Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

New York

Court orders Pride flag to return to Stonewall

Lambda Legal, Washington Litigation Group filed federal lawsuit

Published

on

Pride flag restored by activists at Stonewall National Monument in New York following the removal earlier this year. (Screen capture insert via Reuters YouTube)

The Pride flag will once again fly over the Stonewall National Monument in New York following a court order requiring the National Park Service to raise it over the site.

The decision follows a lawsuit filed by Lambda Legal and the Washington Litigation Group in the U.S. District Court for the Southern District of New York, which challenged the removal as unconstitutional under the Administrative Procedure Act and argued that the government unlawfully targeted the LGBTQ community.

In February, the NPS removed the Pride flag from the Stonewall National Monument, the first national monument dedicated to LGBTQ rights and history in the U.S. The move followed a Jan. 21 memorandum issued by President Donald Trump-appointed NPS Director Jessica Bowron restricting which flags may be flown at national parks. The directive limited displays to official government flags, with narrow exceptions for those deemed to serve an “official purpose.”

Plaintiffs successfully argued that the Pride flag meets that standard, given Stonewall’s status as the birthplace of the modern LGBTQ rights movement. They also contended that the policy violated the APA by bypassing required public input and improperly applying agency rules.

The lawsuit named Interior Secretary Doug Burgum, Bowron, and Amy Sebring, superintendent of Manhattan sites for the NPS, as defendants. Plaintiffs included the Gilbert Baker Foundation, Village Preservation, Equality New York, and several individuals.

The court found that the memorandum — while allowing limited exceptions for historical context purposes — was applied unlawfully in this case. As part of the settlement, the NPS is required to rehang the Pride flag on the monument’s official flagpole within seven days, where it will remain permanently.

“The sudden, arbitrary, and capricious removal of the Pride flag from the Stonewall National Monument was yet another act by this administration to erase the LGBTQ+ community,” said Karen Loewy, co-counsel for plaintiffs and Lambda Legal’s Senior Counsel and Director of Constitutional Law Practice. “Today, the government has pledged to restore this important symbol back to where it belongs.”

“This is a complete victory for our clients and for the LGBTQ+ community,” said Alexander Kristofcak, lead counsel for plaintiffs and a lawyer with Washington Litigation Group. “The government has acknowledged what we argued from day one: the Pride flag belongs at Stonewall. The flag will be restored and it will fly officially and permanently. And we will remain vigilant to ensure that the government sticks to the deal.”

“Gilbert Baker created the Rainbow Pride flag as a symbol of hope and liberation,” said Charles Beal, president of the Gilbert Baker Foundation. “Today, that symbol is restored to the place where it belongs, standing watch over the birthplace of the modern LGBTQ+ rights movement.”

“The government tried to erase an important symbol of the LGBTQ+ community, and the community said no,” said Amanda Babine, executive director of Equality New York. “Today’s accomplishment proves that when we stand together and fight back, we win.”

“The removal of the Pride flag from Stonewall was an attempt to erase LGBTQ+ history and undermine the rule of law,” said Andrew Berman, executive director of Village Preservation. “This settlement restores both.”

With Loewy on the complaint are Douglas F. Curtis, Camilla B. Taylor, Omar Gonzalez-Pagan, Kenneth D. Upton Jr., Jennifer C. Pizer, and Nephetari Smith from Lambda Legal. With Kristofcak on the complaint are Mary L. Dohrmann, Sydney Foster, Kyle Freeny, James I. Pearce, and Nathaniel Zelinsky from Washington Litigation Group.

Continue Reading

Sri Lanka

Sri Lankan government withdraws support for LGBTQ tourism initiative

Prominent religious leaders criticized campaign

Published

on

(Photo by PaulCowan/Bigstock)

The Sri Lankan government has withdrawn its support for an initiative that encourages LGBTQ tourists to visit the country.

The Sri Lanka Tourism Development Authority last September partnered with Equal Ground, an LGBTQ rights group, on the initiative.

The Daily Mirror, a Sri Lankan newspaper, reported Sri Lanka Development Authority Chair Buddhika Hewawasam in a letter to Equal Ground Executive Director Rosanna Flamer-Caldera said his agency recognizes “the potential of this project to diversify our tourism markets and position Sri Lanka as a safe, inclusive, and welcoming destination for all travelers.”

Cardinal Malcolm Ranjith, the archbishop of Colombo, along other prominent Christian and Buddhist leaders criticized the initiative. Attorney General Parinda Ranasinghe on Feb. 10 indicated the Sri Lanka Tourism Development Authority had rescinded its support for the campaign.

Flamer-Caldera on April 10 acknowledged the criticism over the initiative but added “the fact that the letter has been rescinded doesn’t make any difference.”

“We’re still doing work with the tourism industry who have basically opened up to us and are willing participants in the project,” said Flamer-Caldera. “They realize the potential of the boost to our tourism industry as well as boosting our economy.”

Sections 365 and 365A of Sri Lanka’s colonial-era penal code criminalizes consensual same-sex sexual relations.

The U.N. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women in 2022 ruled the criminalization law violated Flamer-Caldera’s rights. The Sri Lankan Supreme Court in 2023 said a bill that would decriminalize homosexuality is constitutional.

Transgender people in Sri Lanka since 2016 have been able to request a Gender Recognition Certificate that allows them to legally change their name and gender on ID cards. Flamer-Caldera noted to the Blade that LGBTQ rights opponents have challenged the Gender Recognition Certificate in the Supreme Court.

Continue Reading

Federal Government

Trump budget targets ‘gender extremism’

Proposed spending package would target ‘leftist’ political ideologies

Published

on

The FBI seal on granite. (Photo courtesy of Bigstock)

The White House submitted its 2027 budget request to Congress last month, outlining a push for the Federal Bureau of Investigation to “proactively” target what it describes as “extremism” related to gender — raising concerns about the potential for law enforcement to target LGBTQ people.

The Trump-Vance administration’s 2027 budget request, submitted to Congress on April 4, proposes a dramatic increase in national security and law enforcement spending, while reducing foreign aid and restructuring multiple domestic security programs. In total, the administration is requesting $2.16 trillion in discretionary budget authority (including mandatory resources), a 15.3 percent increase over the 2026 proposal.

Central to the proposal is the creation of a new “NSPM-7 Joint Mission Center,” a direct follow-up to the September 2025 National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7). The directive instructs the Justice Department, the FBI, and other national security agencies to combat what the administration defines as “political violence in America,” effectively reshaping the Joint Terrorism Task Force network to focus on “leftist” political ideologies, according to reporting by independent journalist Ken Klippenstein.

The American Civil Liberties Union has characterized NSPM-7 as a way for President Donald Trump to intimidate his political enemies.

In a press release following the memorandum, Hina Shamsi, director of the ACLU’s National Security Project, said, “President Trump has launched yet another effort to investigate and intimidate his critics,” and had described the move as an “intimidation tactic against those standing up for human rights and civil liberties.”

The proposed mission center would include personnel from 10 federal agencies tasked with targeting “domestic terrorists” associated with a wide range of ideologies. Among them is what the administration labels “extremism” related to gender, alongside categories such as “anti-Americanism,” “anti-capitalism,” “anti-Christianity,” and “support for the overthrow of the U.S. government.” The document also cites “hostility toward those who hold traditional American views” on family, religion, and morality — language LGBTQ advocates have increasingly warned could be used to frame queer and transgender rights movements as ideological threats.

The mission center is one component of a proposed $166 million increase in the FBI’s counterterrorism budget.

In total, the FBI would receive $12.5 billion for salaries and expenses under the proposal, a $1.9 billion increase. Planned investments include unmanned aerial systems operations and counter-drone capabilities, counterterrorism efforts, and security preparations for the 2028 Summer Olympics in Los Angeles. The budget also cites 67,000 FBI arrests since Jan. 20, 2026, which it describes as a 197 percent increase from the prior year.

When Congress passed the USA PATRIOT Act in 2001, it also enacted 18 U.S.C. § 2331(5), which defines domestic terrorism as activities involving acts dangerous to human life that violate criminal laws and are intended to intimidate or coerce civilians or influence government policy through violence. That statutory definition has not changed.

However, federal agencies have historically categorized domestic terrorism threats into groups such as racially or ethnically motivated violent extremism, anti-government or anti-authority violent extremism, and other threats, including those tied to bias based on religion, gender, or sexual orientation.

The language in the budget suggests a shift in how those categories are interpreted and applied — particularly by explicitly linking “extremism” to gender and to perceived opposition to “traditional” views — without any corresponding change to federal law. Only Congress has the power to change the definition of domestic terrorism by passing legislation.

The budget document states:

“DT lone offenders will continue to pose significant detection and disruption challenges because of their capacity for independent radicalization to violence, ability to mobilize discretely, and access to firearms. Additionally, in recent years, heinous assassinations and other acts of political violence in the United States have dramatically increased. Commonly, this violent conduct relates to views associated with anti-Americanism, anti-capitalism, and anti-Christianity; support for the overthrow of the U.S. government; extremism on migration, race, and gender; and hostility toward those who hold traditional American views on family, religion, and morality.”

This language echoes earlier actions by the Trump-Vance administration targeting trans people.

On the first day of his second term, President Trump signed Executive Order 14168, titled “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government.”

The order establishes a strict binary definition of sex and withdraws federal recognition of trans people.

“It is the policy of the United States to recognize two sexes, male and female,” the order states. “‘Sex’ shall refer to an individual’s immutable biological classification as either male or female. ‘Sex’ is not a synonym for and does not include the concept of ‘gender identity.’”

Appropriations committees in both chambers are expected to begin hearings in the coming weeks.

Continue Reading

Popular