News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
District of Columbia
‘Queer Love’ campaign launched to address domestic violence
D.C. event set for LGBTQ+ Domestic Violence Awareness Day on May 28
The D.C.-based Wanda Alston Foundation, which provides housing and support services for homeless LGBTQ youth, announced earlier this month that it has joined partner organizations to launch a Queer Love Shouldn’t Hurt campaign aimed at addressing domestic violence within the LGBTQ community.
In a May 18 statement, the Alston Foundation said the campaign involves a public awareness initiative leading up to LGBTQ+ Domestic Violence Awareness Day scheduled for May 28.
“Domestic and family violence in LGBTQ+ communities is real and too often invisible,” Cesar Toledo, the Alston Foundation’s executive director, said in the statement. “As a community, we do not talk about it enough, and that silence can leave survivors feeling isolated and alone,” he said. “We must break that silence.”
He added that culturally competent care for those impacted by domestic violence is available through a newly launched website, queerlove.org, “where people can safely access vital resources, educational toolkits, and support networks they need on their healing journey.”
The website announces one of the project’s first events, a Queer Love Community Social, was scheduled for Thursday, May 28, from 6-8 p.m. at the D.C. LGBTQ+ Community Center at 1827 Wiltberger St., N.W.
“Join us this LGBT+ Domestic Violence Awareness Day for a community social dedicated to visibility and survivor resilience,” the website statement says. “Let’s gather to strengthen our bonds, honor the path to healing, and share free resources,” it says of the May 28 event.
The website also announces a June 1 workshop called Empowering Survivors of LGBTQ+ Intimate Partner Violence, which it says will be presented by Jesse Wedell, an official with the D.C. LGBT+ Counseling Collaborative. The website provides an online form to register for the workshop upon which its location would be disclosed.
It identifies the partner organizations working with the Alston Foundation on the Queer Love Public Awareness Campaign as the LGBT+ Counseling Collaborative, Whitman-Walker Health, the D.C. LGBTQ+ Community Center, and Equality Chamber.
The resources and information provided by the project can be accessed at www.queerlove.org.
2026 Midterm Elections
Ken Paxton wins Texas Republican primary runoff
LGBTQ rights opponent will face Democrat James Talarico in November
Attorney General Ken Paxton won the Republican Senate primary in Texas on Tuesday, ousting incumbent U.S. Sen. John Cornyn.
Paxton won the primary against the four-term incumbent in large part due to President Donald Trump’s endorsement. Despite Cornyn voting with Trump more than 90 percent of the time, political insiders say being supportive isn’t enough to win Trump’s endorsement anymore — Republican candidates need to embrace the full MAGA image, something Paxton has done.
Paxton has served as Texas attorney general since 2015 and, before that, worked as a Texas state representative. He has approached both roles with what LGBTQ activists call a “consistently Anti-LGBTQ+ Record.” Following the landmark U.S. Supreme Court decision in Obergefell v. Hodges — the case that made same-sex marriage the law of the land — Paxton advised Texas county clerks they could refuse marriage licenses to same-sex couples on religious grounds.
His anti-LGBTQ crusade doesn’t stop at fighting against marriage equality.
Paxton has repeatedly demanded medical records for transgender youth in multiple states — including Texas, Georgia, and Washington — in hopes of making the practice illegal. His anti-trans actions go far past medical records. Paxton issued an opinion barring trans Texans from changing the sex on their driver’s licenses and birth certificates, claiming any changes made were “unlawfully altered,” and helped the DOJ reach an agreement with a Texas’s children’s hospital for providing minors gender-affirming care, eventually leading to a 10 million dollar settlement. He also authored a non-legally binding opinion equating gender-affirming healthcare for youth to child abuse.
In addition to his long history of anti-LGBTQ policy in the Lone Star State, Paxton is no stranger to controversy.
Multiple impeachment efforts brought against him in the state House of Representatives for “abuse of office” — with the state Senate later acquitting him — allegations that he used his office to assist large campaign donors, namely Nate Paul, and a widely publicized separation from his wife, state Sen. Angela Paxton, all impacted his run for the U.S. Senate seat — but not enough to keep him from the office.
Lynne Bowman, vice president of campaigns at the Human Rights Campaign, issued a statement following the announcement of Paxton’s primary win.
“Texans have a clear choice this fall, and an opportunity to reject failed policies that hurt all families,” Bowman sent to the Blade via email. “Ken Paxton is so out of step that he has fought to undercut marriage equality and spent time demanding personal medical records for young people who do not even live in Texas, all while becoming the most corrupt politician in America. The more than 2 million Equality Voters in Texas will send him packing.”
Paxton will face off against Democratic hopeful and vocal Trump critic James Talarico in the fall.
Talarico, who won the Democratic primary in April against Congresswoman Jasmine Crockett, has been a vocal supporter of LGBTQ rights, citing his ministry work as the source of his support for the community.
The race for Texas’s Senate seat will be decided on Nov. 3.
China
China’s top court acknowledges anti-LGBTQ discrimination
Postgraduate student petitioned for legal clarification
China’s Supreme People’s Court on May 8 issued a rare response to a petition involving LGBTQ discrimination.
In a surprising response; it discussed sexual orientation, gender identity, and gender expression. The response also mentioned workplace discrimination, public humiliation, and school bullying, language considered uncommon from China’s legal system.
The response stemmed from a proposal submitted by a postgraduate student in Qingdao through China’s xinfang petition system on March 25, urging the court to establish clearer judicial standards against discrimination based on sexual orientation and gender identity. Six weeks later, the Supreme People’s Court Research Office issued a written reply.
The Research Office is an internal legal and policy body within the Supreme People’s Court. It studies legal issues, drafts judicial guidance, and responds to legal inquiries submitted through official channels. Its responses do not carry the same legal weight as a judicial interpretation or court ruling.
“The opinions and suggestions you raised are of great value,” reads a translated version of the Supreme People’s Court Research Office response. “In order to thoroughly implement the Constitution, Civil Code, Employment Promotion Law and other legal provisions, and effectively protect citizens’ personality rights from infringement, the Supreme People’s Court has guided local courts at all levels to handle a number of related cases, and through typical cases and other forms has clarified adjudication rules.”
The response stated that courts may determine public insults, defamation and, discriminatory conduct targeting sexual orientation, gender identity and gender expression as infringement of personality rights. It also said employers treating individuals differently in hiring, employment, transfer or dismissal based on those characteristics could face employment discrimination claims. Schools could also bear legal responsibility for improper discipline or bullying involving students based on sexual orientation, gender identity and gender expression, according to the response.
“It’s not a systematic change from the authorities recognizing LGBTQ rights,” said Renn Hao, an LGBTQ activist in China. “However, it’s an informal statement from the Supreme Court. According to a scholar researching LGBTQ legal cases in China, courts are recognizing more cases involving LGBTQ discrimination and same-sex partners through their verdicts.”
China decriminalized consensual same-sex sexual relations in 1997 and removed homosexuality from the country’s list of mental disorders four years later. Chinese law, however, does not recognize same-sex relationships.
Public advocacy involving LGBTQ issues also remains tightly controlled. Authorities in recent years have continued restricting community organizing, public events, and online expression involving sexual minorities.
Discussions involving LGBTQ issues are also frequently censored on Chinese social media platforms.
Activists and advocacy groups say Chinese authorities in recent years have removed online content, shut down LGBTQ student group accounts and restricted public discussion involving sexual minority issues. After the Supreme People’s Court response began circulating online, related posts and articles were also removed from some Chinese platforms.
“It may still be too early to fully assess the long-term impact, as this development has only just happened and the situation is still unfolding,” said Xiaogang Wei, a Beijing-based LGBTQ rights activist, filmmaker, and founder of the China Rainbow Collective Foundation. “Although the reply is not legally binding, it represents a rare form of institutional acknowledgment of SOGIE-related discrimination in China. For Chinese LGBTQ people and advocates, this could become a meaningful reference point for future legal advocacy, public communication, and community awareness.”
Wei said the rapid removal of related posts and articles limited the development’s broader public impact and underscored how fragile LGBTQ visibility remains in China.
“This is why we believe it is important to continue sharing verified information and ensuring that this development is not erased from public understanding,” Wei said.
Chinese courts in recent years have also heard a number of LGBTQ-related employment discrimination cases, despite the absence of explicit nationwide protections based on sexual orientation or gender identity. In one notable case, the Supreme People’s Court in 2018 formally recognized “equal employment rights disputes” as a legal cause of action, allowing some discrimination-related cases to proceed through the courts.
Chinese courts have previously handled several LGBTQ-related disputes involving employment discrimination, custody, and so-called conversion therapy. In 2024, a Beijing court drew attention after recognizing visitation rights for a child involving a same sex couple, a decision activists described as a milestone for LGBTQ families in China.
