News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
U.S. Military/Pentagon
Federal appeals court rules White House illegally banned trans troops
Defense Secretary Pete Hegseth says Pentagon will appeal to SCOTUS
A panel of federal appeals court judges ruled that President Donald Trump’s policy banning transgender troops likely violates their constitutional rights.
The three-judge panel from the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ruled 2-1 that Trump’s Executive Order 14183, also known as “Prioritizing Military Excellence and Readiness,” was created with the intent to exclude people from the military based on their gender identity.
The policy argues that trans people are inherently incapable of meeting the military’s “high standards of readiness, lethality, cohesion, honesty, humility, uniformity, and integrity,” citing a history of or signs of gender dysphoria as the cause. According to the Defense Department, this creates “medical, surgical, and mental health constraints on [an] individual.”
The policy states that, regardless of the physical or intellectual capabilities of each applicant, it views trans military applicants as a monolith, considering them less qualified than their cisgender peers.
Despite the panel’s majority opinion issued on Monday, the first day of Pride Month, the ban remains in effect. The U.S. Supreme Court allowed the Pentagon to enforce the policy last year and will continue to allow it to remain in place as litigation proceeds.
The panel’s new ruling will prevent the military from discharging current service members named in the lawsuit, but it does not allow new transrecruits to join.
The policy “appears to be driven by the bare desire to harm a politically unpopular group: persons who identify as transgender,” Judge Robert Wilkins, a Democratic appointee of President Barack Obama wrote for the majority.
Judge Justin Walker, the author of the dissenting opinion and a Republican Trump appointee, argued that the authority to determine military policy does not rest with the courts. Instead, he wrote, the Constitution grants that power to Congress through legislation and to the president as commander in chief of the armed forces.
“We have neither the expertise nor the authority to decide whether the military can exclude the plaintiffs from its ranks. The Constitution assigns that authority to Congress and the commander-in-chief,” Walker wrote.
Defense Secretary Pete Hegseth indicated that an appeal is in the works, posting, “See you at SCOTUS” on X on Monday in response to the ruling.
Jennifer Levi, senior director of transgender and queer rights at GLAD Law, which has led the litigation since last November, applauded the decision.
“Today’s decision is a powerful vindication of the plaintiffs’ extraordinary courage and unwavering commitment to their country,” Levi said.
The Washington Blade spoke with Second Lt. Nicolas (Nic) Talbott of the U.S. Army, the lead plaintiff in the case, and Levi from GLAD Law back in November.
While discussing the case and his experiences as a trans service member, Talbott said his identity is an asset rather than a hindrance, particularly when it comes to identifying problems and finding solutions, regardless of what others may think or say.
“Being transgender is not some sad thing that people go through,” Talbott told the Blade. “This is something that has taken years and years and years of dedication and discipline and research and ups and downs to get to the point where I am today … my ability to transition was essential to getting me to that point where I am today.”
He also discussed the impact of removing qualified and dedicated service members from the military, arguing that the consequences will be felt long after Trump leaves office.
“When we’re losing thousands of those qualified, experienced individuals … those are seats that are not just going to be able to be filled by anybody,” he said. “[That’s] military training that’s not going to be able to be replaced for years and years to come.”
“Every person who puts on the uniform is expected to make a tremendous amount of sacrifice,” Talbott said. “Who I am under this uniform should have no bearing on that … We shouldn’t be picking and choosing which veterans are worthy of our thanks on that day.”
Levi characterized the policy as overtly cruel and legally indefensible to the Blade.
“This policy and its rollout is even more cruel than the first in a number of ways,” Levi explained. “For one, the policy itself says that transgender people are dishonest, untrustworthy and undisciplined, which is deeply offensive and degrading and demeaning.”
She also argued that the administration’s cost justification is flawed, saying that removing and replacing trans service members is more expensive than retaining them.
“There’s no legitimate justification relating to cost … it is far more expensive to both purge the military of people who are serving and also to replace people … than to provide the minuscule amount of costs for medications other service members routinely get.”
National
Results from key Tuesday primary races
State officials in California had not called the governor’s race as of Wednesday morning but Republican Steve Hilton and Democrat Xavier Becerra appear likely to advance to the general election.
The race for governor has been scrambled several times after Kamala Harris opted not to run, Rep. Eric Swalwell dropped out after sexual misconduct allegations surfaced, and Rep. Katie Porter’s campaign fizzled. Becerra would be the state’s first Latino governor since 1875 if elected. Hilton was endorsed by President Trump.
In the Los Angeles mayor’s race, the AP declared that incumbent Mayor Karen Bass will advance to the Nov. 3 runoff while former reality TV star Spencer Pratt and LA Council member Nithya Raman were competing for second place. California is notoriously slow in counting ballots and only about half of the results were available by Wednesday morning.
In San Francisco, Democratic State Sen. Scott Wiener advanced to the general election in November, besting Supervisor Connie Chan, who was endorsed by House Speaker Emerita Nancy Pelosi. Pelosi is retiring from Congress after nearly 40 years in the House.
In Iowa, Democratic state Rep. Josh Turek won the primary for an open U.S. Senate seat, defeating state Sen. Zach Wahls. Turek will face Rep. Ashley Hinson, who won the GOP primary with President Donald Trump’s endorsement, in the general election.
The Iowa seat is open because Sen. Joni Ernst (R) decided not to seek re-election. The primary was closely watched by LGBTQ advocates because Wahls rose to national prominence after a speech he made defending marriage equality went viral in 2011. Wahls was raised by a lesbian couple.
Congress
10 HIV/AIDS activists arrested on Capitol Hill
Protesters interrupted Secretary of State Marco Rubio during hearing
U.S. Capitol Police on Tuesday arrested 10 HIV/AIDS activists who protested Secretary of State Marco Rubio during a Senate Foreign Relations Committee hearing.
The activists from Housing Works, Health GAP, the Treatment Action Group, and ACT UP held signs and chanted “Rubio’s Cuts Kill People with AIDS, PEPFAR Saves Lives!” before officers removed them from Dirksen Senate Office Building room where the hearing took place.
A media advisory the Washington Blade received before the protest noted “mounting evidence of Rubio’s attempts to sabotage PEPFAR (the President’s Emergency Plan for AIDS Relief, U.S. bilateral AIDS program) and vital global health programs.” The press release specifically highlighted three specific points:
• Eliminating Centers for Disease Control’s (CDC) lifesaving PEPFAR programs, which currently support approximately 12 million people on HIV treatment across 51 countries. Instead, Rubio intends to dismantle CDC’s current PEPFAR role and stamp out their global footprint in disease outbreak and surveillance for pandemics beyond HIV. Experts including eight former CDC Directors under Republican and Democratic administrations have spoken out against this effort to dismantle PEPFAR. Recent PEPFAR data showed sharp decreases in the numbers of people newly tested, diagnosed, and treated for HIV, but these data would have been even worse if not for CDC’s PEPFAR programs.
• Withholding $2 billion in Congressionally appropriated FY25 funding, including $330 million to combat HIV, $250 million to fight malaria, $320 million for maternal and child health programs, and nearly $650 million in global health security programs.
• Negotiating secret bilateral deals blackmailing African governments by demanding access to critical mineral wealth as a condition of access to HIV treatment and prevention funding.
The groups have staged several protests against the Trump-Vance administration’s HIV/AIDS policies since it took office.
Rubio on Jan. 28, 2025, issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.
The State Department last September announced PEPFAR will distribute lenacapavir in countries with high prevalence rates.
The New York Times last summer reported Vought “apportioned” only $2.9 billion of $6 billion that Congress set aside for PEPFAR for fiscal year 2025. (PEPFAR in the coming fiscal year will use funds allocated in fiscal year 2024.)
Bipartisan opposition in the U.S. Senate prompted the Trump-Vance administration last July withdraw a proposal to cut $400 million from PEPFAR’s budget. Vought a few weeks later said he would use a “pocket rescission” to cancel $4.9 billion for HIV/AIDS prevention and global health programs and other foreign aid assistance initiatives that Congress had already approved.
The White House in January expanded the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.” President Ronald Reagan in 1985 implemented the original regulation, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. Advocacy groups insist the expanded rule will adversely impact HIV prevention efforts around the world.
“Congress must stop Secretary Rubio before he dismantles PEPFAR,” said Treatment Action Group’s Kendall Martinez-Wright. “Rubio continues to defy the will of Congress and the American people who want this program restored and repaired. Under his leadership he is diverting funding and trying to eliminate the essential role of technical experts in global HIV and global health, while program performance is flailing.”
