News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
The Comings & Goings column also invites LGBTQ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success.
Congratulations to Yadiel Meléndez, on their new role as Community Associate, with the Wanda Alston Foundation. Meléndez is piloting a new role as a Community Associate at the Wanda Alston Foundation, where they support queer and trans young people in finding their footing, building independence, and experiencing a housing community where they are seen, valued, and affirmed. They are coming into this role with more than a decade of experience as a community organizer and operations specialist, supporting diverse communities through service, advocacy, and program coordination.
Previously they worked for Right Proper Brewing Shaw as a server and bartender and at Sephora, Washington, DC, and at FreshFarm, DC, in bilingual food access. They also worked freelance to build foundational structures for local queer BIPOC performance art coalitions, producing variety shows to curate space for marginalized performance artists in the community. They were a production manager for Haus of Hart Productions, a BIPOC centric performance art production. They also worked as field staff with the American Foundation for Suicide Prevention in Stafford, Va.
Meléndez is bilingual, Spanish and English. Their work is guided by a commitment to dignity, safety, and trauma-informed engagement, particularly within LGBTQ and BIPOC communities.
Congratulations also to Ben Rosen LICSW, on his new role as program director, with the Wanda Alston Foundation. Rosen previously worked with Fountain House’s OnRamps program, helping to build a new, innovative outreach program for individuals considered chronically homeless, and living with serious mental illness, in the Times Square area of New York. Rosen is a Psychotherapist, having worked with SG Psychotherapy, and as the psychotherapist with the Nest Community Health Center (URAM).
Rosen has a B.F.A. in Theatre Arts: Musical Theatre, Minor in Psychology (Cum Laude) from Malloy University Conservatory; and his M.S.W. in Clinical Practice with Individuals, Families, and Groups, from The Silberman School of Social Work, Hunter College, N.Y. He is independently licensed in New York and Washington, D.C.
News
An effort to increase the number of psychiatrists of color
After 35 years in law and advocacy, Rawle Andrews Jr. returns to his roots
Rawle Andrews Jr. took an indirect path to become executive director of the American Psychiatric Association Foundation (APAF).
From a psychology major in college to becoming a lawyer, the passion for equity and inclusion that fueled him during his years at AARP and as a professor at Howard and Georgetown universities serves as the foundation for his career in mental health.
Andrews has made it his mission at APAF to prioritize youth mental health — including in schools in D.C. and across the country — and to reduce stigma around mental illness and increase the number of psychiatrists of color practicing in the U.S.
Andrews, who began his educational career studying psychology, said he felt out of place in college when his classmates were pursuing medical careers and he was more interested in law.
“I was the only person in my cohort who was going to law school,” he said. “Everybody else wanted to be a doctor and go to medical school.”
Everything changed for Andrews during the COVID-19 pandemic and after George Floyd was killed by police in Missouri: Those pivotal moments reshaped national conversations about health, race, and inequality, and pushed Andrews to rethink his career.
“I saw people deathly afraid of some disease, but also mortified by the fact that they witnessed somebody die on TV,” he said.
After nearly 16 years working as a lawyer in private practice and 15 years at AARP, Andrews found himself pulled back to mental and “whole body” health.
“My goal in law school was to be a courtroom lawyer all the time. If you had told me in 1990 that I would be a practicing lawyer going to court every day, I would have laughed you out of this room. If you had told me in 2010 that I wouldn’t be an in-house lawyer every day … I would have laughed you out of this room,” he said. “Everybody thinks you’re going to go straight from A to B. Life doesn’t work A to B.”
Now, Andrews says, he has the “ability to serve the whole house.” He can help “the eight-year-old who’s struggling in middle school … the parent who’s trying to get that child through, but also caring for an older loved one … who might have some cognitive decline or mobility challenges.”
Building a pipeline of Black mental health professionals
In his role at APAF, Andrews has his sights set on increasing the number of psychiatrists nationwide by reducing barriers to study and success, particularly for practitioners of color, who are vastly underrepresented.
Only about 5% of physicians are Black, and the number for Black psychiatrists is even lower at just 2%, according to the American Psychiatric Association. Widespread stigma around mental illness in communities of color, combined with “systemic barriers that keep persons of color from getting into medical school and matching for residency with teaching hospitals after graduating,” have contributed to the low numbers, Andrews says.
Financial pressures, limited residency slots, and a lack of exposure to psychiatry as a viable career all play important roles in limiting Black representation in the field. At the same time, stigma surrounding mental health — especially in Black communities — can discourage both patients and future physicians, according to Andrews.
He explains that this stigma is rooted in underlying fear, shame, and historic discrimination, and the only way to deal with those issues is directly. If you break those down, Andrews said, you can actually address them.
There are signs of change, though. “In the digital world, more and more people are seeing and talking about mental health all the time,” Andrews said. “And I believe more and more young doctors of all colors are deciding, ‘we need more psychiatrists, and I want to be a part of that solution.’”
Not having enough psychiatrists of color has far-reaching consequences. If you are a “non-diverse” physician or a physician practicing without humility or cultural competency, you may over-diagnose or misdiagnose a patient, said Andrews. You might assume a patient has symptoms due to your own cognitive biases.
A 2024 study in the Journal of General Internal Medicine revealed that mistrust and suspicion were high among dozens of Black patients with serious mental illness, who said they felt doctors did not take their concerns seriously or took a condescending tone with them during appointments.
This type of treatment does not promote trust or disclosure, Andrews said. “What is my advantage to be vulnerable with people who don’t think much of me, because you already thought I was broken?”
To combat medical racism and bias, APAF runs one of the largest psychiatry pipeline programs in the world. It provides more than 1,000 medical students from underrepresented and marginalized communities with training and professional development. Programs like the Diversity Leadership Fellowship emphasize cultural competency and evidence-based practices to better serve diverse groups and at-risk populations.
These programs have had tangible success in producing leadership in the field of psychiatry: APA’s CEO Dr. Marketa Wills, the first CEO of color and first female CEO in the APA organization’s 180-year history, was a trainee with the APAF nearly three decades ago.
Despite efforts to make healthcare more equitable for patients of color and members of the LGBTQ+ community, many experts believe that racism and biases are more deeply ingrained in the system than many realize. For example, a 2019 study found that Black patients suffering from depression are often misdiagnosed with schizophrenia, and a 2016 study revealed that many doctors wrongly believe that Black patients have higher thresholds for pain tolerance.
“If you don’t have cultural humility or cultural competency, you could over-diagnose somebody because you’re looking for them to be ADHD, you’re looking for them to be bipolar, you’re looking for them to be schizophrenic,” said Andrews. “And then, because of the fears, the stigmas, the shame, people don’t want to go and get tested either.”
Youth mental health focus
Andrews says many fear that telling someone else about their struggles will cause that person to look down on them. That unwillingness to share about mental health challenges can start at a young age.
That’s why the APAF has partnered with local organizations in the Washington, D.C., area to help young people address mental health concerns. One of the programs, Our Minds Matter, operates in D.C.-area schools and other states to educate students on signs of emotional distress and how to address it. APAF also runs the Notice.Talk.Act. at School program, which helps train school staff to recognize and address student mental health issues and connect them to resources. The program was recently adopted at Jefferson Middle School Academy.
The program is “the ‘stop, drop and roll’ of mental health,” Andrews said. “How do I notice signs and symptoms of distress in a student? How do I create an open space to talk and be a better active listener with a student who wants to share their mental health concerns and then act?”
APAF’s program, funded by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) and free to schools, trained about 890 school staff members across the country in 2024, and boasts a 70% reduction in truancy and 89% reduction in disciplinary referrals, according to the foundation.
Notice.Talk.Act. is not just in schools — there are versions for home, for college, for the workplace.
Andrews hopes that this work with the APAF will reduce the stigma surrounding mental health struggles and improve access to culturally competent care. But he acknowledges there’s still a long way to go.
“We are planting and sowing seeds now and fertilizing the soil and tilling the soil,” he said. “We know that the next generation of doctors is going to look closer to the way the population looks. But ultimately, we still haven’t done enough.”
(This work is part of a partnership between the Washington Blade Foundation and Youthcast Media Group, funded through the FY26 Community Development Grant from the Office of D.C. Mayor Muriel Bowser. Jebeh Pajibo is a senior at Bard High School Early College DC, one of Youthcast Media Group’s journalism class partners. Sarah Gandluri, a UNC-Chapel Hill sophomore, is an intern and former high school participant with YMG. YMG founder, former USA Today health policy reporter Jayne O’Donnell, contributed to this report.)
Rehoboth Beach
BLUF leather social set for April 10 in Rehoboth
Attendees encouraged to wear appropriate gear
Diego’s in Rehoboth Beach hosts a monthly leather happy hour. April’s edition is scheduled for Friday, April 10, 5-7 p.m. Attendees are encouraged to wear appropriate gear. The event is billed as an official event of BLUF, the free community group for men interested in leather. After happy hour, the attendees are encouraged to reconvene at Local Bootlegging Company for dinner, which allows cigar smoking. There’s no cover charge for either event.
