Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

2026 Midterm Elections

Trump uses anti-trans slur against Democratic Senate candidate

President mocked Annie Andrews

Published

on

President Donald Trump (Washington Blade photo by Michael Key)

President Donald Trump used an anti-trans slur against Democratic South Carolina Senate candidate Annie Andrews on Monday as he sought to rally support for Republicans in the state’s Senate race.

In a post on Truth Social, Trump attacked Andrews three times, referring to her as “trannie” while promoting U.S. Sen. Darline Graham (R-S.C.)’s campaign.

Andrews is running against Graham for a Senate seat in the solidly Republican state.

Earlier this year, Graham was specially appointed to the seat following the death of her brother, Lindsey Graham, who represented South Carolina in the Senate from 2003 to 2026.

Andrews, the Democratic nominee from the state, is a pediatrician that lives in Charleston with her three children. She told NBC News that she will “work with anyone to put South Carolina first.”

“As a mom and a pediatrician, I’m in this race to fight for my patients, my three kids, and South Carolina,” Andrews said, adding that “lowering costs and making life better for families across our state is going to take all of us working together.”

Andrews used the attention from the president’s attack to emphasize what she described as a focus on policy issues rather than the culture wars that have dominated much of the political debate.

“If you care more about your bills than the politics in Washington, this campaign is for you,” she added.

Trump’s remarks have drawn criticism from leaders on both sides of the aisle.

Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) condemned Trump’s words Monday night on social media, calling his attacks on Andrews “despicable.”

“Annie Andrews is a mom and pediatrician who’s always put her community first — and she’s exactly who South Carolina needs representing them in the Senate,” Schumer said on X.

Former South Carolina Gov. David Beasley, a Republican, also criticized the president’s attack on Andrews, urging voters to “reject politics based on division and hate.”

“This is abhorrent. Elections don’t have to be about cruelty and lies. South Carolina deserves better,” Beasley wrote Monday night on X.

South Carolina has not elected a Democratic senator in nearly three decades.

Andrews’s campaign website does not mention her positions on LGBTQ issues.

The Washington Blade reached out to Andrews’s campaign for comment on Trump’s attack and her positions on transgender rights but did not hear back by time of publication.

Continue Reading

District of Columbia

D.C.’s LGBTQ homeless facilities face possible hit from Trump funding cuts

38 percent of homeless youth identify as LGBTQ, up from 2025

Published

on

(Photo by Joe Pchatree/Bigstock)

(Editor’s note: This article is part of our 2026 contribution to the D.C. Homeless Crisis Reporting Project in collaboration with other local newsrooms. The collective works will be published throughout the week at bit.ly/DCHCRP.)

A decision by President Trump’s administration to eliminate most federal funding for community-based programs to place homeless people in permanent subsidized housing could have a severe adverse impact on LGBTQ people facing homelessness in D.C., according to local advocates.

Officials with organizations that provide services for homeless people in the D.C. area and nationally have pointed to an executive order issued by Trump last year that calls for ending federal support for so-called “Housing First” programs that arrange for permanent subsidized housing for homeless people. The officials note that Trump’s proposed fiscal year 2027 budget calls for eliminating funding for the Housing First programs.

Advocates for programs providing support for homeless people note that ending federal funding for permanent housing for homeless people will — and in some cases already has — resulted in occupants of homeless shelters and short-term transitional housing facilities remaining in those facilities far longer than in the past, preventing openings for others who need housing.

A lawsuit filed by several states and homeless advocacy organizations, including the D.C.-based National Alliance To End Homelessness, to block the Trump efforts to cut off those funds has temporarily delayed some of the funding cuts. A decision in August by a federal judge in Rhode Island declared the Trump action a violation of a federal law for failing to open the proposal for the funding cuts to public comment before putting it in place.

Court records show the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), which provides the federal funding for homeless related programs, appealed the lower court ruling and an appeals court reversed the ruling pending further appeal by the parties that filed the lawsuit.

At least two of the five D.C. organizations that provide housing for homeless LGBTQ youth have said their funding so far has not been cut due to the Trump actions.

Cesar Toledo, executive director of the Wanda Alston Foundation, which currently provides transitional housing for 20 LGBTQ homeless youth, said his organization receives local D.C. government funding but no federal funding so his group has so far not been impacted by the Trump action.

Debby Shore, executive director of the Sasha Bruce Youthwork organization that  provides housing for young people ages 18-24, including some LGBTQ youth, said her organization also had not yet been impacted but it could be impacted soon.

“We have not had that funding cut,” she told the Washington Blade. “What we understand is if HUD is allowed to go through with those changes, then we will,” she said. “Because we have one of our programs that’s funded directly by HUD,” which she said could be considered the type of “long term” housing that HUD wants to cut.

A spokesperson for the local LGBTQ youth advocacy organization SMYAL, which currently provides housing for 55 homeless LGBTQ youth according to its website, didn’t immediately respond to a Blade inquiry into whether they have been impacted by the Trump actions. Toledo of the Alston Foundation said he understood that SMYAL has received federal funding for its homeless program.

At least two other D.C. organizations that provide housing for homeless youth, including some LGBTQ youth – Covenant House and the Latin American Youth Center – also couldn’t immediately be reached for comment on whether they have been impacted by the Trump funding cuts.

The city’s only shelter for homeless LGBTQ adults, which is operated by the D.C. Department of Human Services and is D.C. funded, has not been immediately impacted by the Trump funding cuts, according to a DHS statement sent to the Washington Blade in response to a Blade inquiry.  Called Living Life Alternative, the low-barrier shelter accommodates 40 individuals, the statement says.

It says DHS receives federal funding for its homeless services programs, and it was awaiting HUD approval for its annual federal funding grant for the city’s Permanent Supportive Housing program for homeless residents. It says the current funding for that program expires Jan. 31, 2027.

According to the statement, a separate federal grant DHS receives from HUD for homeless assistance services was approved for next year but included “a slight reduction in funding of $22,808.”

The annual 2026 Point-In-Time (PIT) count of homeless people in D.C., conducted in January, recorded a total of 5,363 people who were homeless, a 4 percent increase over the previous year.

The PIT count report shows 424 adults, or 12 percent of the adults counted, identified as members of the LGBTQ community, a slight increase over the 11.7 percent of homeless LGBTQ people counted in 2025. It shows that 38 percent of “Transition Age Youth” ages 18-24 identified as LGBTQ, an increase of one percent over the 37 percent of LGBTQ youth counted in 2025.

The Trump administration through HUD has said it supports housing for homeless people that lasts no more than two years and participants should be required to get treatment for the mental illness and substance use disorders such as drug addiction and alcoholism that many homeless people suffer from.

The Washington Post has cited studies showing that up to two-thirds of homeless people have a mental illness and two in five have a substance use disorder.

“Housing First has failed our most vulnerable and enabled addiction,” the Post quoted HUD saying in an email message. “HUD’s proposed reforms seek to address the root cause of homelessness and advance recovery, self-sufficiency, and competition that drives accountability,” the Post quoted the HUD statement as saying. 

Shore, director of Sasha Bruce Youthwork, disputes that assessment, saying treatment for disorders should not be a replacement for longer term housing programs, which she said improves the outcome of treatments for disorders.

“I think the idea of putting more services in place – I don’t have any problem with that,” she said. “But suggesting that you do that in exchange for longer term supports for people does not seem to be the right way to go.”  

Continue Reading

Federal Government

Bessent says Trump chose him for his qualifications, not his sexuality

Treasury Secretary Scott Bessent talked with Axios about his sexuality — and how it played no role in his nomination for the position.

Published

on

Treasury Secretary Scott Bessent (Washington Blade photo by Michael Key)

Treasury Secretary Scott Bessent participated in an interview in which he said his sexuality had no impact on the president’s selection of him.

On Sunday, Axios co-founder Mike Allen interviewed Secretary Bessent, the 79th person to lead the Treasury Department, in the “Cash Room” in the Treasury building. The two talked for more than 40 minutes about issues related to the current administration’s efforts for Axios’s YouTube channel.

Bessent has been something of an anomaly during this administration, breaking what many consider the “gay glass ceiling.” He is the first openly gay person to lead the U.S. Treasury Department, the first openly gay Senate-confirmed Cabinet member in a Republican administration, and the highest-ranking LGBTQ government official in U.S. history.

The two covered various ground — about the state of the U.S. economy, the various AI approaches by the Trump administration, and the war in Iran. All things that have made President Trump’s constant appraisal of the U.S. economy difficult to sell to the American people as the affordability crisis has worsened.

Toward the end of the interview, Allen asked Bessent about deciding not to attend the U.S. Naval Academy, knowing his sexuality would be a hindrance, and instead attending Yale University. Allen asked if his choice to attend the Ivy League school held him back in life.

“I don’t think it did at all, and it’s very difficult to talk about the counterfactual… but I don’t think going to Yale held me back,” Bessent said. “Maybe some people at other schools would think it might. But I think it makes you aware, and I’ve openly spoken about it before, too. I think maybe some of my career choices were influenced by it.”

The U.S. Naval Academy only began allowing openly LGBTQ students to apply — and be open about their sexuality — following the 2011 repeal of “Don’t Ask, Don’t Tell.” Prior to the policy’s removal, students could be removed from the school for violating the rules, including rules related to their sexuality.

“You said President Trump chose me because he believes I’m the best candidate, not because of my sexual preference or your green eyes…,” Allen said.

“Exactly,” Bessent replied. “And I think that’s one of the reasons we have such a great team. The president makes his decisions all the time. You know, he’ll occasionally tell me, ‘You’re breaking my friends’ hearts.’ They see you on TV and they want an intro, and we have to break the news to them.”

Bessent has been married to former New York prosecutor John Freeman since 2011, and they have lived together in South Carolina. There, they had two children through surrogacy.

Despite being a member of the LGBTQ community, Bessent has publicly supported Trump’s policies, including some that have drawn criticism from LGBTQ advocates and organizations. These include reductions to PEPFAR funding, policies removing transgender service members from the military, recognizing only two sexes, removing LGBTQ protections from Title IX, and other policies that LGBTQ advocates argue come at the cost of LGBTQ safety and protections.

The Washington Blade has reached out to the Treasury Department and Secretary Bessent’s team for comment and responses to these questions, including questions about how he views his identity and sexuality in relation to — and potentially at odds with — the policies and mission of the current administration. The Blade did not receive a response by publication time.

Continue Reading

Popular