News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Brazil
2026 International AIDS Conference to take place in Rio
US funding cuts have significantly impacted global HIV/AIDS fight
The 2026 International AIDS Conference will take place next week in Rio de Janeiro.
Francisco Ruiz, the former director of the White House Office of National AIDS Policy, and UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima are among those scheduled to speak at the conference that will take place in the Brazilian city from July 26-31. Other scheduled speakers include Spanish Health Secretary Javier Padilla, World Health Organization Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, South African Deputy Health Minister Mathume Joseph “Joe” Phaahla, and Alexus D’Marco of the United Caribbean Trans Network.
The International AIDS Society-organized AIDS 2026’s theme is “Rethink. Rebuild. Rise.”
AIDS 2026 will take place against the backdrop of U.S. funding cuts that have significantly impacted the global HIV/AIDS fight.
Secretary of State Marco Rubio shortly after the Trump-Vance administration took office issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.
The International AIDS Society in a press release it issued on Tuesday noted PEPFAR “has saved more than 26 million lives” since President George W. Bush implemented it in 2003, “and changed the trajectory of the HIV pandemic.”
“PEPFAR was a success under the first Trump administration, with major progress toward the 95-95-95 goals,” it said.
The UNAIDS’s 95-95-95 goals are 95 percent of people with HIV knowing their status, 95 percent of people with HIV having access to antiretroviral therapy, and 95 percent of those receiving ART having suppressed viral loads by 2030.
“Since the start of the second Trump administration, however, it has undergone major disruptions,” added the International AIDS Society.
Eswatini is among the African countries that have received doses of lenacapavir, a groundbreaking HIV prevention drug that users inject twice a year, through PEPFAR since the Trump-Vance administration took office.
The White House last month announced it will end PEPFAR funding for South Africa.
President Ronald Reagan in 1985 implemented the global gag rule, also known as the “Mexico City” policy, that banned U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. The Trump-Vance administration earlier this year expanded the prohibition to include groups that promote “gender ideology” and support gender-affirming care and diversity, equity, and inclusion programs.
The International AIDS Society in its press release notes 52 percent of “all implementing partners had at least once terminated award,” while 77 percent of them “had been asked to restrict their work to comply with an additional U.S. policy.” The International AIDS Society notes 1,010 public health facilities, 325 “access points” and 126 “drop-in centers” around the world have closed because of U.S. funding cuts.
“Science is moving fast, giving us more powerful HIV prevention and treatment tools. But these advances cannot save lives if they never reach the people who need them,” said International AIDS Society President Beatriz Grinsztejn, who co-chairs AIDS 2026 and is the director of Rio de Janeiro’s Evandro Chagas National Institute of Infection Diseases’ HIV/AIDS Clinical Research Unit. “That requires robust, stable financing and steadfast political commitment.”
Congress
House blocks effort to codify transgender servicemember ban into law
Lawmakers approved two anti-trans NDAA amendments
The U.S. House of Representatives on Tuesday rejected an amendment to the National Defense Authorization Act that would have codified a ban transgender servicemembers in the military.
The bipartisan vote was 212-217.
The NDAA is for the 2027 fiscal year and sets policies for the Defense Department programs and activities and the national security programs of the Department of Energy.
U.S. Rep. Lauren Boebert (R-Colo.) proposed the amendment on July 21. It stated that all personnel are required to serve in accordance with their biological sex, citing military readiness and discipline.
Human Rights Campaign Senior Director of Government Affairs Jennifer Pike Bailey stated that she is grateful for the bipartisan vote that rejected President Donald Trump and Defense Secretary Pete Hegseth’s “dangerous and discriminatory policy that has kicked brave transgender servicemembers out of the military and weakened our national security.”
“Everyone who meets the same rigorous standards should be able to serve their country. We should honor that patriotism, particularly in this moment where we are witnessing brave servicemembers making the ultimate sacrifice for our country, instead of ending their careers and politicizing their existence. We’re grateful that a permanent extension of this ban failed, and we will keep fighting to reverse this senseless policy,” Bailey said.
Mark Takano, chair of the Congressional Equality Caucus, stated that he and his members put in countless hours of work to kill the amendment.
“When Americans know they or their families are going to be targeted by or not supported by the military, that leads them to avoid signing up to serve or staying in the service — making it harder to keep the ranks of the armed services full and our nation safe. My colleagues in the Equality Caucus and I will continue working to prevent these attacks on our servicemembers and their families from becoming law,” Takano said.
According to the Congressional Equality Caucus, two other bills could potentially be passed that would also target the transgender community, both of which were proposed by U.S. Rep. Nancy Mace (R-S.C.).
The first was a bill that would have prohibited gender-related medical care under TRICARE and to prevent TRICARE from covering certain gender-related medical procedures and treatments, which was approved in a vote of 219-208.
The second was a bill that would have prohibited male participation in female sports at DoDEA schools. DoDEA schools are Department of Defense Dependents Schools, which is a network of primary and secondary schools.
The amendment was approved in a vote of 221-203.
District of Columbia
D.C. Council approves increased funding for Mayor’s Office of LGBTQ Affairs
Increase attached to 2027 budget bill
The D.C. Council on July 14 gave final approval for the city’s fiscal year 2027 budget that includes an amendment calling for increasing the number and size of funding grants that the Mayor’s Office of LGBTQ Affairs provides for local organizations providing services for the LGBTQ community.
The amendment, called the “LGBTQ Community Grant Amendment Act of 2026,” was introduced earlier this year by D.C. Council member Zachary Parker (D-Ward 5), the Council’s only gay member.
The D.C. LGBTQ Budget Coalition called the Parker amendment “a historic measure that establishes the District’s most sustainable model for a vehicle for investing in LGBTQ communities.”
The Council approved the version of the FY 2027 budget bill with the attached Parker amendment in its first of two required votes on June 9. Shortly after voting unanimously to give final approval of an earlier version of the two-part budget measure on July 7 that includes the Parker amendment, the Council sent the bill to Mayor Muriel Bowser for her signature.
Bowser has expressed strong opposition to several provisions in the $22 billion budget measure passed by the Council that are unrelated to the Parker amendment regarding the Office of LGBTQ Affairs. The mayor has yet to say whether she will sign, veto, or choose not to sign the bill.
The latter option would allow the bill to become law if Congress does not choose to overturn it during its required 30-day legislative review period for all D.C. bills. Political observers believe the Council will vote to override a veto if Bowser chooses to veto the bill.
When contacted by the Washington Blade on July 22 to determine where the mayor stands on the budget bill, mayoral spokesperson Daniel Gleick said only, there was “no update on the budget just yet.”
Among other things, the Parker amendment calls for the Mayor’s Office of LGBTQ Affairs to issue a $980,000 grant in FY 2027 to a private, nonprofit organization in partnership with the office “for the purpose of supporting programs that promote the welfare of the lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning community.”
It says the organization selected would also initiate its own fundraising effort to expand the amount of funds beyond the amount the office would provide, enabling it to provide larger grants to a greater number of local LGBTQ organizations.
“The legislation arrives at a critical moment, as LGBTQ-serving organizations face unprecedented uncertainty,” the D.C. Budget Coalition said in its comment on the Parker amendment. “Growing demand for services is colliding with shrinking resources, federal attacks on LGBTQ programs, and ongoing threats to local funding streams,” the coalition’s statement says.
In what some observers have called a highly controversial action; the budget bill approved by the Council reverses and restores millions of dollars in budget cuts proposed by Bowser in the budget she submitted to the Council earlier this year.
Among other things, the Council’s budget preserves the current level of funding for housing vouchers, childcare, paid family leave, and other programs slated to be cut in the mayor’s proposed budget, according to a report by the Washington Post.
Bowser points out that the Council approved budget bill calls for using $150 million from the city’s reserve fund, which she and others have said could put the city in jeopardy in future years. The mayor has said the cuts were needed to prevent a major funding shortfall brought about by the action by Republicans in Congress to cut the city’s budget by over a billion dollars.
