Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

District of Columbia

Gay-owned pizzeria in Dupont Circle burglarized

Protest Pizza owners say community has expressed support

Published

on

From left: Protest Pizza co-owners Ricky Bennett and Randy Downs. The two men say they have received an outpouring of community support after Protest Pizza was burglarized on Aug. 21, 2026. (Washington Blade photo by Michael Key)

Gay activist Randy Downs said he and his business and life partner Ricky Bennett are grateful for the support they have received from the Dupont Circle community after they released a video showing a suspect breaking into their recently opened pizza shop and taking money from a cash register shortly before 3 a.m. on Friday, Aug. 21.

The surveillance video shows a man wearing black clothing with his face covered, smashing the glass front door of Protest Pizza, located at 1633 ½ P St., N.W. The video, which Downs and Bennett provided to D.C. police, also shows the suspect climbing over the bar to get to a cash register, which he opened to take out cash.

A D.C. police report obtained by the Washington Blade lists the incident as a Burglary in the Second Degree and says the owners reported “approximately $78 in cash” was taken from the cash register.  The report says the incident is not listed as a suspected hate crime.

Downs told the Washington Blade that after he and Bennett reported the break-in and theft on social media, they received an overwhelming showing of support from neighbors and others, including business owners, from across the nation. 

“The break-in was upsetting, but it is not what will define Protest Pizza,” Downs said. “What defines us is how quickly people showed up,” he told the Blade. “One person came looking for a cash register; our community saw a gathering place worth protecting. The response reminded us that Protest’s real value was never in the register.”

Downs said he and Bennett, who live around the corner on the section of 17th Street, N.W., near several other bars and restaurants, including the gay bar JRs are located, opened Protest Pizza in November 2025.

“Ricky and I built Protest Pizza as a positive, welcoming, queer owned neighborhood restaurant and bar — a space for protest and joy,” he said.

A D.C. police spokesperson said police offer a reward of up to $1,000 for information leading to an arrest and conviction of a suspect responsible for the type of burglary and theft that occurred at Protest Pizza. Police say anyone with information to help solve this type of crime should call the police tipline at 202-727-9099.

Continue Reading

District of Columbia

Advocates honored at Engendered Spirit Awards

Annual ceremony held at conclusion of Trans Pride DC

Published

on

From left, Bianca Sprague, Vida Rangel and SC Nealy attend the 2026 SaVanna Wanzer Engendered Spirit Awards at the Martin Luther King, Jr. Memorial Library on Aug. 22, 2026. (Washington Blade photo by Michael Key)

The 2026 SaVanna Wanzer Engendered Spirit Awards ceremony took place at the Martin Luther King, Jr. Memorial Library in D.C. on Saturday. The ceremony was held at the conclusion of the day-long Trans Pride DC: Encore.

Honorees included D.C. Mayor’s Office of Community Affairs Deputy Director Vida Rangel; the LGBT+ Counseling Collaborative, Inc.; and Connor Keuntje, CLP, CLPC.

Trans Pride DC: Encore was held throughout Saturday with several workshop sessions and a virtual conversation with actress and advocate Dominique Jackson.

The annual Engendered Spirit Awards were renamed the “SaVanna Wanzer Engendered Spirit Awards” in honor of SaVanna Wanzer, founder of D.C. Trans Pride. Wanzer died on April 24 of this year.

Speakers at the ceremony included Japer Bowles, director of the D.C. Mayor’s Office of LGBTQ Affairs and Bianca Sprague, executive director of D.C. Trans Pride.

“The intent behind this award and honoring members of our communities, organizations, and allies, is to really elevate all of the work that they’re doing to provide resources, tools, learning opportunities and connections: centering trans folks, gender non-conforming, and gender diverse individuals,” Sprague said.

Continue Reading

India

Proposed Indian foreign funding law overhaul could further pressure LGBTQ groups

Measure introduced in Parliament earlier this year

Published

on

Activists on Sept. 21, 2024, attend a conference in Chennai, India, that focused on climate change and how it impacts transgender women. A proposed overhaul to India's foreign funding law could further pressure advocacy groups that are already struggling to secure funding. (Courtesy photo)

India’s proposed overhaul of its foreign funding law could put LGBTQ organizations that depend on overseas donations under new pressure. 

Introduced in the Lok Sabha, the lower house of Parliament, on March 25, the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026, or FCRA, would give a government-designated authority control over foreign funds, and assets when an organization loses or surrenders its registration.

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill returned to the spotlight this month as the Indian government prepared to seek its passage during Parliament’s Monsoon Session; drawing fierce opposition from political parties, civil society groups and religious organizations.

The government says the bill is intended to address gaps in the management of foreign funds and assets when an organization’s FCRA registration is cancelled, surrendered, or expires. The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026, would create a Designated Authority to oversee the vesting, supervision, management, and disposal of foreign contributions and assets when an organization’s FCRA registration is cancelled, surrendered , or ceases. If a vested asset is a place of worship, the authority would be required to preserve its religious character. The FCRA would also reduce the maximum prison term for violating the law from five years to one year.

The changes could also make it difficult for organizations to leave the FCRA regime without surrendering assets created with foreign funds. Under the bill, an organization would have to keep renewing its FCRA certificate to retain those assets. FCRA rules also impose spending requirements on organizations seeking to maintain their certificates.

The bill may also create a distinction between assets created by organizations with FCRA registration and those created through the separate prior-permission route.

More significantly, neither the existing law nor the bill provides an appeal mechanism when the central government refuses to renew an FCRA certificate. They also do not expressly require the organization to be given an opportunity to be heard before renewal is denied. Under the proposed framework, such a denial could trigger the vesting of the organization’s foreign-funded assets in the Designated Authority.

The bill would also widen the circle of people who could face consequences for an organization’s FCRA violations. 

Its definition of “key functionary” extends beyond directors and office bearers to trustees, governing-body members, managing-committee members and others responsible for an organization’s affairs. Those functionaries could be held liable for offenses committed by the organization, unless they can show that they were unaware of the violation or had exercised due diligence to prevent it. The FCRA bill would also impose restrictions on dealing with foreign-funded assets during a suspension and leave several important operational details — including timelines and procedures for managing and returning assets — to rules that have yet to be prescribed.

Parliament on Aug 12 moved to refer the FCRA bill to a parliamentary committee for further scrutiny and wider consultations. 

Minister of State for Home Nityanand Rai moved the motion in the Lok Sabha, to refer the bill to a committee comprising 21 members of the lower house and 10 members of the Rajya Sabha, Parliament’s upper house. 

The Rajya Sabha subsequently approved the nomination of its 10 members to the committee. The panel is expected to submit its report by the last day of the first week of Parliament’s Winter Session.

The proposed changes could have significant implications for LGBTQ organizations that rely on the FCRA framework to receive foreign contributions. (The global LGBTQ and intersex rights movement since the Trump-Vance administration took office in 2025 has lost nearly $50 million in U.S. funding because of foreign aid cuts. One source with whom the Washington Blade spoke described the funding loss as a “catastrophe” for the global movement.)

While the government does not appear to have published an easily accessible, consolidated list of LGBTQ organizations receiving such funding, FCRA registration records and organizations’ financial disclosures indicate that foreign contributions have supported LGBTQ rights, healthcare, and community services in India.

K.C. Venugopal, general secretary of the opposition Indian National Congress, told reporters his party and other opposition parties would strongly protest the legislation if it were introduced in Parliament. He said the bill was aimed at targeting minorities and NGOs and vowed that the opposition would oppose its passage.

Venugopal called the proposed legislation “unconstitutional and anti-people.” 

“If the Central Government thinks they can cook up and introduce the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill within these two or three days, they should keep that wish to themselves,” he told reporters in Alappuzha, Kerala, on Aug. 9.

“Three provisions worry LGBTQ+ organizations like ours most directly,” said Souvik Saha, founder of People for Change and Jamshedpur Queer Circle. “First, the 2026 bill would let a government-appointed ‘Designated Authority’ take control of an organization’s foreign-funded assets— bank balances, equipments, sometimes even property— the moment its FCRA registration is cancelled, surrendered, or simply not renewed, and this happens through an administrative process, without prior judicial adjudication. For a small community organization, that means losing everything we have built — case files, shelter infrastructure, helpline equipment — almost overnight, with no court hearing first.”

Saha told the Blade the revised FCRA Rules announced in June introduced a minimum spending threshold: organizations must spend at least $10,449 in foreign contributions over two financial years or risk cancellation and non-renewal of their registration.

“This specifically penalizes small and grassroots groups that deliberately keep their foreign funding modest — which describes most LGBTQ organizations in India, including ours,” said Saha. “We are not running core-scale budgets; we are running helplines, safe spaces, and district-level outreach on modest grants.”

Saha told the Blade that the ban on sub-granting, carried over from the 2020 amendment, means larger, well-established rights organizations cannot pass foreign funds to smaller, unregistered LGBTQ collectives that could not obtain FCRA registration themselves. He said rights groups have long described the restriction as a near “death knell” for hundreds of small nongovernmental organizations that work collaboratively with larger organizations, adding that LGBTQ groups outside major metropolitan areas depend heavily on such funding arrangements.

“Domestic funding for LGBTQ work in India is still thin, CSR (Corporate Social Responsibility) money avoids us because we are seen as ‘controversial,’ and most Indian foundations would not touch gender-identity programming,” Saha said. “So foreign funding is not a convenience for organizations working with the transgender and LGBTQ community, it is often always funding.”

Continue Reading

Popular