News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
District of Columbia
Blade contributor, husband exchange vows in D.C.
Yariel Valdés and Kevin Vega held ceremony at Jefferson Memorial on March 23
Washington Blade contributor Yariel Valdés and his husband, Kevin Vega, exchanged vows at the Jefferson Memorial on March 23.
The couple married in Fort Lauderdale, Fla., on Nov. 24, 2025. The Jefferson Memorial ceremony — which Blade International News Editor Michael K. Lavers and Samy Nemir Olivares officiated — coincided with the third anniversary of Yariel and Kevin’s first date.
Yariel in 2019 asked for asylum in the U.S. because of the persecution he suffered as a journalist in his native Cuba. He spent nearly a year in U.S. Immigration and Customs Enforcement custody before his release on March 4, 2020.
Yariel wrote a series of articles about his time in ICE custody that the Blade published. The series was nominated for a GLAAD Media Award in 2022.
Yariel and Kevin live in South Florida.
Ghana
Ghanaian president welcomed to Philadelphia amid backlash over anti-LGBTQ bill
Lincoln University cancelled event with John Mahama
Ghanaian President John Dramani Mahama, known for making anti-LGBTQ legislative promises, was scheduled to appear at two local colleges this week — but plans have changed. Although Mahama will still attend a community dialogue at Temple University, he will no longer be honored at Lincoln University — a Chester County HBCU. He will, however, be presented with an award by the World Affairs Council of Philadelphia. The cancellation of the Lincoln event came shortly after LGBTQ activists spoke out about his appearances.
“Due to unforeseen circumstances, the university is cancelling the visit from President John Dramani Mahama,” Athena Griffith-Howard, associate vice president of marketing and communications at Lincoln University, told PGN.
According to a press release about the scheduled event, Mahama was set to receive an honorary doctorate from Lincoln University on Thursday, March 26, “in recognition of his outstanding contributions to public service, democratic governance, peaceful international and inter-African relationships, and global advocacy for justice, equality, and education.”
Although Griffith-Howard did not respond to additional questions about the matter, Joy News — an independent news organization that markets itself as the “most credible” journalism in Ghana — reports that the university has rescinded his honorary degree and cancelled the visit due to Mahama’s anti-LGBTQ stance.
“It is both surprising and regrettable that, just hours ago, the Embassy received a communication from the university indicating that concerns had been raised by a group regarding President Mahama’s perceived position on Ghana’s Human Sexual Rights and Family Values Bill,” a statement released by the Ghana Embassy on March 24 reads.
Mahama has repeatedly vowed to sign the Human Sexual Rights and Family Values Bill into law if it passes out of parliament. He has also made statements against queer and transgender people.
“The position of my government [is that] marriage is between a man and a woman. A person’s gender is determined at birth. And then also, that the family is the foundation of our nation. That is our position,” Mahama said in a speech on Nov. 18, 2025.
Intimacy laws — which criminalize LGBTQ sex and the use of sex toys — already hold a three-year prison sentence under Ghana law, stemming from legal frameworks that previously governed the country when it was controlled by the British government. Ghana became the first African country to gain independence from European colonization in 1957 — but rather than repeal the antiquated law, leaders chose to incorporate it into their own penal code in 1960. The country’s supreme court upheld the law in 2024.
The Human Sexual Rights and Family Values Bill — often simply referred to as “the anti-LGBTQ+ bill” — would further criminalize LGBTQ people and expression and add new risks for allyship. If passed, the punishment for intimacy violations would increase to a possible five-year prison sentence. LGBTQ people could also be punished for simply identifying as LGBTQ with a new three-year prison sentence.
The proposal would also ban LGBTQ serving organizations, even those that only partly serve LGBTQ people. Violations would include up to five years in prison. Allies could face 10 years in prison for supporting LGBTQ people or promoting LGBTQ rights online, in newspapers, or through other verbal or written communications. Journalists who report on LGBTQ topics are also at risk.
The bill would force families and community members to report those found in violation of the statute to local law enforcement.
“If the parliament of the people of Ghana endorse the bill and vote on it and pass it and it comes to me as president, I will sign it,” Mahama said during his November speech.
Since the Human Sexual Rights and Family Values Bill was introduced in 2021, LGBTQ Ghanaians and allies have experienced widespread discrimination and physical violence — including harassment and arrests, raids on LGBTQ centers (which have led to at least one closure), as well as a hostile media landscape. When the bill was first passed by parliament in 2024, anti-LGBTQ incidents more than doubled.
The proposal was not signed into law by the former President Nana Akufo-Addo, who characterized the proposal as a backsliding of human rights. At the time, Ghana’s finance ministry also warned that signing the bill would place several billions of dollars in funding in jeopardy as a similar anti-LGBTQ bill in Uganda led the World Bank to suspend new funding to that country.
This threat would be especially difficult for Ghana to bear given recent funding cuts made by the Trump administration, which have been especially problematic for some African countries.
Ghana previously relied on USAID funding for social programs and health services, but Trump’s funding cuts led to a $156 million loss — including approximately $78 million that previously funded malaria prevention, maternal and child health, family planning, reproductive health, nutrition, and the fight against HIV/AIDS.
Despite the funding cuts, anti-LGBTQ leaders — including those in Ghana — have been emboldened and empowered by the Trump administration’s own anti-LGBTQ efforts, citing that they no longer fear economic sanctions if their own anti-LGBTQ bill passes.
According to activists, Mahama urged parliament to reintroduce the bill after he took office in January 2025 — around the same time Trump began issuing executive orders, which have negatively impacted LGBTQ Americans.
Mahama is currently in the U.S. to lead a delegation at the United Nations to advocate for reparatory justice for the Transatlantic Slave Trade. He will present a landmark resolution to the United Nations General Assembly in New York City on March 25 — seeking a formal declaration of the Transatlantic Slave Trade as a crime against humanity. The visit also includes a wreath-laying ceremony to honor the lives of enslaved Africans who perished in the U.S.
LGBTQ rights advocates keenly understand the importance of holding the U.S. accountable as direct drivers of the Transatlantic Slave Trade and for the atrocities that occurred to African people on American soil as the country built its economic and social power off of their oppression.
In a press release about Mahama’s visit to Philadelphia, a growing coalition of Philadelphia’s LGBTQ and allied leaders — including Philly Pride 365, GALAEI and ACT UP Philadelphia — called the invitation to speak at Temple University “even more concerning” given the human rights focus of the delegation.
“You cannot come to a global stage calling for justice, repair and recognition of historical harm while simultaneously supporting or advancing policies that criminalize and endanger another marginalized group,” said Tyrell Brown of Philly Pride 365 in the joint statement. “That contradiction is not just political. It reflects a fundamental failure to understand intersectionality and the interconnected nature of oppression.”
“Justice is not selective. Human rights are not conditional,” Brown continued. “If we are serious about repair, it must extend to all people — especially those currently being targeted by state-sanctioned harm.”
There is a colonialist link between the continued oppression of LGBTQ Africans with harmful rhetoric and money coming from the U.S. At least 20 US-based conservative Christian groups, which have spent over $54 million since 2007 on anti-LGBTQ efforts in Africa, are linked to anti-LGBTQ bills and laws across the continent.
“We support the reparations resolution. The argument it rests on is morally sound,” reads a press release issued by JustRight Ghana — a Ghana-based human rights organization. “The transatlantic slave trade classified human beings as property based on what they were born as. It said that certain categories of people, by virtue of their birth, had no rights, no dignity, and no protection from the power of the state.”
“That is the same logic that runs through every clause of the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2025. Section 3 says that being born with a particular sexual orientation makes you a criminal,” the press release goes on to state. “The moral architecture is identical. The only thing that has changed is who the target is.”
The World Affairs Council of Philadelphia still intends to present Mahama with its International Statesperson Award on March 27.
A blurb about the award on the institution’s website reads, “The International Statesperson Award of the World Affairs Council of Philadelphia is the highest honor the Council bestows — a tribute for global leadership. It is presented periodically and awarded to distinguished international figures and world leaders whose work has advanced the twin goals of peace and freedom and resulted in a significant positive impact on world affairs.”
Mahama is also still invited to participate in a community dialogue event that will be held at Temple University on the evening of March 26. The event is advertised as celebrating Ghanaian music and artistic culture, comedy, and heritage — featuring celebratory performances as well as a dialogue with Mahama and other national leaders.
“Attendees will have the opportunity to hear firsthand from the president on Ghana’s vision and emerging opportunities, engage in conversations that help shape diaspora partnerships, and explore business, investment, and cultural collaboration opportunities,” reads an Instagram post about the event. “The evening also marks a historic moment as part of the president’s first official visit to Philadelphia.”
The event was planned before Lincoln University canceled its conferment and according to a press release, Mahama intends to convene with people of the Ghanaian diaspora during the Temple University visit.
“This conversation reflects something bigger than a single event,” reads an Instagram post published by Temple University Black Alumni Alliance about the event. “It represents connection across the diaspora, leadership across borders, and the importance of creating spaces where global perspectives and lived experiences can meet.”
In response to PGN’s request for comments and answers to questions, Steve Orbanek, Temple University’s executive director of communications and media relations, emailed the following statement:
“Temple University unequivocally opposes the exclusion of or discrimination against members of the LGBTQIA+ community. Temple takes pride in providing an inclusive and welcoming environment for all students, faculty, staff, alumni, neighbors and friends regardless of their race, nationality, religion, gender, sexual orientation or identity.
“President Mahama will be in the United States to attend the United Nations General Assembly during the International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. The US-Ghana Chamber of Commerce invited him to participate in a community event and approached Temple about using a venue on campus.
“As a public university, Temple regularly provides space for speakers as part of our ongoing commitment to academic inquiry, open dialogue and public service. We have made venues available for third-party organizations, including political parties or campaigns, regardless of their political viewpoint or stance. The presence of any speaker on campus is not an endorsement by Temple University of the speaker or their views.
The Human Sexual Rights and Family Values Bill that has been recently reintroduced in Ghana’s Parliament is deeply troubling and runs counter to the mission and values of Temple University. Temple’s strength is its people, and every member of our community adds to the cultural richness of our institution. We are committed to cultivating an educational environment founded on respect, open-mindedness, and the appreciation of others.”
The Philadelphia coalition of LGBTQ leaders rejects the idea that hosting a speaker does not reflect the views of the host institution and underlined that platforming political leaders with ties to problematic policies still produces harm.
“Providing a platform to a leader advancing policies that endanger LGBTQ lives and undermine HIV prevention is deeply irresponsible. Institutions of higher education should not normalize or legitimize harm under the guise of dialogue,” said Sam Sitrin of ACT UP Philadelphia in the joint statement.
“Universities should be spaces that uphold human rights and evidence-based public health,” added Jose Demarco of ACT UP Philadelphia. “Hosting leaders associated with policies that criminalize LGBTQ people and undermine HIV prevention sends the wrong message at a time when lives are at stake.”
Temple’s Center for Anti-Racism — an initiative of Temple’s Office of Institutional Diversity, Equity, Advocacy, and Leadership (IDEAL) — which is promoted on flyers and social media as hosting the event, has not responded to PGN’s questions or requests for comments. The event, which was previously included on the university’s events listings, is no longer visible but has not been canceled as of Wednesday, March 25. It is unclear if the university is taking any steps to protect or uplift LGBTQ students during the event.
The Philadelphia coalition of LGBTQ leaders called the decision to host the event in light of the local community’s response “harmful and careless.” They also raised concerns about Temple University’s process to repair wounds and are pressuring Temple to cancel the event and formally apologize to Philadelphia’s LGBTQ community.
“According to organizers, the university had knowledge of the concerns surrounding President Mahama’s [anti-LGBTQ] record as early as Thursday [March 19] but did not conduct meaningful outreach to community partners, nonprofits, or local leaders most impacted by the issue,” the coalition’s press release reads.
“When institutions fail to proactively engage communities on issues of this magnitude, it reveals a disconnect between stated values and actual practice.”
Coalition members joined additional Philadelphia-based leaders in sending a letter to Temple University’s IDEAL initiative and Center for Anti-Racism — noting their concern for the event but also openness to dialoguing directly with the event’s organizers to seek intentionality and transparency.
“This is not an abstract policy discussion. It is about the safety, dignity, and survival of LGBTQ people globally. For many in our communities, including African and Caribbean diaspora members here in Philadelphia, these policies have direct emotional, familial, and cultural impact,” the letter reads. “Hosting this dialogue without intentional accountability risks legitimizing rhetoric and policies that endanger lives.”
Those who signed the letter described themselves as leaders who are Black and Brown, LGBTQ, representatives of HIV/AIDS organizations, and individuals working in government, civil society and DEI spheres in Philadelphia. They include activists of ACT UP Philadelphia, representatives from SMUG International and Bebashi, Ronda Goldfein of the AIDS Law Project of Pennsylvania, Jacen Bowman of Philadelphia Black Pride, Andre Ford of The COLOURS Organization, Sappho Fulton of Womxn Beyond Borders, Hazel Edwards of GALAEI, Simon Trowell of Mazzoni Center, José Benitez of Philadelphia FIGHT, Tyrell Brown of Philly Pride 365, Darius McLean of William Way LGBT Community Center, state Rep. Andre Carroll, state Rep. Malcolm Kenyatta, Philadelphia Councilmember Kendra Brooks, and Philadelphia Councilmember Rue Landau.
They underline that proceeding without addressing concerns would risk harm to the very students and communities IDEAL purports to support.
“As Black and Brown and African LGBTQ leaders, with the support of our allies, we are requesting that the organizers of this event include questions about this truly dangerous legislation and highlight the real world impact on Ghanaian LGBTQ people, their families and their communities,” the letter insists. “Though we believe in autonomy for all nations, and that Americans should not dictate the policy of other nations, we also believe that these deadly policies should not go unquestioned or unchallenged, especially since this event is sponsored by IDEAL, which has a strong commitment to the BIPOC, LGBTQ, and Ghanaian students at Temple.”
They underlined that questions about the matter should come directly from the event’s organizers rather than become the responsibility of the community during a Q&A. The signed leaders hope to receive a response by Wednesday evening — and PGN will follow up with continued reporting when more information about the university and community’s plans are known.
“Silence, in this moment, is not neutrality: it is complicity,” the letter emphasizes.
District of Columbia
‘Out for McDuffie’ event held at D.C. gay bar
Mayoral candidate cites record of longtime support for LGBTQ rights
More than 100 people filled the upstairs room of the D.C. gay bar Number 9 on Thursday night, March 26, to listen to D.C. mayoral candidate Kenyan McDuffie at an event promoted as an “Out for McDuffie” meet and greet session.
Several local LGBTQ activists who attended the event said they support McDuffie, a former D.C. Council member, in his run for mayor while others said they had not yet decided whom to vote for in the June 16 D.C. Democratic primary election.
As of March 27, eight other Democrats were competing against McDuffy in the June 16 primary, including D.C. Council member Janeese Lewis George (D-Ward 4), considered McDuffie’s lead opponent. Lewis George also has a record of strong support on LGBTQ issues.
Most political observers consider McDuffie and Lewis George the two lead candidates in the race, with the others having far less name recognition.
The two lead organizers of the Out for McDuffie event were LGBTQ rights advocates Courtney Snowden, a former D.C. deputy mayor in the administration of Mayor Muriel Bowser, and Cesar Toledo, a local LGBTQ youth housing services advocate.
“I’m a candidate for mayor of Washington, D.C. and I’m running for mayor because I love this city,” McDuffie told the gathering after being introduced by Snowden. “And now more than ever we need leadership to take us to the future,” he said, adding that he and his administration would “stand up and fight” against President Donald Trump’s efforts to intervene in local D.C. affairs.
“Our strength is in the 700,000 beautifully diverse residents of Washington, D.C.” he told the gathering. “And as Courtney said, I didn’t just show up and run for mayor and then start saying that I’m going to be an ally for the queer community, for the LGBTQ+ community,” he said, “I’ve lived my entire professional life fighting for justice and fighting for fairness.”
Following his speech, McDuffie told the Washington Blade, “We’re going to fight to protect our LGBTQ+ community every single day. That’s what I’ve spent my career doing, making sure we have a beautifully diverse and inclusive city.”
He remained at Number 9, located at 1435 P St., N.W., for nearly an hour after he spoke, chatting with attendees.
-
Pennsylvania4 days agoPa. House passes bill to codify marriage equality in state law
-
Florida5 days agoDeSantis signs emergency bill that restores Fla. ADAP funding
-
a&e features4 days agoIntroducing the Torchbearers Awards honoring queer, trans women and nonbinary people
-
Sports4 days agoNew IOC policy bans trans women from Olympics
