News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
U.S. Military/Pentagon
Court to weigh class action status in trans military ban challenge
Thousands of transgender servicemembers await pivotal decision
While many eyes are on the U.S. Supreme Court awaiting the verdicts in West Virginia v. B.P.J. and Little v. Hecox, another court case involving transgender rights is unfolding less than a mile away at the U.S. District Court for the District of Columbia — one that could have lasting implications for transgender military personnel.
In January 2025, President Donald Trump signed Executive Order 14183, titled “Prioritizing Military Excellence and Readiness,” directing the Pentagon to prohibit transgender, nonbinary, and gender-nonconforming people from serving in the military.
The Trump-Vance administration and Defense Department argued that trans people are inherently incapable of meeting the military’s “high standards of readiness, lethality, cohesion, honesty, humility, uniformity, and integrity,” citing a history or signs of gender dysphoria. According to the Pentagon this creates “medical, surgical, and mental health constraints on [an] individual.” Regardless of their physical or intellectual capabilities, transgender applicants are now considered less qualified than their cisgender peers.
Almost immediately after the executive order was signed, LGBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD Law) and the National Center for LGBTQ Rights filed a federal lawsuit in the U.S. District Court for the District of Columbia challenging the order. The plaintiffs argue the Trump administration acted with discriminatory animus and violated the Equal Protection guarantee of the Fifth Amendment.
The case — originally filed as Talbott v. Trump and now restyled as Talbott v. USA — includes six active-duty service members and two individuals seeking to enlist. Since the initial filing, 12 additional plaintiffs have joined the lawsuit.
On June 1 the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit blocked the military ban for active-duty trans service members. The three-judge panel ruled 2-1 that Trump’s executive order was illegal — created with the intent to exclude people from military service based on their gender identity.
The Washington Blade spoke with Michael Haley, a staff attorney at GLAD Law who is part of the legal team challenging the ban and seeking to protect the constitutional rights of transgender service members. Haley previously served as an assistant attorney general in the New Hampshire Department of Justice and as a law clerk for the U.S. District Court for the District of New Hampshire.
Asked why the D.C. Circuit’s ruling blocking the ban — issued on the first day of Pride month — was so significant, Haley said the decision is about protecting the constitutional rights of trans people that have been under attack since the beginning of the Trump-Vance administration.
“I think it’s hard to understate the importance of that order, because what is really significant is that the ban is based entirely on the administration’s dislike of transgender people, and not based on any real concerns about lethality and unit cohesion,” Haley said. “The circuit court went through in pretty good detail, identifying all the ways in which it’s clear that the administration is doing this to harm transgender people, and not for any kind of real military benefit. It’s a really striking and important decision that shows all of our plaintiffs have been serving with distinction, earning medals and commendations, and the fact that they are transgender does not factor into the equation.”
On Tuesday, the plaintiffs will ask the court to certify the lawsuit as a class action on behalf of all trans service members affected by the military ban. Asked what class certification would accomplish, Haley said it would allow future rulings in Talbott to apply not only to the named plaintiffs but to all trans service members covered by the case.
“The class certification, if the court approves it — and we’re hopeful that it will — will mean that any final judgment that comes out of this case will apply not just to our named plaintiffs, but to all transgender service members serving. Simply certifying a class does not necessarily change things on the ground for folks now, but it will ensure that our final judgment, or future judgments within this proceeding, apply to everybody and not just the named plaintiffs.”
Haley said the current legal landscape has created significant uncertainty for trans troops, leaving many unsure of their futures — both those serving stateside and those stationed overseas.
“Unfortunately, there’s just really not a lot of transparency around how the government is implementing the ban,” he said. “We are hearing from service members, including our own plaintiffs, who are receiving notices that they are going to be put before separation boards, but we have no insight into their timing, their decisions for who they notify, when and why, or how they are viewing the D.C. Circuit’s order. We’re going to have to wait for a little bit more of the court process to happen before we can speak with any certainty.”
Asked whether the case could eventually reach the Supreme Court — as Defense Secretary Pete Hegseth suggested in a post on X — Haley said the central constitutional question is whether the policy is rooted in discriminatory animus.
“It will be extremely hard for any court to deny that a policy that identifies a group of people and calls them dishonest, lacking integrity, and lacking a warrior spirit — in spite of all the evidence — is motivated by animus. That’s an argument under the Equal Protection Clause of the Constitution, which says everybody is entitled to equal protection of the laws and forbids singling out a group of people and treating them disfavorably just because you don’t like them rather than because of some legitimate purpose … I think that’s going to be the central question.”
Haley also explained how the current policy differs from the trans military ban Trump announced in 2017.
“The first thing goes back to that same question of animus. The D.C. Circuit recognized that this time around, the policy on its face calls transgender people dishonorable and lacking integrity and things like that. We did not have as clear evidence as we do this time around that this is not actually about military readiness — it is about trying to harm transgender people.”
Haley echoed that view, arguing the administration’s “updated” policy is aimed at excluding trans people rather than improving military readiness.
“The fact that they are trying to push out people who are serving simply because they’re transgender goes to show that this is about harming that group rather than making sure the military can function,” Haley said.
He said the current policy is significantly broader, affecting active-duty trans service members rather than primarily those seeking to enlist.
“The other major difference is how this ban is treating folks who are serving. The last time around, those who were already serving were allowed to continue serving and the ban only applied to people seeking to join the military. This time around, the ban is going further and trying to push out people who are serving with distinction and performing to standards, which is just more evidence that this is not about any actual military benefit.”
Haley also outlined the two categories of evidence GLAD Law has presented to the court to challenge the administration’s claims that trans service members undermine military readiness.
“One [type of] evidence about these individual service members — they have served on nuclear submarines, flown Navy planes, reached ranks requiring Senate confirmation, served as field medics, and continue to excel in extremely demanding roles,” he said. “The other category is testimony from high-ranking military personnel who oversaw the inclusion policy and saw transgender people serving without any of the concerns the government now claims.”
“These are people who have to meet the standards just like anybody else, and if they meet the standards, they should be able to continue to serve. We had four years under the previous administration implementing that policy without any of the issues the government now claims, and that’s pretty strong evidence that it was working.”
Asked about the human toll of the policy — and the thousands of trans service members who have been forced out of the military or are uncertain about their futures — Haley said those personal stories have become a driving force behind the legal challenge.
“I have really heard stories of lives torn apart. These are people who, in some cases since they were children, dreamed of serving, achieved extremely high levels within the military, built their lives around it, built their families around it, and have now been sitting in limbo for more than a year not really knowing what’s coming next.”
He said the disruption extends far beyond losing a job, affecting long-term careers, financial security, and retirement plans.
“For those who have left, they have left a life where they had known no other type of career. In many cases they had served for long periods and were planning on availing themselves of the military benefits they had earned through long-term service, and because they were pushed out too soon, they are now having to reorder both their short-term and long-term lives.”
Haley also described service members stranded overseas, unable to return home or continue serving while they wait for the legal process to play out.
“We know of people who are effectively stranded on bases overseas, unable to come home but also unable to serve, and are just waiting for this to move forward so they can see their families again, whatever the outcome. It’s been really devastating, especially for a group of people who raised their hand to serve and protect.”
Asked what trans service members should take away from the upcoming class certification hearing, Haley encouraged them to stay informed through organizations such as SPARTA Pride, a nonprofit organization representing trans service members, veterans, their families, and allies.
“Until we get an order from a court saying, ‘This is what’s next,’ it’s hard for us to guess, and we certainly don’t want to send folks in the wrong direction. Folks should follow organizations like GLAD Law, NCLR, and SPARTA because they’re providing day-to-day updates as these developments happen.”
Second Lt. Nicolas “Nic” Talbott, U.S. Army, one of the plaintiffs in the case, spoke with the Blade last year about what it has been like to be a capable and willing service member stripped of his career because of the policy.
“It’s very empowering to be able to stand up, not only for myself, but for the other transgender service members out there who have done nothing but serve with honor and dignity and bravery,” Talbott told the Blade. “There are no documented cases that I’m aware of of a transgender person having a negative impact on unit cohesion simply by being transgender … Being transgender is just another one of those walks of life.”
Talbott added that a more diverse military is ultimately a stronger military because it brings together people with different backgrounds and perspectives to solve complex problems.
“I think the more diverse our military is, the stronger our military is … We need people from all different experiences and all different perspectives, because somebody is going to see that challenge or that problem in a way that I would never even think of … and that is what we need more of in the U.S. military.”
SPARTA Executive Director Kara Corcoran, an Army infantry officer with 18 years of service who is currently being separated under the trans military ban, said the upcoming class certification hearing could determine whether relief extends beyond the named plaintiffs.
“When the D.C. Circuit Court recently ruled to affirm Talbott v. USA’s preliminary injunction, SPARTA Pride was relieved to see their powerful conclusion: that this policy was not based on any evidence, but in unconstitutional animus toward transgender people,” Corcoran said in a statement to the Blade. “However, the post-CASA climate meant what was originally a universal injunction now only benefited the small number of active duty plaintiffs. This limited scope left behind the thousands of other transgender service members whose rights were also violated. Certifying the case as a class action would ensure that an ultimately positive outcome in litigation would apply to all patriots impacted by the discriminatory policy — not just the few dozen who signed on to be plaintiffs last year.”
Corcoran said the hearing carries implications far beyond the trans military community, arguing that the case could shape how courts respond when constitutional protections are challenged.
“The entire transgender military community and their families are waiting with profound anticipation and hope for the court’s decision, knowing it could determine the future of their military careers, their livelihoods, and their families. But the gravity of tomorrow’s hearing reaches far beyond those directly affected. It will serve as a test of whether our government will uphold its constitutional duty when another branch openly discriminates against a marginalized group of Americans who answered the call to serve with self-sacrifice, honor, and integrity. This is not simply about transgender service members — it is about the precedent the judicial system sets for every American when equal treatment under the law is challenged.”
The U.S. District Court for the District of Columbia is scheduled to hold the class certification hearing on Tuesday at 2 p.m. ET.
Iran and Egypt on Friday faced off during the World Cup’s “Pride Match” in Seattle.
Iran is among the handful of countries in which consensual same-sex sexual relations remain punishable by death. Discrimination and persecution based on sexual orientation and gender identity is commonplace in Egypt.
Friday’s match coincided with Pride weekend in Seattle. The Egyptian Football Association and the Football Federation Islamic Republic of Iran both objected to playing in the “Pride Match.”
Egypt and Iran tied 1-1.
FIFA, for its part, allowed Pride flags inside the stadium during the match.
“The FIFA World Cup 2026 is an inclusive event that welcomes people from all backgrounds,” a FIFA spokesperson told the Washington Blade in a statement. “Fans of all sexual orientations and gender identities are welcome at matches and events. General statements of human rights, including rainbow flags and other flags representing sexual orientation and gender identity, are permitted under the FIFA World Cup 2026™ Stadium Code of Conduct and may be displayed inside stadiums provided they are used in a manner consistent with the code.”
Human Rights Watch welcomed FIFA’s decision to allow Pride flags inside the stadium. Outright International, a global LGBTQ and intersex rights group, distributed Pride flags in Seattle on Friday, which was Pride Match Day.
“Visibility matters,” said Outright International Executive Director Maria Sjödin. “Pride is now being celebrated in more than 100 countries, including this weekend in Seattle. For many LGBTIQ people, seeing a Pride flag in public is a reminder that they are not alone, and that their rights and dignity are recognized.”
FIFA President Gianni Infantino earlier this year told Die Weltwoche, a Swiss magazine, that “there will be no ‘Pride Match’ at the (FIFA) World Cup.”
“There will be a FIFA World Cup match in Seattle, and on the same day, events organized by external organizations will be taking place in the city,” said Infantino. “But that has nothing to do with the match itself.”
Peter Tatchell, a long-time LGBTQ activist from the U.K. who is director of the Peter Tatchell Foundation, was among those who traveled to Seattle for Friday’s match. Tatchell accused FIFA of not vetting World Cup teams — specifically Iran, Egypt, Saudi Arabia, Ghana, Senegal, Qatar, Tunisia, Morocco, Iraq, Uzbekistan, and Algeria — over whether they would allow gay players.
“FIFA is protecting LGBT+ visibility in the stands while failing to protect LGBT+ players on the pitch,” said Tatchell.
Politics
Buttigieg says false report temporarily separated him from his children
Michigan State Police corroborated his account
Former Transportation Secretary Pete Buttigieg on Friday recounted being separated from his children following an anonymous police report later determined to be false.
The openly gay former mayor of South Bend, Ind., and current 2028 presidential contender was accused of posing a danger to his children and was not allowed to be with his four-year-old twins until after interviews were conducted.
Buttigieg went public with this account on his Substack, sharing how a woman anonymously — and falsely — accused him of posing a danger to his children.
“The caller said that he had spoken to a woman who claimed to have met me at a conference several years ago in Alabama, where she said I told her that I had committed unspeakable violent crimes, and the caller believed my children were still at risk,” Buttigieg wrote in a post he titled “A Terrible Thing Happened to My Family.” “I am a reasonable man. I try to keep as calm and low-key as possible. But I cannot describe the mix of rage and sadness that I feel at the idea that someone brought our children into this.”
Michigan State Police spoke to the BBC following Buttigieg sharing his story.
“The Michigan State Police and Child Protective Services responded and determined the report was false.”
The statement also went on to explain that these types of false reports were “dangerous” and divert “workers from responding to legitimate emergencies and protecting vulnerable children and families.”
In that post recounting the ordeal, Buttigieg continued, saying that it was “among the darkest hours of my life,” and pointed out that his children should not be subjected to this type of harassment as a circumstance of his own place in the national political spotlight.
“They are four years old. Four. They do not know or care what a Democrat or a Republican is.”
He finished his post:
“We cannot let American politics keep going in this direction. And we must not all go on as if it’s acceptable for this kind of thing to be part of the cost of entering public service.”
“Most importantly, Chasten and I will continue to pour ourselves into the joyful and demanding work of raising and educating our two children. Being their parents is the best thing in our lives. They are just children, kids who deserve the best upbringing that their parents can provide, who mean more to us than anything, whom we love beyond words and will do anything to protect, and whose right to a safe and happy childhood deserves absolute and unconditional respect.”
In response to the story Buttigieg shared on his Substack, Kelley Robinson, president of the Human Rights Campaign, released the following statement:
“I know how I would feel if someone tried to come between me and my kids. This is truly bottom-of-the-barrel stuff. It takes an awful, hateful person to question someone’s fitness as a parent just because of who they are, who they love, or in Sec. Buttigieg’s case, perhaps even who he speaks out against politically. We’re thinking of Pete, Chasten, and their whole family in this moment — and we aren’t resting until all LGBTQ+ families have the kind of safety and justice every one of us deserves.”
Buttigieg was transportation secretary during the Biden-Harris administration.
The Washington Blade reached out to Michigan State Police to ask if any disciplinary actions would be imposed on the woman who made the false report, but was told to file a FOIA request to view the full report. the story will be updated as new information is shared.
