News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Africa
African leaders once again trade African family values for American family values
Anti-LGBTQ conference backed by US-based groups took place this month in Ghana
At the moment, some religious and political leaders in Africa are pushing for a charter on family values, lobbying lawmakers, African state institutions, and the African Union to formally adopt it. In the past number of years, they have been holding conferences across Africa with the support and funding of Western religious donors who, in their own countries, are definitely perceived as racist, hateful, and against women. Most recently, they convened the African Regional Interparliamentary Conference on Family Values and Sovereignty in Accra, Ghana. All this raises critical questions about foreign influence and agendas. At this critical time, when Africa faces so many problems, why do people insist on pushing an agenda that is neither ours nor relevant to our prosperity?
The African leaders who claim to protect African family values and sovereignty, unsurprisingly, exhibit traits similar to those of the historical enslavers and similar collaborators. Contrary to what they claim as “pushing back against foreign influence on the African family” and the infamous sovereignty claims, it has been proven that these leaders are directly linked and backed by the conservative “foreign” groups, including the U.S.-based hate organization, Family Watch International, which is closely linked to the anti-rights authors of Trump’s Project 2025, Heritage Foundation; and the Netherlands-based Christian nationalist organization, Christian Council International, another group closely linked to organizations supporting the Trump administration and its continued hate-based policies and atrocities. One might even argue that they serve these groups, their mandates, and their Western agenda, instead of what they want African people to believe: that they are doing this for the good and prosperity of Africa and its sovereignty. The truth, however, is that their so-called African values, culture, traditions, etcetera, could not be further removed from true African cultural values but instead mimic those outlined in America’s Project 2025. Meanwhile, the very same people who are pushing for these family values under Project 2025 are the very same people pushing for the exploitation of Africa’s natural resources, without any care for the impact their actions have on African people and their livelihoods. Adopting their policies verbatim in Africa and claiming them as our own could easily be seen as counterintuitive and self-betrayal.
Africa’s rich history of family, diversity, womanhood, and matriarchy is too beautiful to erase. Africans, especially women and girls, deserve to know about the likes of Queen Modjadji of the Balobedu people, a fierce leader who is traditionally believed to have rainmaking abilities and notably a distinctively matriarchal dynasty where the reign is passed down from woman to woman, from mother to daughter; or Queen Nzinga of modern-day Angola, who led an army that resisted and fought against the Portuguese colonizers. Queer folks and African spiritualists alike deserve to know how women and gender diverse persons held some of the highest spiritual positions in society, like Mbuya Nehanda of Zimbabwe, who was a deeply respected spirit medium and a leader of the resistance against early colonial rule in Zimbabwe, and the transgender priests, the respected agule and okule, female-to-male and male-to-female shamans of the Lugbara, now the Democratic Republic of Congo and Uganda, who led spiritual ceremonies. Even though the mudoko dako of the Langi people in Uganda were known to have been assigned male at birth, they were recognized as a distinct gender that was allowed to marry men. Africans must also know about woman-to-woman marriages that existed in pre-colonial Africa, which, according to research and oral histories, were recognised and served various purposes, from economic and social functions to lineage preservation. Similar practices include those from the Bapedi and Balobedu cultures, ngwetsi ya lapa, which still exists today, where a woman is married into a family or household to raise an heir for the family or to continue the family name, not necessarily the lineage.
As well-intentioned as it may appear, evidence suggests that the African leaders’ draft charter, because of its existing ties to Western ultraconservative partnerships, is neither original nor in good faith. The pace at which they have been moving and their true subsequent agenda should indisputably be questioned and criticised. Regardless of the inclusion of desirable language and terms such as minerals sovereignty and the Ubuntu philosophy, beneath the surface, the charter does not truly reflect these concepts. The charter, instead, does a disservice to African people by misrepresenting Africa’s diversity and disregarding its history as it relates to the diversity of families. The West has no business drafting or helping draft African legislation, especially if the whole of Africa is at risk of their negative impact. One would think the common goal would be to address bread-and-butter issues, such as poverty, unemployment, diseases, and health, to name but a few, instead of pushing the distractive agenda of those responsible for robbing Africa in the first place. No single group is the sole custodian of African knowledge. Africa belongs to all of us, with our diverse families and values, which cannot be defined through a single, narrow lens and are instead very individual issues that will differ from family to family.
Daniel Digashu is a consultant at the Southern Africa Litigation Center (SALC). SALC promotes and advances human rights and the rule of law in Southern Africa, primarily through strategic litigation and capacity-strengthening support to lawyers and grassroots organizations.
Delaware
Del. AG Jennings seeks third term touting LGBTQ support, decline in crime
‘To discriminate against trans children is child abuse’
(Editor’s note: This is the second of a two-part report on the race for Delaware attorney general. For last week’s interview with Democratic candidate Dwayne Bensing, visit washingtonblade.com.)
Delaware Attorney General Kathy Jennings spoke to the Washington Blade to discuss why she should be elected to a third term.
Born and raised in Wilmington, Del., Jennings’ career in criminal prosecution spans decades. Prior to being sworn in as Delaware’s attorney general in 2019, Jennings worked as a prosecutor under the Delaware Department of Justice for years before being named Delaware State Prosecutor.
As a prosecutor, Jennings worked to convict the serial killer responsible for the murders of five women in New Castle County. This case was the first that DNA analysis was used as evidence in a Delaware court.
“My focus for years has been reducing violent crime in our state, in particular gun violence. Over the course of my tenure, we have seen a dramatic drop in violent crime,” said Jennings.
According to the Criminal Justice Council, under Jennings’s leadership in 2024, Delaware saw its lowest violent crime rate on record.
“We are seeing violent crime going down to historic lows in the state of Delaware, and in particular in our largest city, the city of Wilmington,” said Jennings.
At the end of 2023, homicides had decreased in Wilmington by more than 50% and shootings in Dover had declined by 23%. Additionally, the state’s prison population fell by nearly 25% since 2019 and the recidivism rates declined by 60%.
Jennings explained “This job takes commitment, dedication, and lots of experience in the criminal justice system, because it’s our job to make sure that the criminal justice system is fair and equal to everyone.”
Within her efforts to reduce violent crime, Jennings said that she has especially focused on fighting gun violence.
“I have made a priority in my administration to go after the gun lobby and to make sure that the state of Delaware has gun safety laws that are effective in reducing violent crime and that also are effective in protecting people, most especially our children,” she said.
“The No. 1 cause of death for children in our country are guns, and as long as that’s the case, my work is not done,” she added.
Jennings said that she wants to protect children in particular from gun violence and that this fight remains a work in progress.
“We are beating the gun lobby in the legislature and in the courts, and we are seeing dramatic results in terms of reductions in gun violence that takes a lot of work that is ongoing,” said Jennings.
Fighting the Trump administration remains an integral part of Jennings’s work as attorney general, as she has sued the Trump administration more than 40 times.
“The Trump administration’s lawsuits could have cost Delaware almost a billion dollars in federal funds if we had succumbed to their extortionist threats, and we didn’t do that.” said Jennings.
“We sued opioid manufacturers and distributors, getting $250 million to this state to fight addiction as a result of that. We will continue to do all the work that Delawareans expect us to do,” said Jennings.
“We’re successful, and we’re going to continue to be successful,” Jennings said regarding her legal battles with the Trump administration.
In terms of support for the LGBTQ+ community, Jennings has previously sued HHS for discriminating against transgender Delawareans.
Last summer, Jennings sent a letter to Nemours Children’s Hospital imploring them to reconsider its decision to stop providing gender-affirming care services to new transgender youth patients. Her primary opponent, Dwayne Bensing, criticized this letter for not being strong enough in protecting the trans community.
The Blade asked Jennings about how she plans to continue to be an ally to the LGBTQ+ in a third term. She responded by saying: “We need to keep fighting to ensure that there are constitutional amendments that further protect children and protect marriage equality in our state, and we’re fighting to make sure those amendments are on the way.”
“To discriminate against trans children, in my mind, is child abuse. That’s what we’ve been fighting in the courts,” said Jennings.
Jennings emphasized the importance of protecting LGBTQ+ youth by noting, “Our children deserve an environment where they are treated with compassion and equality.”
“It’s going to take a very strong attorney general who knows what she is doing to continue this fight,” said Jennings.
The Blade also asked Jennings about her oversight of the restructuring of OpenAI. Originally founded as a nonprofit corporation in Delaware in 2015, OpenAI announced its goal to transition to a for profit corporation in May of 2025.
“It is the duty of the attorney general to ensure that a corporation is fulfilling its charitable purpose,” said Jennings. “OpenAI’s charitable purpose is to use it to benefit all of humanity. That’s a big mission.”
Jennings worked closely with California Attorney General Rob Bonta to oversee OpenAI’s transition from nonprofit to for profit.
“We got deeply involved in Open AI’s restructuring process to make sure the charitable corporation would be capitalized well to fulfill their mission of benefiting humanity and that they would prioritize safety. Those two goals were achieved.”
The restructuring process was approved by Jennings and Bonta in October of 2025. They appointed three independent directors to oversee OpenAI’s actions. “These three are independent directors who report to us several times a year,” said Jennings.
“We achieved a far superior result, because we are in the boardroom, we’re able to see what [OpenAI] is doing.”
“We have the full ability to go after OpenAI if they don’t fulfill our urges and we get the ability to oversee them on an ongoing regular basis,” said Jennings.
Jennings reiterated her desire to continue her work as attorney general: “These fights have to continue uninterrupted by people who know what they’re doing.”
“It is an honor and a privilege to have been voted in by Delawareans these last two terms, and I’m asking them to put me in again. I’m fighting hard,” said Jennings.
The primary election for Delaware attorney general is Sept. 15.
Nepal
Nepalese Supreme Court issues landmark marriage equality ruling
Same-sex couples since 2023 allowed to marry under ‘temporary registration system’
The Nepalese Supreme Court on June 18 ruled the country must extend full marriage rights to same-sex couples.
The Supreme Court in 2023 ordered the country’s government to allow same-sex couples to temporarily register their marriages, but this recognition did not guarantee full marriage rights to gays and lesbians.
“Since the Supreme Court’s landmark 2023 decision, dozens of same-sex couples have legally married in Nepal under a temporary registration system,” said the Blue Diamond Society, a Nepalese LGBTQ advocacy group, in a June 19 press release. “However, the lack of national legislation has created uncertainty and fear for couples who want to register their marriage.”
“Many couples have been denied marriage licenses by local clerks who claim there is no national law instructing them to register marriages of same-sex couples,” further noted the Blue Diamond Society. “Other couples have been forced to file legal cases and endure costly legal battles simply to register their marriage. And even among couples who have registered their marriages, there is concern that their marriages may not be respected when it comes to adoption, inheritance, and other important protections they need to care for their families.”
Thailand and Taiwan are among the countries that have extended full marriage rights to same-sex couples.
The Japanese Supreme Court in March said it will consider six marriage equality lawsuits. The South Korean marriage equality movement in recent years has gained momentum with several court rulings that recognized same-sex relationships.
The Blue Diamond Society in its press release notes the June 18 decision is the fourth time the Supreme Court has ruled in favor of marriage equality.
“Today is a day of celebration for LGBTQIA+ people and families across Nepal,” said Blue Diamond Society Executive Director Manisha Dhakal. “The Supreme Court has once again affirmed that same-sex couples deserve the same dignity, respect, and legal protections as any other couple.”
“We are grateful for the court’s continued leadership,” added Dhakal. “With a newly elected government more committed than ever to equality, now is the time to complete this important work by updating Nepal’s civil code and ensuring marriage equality is fully and clearly protected in law.”
Dhakal in the press release said the Blue Diamond Society “looks forward to working constructively with the government of Nepal, lawmakers, and civil society partners to ensure the court’s vision of equality is fully realized.”
“The Supreme Court has spoken clearly,” Dhakal said. “The government has expressed its support for equality. We are encouraged by that commitment and urge Parliament to act swiftly so that every LGBTQIA+ couple in Nepal can access marriage with certainty, dignity, and respect. Nepal has already taken a historic step. Now it is time to finish the job.”
-
Delaware5 days agoDelaware guv signs bill to protect children born using assisted reproduction
-
Sports5 days agoMinor league team in York, Pa., forfeits Pride Night game after some players refuse to wear special jersey
-
Opinions5 days agoMy trans daughter thrived in Chicago public schools
-
Movies4 days ago‘Stop! That! Train!’ is made for fans, but fun for all
