Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Virginia

Winsome Earle-Sears launches campaign against Va. marriage equality amendment

Former LG lost to Abigail Spanberger in 2025 gubernatorial race

Published

on

Former Virginia Lt. Gov. Winsome Earle-Sears (Washington Blade photo by Michael Key)

Less than a year after losing Virginia’s gubernatorial race, former Lt. Gov. Winsome Earle-Sears is campaigning across the state against constitutional amendments that would protect marriage equality and reproductive freedom.

She is launching a statewide “Life and Marriage Tour” ahead of November’s election.

Although same-sex couples can legally marry under the U.S. Supreme Court’s 2015 Obergefell v. Hodges decision, Virginia’s constitution still contains language that defines marriage as between one man and one woman. Supporters say removing the language would protect marriage equality should federal precedent change.

The original ban was written into the state constitution in 2006. 

It has been hinted at in the past by Supreme Court Judge Clarence Thomas that he would consider revisiting Obergefell v. Hodges regarding contraception and marriage rights for same-sex couples. He stated this in his concurring opinion regarding the Dobbs v. Jackson ruling, which allows for state-level abortion bans.

Equality Virginia Executive Director Narissa Rahaman said removing the ban would bring the state’s constitution in line with existing law.

“20 years after banning marriage equality, it’s time for our commonwealth to fully complete our evolution — and finish the job on protecting marriage equality for all,” Rahaman said.

In an email to supporters, Earle-Sears said these amendments “raise serious concerns” and could alter principles about which Virginians care.

“That is why our efforts are focused not only on informing voters, but also encouraging them to carefully consider these proposals and vote NO on both amendments,” Earle-Sears said.

Virginia voters will consider three constitutional amendments this November.

Earle-Sears is campaigning for voters to reject two of them: the Virginia Remove Constitutional Same-Sex Marriage Ban Amendment and the Right to Reproductive Freedom Amendment.

A “Yes” vote on the Same-Sex Marriage Ban Amendment would include removing a provision that states marriage is between one man and one woman and prohibitng the state from denying a marriage license to two adults based on their sex, gender, or race, according to the Virginia Department of Elections.

In 2025, during debates against now Gov. Abigail Spanberger, Earle-Sears argued it is not discrimination to think that gay people should not be allowed to marry. She claims it conflicts with her faith.

According to ABC 8, in 2024 she wrote that she had a “moral opposition” to marriage equality, after former Gov. Glenn Youngkin, a Republican, signed a marriage equality bill that barred denying marriage licenses based on sex, gender, or race.

According to the Virginia Department of Elections, a “Yes” vote on the Reproductive Freedom amendment supports adding a section to the state constitution that would give Virginians the right to make and carry out decisions regarding reproductive healthcare, except in specific exemptions.

The Virginia Department of Elections wrote that if accepted, the amendment would allow the state government to pass laws to regulate abortion care in the third trimester of pregnancy, but require abortion care when it is medically needed to protect the life and health of the pregnant person or because the fetus is not viable.

During the 2025 election cycle, Earle-Sears was clear on her anti-abortion stance.

According to the Virginia Independent, she utilized campaign funds to donate to the Family Foundation of Virginia. The group is a faith-based, anti-abortion, and anti-in vitro fertilization non-profit.

The “Life and Marriage Tour” will include traveling throughout Virginia to speak with citizens, churches, community organizations, and local leaders. The exact locations have yet to be announced.

Continue Reading

National

At Alliance Defending Freedom’s summit, church and state are one

House Speaker Mike Johnson (R-La.) among speakers

Published

on

House Speaker Mike Johnson (R-La.) (Washington Blade photo by Michael Key)

Uncloseted Media published this article on July 23.

By SPENCER MACNAUGHTON | Earlier this month, hundreds of people filled a conference room in San Diego. These included Speaker of the House Mike Johnson, Assistant Secretary of Health Admiral Brian Christine, OpenAI executive Dean Ball, and the attorneys general of West Virginia and Idaho.

They all came together for Alliance Defending Freedom’s 2026 Summit. The Christian legal group, also a Southern Poverty Law Center-designated anti-LGBTQ hate group, described the event as a “gathering of leaders from many different spheres, including law, public policy, media, business, education, and Christian leadership.”

Johnson — who has said that “homosexual relationships are inherently unnatural and … society cannot give its stamp of approval to such a dangerous lifestyle” — was a featured speaker.

In his speech, he seemed unconcerned with the separation of church and state: “It is so encouraging to Kelly and I to be among friends and fellow warriors for this cause and people who understand that God is not done with America yet. … ADF’s on the very tip of the spear, front line, defending those very truths and keeping the door open for the spread of the Gospel. This is our moment. I’m telling you, I believe the next season … is going to be the greatest season of this ministry since its inception.”

That ministry is one that has espoused aggressively anti-LGBTQ views since its inception in the early 1990s. It was co-founded by a group of evangelical men, including Alan Sears, who co-authored a book called “The Homosexual Agenda: Exposing the Principal Threat to Religious Freedom Today.” Since then, ADF has opposed gay marriage and supported bans on gay sex and on gender-affirming care for minors.

After helping overturn Roe v. Wade, ADF lawyers have led key victories at the Supreme Court. In 303 Creative v. Elenis, SCOTUS ruled that a website designer could refuse service to gay weddings. And this year they convinced the Court to overturn Colorado’s ban on conversion therapy and to uphold state laws in West Virginia and Idaho that ban trans girls from playing on girls’ sports teams.

At the summit, ADF President Kristen Waggoner, who has promoted conversion therapists and consistently misgenders trans people, interviewed these states’ attorneys general.

“The lawyers who were defending women’s sports were among the best I’ve ever seen in my entire life,” West Virginia Attorney General JB McCuskey told Waggoner.

Similar to Johnson, Trump’s Assistant Secretary of Health Christine showed his commitment to governing based on conservative Christianity. He gave a Bible-thumping speech against gender transition and trans healthcare, saying that it “contradicts … the deeper moral order that is woven into creation itself. For Genesis 1:27 informs us that God created man in his own image. … Male and female” He also said the “complementary relationship between man and woman is divine” and advocated for youth with gender dysphoria to receive care from a pastor.

All of these remarks from politicians made me think of the interview I published earlier this week with Pete Hegseth’s pastor, Doug Wilson. He wants a Christian theocracy in America and told me that: both the perpetrator and the victim should be disciplined in some cases of marital rape; that transgender people are “sad;” that execution is justifiable for certain homosexual acts; and that gay sex should be illegal.

The ADF Summit is glossy and polished. And while its messaging may be less explicit than Pastor Wilson’s, the track record of the organizations shows they have the exact same desires. They’re just deeply strategic in what they say and when and how they say it.

I believe the political power players who attended this year’s summit know this. They know they are endorsing an organization whose members have essentially called for the illegalization of most — if not all ‚ forms of queer behavior and presentation.

In the last few years, these perspectives have become increasingly embedded in the highest rooms of the federal government and they have been effective in stripping away LGBTQ rights. Wilson, who just installed a full-time pastor in Washington to lead services, says there are 10 to 20 government officials who align with his church’s ideology.

It is vital for Americans to keep their eyes wide open to the ultimate goal of groups like ADF: to create a United States that leaves LGBTQ people without rights and that pushes us back in the closet.

Continue Reading

Brazil

2026 International AIDS Conference to take place in Rio

US funding cuts have significantly impacted global HIV/AIDS fight

Published

on

The 2026 International AIDS Conference will take place next week in Rio de Janeiro. (Washington Blade photo by Michael K. Lavers)

The 2026 International AIDS Conference will take place next week in Rio de Janeiro.

Francisco Ruiz, the former director of the White House Office of National AIDS Policy, and UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima are among those scheduled to speak at the conference that will take place in the Brazilian city from July 26-31. Other scheduled speakers include Spanish Health Secretary Javier Padilla, World Health Organization Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, South African Deputy Health Minister Mathume Joseph “Joe” Phaahla, and Alexus D’Marco of the United Caribbean Trans Network.

The International AIDS Society-organized AIDS 2026’s theme is “Rethink. Rebuild. Rise.”

AIDS 2026 will take place against the backdrop of U.S. funding cuts that have significantly impacted the global HIV/AIDS fight.

Secretary of State Marco Rubio shortly after the Trump-Vance administration took office issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.

The International AIDS Society in a press release it issued on Tuesday noted PEPFAR “has saved more than 26 million lives” since President George W. Bush implemented it in 2003, “and changed the trajectory of the HIV pandemic.”

“PEPFAR was a success under the first Trump administration, with major progress toward the 95-95-95 goals,” it said.

The UNAIDS’s 95-95-95 goals are 95 percent of people with HIV knowing their status, 95 percent of people with HIV having access to antiretroviral therapy, and 95 percent of those receiving ART having suppressed viral loads by 2030.

“Since the start of the second Trump administration, however, it has undergone major disruptions,” added the International AIDS Society.

Eswatini is among the African countries that have received doses of lenacapavir, a groundbreaking HIV prevention drug that users inject twice a year, through PEPFAR since the Trump-Vance administration took office.

The White House last month announced it will end PEPFAR funding for South Africa.

President Ronald Reagan in 1985 implemented the global gag rule, also known as the “Mexico City” policy, that banned U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. The Trump-Vance administration earlier this year expanded the prohibition to include groups that promote “gender ideology” and support gender-affirming care and diversity, equity, and inclusion programs.

The International AIDS Society in its press release notes 52 percent of “all implementing partners had at least once terminated award,” while 77 percent of them “had been asked to restrict their work to comply with an additional U.S. policy.” The International AIDS Society notes 1,010 public health facilities, 325 “access points” and 126 “drop-in centers” around the world have closed because of U.S. funding cuts.

“Science is moving fast, giving us more powerful HIV prevention and treatment tools. But these advances cannot save lives if they never reach the people who need them,” said International AIDS Society President Beatriz Grinsztejn, who co-chairs AIDS 2026 and is the director of Rio de Janeiro’s Evandro Chagas National Institute of Infection Diseases’ HIV/AIDS Clinical Research Unit. “That requires robust, stable financing and steadfast political commitment.”

Continue Reading

Popular