News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Rehoboth Beach
Women’s FEST returns to Rehoboth Beach next week
Golf tournament, mini-concerts, meetups planned for silver anniversary festival
Women’s+ FEST 2026 will begin on Thursday, April 9 at CAMP Rehoboth Community Center.
The festival will celebrate a remarkable milestone in 2026: its silver anniversary. For 25 years, Women’s+ FEST has brought fun and entertainment for all those on the spectrum of the feminine spirit. There will be a variety of events including a golf tournament, mini-concerts and happy hour meetups.
For more information, visit Camp Rehoboth’s website.
Belarus
Belarusian lawmakers approve bill to crackdown on LGBTQ rights
Country’s president known as ‘Europe’s last dictator’
Lawmakers in Belarus on Thursday approved a bill that would allow the government to crack down on LGBTQ advocacy.
The Associated Press notes the bill would punish anyone found guilty of “propaganda of homosexual relations, gender change, refusal to have children, and pedophilia” with fines, community labor, and 15 days in jail.
The House of Representatives, the lower house of the Belarusian National Assembly, last month approved the bill. The Council of the Republic, which is the parliament’s upper chamber, passed it on Thursday.
President Alexander Lukashenko is expected to sign it.
Belarus borders Poland, Ukraine, Russia, Latvia, and Lithuania. Lukashenko — known as “Europe’s last dictator” is a close ally of Russian President Vladimir Putin.
Kazakhstan is among the countries that have enacted Russian-style anti-LGBTQ propaganda laws in recent years.
Vika Biran, a Belarusian LGBTQ activist, is among those arrested during anti-Lukashenko protests that took place in 2020 after he declared victory in the country’s presidential election.
District of Columbia
How new barriers to health care coverage are hitting D.C.
Federally qualified health centers bracing for influx of newly uninsured patients
Washington, D.C. has the second-lowest rate of people who lack health insurance in the country, but many residents are facing new barriers to health care due to provisions of the sweeping federal law passed in July, which threatens access for thousands.
Changes to insurance eligibility and the rising cost of premiums, which kicked in for some in October and others more recently, are expected to leave many more patients uninsured or unable to afford medical care. Federally qualified health centers, including D.C.’s Whitman-Walker Health, where 10 to 12 percent of patients are uninsured, are bracing for an influx of newly uninsured patients while facing their own financial challenges.
Even in D.C., where uninsured rates have been among the lowest in the country, changes brought on by the passage of the Republican mega bill (known as the “Big Beautiful Bill”) will have major effects.
The changes from the bill affect Medicaid, which is free to low-income patients, and subsidies for insurance that people buy on the health insurance exchanges that were started under the Affordable Care Act, which were allowed to expire on Dec. 31.
Erin Loubier, vice president for access and strategic initiatives at Whitman-Walker Health, says some Whitman-Walker Health patients have received notices about premium increases, including several who say the increases are up to 1,000 percent more than they were paying.
“That is like paying rent,” she says. “We live in an expensive city, so any increases are going to be really, really hard on people.”
Whitman-Walker Health and other healthcare providers are expecting the changes to have multiple effects — some patients may not be able to afford coverage or may avoid going to the doctor and allow health conditions to worsen because they can’t afford care, and many more will be seeking care who don’t have insurance.
“I’m worried that we’re going to not just have people who can’t get care, but that they delay care until they’re really sick, and then the care is not as effective because they might have waited too long, and then we may have a less healthy population,” Loubier says.
Loubier says delaying care, and serving more people without insurance has major implications for Whitman-Walker Health and other health centers serving the community.
“There’s going to be a lot of pressure on us to try to find and raise more money, and that’s going to be harder, because I think all organizations who provide health care are going to be facing this,” she says.
The U.S. health care system is the most expensive in the world, and has much higher out-of-pocket costs for individuals. But in other countries like the United Kingdom, Australia, Canada, and many others, health care is much less expensive — or even free.
Even though the U.S. has a high-priced healthcare system, critics say there are still ways to bring down costs by forcing insurance and pharmaceutical companies to absorb more of the costs, rather than transferring the costs to patients.
“In the U.S., they end up trying to cut costs at the person’s level, not at the level of the different corporations or structures that are making a lot of money in healthcare,” said Loubier. “Our system is so complicated and there is probably waste in it, but I don’t think that that cost and waste is at the ‘people’ level. I think it’s higher up at the system level, but that is much, much harder to get people to try to make cuts at that end.”
Ultimately at Whitman-Walker Health, healthcare providers and insurance navigators are planning to help with everyday necessities when it comes to healthcare coverage and striving to provide healthcare in partnership with patients, said Loubier.
“The key here is we’re going to have a lot of people who may lose insurance, and they’re going to rely on places like Whitman-Walker Health and other community health centers, so we have to figure out how we keep providing that care,” she said.
(This article was written by a student in the journalism program at Bard High School Early College DC. This work is part of a partnership between the Washington Blade Foundation and Youthcast Media Group, funded through the FY26 Community Development Grant from the Office of D.C. Mayor Muriel Bowser.)
