News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
National
Advocacy groups issue US travel advisory ahead of World Cup
Renee Good’s death in Minneapolis among incidents cited
More than 100 organizations have issued a travel advisory for the U.S. ahead of the 2026 World Cup.
The World Cup will take place in the U.S., Canada, and Mexico from June 11-July 19.
“In light of the deteriorating human rights situation in the United States and in the absence of meaningful action and concrete guarantees from FIFA, host cities, or the U.S. government, the undersigned organizations are issuing this travel advisory for fans, players, journalists, and other visitors traveling to and within the United States for the June 2026 FIFA Men’s World Cup. World Cup games will be played in 11 different cities across the United States, which, like many localities, have already been the target of the Trump administration’s violent and abusive immigration crackdown,” reads the advisory that the Council for Global Equality and other groups that include the American Civil Liberties Union issued on April 23. “The impacts of these policies vary by locality.”
“While the Trump administration’s rising authoritarianism and increasing violence pose serious risks to all, those from immigrant communities, racial and ethnic minority groups, and LGBTQ+ individuals have been and continue to be disproportionately targeted and affected by the administration’s policies and, as such, are most vulnerable to serious harm when traveling to and/or within the United States,” it adds. “This travel advisory calls on fans, players, journalists, and other visitors to exercise caution.”
The advisory specifically mentions Renee Good.
A U.S. Immigration and Customs Enforcement agent on Jan. 7 shot and killed her in Minneapolis. Good, 37, left behind her wife and three children.
The full advisory can be read here.
Rehoboth Beach
Rehoboth’s Blue Moon sold; new owners to preserve LGBTQ legacy
‘They don’t want to change a thing’
The iconic Blue Moon restaurant and bar in Rehoboth Beach, Del., has been sold to new owners who have pledged to keep it an LGBTQ-affirming space, according to longtime owner Tim Ragan.
Ragan and his partner Randy Haney sold the Blue Moon to Dale Lomas and Mike Subrick, owners of Atlantic Liquors on Route 1.
“They don’t want to change a thing,” Ragan said. “They’re local people, they live here. Dale worked his first job at Dolle’s.”
Ragan and Haney did not sell the business, only the real estate. The deal includes a 10-year lease with renewal options under which Ragan and Haney will continue to operate the Moon. He noted that the couple could opt to sell the business at any time.
“It’s going really well so I’m not in any hurry,” Ragan told the Blade. “It’s hard to run a business and manage a property that’s 120 years old — now someone else has to fix the air conditioning. Our responsibility will be to run the business.”
Ragan offered reassurances that the Moon will continue to be a gay-friendly destination.
“Dale’s comment was that Rehoboth has been good to us and we just want to give back. The Moon is part of Rehoboth’s history and we want to preserve that.”
He said there are no immediate changes planned for the structure, apart from a new roof in the atrium that was damaged in a hail storm. Ragan noted that the property comes with several apartment rental licenses that they have never exercised and the new owners may decide to rent those out.
The Blue Moon business, at 35 Baltimore Ave., dates to 1981 and is an integral part of Rehoboth’s LGBTQ community, hosting countless entertainment events, drag shows, and more over 45 years. Local residents have celebrated birthdays, anniversaries, weddings, and other special occasions in the acclaimed restaurant.
The two buildings associated with the sale were listed by Carrie Lingo at 35 Baltimore Ave., and include an apartment, the front restaurant (6,600 square feet with three floors and a basement), and a secondary building (roughly 1,800 square feet on two floors). They were listed for $4.5 million. The bar and restaurant business were being sold separately.
But then, earlier this year, the Blue Moon real estate listing turned up on the Sussex County Sheriff’s Office auction site. The auction was slated for Tuesday, April 21 but hours before the sale, the listing changed to “active under contract” indicating that a buyer had been found but the sale was not yet final.
Ragan said the issue was the parties couldn’t resolve how much was owed due to a disagreement with the bank. “We didn’t owe $3 million,” he said. “We said we’re not paying any more until we sell.”
The sale contract was written five months ago. It took three attorneys to get a payoff amount agreed to by the bank, he added.
“No one wanted to buy both things. We now have a longterm lease. We couldn’t be happier.”
Philippines
Filipino HIV/AIDS group questions US, Philippines health agreement
Country’s epidemic disproportionately impacts MSM, trans people
A new health agreement between the U.S. and the Philippines has raised questions among HIV/AIDS service providers.
A joint declaration signed by the U.S. and the Philippines on April 7 sets out a plan for closer health cooperation, aimed at transitioning the Philippines toward greater autonomy and “self-reliance” in its health systems, according to a State Department statement released.
In practice, “self-reliance” in health systems refers to a country’s ability to fund, manage, and deliver care without heavy dependence on external donors. In the Philippines, programs serving LGBTQ people — particularly those focused on HIV prevention, testing and treatment — have relied in part on international funding and technical support, including from the U.S., according to UNAIDS.
The Philippine Department of Health has led the national response to the pandemic.
The joint declaration of intent was signed under the Trump-Vance administration’s “America First Global Health Strategy.” The State Department said the agreement would involve co-funding of mutually agreed global health objectives under bilateral health cooperation between the U.S. and the Philippines in the near future.
The declaration also outlines areas of cooperation beyond financing: workforce development, health information systems, and emergency preparedness. The State Department said the framework is intended to strengthen coordination between U.S. and Philippine institutions while supporting the Philippines’ capacity to manage public health challenges independently over time. The statement does not specifically address LGBTQ health.
Similar agreements in other regions have drawn scrutiny from LGBTQ advocacy groups.
In Africa, community organizations have warned that a shift from donor-funded, community-led health programs to government-to-government frameworks could affect access for marginalized populations, including LGBTQ people. The Washington Blade found that such changes may reduce reliance on specialized clinics that have historically provided stigma-free care, raising concerns about discrimination, privacy, and continuity of services.
Desi Andrew Ching, president of HIV & AIDS Support House in the Philippines, said the partnership presents a significant opportunity, but added that, like any large-scale international agreement, its success for the LGBTQ community will depend on how it is implemented on the ground.
“On one hand, it’s a positive move. Increased cooperation on health systems can lead to better technical support and potentially more resources for HIV/AIDS prevention and mental health — areas that deeply impact our community,” Ching told the Blade. “If the government and civil society work closely together, we could see some real progress.”
Ching said community concerns often center on where those resources ultimately go. Ching added there is a risk funds could remain within “usual” government-aligned channels or traditional implementers that may not have the trust or reach of grassroots LGBTQ organizations.
The Philippines is facing one of the fastest-growing HIV epidemics in the Asia-Pacific region, with UNAIDS statistics indicating new infections increased by about 543 percent between 2010 and 2023.
The epidemic is concentrated among key populations, particularly men who have sex with men and transgender women who account for a vast majority of new infections. A 2023 analysis found that key populations represented about 92 percent of new HIV cases in the country, underscoring the disproportionate impact on LGBTQ communities. At the same time, stigma, limited access to testing and gaps in healthcare delivery continue to shape outcomes for these groups.
Ching said that for the partnership to be effective, support would need to be closely targeted to reach those most at risk, including individuals who often avoid government facilities because of stigma and fear of judgment.
“If the partnership prioritizes ‘community-led’ monitoring and direct support to local organizations, it will be a game-changer. If it stays at the top tier of administration, we might just see the same results as before,” Ching said.
Community-led organizations have been central to the Philippines’ HIV response, particularly in reaching LGBTQ populations often underserved by formal healthcare systems. UNAIDS notes groups such as LoveYourself have expanded testing and treatment access through community-based clinics and online outreach, including during the COVID-19 pandemic, when movement restrictions limited access to government facilities.
“To be honest, in these high-level agreements, ‘guarantees’ are hard to come by on paper. The real safeguards lie in the mechanics of implementation,” said Ching. “From the community’s perspective, we believe the best way to prevent services from being diluted is through direct involvement in the planning phase. We would like to see the funding groups and government stakeholders sitting at the same table as the community to game out the specific work plans. It should not be a top-down approach; it needs to be co-designed.”
Ching said oversight would be a critical layer of protection, adding that a dedicated point of contact, such as a U.S Agency for International Development technical lead or a similar monitor, would be needed to track how funds are used.
USAID officially shut down on July 1, 2025, after the Trump-Vance administration dismantled it.
Ching added community-led monitoring would also be necessary in addition to government oversight. He said safety and trust cannot be guaranteed by policy alone but must be built through experience, noting that community-led organizations have consistently reached the most marginalized populations.
“Safety and trust aren’t things you can just write into a policy; they have to be built through experience,” Ching said, adding that community-based sites are often seen as more accessible and safer because they are “for us, by us.”
He said the partnership should direct substantial support to grassroots organizations that have demonstrated an ability to overcome stigma, while strengthening coordination with government clinics. The most effective approach, he added, would combine government infrastructure with community-led delivery, allowing trusted local groups to serve as the primary point of access.
’We want a seat at the table’
According to a report by the World Health Organization on the Philippines, prevention efforts account for only about 6 percent of total HIV spending, despite a sharp rise in cases. The report said the gap has been compounded by a recent pause in U.S. funding, which has delayed the development and implementation of prevention programs and community-led responses.
Asked whether community-led LGBTQ organizations would be funded and included in implementation or sidelined under a government-led approach, Ching said that remained the central question for the community, adding that no detailed plan has yet been made public.
“But we have to be realistic about the politics — both within the government and even within civil society — that can sometimes slow things down,” said Ching. “A good baseline to look at is the UNAIDS 30-80-60 targets. These milestones are specifically designed to put community-led responses at the center of the HIV fight. If we’re being honest, as a country, we are still finding our footing in meeting those specific targets. There is a very real risk of being sidelined if the execution defaults to a standard ‘government-only’ approach.”
The UNAIDS set global targets to guide the HIV response, most notably the “95-95-95” goals for 2025.
The framework calls for 95 percent of people living with HIV to know their status, 95 percent of those diagnosed to receive sustained treatment and 95 percent of those on treatment to achieve viral suppression. The targets were designed to reduce transmission and improve health outcomes, while also highlighting gaps in access to testing, treatment, and prevention services.
“We view this new partnership with the U.S. as a chance to course-correct. If the intention is to end AIDS as a public health threat, the data shows it simply cannot be done without the community in the driver’s seat for service delivery,” said Ching. “Our hope is that the implementation isn’t just government-led, but government-enabled. We want a seat at the table not just for the sake of being there, but to ensure the resources are actually hitting the ground where they matter most. We’re looking for a partnership that honors those 2025 milestones by making community-led organizations formal, funded partners in this roadmap.”
-
National4 days agoBREAKING NEWS: Shots fired at the White House Correspondents’ Dinner
-
District of Columbia5 days agoCommunity mourns passing of D.C. trans rights advocate SaVanna Wanzer
-
Movies4 days agoAn acting legend meets his match in ‘The Christophers’
-
Theater4 days agoWorld premiere of ‘Everything, Devoured’ oozes queer energy
