News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Lebanon
Lebanese LGBTQ group responds to latest war
Helem’s Beirut community center ‘a vital crisis hub’
A Lebanese advocacy group is providing support to LGBTQ people who have been displaced during the latest war between Israel and Hezbollah.
Helem Executive Director Sandy Mteirik on Monday told the Washington Blade her group, in partnership with another NGO, has “shifted our programs to focus entirely on emergency response.”
Helem has opened what Mteirik described as a “lifesaving, inclusive shelter specifically for transgender individuals who find collective shelters unsafe or inaccessible.”
Mteirik noted Helem’s community center in Beirut, the Lebanese capital, “now serves as a vital crisis hub where” LGBTQ people “can find physical safety, psychological support, and relief assistance.” she told the Blade that Helem is also offering “confidential emotional support, assessing immediate needs, and connecting individuals with emergency housing and protection services.”
“We also continue to monitor and document protection risks to prevent further exclusion and harm,” said Mteirik.
‘Displacement crisis has intensified’
The U.S. and Israel on Feb. 28 launched airstrikes against Iran. One of them killed Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
Hezbollah, an Iran-backed Shia militant group the U.S. has designated a terrorist organization, in response launched rockets into Israel. The Jewish State on March 2 began to carry out airstrikes against Hezbollah in Lebanon.
The Lebanese Health Ministry on Tuesday said Israeli airstrikes have killed 2,124 people and wounded 6,921 others. Lebanese officials have also indicated the war has displaced more than 1 million people in the country.
Israeli airstrikes in Beirut and elsewhere in the country on April 8 killed more than 300 people and injured upwards of 1,100.
President Donald Trump the day before said “a whole civilization will die tonight” if Iran did not agree to end the war and end its blockade of the Strait of Hormuz, a strategic waterway that connects the Persian Gulf and the Gulf of Oman through which roughly 20 percent of the world’s crude oil passes.
Trump less than two hours before the deadline announced a two-week ceasefire with Iran that Pakistan helped broker. Trump said the deal did not include Lebanon, even though Pakistan insisted it did.
Hamas militants on Oct. 7, 2023, killed upwards of 1,200 people when they launched a surprise attack against Israel from the Gaza Strip. Hezbollah the following day began to launch rockets into Israel.
An Israeli airstrike in Beirut on Sept. 27, 2024, killed Hassan Nasrallah, Hezbollah’s long-time leader. Iran four days later launched upwards of 200 ballistic missiles at Israel.
The U.S. helped broker a ceasefire between Israel and Lebanon that took effect on Nov. 27, 2024. Israel nevertheless continued to carry out airstrikes in Lebanon.
Lebanese Ambassador to the U.S. Nada Hamadeh Moawad met with Israeli Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter on Tuesday at the State Department. The meeting is the first time the two countries have held direct diplomatic talks since 1993.
Mteirik told the Blade that Helem’s community center “has not been damaged yet” in the latest war. She said, however, the impact of the April 8 airstrikes “mirrors the ongoing war Lebanon has endured since 2024.”
“The intensity of these recent strikes and the resulting massacres in ‘relatively’ safe areas of Beirut have been devastating,” said Mteirik.
“With over 300 victims, the displacement crisis has intensified,” she added. “When state responses are not inclusive, LGBTQIA+ individuals face amplified risks, including exclusion from collective shelters, homelessness, exposure to violence, loss of income, and barriers to essential healthcare.”
Helem: Lebanese government war response must be LGBTQ-inclusive
Article 534 of Lebanon’s Penal Code states “any sexual intercourse contrary to the order of nature is punishable” by up to a year in prison. Several judges in recent years have opted not to use the statute to prosecute LGBTQ people who have been charged under it.
Helem on March 4 called upon the Lebanese government and international NGOs to develop a response to the Israeli airstrikes that is “comprehensive, fair, and inclusive of all groups, without exception or discrimination.” Helem’s specific requests include:
• Integrating a rights-based, non-discriminatory approach into all stages of emergency planning.
• Training response staff on protection principles regarding gender-based violence and discrimination.
• Reassessing the “traditional family” shelter model that systematically excludes non-traditional families and individuals.
• Involving specialized civil society organizations in the design and monitoring of response plans.
• Establishing clear accountability standards to prevent discriminatory practices.
“Past experiences show that state response plans often fail to include displaced LGBTQ+ individuals,” said Mteirik.
Mteirik conceded the “conclusion of this conflict remains uncertain.” She stressed Helem “remains committed to standing with our community.”
“In these difficult times, we reaffirm our call for humanitarian solidarity that transcends identities,” said Mteirik. “Our work is an extension of our rejection of violence, occupation, and the exploitation of individuals and their lives.”
Federal Government
Inside the LGBTQ records of Todd Blanche and Markwayne Mullin
Two men are acting attorney general, DHS secretary
President Donald Trump became famous for his use of the phrase “You’re fired!” while hosting the reality TV show “The Apprentice” in the early 2000s. However, during his time in the Oval Office, he has attempted to distance himself from that image.
Despite those efforts, the phrase once again comes to mind as Trump has fired two high-level female Cabinet members within the past month: Pam Bondi and Kristi Noem.
Their replacements — Todd Blanche at the Justice Department and Markwayne Mullin at the Department of Homeland Security — bring records that, while different in depth, both reflect limited support for LGBTQ protections and, in some cases, direct opposition.
Todd Blanche
Acting attorney general
Little has been found regarding Todd Blanche’s LGBTQ history prior to his role as acting head of the Department of Justice. Unlike those who have worked within the Justice Department’s Civil Rights Division or served as state attorneys general, he has not developed a public-facing legal ideology on LGBTQ issues.
Blanche attended American University for his undergraduate studies — like fellow Trump attorney Michael Cohen — where he met his future wife, Kristin, who was studying at nearby Catholic University in D.C.
He began his legal career as an intern at the U.S. Attorney’s Office in Washington, which eventually became a full-time position. He later worked as a paralegal in the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York while attending Brooklyn Law School at night. Blanche graduated cum laude in 2003. He and his wife later married and had two children.
Blanche left the U.S. attorney’s office in 2014, taking a job in the Manhattan office of the law firm WilmerHale. In September 2017, he moved to Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, where he was a partner in the White Collar Defense and Investigations practice.
In his personal capacity, he represented several figures associated with Donald Trump and former New York City Mayor Rudy Giuliani, including Trump’s former campaign manager Paul Manafort, businessman Igor Fruman, and attorney Boris Epshteyn.
In 2024, Blanche switched from Democrat to Republican, aligning himself with Trump’s political orbit. He later served as Trump’s personal defense attorney in the New York State case that led to Trump’s 2024 conviction on 34 felony counts of falsifying business records to cover up hush-money payments to bisexual adult film star Stormy Daniels.
Now the highest-ranking official at the Justice Department, Blanche has played a central role in overseeing the department and has been involved in leadership decisions tied to several controversial actions affecting LGBTQ people.
In a letter to New York Attorney General Letitia James, Blanche declared that the Justice Department “will not sit idly by while you attempt to use your office to force harmful procedures on our most vulnerable population,” if legal action were taken against NYU Langone. The hospital had “permanently” ended a program earlier that month after the Trump-Vance administration threatened to pull all federal funding if it continued prescribing puberty blockers and hormones to minors.
Blanche wrote that “the Justice Department believes the law is clear, and anti-discrimination laws cannot be used to force NYU Langone to perform sex-rejecting procedures on children.”
“As just one example, your office’s position would require a hospital to prescribe certain medications for certain diagnoses, regardless of the hospital’s or its doctors’ independent medical determination about the propriety of such treatment,” he said.
Blanche also echoed his predecessor’s public stance on limiting LGBTQ-related protections at the federal level, aligning with Bondi’s sentiments in June 2025 regarding the U.S. Supreme Court’s 6–3 decision that restricted LGBTQ history lessions in schools and limits lower federal courts from issuing nationwide injunctions — rulings that have often blocked Trump administration policies.
Calling it “another great decision that came down today,” Blanche argued that the ruling “restores parents’ rights to decide their child’s education,” adding: “It seems like a basic idea, but it took the Supreme Court to set the record straight, and we thank them for that. And now that ruling allows parents to opt out of dangerous trans ideology and make the decisions for their children that they believe is correct.”
In December 2025, a Justice Department memo stated that, “effective immediately,” prisons and jails would no longer be held responsible for violations of standards meant to protect LGBTQ people from harassment, abuse, and rape under the Prison Rape Elimination Act. The law, passed unanimously by Congress in 2003, requires that incarcerated people be screened for their risk of sexual assault, including consideration of LGBTQ status, and applies to all correctional facilities.
Additionally, when the Justice Department, under Blanche’s deputy leadership and at Trump’s behest, attempted to force Children’s National Hospital in D.C. to turn over medical records related to gender-affirming care, U.S. District Judge Julie R. Rubin ruled that the effort “appears to have no purpose other than to intimidate and harass.”
Blanche is also described as having a “strong belief in executive authority.”
Markwayne Mullin
Secretary of Homeland Security
While Blanche’s record is defined more by recent actions than a long paper trail, Markwayne Mullin brings a more established history on LGBTQ issues from his time in Congress.
The head of the Department of Homeland Security has served in Congress since 2013, in both the U.S. House of Representatives and U.S. Senate. He has been actively engaged in shaping restrictions and aligns with broader cultural rhetoric that frames anti-LGBTQ speech as protected expression.
In May 2016, Mullin criticized the Department of Education and the Justice Department’s “Dear Colleague” letter on transgender students, arguing that trans girls should not use girls’ restrooms in public schools.
By January 2021, Mullin and then-Hawaii Congresswoman Tulsi Gabbard had introduced a bill to prevent trans women from participating in women’s sports.
Mullin was not recorded as voting on the final passage of the Respect for Marriage Act, which codified federal recognition of same-sex and interracial marriage.
In 2023, Mullin received a rating of just 6 percent from the Human Rights Campaign.
While serving in the Senate and as a member of the Health, Education, Labor, and Pensions (HELP) Committee, Mullin has been a vocal critic of policies aimed at expanding LGBTQ inclusion in federal programs. He has participated in broader Republican efforts questioning equity-based implementation of the Older Americans Act, including guidance related to sexual orientation and gender identity in aging services, arguing such policies could have unintended consequences.
Mullin also makes history as the first Native American — and a citizen of the Cherokee Nation — to lead the Department of Homeland Security.
He was among the 147 Republicans who voted to overturn the 2020 presidential election results despite no evidence of widespread fraud, and was present in the House on Jan. 6.
District of Columbia
Whitman-Walker Health to present ‘Pro Bono Excellence’ award to law firm
Health center set to celebrate 40th anniversary of legal services program
Whitman-Walker Health, the D.C.-based community healthcare center that specializes in HIV/AIDS and LGBTQ-related health services, announced it will present its annual Dale Edwin Sanders Award for Pro Bono Excellence to the international law firm McDermott Will & Schulte at a May 6 ceremony.
“This year’s award is especially significant as it coincides with the 40th anniversary of Whitman-Walker Health’s Legal Services Program, marking it as the nation’s longest running medical-legal partnership,” a statement released by Whitman-Walker says.
“As a national leader in public health, Whitman-Walker celebrates our partnership with McDermott to strengthen the health center and to enable Whitman-Walker to reach more medical and legal clients,” the statement adds.
“McDermott’s firm-wide commitment to Whitman-Walker’s medical-legal partnership demonstrates a shared vision to serve those most in need,” Amy Nelson, Whitman-Walker’s director of Legal Services, says in the statement. “Our work protects individuals and families who face discrimination and hostility as they navigate increasingly complex administrative systems,” Nelson said.
“Pro bono legal services – like that of McDermott Will & Schulte – find solutions for people who have no place else to turn in the face of financial and health threats,” she added.
“Our partnership with Whitman-Walker Health is a treasured commitment to serving our neighbors and communities,” Steven Schnelle, one of the law firm’s partners said in the statement. “We are deeply moved by Whitman-Walker’s unwavering dedication to inclusion, respect, and equitable access to health care and social services,” he said.
The statement notes that the award for Pro Bono Excellence honors the legacy of the late gay attorney Dale Edwin Sanders. It says Sanders’s pro bono legal work for Whitman-Walker clients “shaped HIV/AIDS law for more than four decades by securing key victories on behalf of individuals whose employment and patient rights were violated.”
It says the Whitman-Walker Legal Services program began during the early years of the AIDS epidemic in the 1980s at a time when people with AIDS faced widespread discrimination and often needed legal assistance. According to the statement, the program evolved over the years and expanded to advocate for transgender people and immigrants.
Whitman-Walker spokesperson Lisa Amore said the presentation of the Dale Edwin Sanders Pro Bono Excellency Award will be held at the May 6 fundraising benefit for Whitman-Walker’s Legal Services Program. She said the event will take place at the offices of the DC law firm Baker McKenzie and ticket availability can be accessed here: https://www.whitman-walker.org/gtem-2026/
-
2026 Midterm Elections4 days agoHRC endorses Va. ballot initiative to redraw congressional districts
-
Eswatini4 days agoThe emperor has no clothes: how rhetoric fuels repression in Eswatini
-
Rehoboth Beach4 days agoBLUF leather social set for April 10 in Rehoboth
-
National4 days agoLGBTQ community explores arming up during heated political times
