News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Uganda
LGBTQ Ugandans targeted ahead of country’s elections
President Yoweri Museveni won 7th term in disputed Jan. 15 vote
Barely a week after Ugandan President Yoweri Museveni secured a 7th term in an election marred by state violence, intimidation, and allegations of fraud, the country’s queer community spoke about how the election environment impacted it.
The LGBTQ lobby groups who spoke with the Washington Blade noted that, besides government institutions’ failure to create a safe and inclusive environment for civic participation by all Ugandans, authorities weaponized the Anti-Homosexuality Act to silence dissent and discourage queer voter engagement.
The rights groups note that candidates aligned with Museveni’s ruling National Resistance Movement — including Parliament Speaker Anita Among — during the campaigns accused their rivals of “promoting homosexuality” to discredit them while wooing conservative voters.
Queer people and LGBTQ rights organizations as a result were largely excluded from the formal political processes for the election as voters, mobilizers, or civic actors due to fear of exposure, stigma, violence, and legal reprisals.
“This homophobic rhetoric fueled public hostility and emboldened vigilante violence, forcing many queer Ugandans into deeper hiding during the election period,” Uganda Minority Shelters Consortium Coordinator John Grace stated.
Some queer people had expressed an interest in running for local council seats, but none of them formally registered as candidates or campaigned openly because of safety concerns and local electoral bodies’ discriminatory vetting of candidates.
“UMSC documented at least three incidents of election-related violence or intimidation targeting LGBTQ+ individuals and activists,” Grace noted. “These included harassment, arbitrary detentions, extortions by state and non-state actors, digital cat-fishing, and threats of outing.”
Amid such a militarized and repressive election environment, Let’s Walk Uganda Executive Director Edward Mutebi noted queer-led and allied organizations engaged in the election process through restricted informal voter education, community discussions, and documenting human rights violations.
“Fear of backlash limited visibility and direct participation throughout the election cycle,” Mutebi said. “But despite the hostile environment of work, Let’s Walk Uganda was able to organize a successful transgender and gender diverse youth training on electoral security and safety.”
Museveni’s government escalated its repressive actions during the Jan. 15 elections by shutting down the internet and suspending nine civil society organizations, including Chapter Four Uganda and the National Coalition of Human Rights Defenders, for allegedly engaging in activities that are prejudicial to the security and laws of the country.
The suspension of the rights organizations remains in force, an action both Mutebi and Grace condemn. They say it prevents queer Ugandans from accessing urgent services from the affected groups.
“For the LGBTQ community, the impact has been immediate and deeply harmful. Many of the suspended organizations, like Chapter Four Uganda, were critical partners in providing legal representation, emergency response, and documentation of rights violations,” Grace said.
This has compelled UMSC and its other partners to handle increased caseloads with limited resources, while navigating heightened scrutiny and operational risk.
“The suspension has disrupted referral pathways, delayed urgent interventions, and weakened collective advocacy for marginalized groups and minority rights defenders, which calls for urgent international solidarity, flexible funding, and protection mechanisms to safeguard the work of grassroots organizations operating under threat,” Grace stated.
Mutebi warned that such repressive actions are tyrannical and are indicative of shrinking civic space, which undermines democratic accountability as the promotion and protection of human rights is ignored.
With Museveni, 81, extending his tenure at State House from a landslide win of 72 percent, UMSC and LWU consider a bleak future in the protection of rights for queer Ugandans and other minority groups.
“Without significant political and legal shifts, LGBTQ persons will face continued criminalization, reduced civic space, and heightened insecurity, making sustained advocacy and international solidarity more critical than ever,” Mutebi said. “ It is unimaginable how it feels to live in a country with no hope.”
Grace, however, affirmed the resistance by local queer lobby groups will continue through underground networks, regional solidarity, and digital organizing.
The duo noted that a win by Museveni’s main challenger and rapper, Bobi Wine, who only managed 24 percent of the total votes cast, could have enabled the opening up of civil space and human rights protections in Uganda.
Wine, for his part, spoke in favor of the respect for the rule of law and human rights during his campaign.
“While Bobi Wine’s past stance on LGBTQ rights was inconsistent, his recent shift toward more inclusive rhetoric and international engagement suggested a potential opening for dialogue,” Grace said. “A win might have created space for policy reform or at least reduced state-sponsored homophobia, though structural change would still require sustained pressure and coalition-building.”
Mutebi stated that a change in Uganda’s leadership to a youthful leader like Wine could have offered an opening, but not a guarantee for progress on inclusion and human rights. Mutebi added existing institutionalized and societal homophobia remain in place.
Federal Government
Trump-appointed EEOC leadership rescinds LGBTQ worker guidance
The EEOC voted to rescind its 2024 guidance, minimizing formally expanded protections for LGBTQ workers.
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission voted 2–1 to repeal its 2024 guidance, rolling back formally expanded protections for LGBTQ workers.
The EEOC, which is composed of five commissioners, is tasked with enforcing federal laws that make workplace discrimination illegal. Since President Donald Trump appointed two Republican commissioners last year — Andrea R. Lucas as chair in January and Brittany Panuccio in October — the commission’s majority has increasingly aligned its work with conservative priorities.
The commission updated its guidance in 2024 under then-President Joe Biden to expand protections to LGBTQ workers, particularly transgender workers — the most significant change to the agency’s harassment guidance in 25 years.
The directive, which spanned nearly 200 pages, outlined how employers may not discriminate against workers based on protected characteristics, including race, sex, religion, age, and disability as defined under federal law.
One issue of particular focus for Republicans was the guidance’s new section on gender identity and sexual orientation. Citing the 2020 U.S. Supreme Court’s Bostock v. Clayton County decision and other cases, the guidance included examples of prohibited conduct, such as the repeated and intentional use of a name or pronoun an individual no longer uses, and the denial of access to bathrooms consistent with a person’s gender identity.
Last year a federal judge in Texas had blocked that portion of the guidance, saying that finding was novel and was beyond the scope of the EEOC’s powers in issuing guidance.
The dissenting vote came from the commission’s sole Democratic member, Commissioner Kalpana Kotagal.
“There’s no reason to rescind the harassment guidance in its entirety,” Kotagal said Thursday. “Instead of adopting a thoughtful and surgical approach to excise the sections the majority disagrees with or suggest an alternative, the commission is throwing out the baby with the bathwater. Worse, it is doing so without public input.”
While this now rescinded EEOC guidance is not legally binding, it is widely considered a blueprint for how the commission will enforce anti-discrimination laws and is often cited by judges deciding novel legal issues.
Multiple members of Congress released a joint statement condemning the agency’s decision to minimize worker protections, including U.S. Reps. Teresa Leger Fernández (D-N.M.), Grace Meng (D-N.Y.), Mark Takano (D-Calif.), Adriano Espaillat (D-N.Y.), and Yvette Clarke (D-N.Y.) The rescission follows the EEOC’s failure to respond to or engage with a November letter from Democratic Caucus leaders urging the agency to retain the guidance and protect women and vulnerable workers.
“The Equal Employment Opportunity Commission is supposed to protect vulnerable workers, including women, people of color, and LGBTQI+ workers, from discrimination on the job. Yet, since the start of her tenure, the EEOC chair has consistently undermined protections for women, people of color, and LGBTQI+ workers. Now, she is taking away guidance intended to protect workers from harassment on the job, including instructions on anti-harassment policies, training, and complaint processes — and doing so outside of the established rule-making process. When workers are sexually harassed, called racist slurs, or discriminated against at work, it harms our workforce and ultimately our economy. Workers can’t afford this — especially at a time of high costs, chaotic tariffs, and economic uncertainty. Women and vulnerable workers deserve so much better.”
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
The Comings & Goings column also invites LGBTQ+ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success.
Congratulations to R. Warren Gill III, M.Div., M.A. on being appointed as the development manager at HIPS. Upon his appointment, Gill said, “For as long as I’ve lived in Washington, D.C., I’ve followed and admired the life-saving work HIPS does in our communities. I’m proud to join the staff and help strengthen the financial support that sustains this work.”
Gill will lead fundraising strategy, donor engagement, and institutional partnerships. HIPS promotes the health, rights, and dignity of individuals and communities impacted by sexual exchange and/or drug use due to choice, coercion, or circumstance. HIPS provides compassionate harm reduction services, advocacy, and community engagement that is respectful, non-judgmental, and affirms and honors individual power and agency.
Gill has built a career at the intersection of progressive politics, advocacy, and nonprofit leadership. Previously he served as director of communications at AIDS United, supporting national efforts to end the HIV epidemic. Prior to that he had roles including; being press secretary for Sen. Bernie Sanders during the 2016 presidential primary, and working with the General Board of Church and Society, the United Methodist Church, the denomination’s social justice and advocacy arm.
Gill earned his bachelor’s degree in philosophy and religious studies, Jewish Studies, Stockton University; his master’s degree in political communication from American University, where his graduate research focused on values-based messaging and cognitive linguistics; and his master of Divinity degree from the Pacific School of Religion.
-
Virginia5 days agoTwo gay candidates running in ‘firehouse’ Va. House of Delegates primary in Alexandria
-
Photos5 days agoPHOTOS: Mr. Mid-Atlantic Leather 2026
-
Congress5 days agoMcBride, other US lawmakers travel to Denmark
-
The White House4 days agoA full year of Trump and LGBTQ rights: all that’s been lost
