, but rather about uncivil behavior.”
“Commissioner Goode has violated her oath of office and has disgraced the position of commissioner, and she should resign,” said Mills.
In late June, the city of Rehoboth hired Margaret DiBianca, an attorney who specializes in business and employment conflict resolution, to investigate allegations of harassment and inappropriate behavior by Goode toward city employees and fellow commissioners.
DiBianca submitted the 17-page report on Aug. 12. On Aug. 21, a majority of the commissioners voted to release a redacted version of the report to the public.
Before the vote, Commissioner Susan Stewart, who is set to be sworn in as mayor next month, said that releasing the report is necessary.
“In most workplaces, the documented conduct would warrant her termination,” said Stewart.
“Our laws provide no such path for an elected official. To simply move on would mean keeping this conduct secret, leaving the victims to shoulder the burden themselves without institutional support,” said Stewart.
The investigation reported that Goode had sent nearly 2,000 emails to city employees since 2024 with more emails being sent almost daily. Only 90 emails from June and July were used in the scope of the investigation.
The report found that the emails contained “intentionally degrading and derogatory language, references to individuals’ family members, religion, and disabilities, as well as language hostile to the LGBTQIA+ community.”
The following emails were noted in the report as examples of ‘hostile’ language toward the LGBTQIA+ community:
“On November 7, 2025, Cmr. Goode wrote to a constituent, “PS just curious – how does this alienate the ‘Queens’ in [the City] more than the non-queens in the sense how is it a LGBTQ issue? (Not everything in [the City] revolves around gays, right?).”
“On November 15, 2025, Cmr. Goode said to the Targeted Employees “conservatives now have to remain in the closet (conservatives now have to do what gays had to do in the 20th century – ah, the irony) who object to the woke, drag queen bent of [Clear Space Theatre] at times.”
“On December 29, 2025, Cmr. Goode wrote to a constituent, “straight white males like yourself and my husband might as well just shoot themselves. Pale, stale and male doesn’t cut it in this town, eh?”
The report stated: “The volume of emails and the short intervals between communications sent by Goode reveal a pattern of conduct designed to intimidate, demean and harass rather than to advance legitimate city business.”
The report demonstrated multiple instances of Goode circumventing directives from Mayor Mills requiring her to cease inappropriate communications with city staff.
The conclusion of the report found that Goode’s behavior “falls substantially and demonstrably outside the bounds of acceptable professional behavior expected of an elected official and public servant in violation of the City’s Civility Code and, in turn, constitutes a violation of the Ethics Code.”
“Cmr. Goode’s communications do not foster a “respectful, courteous, and professional work environment” and do not reflect the “dignity and respect” required by the Civility Code.”
The report outlined six recommendations for the city to follow to address Goode’s behavior.
The recommendations included prohibiting Goode from contacting city employees and accessing administrative offices, and requiring Goode to undergo city-approved training on subjects such as respectful workplace behavior.
At the Aug. 21 meeting, the Commissioners voted to adopt all six recommendations.
During the meeting, Goode was given time to respond before the official release of the report.
“When an investigation is an attorney up in Wilmington looking at emails, who never contacts me, obviously it is a one-sided investigation,” said Goode. “The investigative reporter never got my side of anything. I was never given the opportunity to defend myself.”
“In June, Commissioner Goode’s communication became even worse,” City Manager Taylour Tedder told the Blade this week.
Tedder said that the volume of messages jumped to nearly 100 emails just in the month of June.
Tedder identified himself and City Solicitor Lisa Boren Ogdin. He said that each of them filed multiple complaints, with one of them being to the Human Resources director.
“With an elected official, there is no way to reprimand or punish them because they’re not an employee,” said Tedder.
Brooke Thaler, communications director for the city of Rehoboth, expressed her frustration with the city’s inability to take serious action against Goode.
“That’s just a bit mind-boggling that something like this can go on, and there’s nothing that can be done about it,” said Thaler.
“The public put their trust in her when they elected her, and I don’t think that their intention was for her to so badly mistreat city staff,” Thaler told the Blade.
“It’s highly doubtful that she will stop, but I think the fact that these protections are in place to at least insulate the employees from receiving it when she’s not in person is a good step,” said Tedder.
Goode responded to the Blade’s request for comment by saying:
“Friday’s session was a kangaroo court and a blatant weaponization of FOIA. The entire report relies on systematic misrepresentation. Time and again, comments I shared from social media or resident outreach were falsely attributed directly to me.
“Without context, these claims are meaningless. As just one example, the city manager accuses me of using a vulgar word on a phone call—a word I do not use (p. 6, line 22). The investigating attorney never even contacted me, proving this process was never meant to be fair,” said Goode.
“I will not validate or accept an investigation built on inaccurate claims.”
Goode has not announced plans to resign.
Maryland
Girlfriends charged with Silver Spring murder to go on trial in 2027
Prosecutors charged both women with killing mother of one of them
Two women identified as a couple who are charged with the May 22, 2026, murder of the mother one of them in her Silver Spring home and who were arrested three weeks later in Ohio are scheduled to go on trial for murder April 19, 2027.
According to online records filed with Montgomery County Circuit Court in Rockville, Vanessa Tjongarero-Henderson, 29, of Clarksburg, Md., and Samantha Raebel, 36, of Phoenix are being held without bond in the Montgomery County Correctional Facility until the time of their trial.
Statements from Montgomery County police show the two women were arrested June 10 in Genoa, Ohio, after fleeing from the scene of the murder in Silver Spring. Police statements and court records show they were extradited back to Maryland in July, where prosecutors with the Montgomery County State’s Attorney’s Office obtained indictments against them for murder.
Earlier statements from Montgomery County police say their investigation into the murder led to their decision to initially charge the two women with first-degree murder for the death of Hilde Henderson, 67, who was Tjongarero-Henderson’s mother.
“Through the course of the investigation, detectives identified Henderson’s daughter, Vanessa Tjongarero-Henderson, and Vanessa’s girlfriend, Raebel, as the suspects,” one of the police statements says. It says police obtained arrest warrants for both women and launched a nationwide search seeking help from the public in in locating them.
One of the police statements says an autopsy determined the cause of Hilde Henderson’s death was blunt-force trauma injuries brought about by a murder. Police and the State’s Attorney’s Office, which is prosecuting the case, have yet to disclose whether they have determined a motive for the murder.
Court records show that prior to the start of the April 19, 2027, trial a “motion” hearing was scheduled for Oct. 30, 2026, a pre-trail conference was scheduled for Feb. 12, 2027, and another motion hearing and a status hearing were scheduled for March 12, 2027.
Court records also show that Tjongarero-Henderson is being represented by attorneys with the Montgomery County court system’s public defender service. The records show that Raebel initially had been represented by a public defender service attorney, but updated records show Aug. 14 is listed as the “removal date” for that attorney.
The docket shows that on Aug. 20, two new attorneys with the prominent D.C. law firm of Covington & Burling made their official appearance as her attorneys in the murder case. One of them, Daniel Solomon, told the Washington Blade in response to an inquiry that the defense has no comment at this time on the case.
He confirmed that Covington & Burling is representing Raebel on a no-cost, pro bono bass.
The office of the Montgomery County public defender service didn’t immediately respond to a phone message from the Blade asking for a comment on the Tjongarero-Henderson case.
Delaware
Delaware fines Rehoboth bar $15,000 for discriminating against trans woman
Hideout told patron she had to use men’s room due to gender marker on driver’s license
The Delaware Human and Civil Rights Commission voted to fine Hideout Arcade Bar & Grille $15,000 last month due to a discrimination complaint filed by a trans woman over her use of the bathroom.
Katie Sorber, a transgender woman, said that on April 5, 2023, she was stopped by employees and told she could only use the men’s bathroom due to the “male” gender marker on her driver’s license. This occurred after Sorber presented her ID upon entering the bar and ordering a drink.
Sorber took to Facebook to complain about her experience at the bar after she was told to use the men’s bathroom.
On April 12, 2023, Sorber returned to the Hideout but was barred from entering due to her post on social media.
Following Sorber’s post, Bryan Derrickson, the owner of Hideout Arcade Bar & Grille, allegedly began enforcing a policy in which patrons had to use the bathroom that corresponded to the gender marker on their ID.
Derrickson was ordered to pay $10,000 to Sorber, $5,000 to the Special Administration Fund, as well as conduct anti-discrimination training with employees, remove the ban on Sorber from the establishment, and revise the bar’s bathroom policy.
The commission ruled that the bar and Derrickson had wrongfully discriminated against Sorber on the basis of her gender.
Derrickson’s explanations for the denial included safety concerns, a third-party patron complaint, and a reference to the health code. The panel found this to be inconsistent and lacking factual support upon cross-examination.
The case was evaluated under the Delaware Equal Accommodations Law, which explicitly prohibits discrimination and retaliation in places of public accommodation based on gender identity.
This was the second time that the bar has been fined for discriminating against a transgender woman. The bar received a $2,000 penalty in September of last year for denying a transgender woman entry in 2023.
Half of the fine went to Kathy Carpenter Brown, the trans woman who experienced the discrimination. Brown is the founder of TransLiance, an LGBTQ+ advocacy group in Delaware.
-
Books5 days agoExploring Renée Richards’s life through lens of a trans author
-
Opinions4 days agoWhy we need to protect ‘sacrilegious’ art
-
Theater4 days agoNew GALA show about WWII spy full of conflict, intrigue
-
India3 days agoProposed Indian foreign funding law overhaul could further pressure LGBTQ groups
