News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
The White House
Expanded global gag rule to ban US foreign aid to groups that promote ‘gender ideology’
Activists, officials say new regulation will limit access to gender-affirming care
The Trump-Vance administration has announced it will expand the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.”
Deputy Secretary of State Christopher Landau in a memo, titled Combating Gender Ideology in Foreign Assistance, the Federal Register published on Jan. 27 notes “previous administrations … used” U.S. foreign assistance “to fund the denial of the biological reality of sex, promoting a radical ideology that permits men to self-identify as women, indoctrinate children with radical gender ideology, and allow men to gain access to intimate single-sex spaces and activities designed for women.”
“Efforts to eradicate the biological reality of sex fundamentally attack women by depriving them of their dignity, safety, and well-being. It also threatens the wellbeing of children by encouraging them to undergo life-altering surgical and chemical interventions that carry serious risks of lifelong harms like infertility,” reads the memo. “The erasure of sex in language and policy has a corrosive impact not just on women and children but, as an attack on truth and human nature, it harms every nation. It is the purpose of this rule to prohibit the use of foreign assistance to support radical gender ideology, including by ending support for international organizations and multilateral organizations that pressure nations to embrace radical gender ideology, or otherwise promote gender ideology.”
President Donald Trump on Jan. 28, 2025, issued an executive order — Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation — that banned federal funding for gender-affirming care for minors.
President Ronald Reagan in 1985 implemented the global gag rule, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services.
Trump reinstated the rule during his first administration. The White House this week expanded the ban to include groups that support gender-affirming care and diversity, equity, and inclusion programs.
The expanded global gag rule will take effect on Feb. 26.
“None of the funds made available by this act or any other Act may be made available in contravention of Executive Order 14187, relating to Protecting Children From Chemical and Surgical Mutilation, or shall be used or transferred to another federal agency, board, or commission to fund any domestic or international non-governmental organization or any other program, organization, or association coordinated or operated by such non-governmental organization that either offers counseling regarding sex change surgeries, promotes sex change surgeries for any reason as an option, conducts or subsidizes sex change surgeries, promotes the use of medications or other substances to halt the onset of puberty or sexual development of minors, or otherwise promotes transgenderism,” wrote Landau in his memo.
Landau wrote the State Department “does not believe taxpayer dollars should support sex-rejecting procedures, directly or indirectly for individuals of any age.”
“A person’s body (including its organs, organ systems, and processes natural to human development like puberty) are either healthy or unhealthy based on whether they are operating according to their biological functions,” reads his memo. “Organs or organ systems do not become unhealthy simply because the individual may experience psychological distress relating to his or her sexed body. For this reason, removing a patient’s breasts as a treatment for breast cancer is fundamentally different from performing the same procedure solely to alleviate mental distress arising from gender dysphoria. The former procedure aims to restore bodily health and to remove cancerous tissue. In contrast, removing healthy breasts or interrupting normally occurring puberty to ‘affirm’ one’s ‘gender identity’ involves the intentional destruction of healthy biological functions.”
Landau added there “is also lack of clarity about what sex-rejecting procedures’ fundamental aims are, unlike the broad consensus about the purpose of medical treatments for conditions like appendicitis, diabetes, or severe depression.”
“These procedures lack strong evidentiary foundations, and our understanding of long-term health impacts is limited and needs to be better understood,” he wrote. “Imposing restrictions, as this rule proposes, on sex-rejecting procedures for individuals of any age is necessary for the (State) Department to protect taxpayer dollars from abuse in support of radical ideological aims.”
Landau added the State Department “has determined that applying this rule to non-military foreign assistance broadly is necessary to ensure that its foreign assistance programs do not support foreign NGOs and IOs (international organizations) that promote gender ideology, and U.S. NGOs that provide sex-rejecting procedures, and to ensure the integrity of programs such as humanitarian assistance, gender-related programs, and more, do not promote gender ideology.”
“This rule will also allow for more foreign assistance funds to support organizations that promote biological truth in their foreign assistance programs and help the (State) Department to establish new partnerships,” he wrote.
The full memo can be found here.
Council for Global Equality Senior Policy Fellow Beirne Roose-Snyder on Wednesday said the expansion of the so-called global gag rule will “absolutely impact HIV services where we know we need to target services, to that there are non-stigmatizing, safe spaces for people to talk through all of their medical needs, and being trans is really important to be able to disclose to your health care provider so that you can get ARVs, so you can get PrEP in the right ways.” Roose-Snyder added the expanded ban will also impact access to gender-affirming health care, food assistance programs and humanitarian aid around the world.
“This rule is not about gender-affirming care at all,” she said during a virtual press conference the Universal Access Project organized.
“It is about really saying that if you want to take U.S. funds — and it’s certainly not about gender-affirming care for children — it is if you want to take U.S. funds, you cannot have programs or materials or offer counseling or referrals to people who may be struggling with their gender identity,” added Roose-Snyder. “You cannot advocate to maintain your country’s own nondiscrimination laws around gender identity. It is the first place that we’ve ever seen the U.S. government define gender-affirming care, except they call it something a lot different than that.”
The Congressional Equality Caucus, the Democratic Women’s Caucus, the Congressional Hispanic Caucus, the Congressional Asian and Pacific American Caucus, and the Congressional Black Caucus also condemned the global gag rule’s expansion.
“We strongly condemn this weaponization of U.S. foreign assistance to undermine human rights and global health,” said the caucuses in a statement. “We will not rest until we ensure that our foreign aid dollars can never be used as a weapon against women, people of color, or LGBTQI+ people ever again.”
Advocacy groups are demanding the Trump-Vance administration not to deport two gay men to Iran.
MS Now on Jan. 23 reported the two men are among the 40 Iranian nationals who the White House plans to deport.
Iran is among the countries in which consensual same-sex sexual relations remain punishable by death.
The Washington Blade earlier this month reported LGBTQ Iranians have joined anti-government protests that broke out across the country on Dec. 28. Human rights groups say the Iranian government has killed thousands of people since the demonstrations began.
Rebekah Wolf of the American Immigration Council, which represents the two men, told MS Now her clients were scheduled to be on a deportation flight on Jan. 25. A Human Rights Campaign spokesperson on Tuesday told the Blade that one of the men “was able to obtain a temporary stay of removal from the” 10th U.S. Circuit Court of Appeals, and the other “is facing delayed deportation as the result of a measles outbreak at the facility where they’re being held.”
“My (organization, the American Immigration Council) represents those two gay men,” said American Immigration Council Senior Fellow Aaron Reichlin-Melnick in a Jan. 23 post on his Bluesky account. “They had been arrested on charges of sodomy by Iranian moral police, and fled the country seeking asylum. They face the death penalty if returned, yet the Trump (administration) denied their asylum claims in a kangaroo court process.”
“They are terrified,” added Reichlin-Melnick.
My org @immcouncil.org represents those two gay men. They had been arrested on charges of sodomy by Iranian moral police, and fled the country seeking asylum. They face the death penalty if returned, yet the Trump admin denied their asylum claims in a kangaroo court process.
They are terrified.
— Aaron Reichlin-Melnick (@reichlinmelnick.bsky.social) January 23, 2026 at 8:26 AM
Reichlin-Melnick in a second Bluesky post said “deporting people to Iran right now, as body bags line the street, is an immoral, inhumane, and unjust act.”
“That ICE is still considering carrying out the flight this weekend is a sign of an agency and an administration totally divorced from basic human rights,” he added.
Deporting people to Iran right now, as body bags line the street, is an immoral, inhumane, and unjust act. That ICE is still considering carrying out the flight this weekend is a sign of an agency and an administration totally divorced from basic human rights. www.ms.now/news/trump-d…
— Aaron Reichlin-Melnick (@reichlinmelnick.bsky.social) January 23, 2026 at 8:27 AM
HRC Vice President of Government Affairs David Stacy in a statement to the Blade noted Iran “is one of 12 nations that still execute queer people, and we continue to fear for their safety.” Stacy also referenced Renee Good, a 37-year-old lesbian woman who a U.S. Immigration and Customs Enforcement agent shot and killed in Minneapolis on Jan. 7, and Andry Hernández Romero, a gay Venezuelan asylum seeker who the Trump-Vance administration “forcibly disappeared” to El Salvador last year.
“This out-of-control administration continues to target immigrants and terrorize our communities,” said Stacy. “That same cruelty murdered Renee Nicole Good and imprisoned Andry Hernández Romero. We stand with the American Immigration Council and demand that these men receive the due process they deserve. Congress must refuse to fund this outrage and stand against the administration’s shameless dismissal of our constitutional rights.”
Maryland
Expanded PrEP access among FreeState Justice’s 2026 legislative priorities
Maryland General Assembly opened on Jan. 14
FreeState Justice this week spoke with the Washington Blade about their priorities during this year’s legislative session in Annapolis that began on Jan. 14.
Ronnie L. Taylor, the group’s community director, on Wednesday said the organization continues to fight against discrimination against people with HIV/AIDS. FreeState Justice is specifically championing a bill in the General Assembly that would expand access to PrEP in Maryland.
Taylor said FreeState Justice is working with state Del. Ashanti Martinez (D-Prince George’s County) and state Sen. Clarence Lam (D-Arundel and Howard Counties) on a bill that would expand the “scope of practice for pharmacists in Maryland to distribute PrEP.” The measure does not have a title or a number, but FreeState Justice expects it will have both in the coming weeks.
FreeState Justice has long been involved in the fight to end the criminalization of HIV in the state.
Governor Wes Moore last year signed House Bill 39, which decriminalized HIV in Maryland.
The bill — the Carlton R. Smith Jr. HIV Modernization Act — is named after Carlton Smith, a long-time LGBTQ activist known as the “mayor” of Baltimore’s Mount Vernon neighborhood who died in 2024. FreeState Justice said Marylanders prosecuted under Maryland Health-General Code § 18-601.1 have already seen their convictions expunged.
Taylor said FreeState Justice will continue to “oppose anti anti-LGBTQ legislation” in the General Assembly. Their website later this week will publish a bill tracker.
The General Assembly’s legislative session is expected to end on April 13.
-
Real Estate4 days agoConvert rent check into an automatic investment, Marjorie!
-
Theater4 days agoSwing actor Thomas Netter covers five principal parts in ‘Clue’
-
District of Columbia4 days agoEleanor Holmes Norton ends 2026 reelection campaign
-
Honduras3 days agoCorte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
