News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Illinois
Chicago’s LGBTQ+ youth: Why their zip code still matters
South and West side residents face longer commutes to access affirming services
On Chicago’s West Side, the ballroom scene doubles as a lifeline for LGBTQ+ youth.
Every week, teens are drawn into TaskForce Prevention & Community Services for its popular Vogue School. Once there, they then have access to a variety of resources like housing support, a food pantry, fresh produce, and mental health services.
For many, it’s the only affirming environment in their neighborhood.
“We’re located here in Austin, and there isn’t really any other LGBTQ+ youth program like us on the West Side,” said Reyna Ortiz, program director at the nonprofit. “It’s special because young people don’t have to go Downtown or to the North side to feel like they belong here.”
Ortiz’s perspective underscores a long-standing reality that access to LGBTQ+ youth resources often depends on your zip code.
The city’s largest LGBTQ+ institutions have a prominence on the North Side, which is home to LGBTQ+ enclaves like Northalsted and Andersonville. This can leave queer youth on the South and West sides having to face longer commutes and other barriers when trying to access affirming services.
And when queer youth don’t have these kinds of resources nearby, it can create gaps that shape their health, education and economic futures. But North Side-based institutions—as well as smaller LGBTQ+ orgs on the South and West sides and some citywide organizations—are working to fill these gaps.
Two of Chicago’s largest LGBTQ+ organizations, the Center on Halsted and Howard Brown Health’s Broadway Youth Center, are both situated on the North Side.
At Center on Halsted, 3656 N. Halsted St., youth and family programming spans drop-in spaces, leadership and mentoring opportunities and support groups for LGBTQ+ youth. statewide LGBTQ+ hotline provides additional access for young people beyond its Lakeview base.
CEO Joli Robinson said the Center has been intentional about expanding youth programming beyond the North Side through partnerships with other LGBTQ+ organizations and by introducing programs to its South Side location, the Center on Cottage Grove, 6323 S. Cottage Grove Ave.
“A week or so ago, we started our first drop-in space at the Center on Cottage Grove, which has been a priority for us over the past year and a half that I’ve been with the organization,” Robinson said. “We also partner with organizations like Chicago House and Life is Work, … and work to strengthen relationships with the GSAs in schools and PFLAG organizations that exist on the South and West sides.”
These kinds of collaborations are crucial to reaching LGBTQ+ youth in all neighborhoods of Chicago, Robinson said.
“These are organizations that they may already have a strong relationship with, and by deepening our partnerships with them, we’re leveraging the expertise of people who are in these neighborhoods to make sure we’re working in collaboration,” Robinson said.
The Broadway Youth Center, 1023 W. Irving Park Road, serves LGBTQ+ youth ages 12 to 24, particularly those experiencing homelessness or housing instability. It provides integrated medical and mental health care, sexual and reproductive health services, case management and mental wellness support.
The Broadway Youth Center’s drop-in space also offers meals, clothing, showers and other essentials, while cultural programming like art and dance provides additional affirming outets.
Both organizations state their programs are open to youth citywide and emphasize outreach through hotlines, housing services and broader support networks.
Still, their physical bases on the North Side mean that young people in other parts of the city often face barriers to access them.
“And we don’t want transportation to be a barrier for individuals,” Robinson said. “We don’t want location to be a barrier for individuals to participate in some of our programming, so it really is incumbent upon us to be very strategic and think creatively about how we engage the full city.”
TaskForce is among the organizations working to fill these gaps.
Based in Austin on the West Side, the nonprofit offers youth services that are culturally specific, including housing support, food access, and sexual health testing.
Equally as important is TaskForce’s Vogue School, which uses voguing and ballroom culture to strengthen community and encourage self expression.
“Ballroom is important because it’s the one place where they can showcase their talents, where they can showcase who they are without any type of restrictions, without any type of judgment,” Ortiz said. “Ballroom and vogue are how our kids see themselves celebrated. It’s culture, it’s community, and it’s also leadership development.”
Ortiz said TaskForce also provides a steady presence in a neighborhood where resources are limited.
“We are consistent, we are here, we are present and we are open,” Ortiz said.
TaskForce is also home to PrEP 4 Teens, a citywide program focused on HIV prevention and sexual health among youth. While it’s open to teens across Chicago, staff said they are especially focused on reaching those on the South and West Sides who often face the steepest barriers to access.
“We’re looking to collaborate more with agencies, both in the south and west side of Chicago,” said program lead David Gauna. “We know those are the young people who need us most.”
That focus reflects the larger imbalance in the city.
“It’s about equitable access,” said Jim Pickett, one of the program’s organizers. “And so there’s a real lack of equity throughout Chicago, and we could certainly have a much more equitable distribution of opportunities.”
PrEP4Teens was shaped by youth themselves, Gauna added.
“Young people created this,” Gauna said. “They decided the colors, the imagery, the language. They said, ‘We don’t want this to be medical. We want this to be something fun. We want this to be engaging.’”
That youth-driven design is what makes it resonate, said Skai Underwood, who also runs PrEP4Teens.
“We try to meet youth where they are, and culture is part of that,” Underwood said.
Schools can also play a part in filling these gaps on the South and West sides.
“I think that there’s a great opportunity for schools to be like the glue that brings everything together,” said Julio Flores, program director for the Alliance, which promotes school safety for LGBTQ+ youth through advocacy, education, youth programming and research.
For some students, he said, school-based GSAs are the only affirming space they have.
“A GSA can be the only affirming space a young person has,” Flores said.
And those spaces can change a student’s trajectory, he added.
“When young people can lead a GSA, they’re not just building community, they’re building the skills they’ll use in college, in jobs and in life,” Flores said.
The gaps in geography don’t just shape whether young queer people can find community. They also shape whether they’re set up to succeed.
At TaskForce, Ortiz said success often begins with visibility. Young people who first came in for the Vogue School or drop-in services have gone on to train as medical assistants and phlebotomists.
“Some of our youth that frequent the Vogue School start to volunteer. Then we hire and train them, and now they’re building careers,” Ortiz said.
For youth involved with PrEP 4 Teens, growth is just as tangible.
Gauna said teens were engaged in a program that empowered them to build the look, feel and voice of a PrEP awareness campaign. By the end of the cohort, youth who had once been too shy to speak were leading workshops, presenting artwork and giving speeches.
“They started off super shy… and by the end they were showcasing what this program had done for them — not just to take charge of their sexual health, but to feel a lot more confident in themselves,” Gauna said.
Pickett tied those individual transformations back to the bigger picture.
“So many queer young people of color don’t necessarily have many safe spaces throughout the day in their lives,” he said. “Providing these opportunities to engage with other young people and develop their skills and have fun and be fully who they are is so empowering. It sets them up for success.”
Robinson of Center on Halsted said the link between geography and opportunity often comes down to whether young people have their most immediate needs met close to home. Without food, shelter or a safe place to connect, long-term success could remain out of reach.
“For people to really have the safety and security they need to think about economic development or to be provided with a stronger footing and foundation to focus on maybe college or career, they need to have some of their most basic needs met,” Robinson said.
This article was originally published by the Windy City Times and is part of a national initiative exploring how geography, policy, and local conditions influence access to opportunity. Find more stories at economicopportunitylab.com/
Maryland
Anne Arundel schools updates gender identity regulation following Trump administration threats
District facing federal lawsuit, White House threats over guidelines
By JESSICA CALEFATI | Under pressure from the Trump-Vance administration, Anne Arundel County Public Schools Supt. Mark Bedell announced Wednesday the district had updated a regulation intended to protect transgender students’ right to be called by their chosen name.
The revised language makes clear that district rules on gender identity do not block parents’ rights under the Family Educational Rights and Privacy Act as the federal government alleged last month, and that a student’s gender identity will not be treated as confidential medical information.
“No policy, guideline, or practice may limit or otherwise interfere with parental rights under FERPA,” Bedell wrote in a Wednesday letter to the community. “This includes any information maintained in education records that relates to gender identity, transgender status, sexual orientation, preferred name, or preferred pronouns.”
The rest of this article can be read on the Baltimore Banner’s website.
Netherlands
Thailand’s first openly gay senator attends World Pride in Amsterdam
Blade sat down with Pornchai Witayalerdpan on Aug. 7
Editor’s note: International News Editor Michael K. Lavers and Photo Editor Michael Key were on assignment in the Netherlands from July 28-Aug. 10.
AMSTERDAM — The first openly gay man elected to the Thai Senate says the law that extended marriage rights to same-sex couples in Thailand has positively impacted his country’s global image.
“It totally changed how the world perceived Thailand,” Sen. Pornchai Witayalerdpan told the Washington Blade on Aug. 7 during an interview at the World Pride Human Rights Conference in Amsterdam.
Thailand on Jan. 23, 2025, became the first country in Southeast Asia to allow same-sex couples to legally marry.
The marriage equality bill received final legislative approval in June 2024 when the Senate approved it by a 152-130 vote margin. King Maha Vajiralongkorn signed it a few months later. Then-Prime Minister Prime Minister Paetongtarn Shinawatra is among those who supported the law.
Witayalerdpan was a freelance interpreter before he took office in July 2024.
The independent senator noted Thailand’s marriage equality movement began to gain traction with a lawsuit that the Foundation for Sexual Orientation and Gender Identity Rights and Justice, a Thai advocacy group, filed.
The Constitutional Court in 2021 upheld a law that defined marriage as between a man and a woman. MP Tunyawaj Kamolwongwat of the Move Forward Party later introduced the marriage equality bill that became law.
“It was a coalition of efforts between the civil society organizations, the LGBTQ organizations, and also the Pride movement in Thailand,” Witayalerdpan told the Blade.
Taiwan in 2019 became the first country in Asia to extend marriage rights to same-sex couples.
The Nepalese Supreme Court in June issued a landmark ruling that ordered the country’s government to guarantee full marriage rights to same-sex couples.
The Japanese Supreme Court in March said it will consider six marriage equality lawsuits that have been filed in the country. The Indian Supreme Court in 2023 ruled against marriage rights for same-sex couples. South Korea is among the other Asian countries in which marriage equality efforts are gaining momentum.
Witayalerdpan said Thailand’s marriage equality law could have a direct impact in Japan, which is the only G7 country that does not legally recognize same-sex couples.
“It’s been nothing but a positive effect (in Thailand) after the same-sex marriage law (took effect),” he said.

InterPride, the organization that coordinates World Pride events, has announced Bangkok and Barcelona, Spain, are the two finalists to host the biennial event in 2030. (World Pride took place in D.C. in 2025.)
Witayalerdpan told the Blade that World Pride in Bangkok would further improve Thailand’s global image. He also said his fellow lawmakers, in turn, should pass LGBTQ rights bills — including proposals that would allow transgender people to legally change their name and gender and enable same-sex couples to have children via surrogates from in vitro fertilization. Witayalerdpan noted the most important bill to him is one that would strengthen Thailand’s LGBTQ-inclusive nondiscrimination law that took effect in 2015.
Impact of US funding cuts has ‘been very hard’
Witayalerdpan also offered advice to activists in the U.S. and elsewhere around the world.
“Keep on pushing forward,” he told the Blade. “I know that it’s hard for activists in Thailand as well.”
Witayalerdpan acknowledged the loss of U.S. government funding since the Trump-Vance administration took office — which has forced advocacy groups in Asia and elsewhere around the world to close — has “been very hard.” Witayalerdpan noted the global LGBTQ and intersex rights movement in response to these cuts has turned to the European Union, the U.K., Canada, and the Netherlands to help fill the gap.
“It’s very good that these countries are providing more funds to the activists in Asia than before because of the Trump situation,” he told the Blade. “It can increase their soft power as well.”
Witayalerdpan said American activists should “wish for a positive result in the mid-term elections.”
“Then there is some resistance,” he added.
Witayalerdpan specifically highlighted efforts to fight against the Trump-Vance administration’s efforts to restrict gender-affirming healthcare.
A federal court in Massachusetts on Aug. 15 struck down a key provision of a U.S. Department of Health and Human Service rule that would have limited access to gender-affirming care under the Affordable Care Act. Maryland and California are two of the 21 states that sued the Trump-Vance administration over the issue.
“You have to show more resistance … to show that we are still here and we will push back when we can,” said Witayalerdpan.
