News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Congress
Chris Van Hollen says the Democratic Party needs change. Is he the one to lead it?
Senator is backing anti-establishment Democrats across the country
By LEE O. SANDERLIN | The Democratic Party is having something of an identity crisis — losing to President Donald Trump twice in three elections will do that.
Should the party embrace anti-establishment figures who espouse progressive policy ideas like Medicare for all and rhetoric about unrigging the economy for the 1 percent? Or should Democrats try to appeal to moderates who want to return to semi-normalcy in a time of political upheaval?
Although he’s been in Congress since 2002, with key leadership roles throughout his tenure, Maryland Sen. Chris Van Hollen, 67, counts himself firmly in the anti-establishment camp.
The rest of this article can be found on the Baltimore Banner’s website.
National
New data shows record-high LGBTQ population amid Trump attacks
12% of adults — 25.6 million people — identify as part of the community
The Human Rights Campaign Foundation (HRC Foundation), the public education, research, and policy arm of the Human Rights Campaign, the largest LGBTQ+ advocacy group in the United States, has released new data showing that there are more LGBTQ+ identifying people than ever before, just as the Trump administration continues efforts to minimize LGBTQ+ rights and visibility.
The data, released late last week, includes a multitude of updated population estimates for LGBTQ+ identifying people in the United States. It shows that a record-high 12% of U.S. adults — roughly 25.6 million people — identify as lesbian, gay, bisexual, transgender, or gender diverse.
The numbers were drawn from more than 2.4 million responses to the U.S. Census Bureau’s Household Pulse Survey collected between 2021 and 2024. The Household Pulse Survey is one of the last major federal data sources to include a gender identity measure before the Trump administration removed sexual orientation and gender identity questions from roughly 360 federal data collections.
HRC President Kelley Robinson spoke about the data, emphasizing that it shows not only that the LGBTQ+ community is bigger than the Trump administration would have Americans believe, but that LGBTQ+ Americans continue to be targeted for no reason other than being different.
“LGBTQ+ Americans are everywhere. There are 25 million of us across the country, and we now have critical mass in almost every state in the nation,” Robinson said in a statement. “We’re not a niche constituency, and no campaign, brand, or employer can afford to treat us like one.”
The survey also collected other important information about LGBTQ+ Americans.
40: The number of states with an LGBTQ+ population greater than 10%, plus the District of Columbia. This includes electoral battleground states such as Arizona (13.34%), Georgia (11.46%), Michigan (10.95%), New Hampshire (11.88%), North Carolina (10.56%), Ohio (11.29%), Pennsylvania (11.14%), and Texas (12.54%).
25.6 million: Number of U.S. adults who identify as LGBTQ+.
12% : Percentage of the adult population who identify as LGBTQ+.
More than half of all LGBTQ+ adults (53.8%) are between 18 and 34 — a signal of sustained, long-term growth in political and economic power as this generation ages into peak spending and voting years.
Other recent studies show that nearly 30% of the adult Gen Z population identifies as LGBTQ+.
The data also shows growing diversity across the community. Hispanic adults make up a larger share of the LGBTQ+ population (18%) than of non-LGBTQ+ adults (13%). Black adults make up a smaller share, about 9%, compared to 12%, reinforcing that LGBTQ+ identity cuts across every racial and ethnic community.
Bisexual+ people are the largest group, at over 7% of all U.S. adults.
Tari Hanneman, HRC Foundation’s senior director of research and education, spoke about how the White House’s recent decision to remove LGBTQ-specific data questions from federal surveys undermines the purpose of federal data collection: to collect data that accurately reflects the U.S. population, regardless of political ideology.
“Reliable data are essential for understanding who lives in this country and what our communities need to thrive,” Hanneman said. “Removing sexual orientation and gender identity questions from surveys like the one used for this analysis introduces significant gaps in this understanding. These findings show that LGBTQ+ people are a substantial and growing segment of the population, underscoring the need for our continued inclusion in data collection efforts.”
The data also included key demographics about the age of LGBTQ+ people, showing that younger Americans are increasingly more likely to identify as LGBTQ+, while overall, all age groups saw an increase in people self-identifying as LGBTQ+ in the data.
More than half of LGBTQ+ adults (approximately 54%) are younger than 35, compared with about 22% of non-LGBTQ+ adults. Adults ages 25–34 constitute roughly one-third of the LGBTQ+ adult population.
The data also shows a similar generational pattern within age groups. Nearly 32% of adults ages 18–24 and 22% of adults ages 25–34 identify as LGBTQ+, compared with approximately 12% of adults ages 35–44 and less than 8% of each older age group.
The data also included statistics on the education levels of LGBTQ+ Americans, indicating that they are more likely to have some college education or an associate degree than their non-LGBTQ+ peers.
LGBTQ+ adults are more likely (34.57%) to have an associate degree or some college experience and less likely to have only a high school education or less, or a graduate degree.
According to a report from the Williams Institute, a research organization dedicated to collecting and explaining data on LGBTQ+ people and related policy, during the first year of the second Trump administration, approximately 360 federal data collections removed at least one sexual orientation or gender identity measure, including 338 that removed gender identity measures and at least 60 that removed sexual orientation measures.
The Williams Institute, along with HRC, asserts that these changes diminish the federal government’s capacity to measure LGBTQ+ populations and understand their experiences and needs — something that should be detrimental to federal data collection and assessment, regardless of what political ideology one subscribes to.
In 2024, the Census Bureau conducted a large-scale test of questions on sexual orientation and gender identity for possible inclusion in the American Community Survey, the nation’s primary source of detailed demographic data. The test involved nearly half a million households, but the Bureau has not released the promised reports and datasets showing how those questions performed. In September 2025 Democracy Forward filed a Freedom of Information Act lawsuit seeking their release, alleging that the Census Bureau had unlawfully withheld the records.
The HRC Foundation also provided information about the methodology used to produce its estimates. The data uses weighted surveys conducted through its Community Insights research program. Community Insights is an opt-in research panel rather than a probability sample of the U.S. population; demographic benchmarks are used to adjust survey data so that respondents more closely reflect the broader LGBTQ+ adult population.
The HRC Foundation selected the Household Pulse Survey due to its large sample size, national probability-based design, detailed demographic data, separate measures for sexual orientation and gender identity, and availability of public-use survey weights.
The analysis includes 37 rounds of the U.S. Census Bureau’s Household Pulse Survey conducted between 2021 and 2024, yielding 2,452,769 responses before exclusions for missing or imputed data.
HRC’s estimate of 12.03% is based on the Census Bureau’s self-administered Household Pulse Survey, while Gallup’s most recent estimate of 9% is based on telephone interviews and a different approach to measuring LGBTQ+ identity.
HRC has suggested that self-administered surveys may offer greater privacy when people answer sensitive questions, which may contribute to differences in disclosure.
The analysis classifies respondents as lesbian or gay, bisexual+, transgender, or gender-expansive. The bisexual+ category includes respondents who selected bisexual as well as those who selected another sexual identity not represented by the available categories. The transgender or gender-expansive classification is determined using respondents’ reported sex assigned at birth and current gender identity.
The move to remove LGBTQ+ people from federal data collection is just one of many things the Trump-Vance administration has taken to minimize — if not hide — LGBTQ+ people in the country.
From the anti-transgender military executive order, which attempted to bar new recruits and remove transgender military members already serving, signed in January 2025, to attempts to prohibit gender-affirming medical care in federal health care programs and all but destroy gender-affirming care for minors, the administration has pursued a series of policies affecting LGBTQ+ Americans.
The administration has also attempted to make biological sex the only definition of gender on federal paperwork, rolled back DEI programs across the federal government, and taken other steps affecting how LGBTQ+ people are represented and recognized in federal policy and data collection.
Canada
Monument to LGBTQ Canadians officially unveiled
Thunderhead honors those who suffered government-sanctioned discrimination
A monument that pays tribute to LGBTQ Canadians who suffered government-sanctioned persecution and discrimination officially opened in Ottawa on Aug. 21.
Former Prime Minister Justin Trudeau, Governor General Louise Arbour, and Women and Gender Equality Minister Rechie Valdez are among those who attended the ceremony.
A Canadian government press release notes Thunderhead, which is located on Parliament Hill, “recognizes the historic discrimination faced by 2SLGBTQI+ (two-spirit, lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersex, plus) people in Canada, including during the LGBT (lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans) Purge.”
(French and English are Canada’s official languages.)
Trudeau in 2017 formally apologized to Canadians who suffered persecution and discrimination under the country’s anti-LGBTQ laws — including those convicted of “gross indecency” before Canada decriminalized consensual same-sex sexual relations — and policies. Trudeau also formally apologized to those who were fired from the Royal Canadian Mounted Police and the country’s military and civil service from the 1950s to the mid-1990s because of their sexual orientation or gender identity.
The Canadian government later settled a class action lawsuit that LGBT Purge victims filed.
The settlement funded the monument.
The Canadian government’s press release notes an “all Canadian team” from Winnipeg, Manitoba, designed it. The monument is also located on the Anishinabe Algonquin Nation’s traditional territory.
“It celebrates the resilience and achievements of those who fought for equality, educates visitors, and inspires the change still needed so that everyone can openly love who they love and express and identify themselves as they choose,” reads the press release.
“Thunderhead stands as a tribute to the lives, stories, and contributions of 2SLGBTQI+ people across Canada,” said Prime Minister Mark Carney on Facebook. “It’s reminder of the discrimination too many endured — and honors those who fought to build a country where everyone can live freely, safely, and with dignity.”
