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Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

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Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

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District of Columbia

How Pepper the courthouse dog helps victims of abuse

Reshaping how the legal system balances compassion with procedure

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Abby Stavitsky and Pepper (Courtesy photo)

Deborah Kelly’s blind husband, Alton, was dragged for blocks to his death by a hit-and-run driver who had already plowed into her on Alabama Ave., S.E., in June 2024. 

But her trauma had only just begun. It took 10 months before the driver, Kenneth Trice, Jr., was arrested, and another six months before he was sentenced to just six months behind bars.  

As she heaved and sobbed in the courtroom in November, Kelly had a steady four-legged presence by her side: Pepper the Courthouse Dog, as the black Labrador retriever is known in D.C. Superior Court.

Abby Stavitsky, a former federal prosecutor who now serves as a victims’ advocate, is the owner and handler of nine-year-old Pepper. She says that one of the things that has made Pepper such a great asset in the court in the past six years is the emotional support and comfort she provides to victims.  

“She absorbs all of the feelings and the emotions around her, but she’s very good at handling it,” Stavitsky said. 

Pepper and Stavitsky started working in Magistrate Judge Mary Grace Rook’s courtroom — and now works in Magistrate Judge Janet Albert’s — to provide support for youth who suffer trauma, especially young survivors of commercial sexual exploitation.

These specially trained dogs offer emotional support to trauma victims of all ages. Courthouse dogs can reduce victims’ and witnesses’ anxiety and stress, making it easier for them to provide clear statements in the courtroom, according to a 2019 report in the Criminal Justice Review. 

“Having something to pet and interact with is a distraction that results in victims being calmer when testifying in court,” says Stavitsky. “This gives them an extra level of comfort.” 

What brought Stavitsky and Pepper together

Stavitsky, who spent 25 years as an assistant U.S attorney, handled a lot of victim-based crimes, mostly domestic violence and sex offenses. She was also a dog lover, and once she learned about courthouse dogs and their use, she was inspired.

In 2019, Pepper was given to Stavitsky by a Massachusetts-based organization, NEADS, formerly known as the National Education for Assistance Dog Services. Although Pepper was originally trained to be a service dog, evaluators determined her character was best suited for a courthouse dog.

Pepper now works regularly in various treatment court cases involving juveniles, many of whom have experienced trauma or are involved in the child welfare system. She also sits with victims while they are testifying in a trial.

“She loves people, especially children,” Stavitsky said. “She loves that interaction.”

Courthouse dogs have a long history 

In courthouses across the U.S. specially trained “facility dogs” are becoming an important part of how the justice system supports vulnerable victims and witnesses.

Since the late 1980s, these dogs were used to help trauma survivors and anxious children during testimonies and interviews. The first dog to make an appearance in a courtroom was Sheba, a German shepherd who assisted child sexual abuse victims in the Queens (N.Y.) District Attorney’s Office. Courthouse dogs help them communicate more clearly, especially in these settings that make them anxious and stressed.

Unlike service dogs, courthouse facility dogs are professionally trained through accredited assistance dog organizations and work daily alongside prosecutors, victim advocates, and forensic interviewers. For example, courthouse dogs can have more social interaction, unlike service dogs.

Courthouse dogs’ growing use has prompted state laws and professional guidelines to recognize the dogs as a trauma-informed tool that helps victims participate in the justice process without compromising courtroom fairness.

As more jurisdictions adopt these programs, courthouse dogs are reshaping how the legal system balances compassion with procedure, ensuring that victims’ voices can be heard in environments that might otherwise silence them.

Pepper makes it easy to see why. 

“I really love people, especially kids, and can provide emotional support and comfort during all stages of the court process,” reads the business card Stavitsky hands out with Pepper’s picture. “I’m calm, quiet and can stay in place for several hours.” 

(This article was written by a student in the journalism program at Bard High School Early College DC. This work is part of a partnership between the Washington Blade Foundation and Youthcast Media Group, funded through the FY26 Community Development Grant from the Office of D.C. Mayor Muriel Bowser.)

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Rehoboth Beach

Women’s FEST returns to Rehoboth Beach next week

Golf tournament, mini-concerts, meetups planned for silver anniversary festival

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(Washington Blade file photo by Daniel Truitt)

Women’s+ FEST 2026 will begin on Thursday, April 9 at CAMP Rehoboth Community Center.

The festival will celebrate a remarkable milestone in 2026: its silver anniversary. For 25 years, Women’s+ FEST has brought fun and entertainment for all those on the spectrum of the feminine spirit. There will be a variety of events including a golf tournament, mini-concerts and happy hour meetups.

For more information, visit Camp Rehoboth’s website.

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Belarus

Belarusian lawmakers approve bill to crackdown on LGBTQ rights

Country’s president known as ‘Europe’s last dictator’

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(Photo by eugenef/Bigstock)

Lawmakers in Belarus on Thursday approved a bill that would allow the government to crack down on LGBTQ advocacy.

The Associated Press notes the bill would punish anyone found guilty of “propaganda of homosexual relations, gender change, refusal to have children, and pedophilia” with fines, community labor, and 15 days in jail.

The House of Representatives, the lower house of the Belarusian National Assembly, last month approved the bill. The Council of the Republic, which is the parliament’s upper chamber, passed it on Thursday.

President Alexander Lukashenko is expected to sign it.

Belarus borders Poland, Ukraine, Russia, Latvia, and Lithuania. Lukashenko — known as “Europe’s last dictator” is a close ally of Russian President Vladimir Putin.

Kazakhstan is among the countries that have enacted Russian-style anti-LGBTQ propaganda laws in recent years.

Vika Biran, a Belarusian LGBTQ activist, is among those arrested during anti-Lukashenko protests that took place in 2020 after he declared victory in the country’s presidential election.

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