News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Hungary
Charges against Budapest mayor for organizing Pride march dropped
Country’s new government took office last month
Hungarian authorities on Thursday dropped charges against Budapest Mayor Gergely Karácsony over his role in organizing the city’s 2025 Pride march.
Karácsony spoke at the event, even though then-Prime Minister Viktor Orbán’s government banned it.
More than 100,000 people defied the ban and participated in the march that took place on June 28, 2025. The Associated Press notes the Budapest Chief Prosecutor’s Office in January charged Karácsony with “organizing the unlawful assembly despite a prohibition order.”
Karácsony, who has been Budapest’s mayor since 2019, described himself as a “proud defendant” after his indictment.
“It seems that in this country, this is the price you pay if you stand up for your own freedom and the freedom of others,” he said in a statement, according to the AP. “If anyone thinks they can ban me, deter me, or prevent me and my city from doing so, they are gravely mistaken.”
Budapest is Hungary’s capital and largest city.
Prime Minister Péter Magyar took office last month after his center-right Tisza party ousted Orbán’s Fidesz-KDNP coalition in elections that took place on April 12.
Hungarian police on May 29 announced they will allow the Budapest Pride march to take place this year.
The European Union’s top court, the EU Court of Justice, days after Orbán’s ouster struck down Hungary’s anti-LGBTQ propaganda law that MPs approved in 2021. The BBC notes Hungarian authorities cited the decision in their decision to drop the charges against Karácsony.
Authorities in Pécs, a city near Hungary’s border with Croatia, have also dropped charges against Géza Buzás-Hábel, who organized a 2025 Pride event.
National
Gallup finds LGBTQ support among Americans is dropping
Marriage equality support lowest since 2016
Gallup, one of the leading organizations in public opinion polling, has found that LGBTQ support among Americans is dropping.
The poll, whose data was collected using Gallup’s annual Values and Beliefs survey, was conducted in May and was published on Wednesday. The data was collected through telephone interviews from a sample of more than 1,000 adults living in all 50 states and D.C. using random digit dialing.
It highlights declining attitudes surrounding LGBTQ issues in multiple areas — from support for same-sex marriage to views on gender identity and the morality of one’s sexuality.
One of the most striking findings was that support for marriage equality fell six points from its 2022-2023 high.
The survey also found that 62 percent of Americans view gay and lesbian relations as morally acceptable, the lowest level since 2016 just after same-sex marriage was legalized nationwide by the U.S. Supreme Court.
One newer question on the poll found that the perceived morality of changing one’s gender has dropped eight points since 2021, indicating the American public is less supportive of transgender people.

The data attributes much of the decline to shifting Republican views alongside the party itself. Conservative leaders have pushed back against diversity, equity, and inclusion programs that were intended to foster greater acceptance of LGBTQ people and other historically disadvantaged groups.
President Donald Trump has been a guiding force behind waves of anti-LGBTQ sentiment, particularly when it comes to trans rights. The president has enacted multiple executive orders, including Executive Order 14168, “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government,” which mandates that gender be defined by one’s sex assigned at birth. He also signed Executive Order 14183, “Prioritizing Military Excellence and Readiness,” which barred qualified trans applicants from joining the military and led to the removal of trans service members already serving in the armed forces.
Additionally, he signed Executive Order 14201, “Keeping Men Out of Women’s Sports,” which prohibits trans female athletes from participating on women’s and girls’ sports teams.
In February, Gallup found that an estimated 9 percent of Americans identified as part of the LGBTQ community in some form.
The organization also found that 23 percent of adults under age 30 identify as LGBTQ, compared with 10 percent of those ages 30 to 49 and 3 percent or less among those ages 50 and older.
Congress
Ogles faces bipartisan backlash over anti-gay social media post
Tenn. congressman blamed the comment on staffer
U.S. Rep. Andy Ogles (R-Tenn.), who represents Tennessee’s 5th Congressional District, is facing backlash from LGBTQ advocates and fellow Republicans after a social media post declared that “homosexuality has no place in America.”
“Homosexuality has no place in America. Happy Nuclear Family Month,” the congressman wrote in a post on X that was later deleted.
According to the Williams Institute at UCLA School of Law, an estimated 6.3 percent of U.S. adults identify as LGBTQ.
Following widespread criticism, Ogles removed the post and blamed it on a staff member.
“The post was stupid, hurtful and a complete distraction from my America First focus. The employee has been reprimanded,” Ogles said in a statement.
The Washington Blade reached out to Ogles’s office for comment but did not receive a response by press time.
Among those condemning the message was U.S. Rep. Mike Lawler (R-N.Y.), who called it “absolutely idiotic” in a social media post.
“Homosexuality exists. In America,” Lawler wrote on X. “In fact, Andy, you have family, friends, neighbors, colleagues, and constituents who are gay and lesbian. It doesn’t make them less than or somehow unworthy of being an American.”
U.S. Sen. Ted Cruz (R-Texas) also criticized Ogles’s remarks.
“For all of recorded history, homosexuals have been a part of humanity,” Cruz told TMZ DC. “I think the behavior of consenting adults is their business.”
Chris Sanders, the executive director for the Tennessee Equality Project and Tennessee Equality Project Foundation provided a statement to the Blade about Ogles’s comment.
“The Tennessee Nuclear Family Month resolution has really backfired on conservatives by ensnaring Congressman Ogles in scandal. He used the resolution as a pretext to say that our community doesn’t belong in America, resulting in incredible backlash from across the partisan divide,” Sanders said. “It is a good opportunity for him to pause and reflect on whether it’s time for him to resign. Fighting one’s own constituents is not the purpose of serving in Congress.”
Human Rights Campaign Senior Press Secretary Jarred Keller provided a statement to the Blade regarding Ogles’s comments.
“LGBTQ+ people are woven into the fabric of America, and any politician who questions that is severely out of touch with reality. When so many people are worried about whether they can afford gas to get to work or groceries for their families, the last thing we need is right-wing Republicans targeting marginalized communities with hateful attacks,” Keller said. “Representative Ogles should spend less time attacking LGBTQ+ people and start addressing the issues that actually matter, because last I checked, our community isn’t the reason families are struggling to make ends meet.”
The controversy comes as Tennessee continues to advance legislation affecting LGBTQ residents. The state already has several laws on the books that LGBTQ advocates have criticized, including the Adult Entertainment Act, enacted in 2023, which restricts certain “adult cabaret performances.”
Lawmakers have also introduced additional measures this legislative session, including the “No Pride Flag or Month Act,” which would prohibit state employees, volunteers, and agents from displaying Pride flags or participating in Pride observances while acting in an official capacity.
Another proposal, the “Banning Bostock Act” would seek to limit the application of state anti-discrimination protections based on the U.S. Supreme Court’s decision in Bostock v. Clayton County. Tennessee lawmakers have also passed other measures restricting LGBTQ rights and access to gender-affirming health care.
