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Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Hungary
New Hungarian government to scrap anti-LGBTQ adoption law
Prime Minister Peter Maygar ousted Viktor Orbán in April
Hungarian Prime Minister Peter Maygar has said his government will amend a law that essentially bans same-sex couples from adopting children.
Lawmakers approved the effective adoption ban in 2020, when then-Prime Minister Viktor Orbán’s government was in power. Maygar announced plans to amend the law on Saturday when he was speaking to supporters in Budapest, the Hungarian capital.
Orbán and his government faced widespread criticism over its anti-LGBTQ crackdown that also included laws banning Pride events.
Maygar in April ousted Orbán in Hungary’s elections.
Baltimore
Transgender woman killed in Barclay community mourned by friends, advocates
Sophie Lee shot to death on Friday morning
By DARREONNA DAVIS | Denise Johnson imagined spending Sunday with her daughter, Sophie Lee, eating crabs at the park. Instead, she stood on a Barclay street corner Sunday evening surrounded by nearly 100 people who came to remember her daughter, a transgender woman who was fatally shot there Friday.
The 27-year-old woman was found in the 2400 block of North Calvert Street around 1:15 a.m. Friday, Baltimore Police said in a news release.
Lindsey Eldridge, a police department spokesperson, said it’s unclear if her identity had anything to do with her death and the investigation is ongoing.
The rest of this article can be read on the Baltimore Banner’s website.
Turkey
Dozens detained after Turkish authorities raid LGBTQ groups, businesses
Raids targeted gay bars, activists’ homes
Authorities in Turkey over the weekend detained dozens of people during raids they carried out against gay bars and LGBTQ activists’ homes across the country.
The BBC reported the raids were part of the government’s “My Family is Safe” campaign.
A statement from a group of Turkish advocacy groups the Washington Blade received on Sunday noted Justice Minister Akın Gürlek said the operation included “162 individuals, nine associations, and 13 businesses across 15 provinces.” Prosecutors in Istanbul, Ankara, Izmir, Aydın, and Mersin are coordinating the campaign.
Kaos GL, one of the country’s largest advocacy groups, was among the targets.
“The authorities have referred to allegations including ‘obscenity,’ ‘facilitating prostitution or providing premises for prostitution,’ exposure of children to allegedly obscene content, drug-related offenses, and other morality-related offenses,” reads the press release the Blade received. “Information from the field indicates that additional allegations, including forming a criminal organization, may appear in some investigation files.”
“The reported inclusion of the offense of “establishing an organization for the purpose of committing crimes” under Article 220 of the Turkish Criminal Code is particularly alarming and, if confirmed, would mark a significant escalation in the criminalization of LGBTI+ human rights activism,” it added. “While LGBTI+ activists and organizations have recently faced and continue to face investigations and prosecutions on grounds such as ‘obscenity’ and alleged violations of the Law on Associations, the use of an organized-crime allegation represents a qualitatively more serious threshold, both in terms of the gravity of the accusation and the potential penalties involved.”
Turkish authorities under President Recep Tayyip Erdoğan’s government over the last decade have cracked down on LGBTQ and intersex activists in the country.
Police in 2015 used tear gas and water cannons against people who were about to participate in an Istanbul Pride march. Authorities in 2017 arrested nearly two dozen people who defied a ban on Pride events in the city.
Police in Ankara, the Turkish capital, in 2019, arrested 18 students and an academic who participated in a Pride march at the Middle East Technical University. They faced up to three years in prison, but a court in 2021 acquitted them. Police in 2022 violently broke up a Pride parade at the same Ankara university.
Turkish authorities in July refused to allow a gay cruise ship — the Scarlet Lady, a Virgin Voyage vessel that Atlantis Events chartered — to dock in Kusadasi, a resort town on the Aegean Sea.
Kusadasi is in Aydın Province, one of the provinces in which authorities conducted the raids. Turkish officials also refused to allow the Scarlet Lady to dock in Istanbul.
A Turkish source on Sunday told the Blade the “My Family is Safe” operation began on the 46th anniversary of a military coup that toppled the country’s government in 1980.
“The fact that this operation began on the night of Sept. 12 — the 46th anniversary of the 1980 coup — is highly significant in terms of the foundations of the prohibitive and repressive mindset directed at the LGBTI+ community,” they said. “Moreover, many LGBTI+ organizations had been subject to official inspections last week.”
“Conducting this operation on a Saturday night shortly thereafter also serves the purpose of heightening fear and anxiety within the community,” added the source.
The source asked the Blade not to reveal their identity.
ILGA-Europe in a statement described the raids as “the systematic dismantling of LGBTI civil society.” Paris Mayor Emmanuel Grégoire is among the European officials who have publicly condemned them.
The Blade will update this story with additional details as they become available.
