Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

National

BREAKING NEWS: Barney Frank dies at 86

Former Mass. congressman came out as gay in 1987

Published

on

Former U.S. Rep. Barney Frank (D-Mass.) when he was in Congress. (Washington Blade photo by Michael Key)

Former U.S. Rep. Barney Frank (D-Mass.) died on Tuesday. He was 86.

The Massachusetts Democrat served in the U.S. House of Representatives from 1981-2013. Frank in 1987 became the first member of Congress to voluntarily come out as gay.

The Washington Blade earlier this month interviewed Frank after he entered hospice care at his Ogunquit, Maine, home where he lived with his husband, Jim Ready, since 2013. The former congressman, among other things, talked about his new book, “The Hard Path to Unity: Why We Must Reform the Left to Rescue Democracy.”

The book is scheduled for release on Sept. 15.

NBC Boston reported Frank’s sister, Ann Lewis, and a close family friend confirmed his death.

The Blade will update this article.

Continue Reading

Ghana

Intersex lives, constitutional freedom, and the dangerous future of Ghana’s Human Sexual Rights and Family Values Bill

Lawmakers continue to consider draconian measure

Published

on

(Bigstock photo)

There is a dangerous silence surrounding intersex lives in Ghana — a silence shaped by fear, misinformation, cultural misunderstanding, and institutional neglect. Today, amid discussions around the possible passage of the Human Sexual Rights and Family Values Bill, 2025, that silence risks becoming law, reinforcing exclusion and deepening the marginalization of already invisible lives. 

Much of the national debate surrounding the bill has focused on LGBTQ+ identities. Yet buried within it are implications for intersex persons that many Ghanaians do not fully understand because intersex realities remain largely invisible. 

Intersex persons are born with natural variations in chromosomes, hormones, reproductive anatomy, and/or genital characteristics that do not fit typical definitions of male or female bodies. Intersex is not a sexual orientation or gender identity. It is a biological reality. Ghana’s Commission on Human Rights and Administrative Justice (CHRAJ) has clearly acknowledged this distinction. 

Despite this distinction, the bill mistakenly collapses intersex realities into a legal framework linked to LGBTQ+ criminalization. 

Although the bill contains only limited references to intersex persons, under certain medical exceptions, these references do not amount to recognition or protection. Instead, they frame intersex bodies as abnormalities requiring regulation, correction, and institutional management. This approach is inconsistent not only with Ghana’s constitutional guarantees of dignity, equality, privacy, and liberty, but also with emerging African and international human rights standards. The African Commission on Human and Peoples’ Rights Resolution on the Promotion and Protection of the Rights of Intersex Persons in Africa – ACHPR/Res.552 (LXXIV) 2023 affirms protections relating to bodily integrity, dignity, freedom from discrimination, and against harmful medical practices. Additionally, the United Nations has repeatedly condemned medically unnecessary and non-consensual interventions on intersex children. Rather than affirming the humanity and autonomy of intersex persons, the bill risks legitimizing systems of surveillance, coercion, violence, and institutional erasure. 

This is not protection.

It is managed erasure.

A child born intersex in Ghana already enters a society shaped by secrecy and stigma. Families are often pressured to hide intersex children or seek “correction” to make their bodies conform to social expectations. 

The bill risks intensifying this pressure.

Clause 17 creates space for “approved service providers” to support interventions relating to intersex persons, yet offers little protection around informed consent, bodily autonomy, confidentiality, or coercive treatment. Under the language of “correction” or “support,” harmful interventions may become normalized. 

The intersex community has documented painful lived experiences of intersex Ghanaians that reveal the devastating consequences of stigma and invisibility. 

One heartbreaking case involved intersex twins born in Ghana’s Eastern Region in 1993, who were repeatedly forced to move from village to village because of rejection and ridicule. After losing their father, their main source of protection and support, they became even more vulnerable and reportedly experienced severe emotional distress, including suicidal thoughts linked to years of stigma and exclusion. This is what invisibility looks like in practice. 

Another painful example is the story of Ativor Holali, whose lived experience exposed the cruel realities intersex persons face in sports and public life. Ativor Holali endured invasive scrutiny, public humiliation, and social suspicion because her body did not conform to rigid expectations of femininity. Rather than being protected as a Ghanaian athlete deserving dignity and privacy, she became the subject of speculation, gossip, and institutional discomfort.

Her experience reflects a broader social crisis: when society insists that every body must fit a narrow binary definition, intersex people are forced to defend their humanity in spaces where dignity should already be guaranteed.

Intersex Persons Society Of Ghana (IPSOG)’s Ŋusẽdodo research further revealed that approximately 70 percent of intersex respondents reported depression, anxiety, trauma, or severe emotional distress linked to medical mistreatment, family rejection, bullying, and social exclusion.

The bill risks transforming these existing prejudices into institutional policy. Several provisions risk deepening surveillance, restricting advocacy, weakening confidentiality, and discouraging public education around intersex realities. Intersex-led organizations providing healthcare guidance, legal referrals, psychosocial support, and community services may face serious challenges.

This places IPSOG and other intersex-led organizations in Ghana at serious risk.

For many intersex Ghanaians, these spaces are not political luxuries.

They are survival mechanisms.

Governments derive legitimacy by protecting the natural rights of all persons, including dignity, liberty, bodily autonomy, and freedom from arbitrary interference. The bill raises concerns because it risks weakening these protections for intersex persons through surveillance, coercive interventions, and restrictions on advocacy.

Ghana’s Constitution declares that “the dignity of all persons shall be inviolable.” Articles 15, 17, 18, and 21 specifically protect dignity, equality, privacy, expression, and freedom of association. These protections should apply equally to intersex persons. 

Intersex persons are not threats to Ghanaian culture.

Intersex children are not moral dangers.

Intersex bodies are not political weapons.

They are human beings deserving dignity, healthcare, safety, and constitutional protection. 

The true measure of a democracy is how it protects those most vulnerable to exclusion. At this moment, Ghana faces a choice: deepen fear and silence, or uphold dignity, bodily autonomy, and constitutional freedom for intersex persons. 

History will remember the choice we make.

Fafali Delight Akortsu is the founder and president of the Intersex Persons Society of Ghana (IPSOG).

Continue Reading

District of Columbia

Doc on Blade reporter Chibbaro scores Emmy nomination

‘Lou’s Legacy’ chronicles 50-year career

Published

on

“Lou’s Legacy: A Reporter’s Life at the Washington Blade” has been nominated for a Capital Emmy in the “Documentary – Historical” category by the National Capital Chesapeake Bay Chapter of the National Academy of Television Arts & Sciences. 

“Our members include all of the video content producers who serve our local audiences in Washington, DC, Maryland and Virginia—from the Atlantic to the Appalachians, from Bristol to Baltimore,” said Capitol Emmys President Adam Longo in a press release.

Broadcast last June by WETA PBS in Washington, D.C. and MPT in Maryland, the documentary was directed and produced by Emmy-nominated filmmaker Patrick Sammon in association with the Mattachine Society of Washington, D.C. Additional nominees who worked on the film include producer Julianne Donofrio and editor Amir Jaffer.

“Lou’s Legacy” tells the story of two D.C. icons — legendary Washington Blade reporter Lou Chibbaro Jr. and beloved drag performer Donnell Robinson, known to generations of Washington audiences as “Ella Fitzgerald.” Through Chibbaro’s nearly five-decade career at the Blade and Ella’s return to the stage after a three-year hiatus following COVID, the 29-minute documentary explores the history of Washington’s LGBTQ community and today’s rising backlash against LGBTQ rights, including laws targeting drag performers.

“We’re honored that Lou’s Legacy has been recognized alongside such an impressive group of historical documentaries,” said Sammon. “This nomination is especially meaningful because the film preserves and celebrates the stories of people who helped shape queer history in Washington, DC — often without recognition from mainstream institutions. We’re deeply grateful to the Mattachine Society, Lou Chibbaro Jr., Donnell Robinson, WETA PBS, and everyone who helped bring this project to life.”

“Lou’s Legacy” premiered on WETA PBS in June 2025 during Pride month. The documentary also broadcast on Maryland Public Television and is streaming nationally on PBS.org. WETA will rebroadcast “Lou’s Legacy” several times during Pride month, including June 15 th at 9 p.m. Winners of the Capital Emmy Awards will be announced at the Capital Emmy Gala on June 20 at the Bethesda Marriott Hotel.

Continue Reading

Popular