Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Asia

LGBTQ rights gains in Asia come through courts, not legislatures

Marriage equality lawsuits filed in Japan

Published

on

(Photo by Proxima Studio via Bigstock)

In recent years, some of Asia’s most significant legal developments involving LGBTQ rights have unfolded not in parliamentary chambers but in courtrooms. From marriage equality lawsuits in Japan to litigation over same-sex spousal benefits in South Korea and constitutional challenges in countries including India and Nepal, courts across the region have increasingly been asked to decide questions that lawmakers have yet to resolve. The trend raises a broader question: Why has constitutional litigation become a recurring pathway for LGBTQ people seeking legal recognition in parts of Asia?

The pattern has unfolded over nearly two decades. 

In 2007, Nepal’s Supreme Court issued one of Asia’s earliest landmark rulings recognizing the rights of sexual and gender minorities, directing the government to end discriminatory laws and examine legal recognition for same-sex couples. A decade later, Taiwan’s Constitutional Court ruled that denying same-sex couples the right to marry violated the constitution, paving the way for the region’s first marriage equality law. In India, the Supreme Court recognized transgender people as a third gender in 2014 before striking down a colonial-era ban on consensual same-sex relations four years later.

The pattern continued across Asia. 

Japan’s courts repeatedly questioned the exclusion of same-sex couples from marriage. The rulings intensified pressure for legal reform. Parliament, however, has yet to act. 

South Korea’s judiciary expanded legal protections for same-sex couples. It recognized spousal health insurance benefits. A recent district court also awarded damages after a same-sex relationship ended. The ruling added momentum to the country’s marriage equality movement. 

China’s courts took a different path. 

Landmark constitutional rulings never emerged. Still, litigation prompted the Supreme People’s Court to acknowledge anti-LGBTQ discrimination. The developments reflected courts’ growing role in LGBTQ rights disputes.

The Philippines added another dimension. 

Marriage equality remains unresolved, yet the Supreme Court recently recognized property rights for some same-sex couples. The ruling stopped short of recognizing marriage. Still, it acknowledged legal protections for LGBTQ relationships. The decision reflected another way courts have shaped LGBTQ rights across Asia.

Constitutional courts occupy a distinct place in democratic systems. Legislatures enact laws. They also respond to political priorities and public opinion. Constitutional courts serve a different function. They decide whether laws or government actions comply with constitutional guarantees. They resolve legal disputes brought before them. Their role is not to measure a policy’s popularity. It is to determine whether it is constitutionally valid. That distinction has placed constitutional courts at the center of many of Asia’s most consequential LGBTQ rights disputes.

Nepal offers an early example. 

In 2007, LGBTQ activists turned to the Supreme Court through a public interest petition. They argued that discriminatory laws and government practices violated constitutional guarantees of equality. They also sought legal recognition for gender and sexual minorities. The government urged the court to dismiss the petition. It argued existing laws already protected all citizens. It also said the claims relied on assumptions rather than specific instances of discrimination. The court disagreed. It held that sexual orientation and gender identity are natural variations of human identity. It directed the government to eliminate discriminatory laws and policies. The ruling also ordered a study on legal recognition for same-sex couples, laying the foundation for future reforms.

“Since it is the absolute jurisdiction of the legislature to decide as to what type of law should be made and amended on a particular issue, and as this matter does not fall under the jurisdiction of this office, therefore, there does not seem any pertinent reason and valid ground to make this Office a respondent,” said Office of Prime Minister and Council of Ministers in its 2007 affidavit. “Let the writ petition be dismissed on the ground that the unconcerned office is being made as an opposite party in the case.”

In India, a prominent leader of the ruling Bharatiya Janata Party, Subramanian Swamy, described homosexuality as a “genetic disorder” in 2015. He also wrote on social media that it was a “genetic handicap,” reflecting the political discourse surrounding LGBTQ rights before the Supreme Court’s landmark ruling in 2018.

The Supreme Court’s landmark 2018 ruling decriminalized consensual same-sex relations. The decision did not end the debate. Soon afterward, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, a right wing, Hindu nationalist volunteer and paramilitary organization, an ideological parent of the ruling Bharatiya Janata Party, said it did not consider same-sex relationships a crime. It added, however, that it did not support such relationships.

After the Supreme Court’s landmark 2018 ruling, Arun Kumar, a senior Rashtriya Swayamsevak Sangh leader, told the media that same-sex relationships and marriage were neither “natural” nor “desirable.”

During the 2023 marriage equality hearings, the Indian government repeatedly argued that the issue belonged before Parliament, not the judiciary. Solicitor General Tushar Mehta told the Constitution Bench that the case involved a “very complex subject” with “profound social impact” and that “all the questions in this case must be left to the Parliament.” He argued that recognizing same-sex marriage through judicial interpretation would require rewriting the Special Marriage Act and could have unintended consequences across multiple laws. During the hearings, Mehta also questioned how existing marriage laws would operate for same-sex couples, asking, “Who will be the wife in a lesbian relationship?” 

The Washington Blade covered these arguments as the hearings unfolded.

Three years have passed since the Supreme Court declined to recognize same-sex marriage, holding that creating such a legal framework was a matter for Parliament. Marriage equality, however, remains unrecognized in India. Parliament has not enacted legislation extending civil marriage to same-sex couples. The legal position has remained unchanged since the court’s 2023 ruling.

Similar tensions have surfaced elsewhere in Asia. 

In Japan, a growing number of courts have questioned the constitutionality of denying marriage to same-sex couples, even as Parliament has yet to amend the law. In South Korea, courts have steadily expanded legal protections for same-sex couples, while the government has argued that recognizing same-sex marriage is up to lawmakers. In the Philippines, marriage equality and civil partnership bills have repeatedly failed to secure congressional approval amid religious and political opposition. The legislative stalemate has prompted advocates to pursue constitutional litigation before the Supreme Court. 

Indonesia presents a different picture. 

Rather than debating legal recognition, much of the political discourse has focused on restricting LGBTQ rights. In a landmark 2017 case, however, rights groups successfully opposed a petition that sought to criminalize all consensual same-sex relations nationwide. The Constitutional Court rejected the petition, ruling that creating new criminal offences was a matter for Parliament, not the judiciary.

Continue Reading

Hungary

Tens of thousands participate in post-Orbán Budapest Pride march

New government allowed event to take place without restrictions

Published

on

The annual Budapest Pride march took place in the Hungarian capital on June 27, 2026. (Courtesy photo)

Tens of thousands of people on Saturday took part in the annual Budapest Pride march in the Hungarian capital.

The march took place less than two months after new Prime Minister Péter Maygar took office.

Hungarian lawmakers in 2025 passed a bill that banned Pride events and allowed authorities to use facial recognition technology to identify participants. MPs later amended the Hungarian constitution to ban public LGBTQ events.

More than 100,000 people defied the ban and participated in last year’s Budapest Pride parade. The event became one of the largest protests against then-Prime Minister Viktor Orbán and his government since he took office in 2010.

Magyar’s center-right Tisza party ousted Orbán’s Fidesz-KDNP coalition in elections that took place on April 12. The European Union’s top court, the EU Court of Justice, days after Orbán’s ouster struck down Hungary’s anti-LGBTQ propaganda law that MPs approved in 2021.

Hungarian police last month announced they would allow the Budapest Pride march to take place without restrictions.

Authorities subsequently dropped charges against Budapest Mayor Gergely Karácsony over his role in organizing the city’s 2025 Pride march. Officials in Pécs, a city near Hungary’s border with Croatia, have also dropped charges against Géza Buzás-Hábel, who organized a 2025 Pride event.

Continue Reading

California

Gay Calif. lawmaker confronted during San Francisco Trans Pride over Gaza stance

State Sen. Scott Wiener running for Nancy Pelosi’s seat

Published

on

California state Sen. Scott Wiener (D-San Francisco) (Photo courtesy of the San Francisco Orchestra)

A video posted on X by user Dimitry Yakoushkin of the incident went viral, showing gay California state Sen. Wiener (D-San Francisco) being chased out of Dolores Park, while the group screamed at him. Multiple people in the protest group were wearing black ski masks that concealed their identities. 

Wiener is contending to take over Nancy Pelosi’s seat in Congress in the upcoming November general election.

The video started off with Yakoushkin, a local activist, highlighting how great Wiener’s LGBTQ policies and lawmaking work are. As Yakoushkin started to criticize Wiener about his housing policies, others started to gather around the politician. 

Yakoushkin and the group quickly transitioned to yelling at him about his stance on the genocide in Gaza

“You’ve been wonderful for trans people, and … you’ve been terrible on Gaza,” Yakoushkin is heard saying in the video. “You do not belong here (at Trans Pride) anymore, Scott.”

“I want to support someone who’s so positive on trans rights, but you’re a piece of sh*t on Gaza,” he says later in the video. “How could you do that?”

Other protestors shouted obscenities that were hard to distinguish from, but some that jumped out included cries of “f*ck you” and “You’re a piece of sh*t.”

When it was clear this would not be a one-and-done criticism, Wiener is seen on video pivoting to exit Dolores Park, with the group following behind until Wiener was out of the park.

The video garnered over 12 million views as of Monday. 

In early January of this year, Wiener declined to call Israel’s actions in Gaza a genocide during a congressional debate forum, as many other politicians have. 

A week later, on Jan. 11, Wiener reversed that decision.

“For years, I’ve condemned (Israeli Prime Minister Benjamin) Netanyahu and his extremist government and the devastation they’ve inflicted on Gaza,” Wiener posted on X. “It’s why I’ve been clear I won’t support U.S. funding for the destruction of Palestinian communities. I’ve stopped short of calling it genocide, but I can’t anymore.”

This was after two years of Israeli bombing that led to thousands of Palestinian deaths in the Gaza Strip, following the Oct. 7 attack by Hamas.

After Friday’s incident, Wiener posted a statement, calling it “physical intimidation and harassment” by “people who had previously targeted” him with “aggressive behavior in the past.”

“Last night I attended the Trans March, as I’ve done each year for the past 22 years since the first march in 2004,” the statement said. “I attend each year in solidarity with our trans siblings, who are facing existential threats from right-wing extremists, including the President.”

“I have no objection whatsoever to anyone disagreeing with me, opposing me, or protesting me.

“All of that is core to democracy,” the statement continued. “I also have no issue when people talk to me on the street and ask questions or express opposition. That’s democracy, even when the people engaging in this conduct misrepresent my views. But when opposition and disagreement transition to harassment, including cornering me, touching me, or trying to physically bully me out of a public event, that crosses a line.”

Wiener’s congressional opponent, Supervisor Connie Chan, appeared to march without any incident.

Many critics of Wiener took to social media to point out that Wiener posted this statement and used it as a fundraising opportunity, while not posting about the heavy police presence and arrests during San Francisco’s Pride weekend

Independent journalist Jersey Noah made an Instagram post to Wiener saying, “What do you have to say about (San Francisco Police Department) assaulting and arresting trans people on the public streets of San Francisco for two consecutive nights? Because you haven’t said a… word.”

This is not the first time a politician has been ousted from San Francisco’s Trans Pride festivities, according to San Francisco-based outlet Mission Local.

Past politicians forced to leave over the last decade include Mayor Daniel Lurie, then-Mayor Ed Lee, City Attorney David Chiu, and then-state Sen Mark Leno, according to Mission Local.

Yakoushkin said the protest was spontaneous, saying, “It was not planned, I was walking home, and I saw him from a distance and I got my camera out to start filming,” according to Mission Local.

The California Senate Democratic Caucus and California LGBTQ+ Caucus made a joint statement of support for Wiener, denouncing the verbal harassment toward Wiener as “unacceptable.”

“Senator Wiener has spent the last 16 years in service to San Francisco,” their statement said. “In that time, he has been a fearless champion for the LGBTQ+ community even when it was not politically popular, leading on landmark legislation advancing the rights and protections for transgender, gender Expansive, and intersex people. He is a steadfast advocate for his communities.

“In California, we believe everyone deserves dignity and respect, regardless of political differences,” the statement continued.

Continue Reading

Popular