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Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

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Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

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Rehoboth Beach

BLUF leather social set for April 10 in Rehoboth

Attendees encouraged to wear appropriate gear

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Diego’s in Rehoboth Beach will host a BLUF leather social on Friday, April 10 at 5 p.m. (Blade file photo by Michael Key)

Diego’s in Rehoboth Beach hosts a monthly leather happy hour. April’s edition is scheduled for Friday, April 10, 5-7 p.m. Attendees are encouraged to wear appropriate gear. The event is billed as an official event of BLUF, the free community group for men interested in leather. After happy hour, the attendees are encouraged to reconvene at Local Bootlegging Company for dinner, which allows cigar smoking. There’s no cover charge for either event.

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District of Columbia

Celebrations of life planned for Sean Bartel

Two memorial events scheduled in D.C.

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(Washington Blade file photo by Michael Key)

Two celebrations of life are planned for Sean Christopher Bartel, 48, who was found deceased on a hiking trail in Argentina on or around March 15. Bartel began his career as a television news reporter and news anchor at stations in Louisville, Ky., and Evansville, Ind., before serving as Senior Video Producer for the D.C.-based International Brotherhood of Electrical Workers union from 2013 to 2024.

A memorial gathering is planned for Friday, April 10, 11:30 a.m.-1:30 p.m. at the IBEW International Office (900 7th St., N.W.), according to a statement by the DC Gay Flag Football League, where Bartel was a longtime member. A celebration of life is planned that same evening, 6-8 p.m. at Trade (1410 14th St., N.W.). 

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Puerto Rico

The ‘X’ returns to court

1st Circuit hears case over legal recognition of nonbinary Puerto Ricans

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(Photo by Sergei Gnatuk via Bigstock)

Eight months ago, I wrote about this issue at a time when it had not yet reached the judicial level it faces today. Back then, the conversation moved through administrative decisions, public debate, and political resistance. It was unresolved, but it had not yet reached this point.

That has now changed.

Lambda Legal appeared before the 1st U.S. Court of Appeals in Boston, urging the court to uphold a lower court ruling that requires the government of Puerto Rico to issue birth certificates that accurately reflect the identities of nonbinary individuals. The appeal follows a district court decision that found the denial of such recognition to be a violation of the U.S. Constitution.

This marks a turning point. The issue is no longer theoretical. A court has already determined that unequal treatment exists.

The argument presented by the plaintiffs is grounded in Puerto Rico’s own legal framework. Identity birth certificates are not static historical records. They are functional documents used in everyday life. They are required to access employment, education, and essential services. Their purpose is practical, not symbolic.

Within that framework, the exclusion of nonbinary individuals does not stem from a legal limitation. Puerto Rico already allows gender marker corrections on birth certificates for transgender individuals under the precedent established in Arroyo Gonzalez v. Rosselló Nevares. In addition, the current Civil Code recognizes the existence of identity documents that reflect a person’s lived identity beyond the original birth record.

The issue lies in how the law is applied.

Recognition is granted within specific categories, while those who do not identify within that binary structure remain excluded. That exclusion is now at the center of this case.

Lambda Legal’s position is straightforward. Requiring individuals to carry documents that do not reflect who they are forces them into misrepresentation in essential aspects of daily life. This creates practical barriers, exposes them to scrutiny, and places them in a constant state of vulnerability.

The plaintiffs, who were born in Puerto Rico, have made clear that access to accurate identification is not symbolic. It is a basic condition for moving through the world without contradiction imposed by the state.

The fact that this case is now being addressed in the federal court system adds another layer of significance. This is not a pending policy discussion or a legislative proposal. It is a constitutional question. The analysis is not about political preference, but about rights and equal protection under the law.

This case does not exist in isolation.

It unfolds within a broader context in which debates over identity and rights have increasingly been shaped by the growing influence of conservative perspectives in public policy, both in the United States and in Puerto Rico. At the local level, this influence has been reflected in legislative discussions where religious arguments have begun to intersect with decisions that should be grounded in constitutional principles. That intersection creates tension around the separation of church and state and has direct consequences for access to rights.

Recognizing this context is not an attack on faith or religious practice. It is an acknowledgment that when certain perspectives move into the realm of public authority, they can shape outcomes that affect specific communities.

From within Puerto Rico, this is not a distant debate. It is a lived reality. It is present in the difficulty of presenting identification that does not match one’s identity, and in the consequences that follow in workplaces, schools, and government spaces.

The progression of this case introduces the possibility of change within the applicable legal framework. Not because it resolves every tension surrounding the issue, but because it establishes a legal examination of a practice that has long operated under exclusion.

Eight months ago, the conversation centered on ongoing developments. Today, there is already a judicial finding that identifies a violation of rights. What remains is whether that finding will be upheld on appeal.

That process does not guarantee an immediate outcome, but it shifts the ground.

The debate is no longer theoretical.

It is now before the courts.

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