News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Belarus
Belarusian president signs bill to allow LGBTQ rights crackdown
Alexander Lukashenko known as ‘Europe’s last dictator’
Belarusian President Alexander Lukashenko on Wednesday signed a bill that will allow his government to crack down on LGBTQ advocacy.
The measure that Lukashenko, who is known as “Europe’s last dictator” and is a close ally of Russian President Vladimir Putin, signed would punish anyone found guilty of “propaganda of homosexual relations, gender change, refusal to have children, and pedophilia” with fines, community labor, and 15 days in jail.
The House of Representatives, the lower house of the Belarusian National Assembly, last month approved the bill. The Council of the Republic, which is the parliament’s upper chamber, passed it on April 2.
Belarus borders Poland, Ukraine, Russia, Latvia, and Lithuania.
Kazakhstan is among the countries that have enacted Russian-style anti-LGBTQ propaganda laws in recent years.
The European Commission in 2022 sued Hungary, which is a member of the EU, over its anti-LGBTQ propaganda law. Hungarian voters on April 12 ousted Viktor Orbán, a Putin ally who had been their country’s prime minister since 2010.
District of Columbia
Gay D.C. police lieutenant arrested on child porn charges
Matthew Mahl once served as head of LGBT Liaison Unit
D.C. police announced on April 14 that they have placed one of their lieutenants, Matthew Mahl, on administrative leave and revoked his police powers after receiving information that he was arrested in Maryland one day earlier.
Although the initial D.C. police announcement doesn’t disclose the reason for the arrest it refers to a statement by the Harford County, Md. Sheriff’s Office that discloses Mahl has been charged with sexual solicitation of a minor and child porn solicitation.
“On Tuesday, the Harford County Sheriff’s Office contacted MPD’s Internal Affairs Division shortly after arresting Lieutenant Matthew Mahl,” the D.C. police statement says.
“The allegations in this case are extremely disturbing, and in direct contrast to the values of the Metropolitan Police Department,” the statement continues. “MPD’s Internal Affairs Division will investigate violations of MPD policy once the criminal investigation concludes,” it says.
“MPD is not involved in the criminal investigation and was not aware of the investigation until yesterday,” the statement adds.
Mahl served as acting supervisor of the MPD’s then Gay & Lesbian Liaison Unit in 2013 when he held the rank of sergeant. D.C. police officials placed him on administrative leave and suspended his police powers that same year while investigating an undisclosed allegation.
A source familiar with the investigation said Mahl was cleared of any wrongdoing a short time later and resumed his police duties. Around the time he was promoted to lieutenant several years later Mahl took on the role as chairman of the D.C. Police Union, becoming the first known openly gay officer to hold that position.
NBC 4 reports that Mahl, 47, has served on the police force for 23 years and most recently was assigned to the department’s Special Operations Division.
Records related to Mahl’s arrest filed in Harford County District Court, show Sheriff’s Department investigators state in charging documents that he allegedly committed the offenses of Sexual Solicitation of a Minor and Child Porn Solicitation on Monday, April 13, one day before he was arrested on April 14.
The court records show he was held without bond during his first appearance in court on April 14. A decision on whether he would be released while awaiting trial or continue to be held without bond was scheduled to be determined during an April 15 bond hearing. The outcome of that hearing could not be immediately determined.
National
Demonstrators disrupt OMB director hearing over PEPFAR
Capitol Police arrested five protesters
A group of protesters interrupted Office of Management and Budget Director Russell Vought during his testimony before Congress on Wednesday.
Vought was at the Cannon House Office Building to give testimony to the House Budget Committee.
Committee Chair Jodey Arrington (R-Texas) began the hearing by touting what he described as economic accomplishments of the Trump-Vance administration’s economic accomplishments. Ranking Member Brendan Boyle (D-Pa.) disputed those claims in his opening statement.
Boyle went on to admonish Vought for not attending a committee hearing in the previous year.
Vought, the “Project 2025” architect, was invited to speak after Arrington and Boyle made their statements.

Shortly after Vought began reading his statement, Housing Works CEO Charles King stood up in the gallery and began shouting, “PEPFAR saves lives: spend the money!”
The U.S. Capitol Police moved quickly to escort King from the room. Other activists began chanting with King as they unfolded signs bearing a picture of Vought’s face and statements such as, “Vought’s cuts kill people with AIDS,” and “Protect PEPFAR from Vought.”
The group of HIV/AIDS activists included independent activists, former U.S. Agency for International Development and PEPFAR staff, members of Health GAP, Housing Works, and the Treatment Action Group. Six activists were escorted from the hearing and the U.S. Capitol Police detained five of them.

The HIV/AIDS treatment activists protested at the hearing in response to the dismantling of global health programs, including PEPFAR, a federally-funded program credited with saving millions of lives from HIV/AIDS, particularly in sub-Saharan Africa.
“Russell Vought is directly responsible for illegally withholding Congressionally appropriated funds for PEPFAR and related global health initiative,” King said in a statement provided to the Washington Blade. “These funding disruptions have already contributed to preventable deaths and threaten to reverse decades of progress in the fight against HIV worldwide. Enough is enough. Congress must ensure Vought stops this deadly sabotage.”
