Connect with us

News

Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

Published

on

Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Federal Government

Two very different views of the State of the Union

As Trump delivered his SOTU address inside the Capitol, Democratic lawmakers gathered outside in protest, condemning the administration’s harmful policies.

Published

on

President Donald Trump speaks at the State of the Union address at the U.S. Capitol on Feb. 24. (Washington Blade photo by Michael Key)

As President Donald Trump delivered his State of the Union address inside the U.S. Capitol — touting his achievements and targeting political enemies — progressive members of Congress gathered just outside in protest.

Their message was blunt: For many Americans, particularly LGBTQ people, the country is not better off.

Each year, as required by Article II, Section 3 of the Constitution, the president must “give to the Congress Information of the State of the Union.” The annual address is meant to outline accomplishments and preview the year ahead. This year, Trump delivered the longest State of the Union in U.S. history, clocking in at one hour and 48 minutes. He spoke about immigration, his “law and order” domestic agenda, his “peace through strength” foreign policy doctrine, and what he framed as the left’s ‘culture wars’ — especially those involving transgender youth and Christian values.

But one year into what he has called the “Trump 2.0” era, the picture painted outside the Capitol stood in stark contrast to the one described inside.

Transgender youth

In one of the most pointed moments of his speech, Trump spotlighted Sage Blair, using her story to portray gender-affirming care as coercive and dangerous. Framing the issue as one of parental rights and government overreach, he told lawmakers and viewers:

“In the gallery tonight are Sage Blair and her mother, Michelle. In 2021, Sage was 14 when school officials in Virginia sought to socially transition her to a new gender, treating her as a boy and hiding it from her parents. Hard to believe, isn’t it? Before long, a confused Sage ran away from home.

“After she was found in a horrific situation in Maryland, a left-wing judge refused to return Sage to her parents because they did not immediately state that their daughter was their son. Sage was thrown into an all-boys state home and suffered terribly for a long time. But today, all of that is behind them because Sage is a proud and wonderful young woman with a full ride scholarship to Liberty University.

“Sage and Michelle, please stand up. And thank you for your great bravery and who can believe that we’re even speaking about things like this. Fifteen years ago, if somebody was up here and said that, they’d say, what’s wrong with him? But now we have to say it because it’s going on all over, numerous states, without even telling the parents.

“But surely, we can all agree no state can be allowed to rip children from their parents’ arms and transition them to a new gender against the parents’ will. Who would believe that we’ve been talking about that? We must ban it and we must ban it immediately. Look, nobody stands up. These people are crazy. I’m telling you, they’re crazy.”

The story, presented as encapsulation of a national crisis, became the foundation for Trump’s renewed call to ban gender-affirming care. LGBTQ advocates — and those familiar with Blair’s story — argue that the situation was far more complex than described and that using a single anecdote to justify sweeping federal restrictions places transgender people, particularly youth, at greater risk.

Equality Virginia said the president’s remarks were part of a broader effort to strip transgender Americans of access to care. In a statement to the Blade, the group said:

“Tonight, the president is choosing to double down on efforts to disrupt access to evidence-based, lifesaving care.

“Rather than allowing families and doctors to navigate deeply personal medical decisions free from federal interference — or allowing schools to respond with nuance and compassion without putting marginalized children at risk — the president is instead advocating for reckless, one-size-fits-all political control.

“At a time when Virginians are worried about rising costs, economic uncertainty, and aggressive immigration enforcement actions disrupting communities and families, attacking transgender young people is a blatant political distraction from the real challenges facing our nation. Virginia families and health care providers do not need Donald Trump telling them what care they do or do not need.”

For many in the LGBTQ community, the rhetoric inside the chamber echoed actions already taken by the administration.

Earlier this month, the Pride flag was removed from the Stonewall National Monument under a National Park Service directive that came from the top. Community members returned to the site, raised the flag again, and filed suit, arguing the removal violated federal law. To advocates, the move was symbolic — a signal that even the legacy of LGBTQ resistance was not immune.

Immigration and fear

Immigration dominated both events as well.

Inside the chamber, Trump boasted about the hundreds of thousands of immigrants detained in makeshift facilities. Outside, Democratic lawmakers described those same facilities as concentration camps and detailed what they characterized as the human toll of the administration’s enforcement policies.

Sen. Ed Markey (D-Mass.), speaking to the crowd, painted a grim picture of communities living in fear:

“People are vanishing into thin air. Quiet mornings are punctuated by jarring violence. Students are assaulted by ICE agents sitting outside the high school, hard working residents are torn from their vehicles in front of their children. Families, hopelessly search for signs of their loved ones who have stopped answering their phones, stop replying to text… This is un-American, it is illegal, it is unconstitutional, and the people are going to rise up and fight for Gladys Vega and all of those poor people who today need to know that the people’s State of the Union is the beginning of a long fight that is going to result in the end of Republican control of the House of Representatives and the Senate in the United States of America in 2026.”

Speakers emphasized that LGBTQ immigrants are often especially vulnerable — fleeing persecution abroad only to face detention and uncertainty in the United States. For them, the immigration crackdown and the attacks on transgender health care are not separate battles but intertwined fronts in a broader cultural and political war.

Queer leadership

Rep. Robert Garcia (D-Calif.) speaks at the People’s State of the Union on the Mall on Feb. 24. (Photo by Andrei Nasonov)

After delivering remarks alongside Robert Garcia, Kelley Robinson, president of the Human Rights Campaign, took the stage and transformed the freezing crowd’s anger into resolve.

Garcia later told the Blade that visibility matters in moments like this — especially when LGBTQ rights are under direct attack.

“We should be crystal clear about right now what is happening in our country,” Garcia said. “We have a president who is leading the single largest government cover up in modern history, we have the single largest sex trafficking ring in modern history right now being covered up by Donald Trump and Pam Bondi In the Department of Justice. Why are we protecting powerful, wealthy men who have abused and raped women and children in this country? Why is our government protecting these men at this very moment? In my place at the Capitol is a woman named Annie farmer. Annie and her sister Maria, both endured horrific abuse by Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. As we move forward in this investigation, always center the survivors; we are going to get justice for the survivors. And Donald Trump may call this investigation a hoax. He may try to deflect our work, but our message to him is very clear that our investigation is just getting started, and we will we will get justice for these survivors.”

He told the Blade afterwards that having queer leaders front and center is itself an act of resistance.

“I obviously was very honored to speak with Kelley,” the California representative said. Kelley is doing a great job…it’s important that there are queer voices, trans voices, gay voices, in protest, and I think she’s a great example of that. It’s important to remind the country that the rights of our community continue to be attacked, and then we’ve got to stand up. Got to stand up for this as well.”

Robinson echoed that call, urging LGBTQ Americans — especially young people — not to lose hope despite the administration’s escalating rhetoric.

“There are hundreds of thousands of people that are standing up for you every single day that will not relent and will not give an inch until every member of our community is protected, especially our kids, especially our trans and queer kids. I just hope that the power of millions of voices drowns out that one loud one, because that’s really what I want folks to see at HRC. We’ve got 3.6 million members that are mobilizing to support our community every single day, 75 million equality voters, people that decide who they’re going to vote for based on issues related to our community. Our job is to make sure that all those people stand up so that those kids can see us and hear our voices, because we’re going to be what stands in the way.”

A boycott — and a warning

The list of Democratic lawmakers who boycotted the State of the Union included Sens. Ruben Gallego, Ed Markey, Jeff Merkley, Chris Murphy, Adam Schiff, Tina Smith, and Chris Van Hollen, along with dozens of House members.

For those gathered outside — and for viewers watching the livestream hosted by MoveOn — the counter-programming was not merely symbolic. It was a warning.

While the president spoke of strength and success inside the chamber, LGBTQ Americans — particularly transgender youth — were once again cast as political targets. And outside the Capitol, lawmakers and advocates made clear that the fight over their rights is far from over.

(Washington Blade photo by Michael Key)
Continue Reading

Virginia

Va. activists preparing campaign in support of repealing marriage amendment

Referendum about ‘dignity and equal protection under the law’

Published

on

(Bigstock photo)

Virginia voters in November will vote on whether to repeal their state’s constitutional amendment that defines marriage as between a man and a woman.

Democratic Gov. Abigail Spanberger on Feb. 6 signed House Bill 612 into law. It facilitates a referendum for voters to approve the repeal of the 2006 Marshall-Newman Amendment. Although the U.S. Supreme Court’s Obergefell ruling extended marriage rights to same-sex couples across the country in 2014, codifying marriage equality in Virginia’s constitution would protect it in the state in case the decision is overturned.

Maryland voters in 2012 approved Question 6, which upheld the state’s marriage equality law, by a 52-48 percent margin. Same-sex marriage became legal in Maryland on Jan. 1, 2013.

LGBTQ advocacy groups and organizations that oppose marriage equality mounted political campaigns ahead of the referendum.

Gov. Abigail Spanberger signed a bill that paves the way for a referendum to repeal the Marshall-Newman Amendment. (Washington Blade photo by Michael Key)

Equality Virginia has been involved in advancing LGBTQ rights in Virginia since 1989. 

Equality Virginia is working under its 501c3 designation in conjunction with Equality Virginia Advocates, which operates under a 501c4 designation, to plan campaigns in support of repealing the Marshall-Newman Amendment.

The two main campaigns on which Equality Virginia will be focused are education and voter mobilization. Reed Williams, the group’s director of digital engagement and narrative, spoke with the Washington Blade about Equality Virginia’s plans ahead of the referendum. 

Williams said an organization for a “statewide public education campaign” is currently underway. Williams told the Blade its goal will be “to ensure voters understand what this amendment does and why updating Virginia’s constitution matters for families across the commonwealth.” 

The organization is also working on a “robust media and voter mobilization campaign to identify and turn out voters” to repeal Marshall-Newman Amendment. Equality Virginia plans to work with the community members  to guarantee voters are getting clear and accurate information regarding the meaning of this vote and its effect on the Virginia LGBTQ community. 

“We believe Virginia voters are ready to bring our constitution in line with both the law and the values of fairness and freedom that define our commonwealth,” said Equality Virginia Executive Director Narissa Rahaman. “This referendum is about ensuring loving, committed couples and their families are treated with dignity and equal protection under the law.” 

The Human Rights Campaign has also worked closely with Equality Virginia.

“It’s time to get rid of outdated, unconstitutional language and ensure that same sex couples are protected in Virginia,” HRC President Kelley Robinson told the Blade in a statement.

Continue Reading

Books

New book profiles LGBTQ Ukrainians, documents war experiences

Tuesday marks four years since Russia attacked Ukraine

Published

on

Artur Ozerov, a drag queen who performs as AuRa and works for the Kyiv City Military Administration, prepares to perform at a nightclub in Kyiv, Ukraine, on Dec. 10, 2022. Ozeroy is among the LGBTQ Ukrainians profiled in J. Lester Feder's new book, 'The Queer Face of War: Portraits and Stories from Ukraine' (Photo by J. Lester Feder, courtesy of Outright International)

Journalist J. Lester Feder’s new book profiles LGBTQ Ukrainians and their experiences during Russia’s war against their country.

Feder for “The Queer Face of War: Portraits and Stories from Ukraine” interviewed and photographed LGBTQ Ukrainians in Kyiv, the country’s capital, and in other cities. They include Olena Hloba, the co-founder of Tergo, a support group for parents and friends of LGBTQ Ukrainians, who fled her home in the Kyiv suburb of Bucha shortly after Russia launched its war on Feb. 24, 2022.

Russian soldiers killed civilians as they withdrew from Bucha. Videos and photographs that emerged from the Kyiv suburb showed dead bodies with their hands tied behind their back and other signs of torture.

Olena Hloba (Photo by J. Lester Feder, courtesy of Outright International)

Olena Shevchenko, chair of Insight, a Ukrainian LGBTQ rights group, wrote the book’s forward.

Olena Shevchenko, leader of Insight, poses for a portrait, in Kyiv, Ukraine, on Sept. 8, 2025. (Washington Blade photo by Caroline Gutman)

The book also profiles Viktor Pylypenko, a gay man who the Ukrainian military assigned to the 72nd Mechanized Black Cossack Brigade after the war began. Feder writes Pylypenko’s unit “was deployed to some of the fiercest and most important battles of the war.”

“The brigade was pivotal to beating Russian forces back from Kyiv in their initial attempt to take the capital, helping them liberate territory near Kharkiv and defending the front lines in Donbas,” wrote Feder.

Pylypenko spent two years fighting “on Ukraine’s most dangerous battlefields, serving primarily as a medic.”

“At times he felt he was living in a horror movie, watching tank shells tear his fellow soldiers apart before his eyes,” wrote Feder. “He held many men as they took their final breaths. Of the roughly one hundred who entered the unit with him, only six remained when he was discharged in 2024. He didn’t leave by choice: he went home to take care of his father, who had suffered a stroke.”

Feder notes one of Pylypenko’s former commanders attacked him online when he came out. Pylypenko said another commander defended him.

Feder also profiled Diana and Oleksii Polukhin, two residents of Kherson, a port city in southern Ukraine that is near the mouth of the Dnieper River.

Ukrainian forces regained control of Kherson in November 2022, nine months after Russia occupied it.

Diana, a cigarette vender, and Polukhin told Feder that Russian forces demanded they disclose the names of other LGBTQ Ukrainians in Kherson. Russian forces also tortured Diana and Polukhin while in their custody.

Polukhim is the first LGBTQ victim of Russian persecution to report their case to Ukrainian prosecutors.

Oleksii Polukhin (Photo by J. Lester Feder)

Feder, who is of Ukrainian descent, first visited Ukraine in 2013 when he wrote for BuzzFeed.

He was Outright International’s Senior Fellow for Emergency Research from 2021-2023. Feder last traveled to Ukraine in December 2024.

Feder spoke about his book at Politics and Prose at the Wharf in Southwest D.C. on Feb. 6. The Washington Blade spoke with Feder on Feb. 20.

Feder told the Blade he began to work on the book when he was at Outright International and working with humanitarian groups on how to better serve LGBTQ Ukrainians. Feder said military service requirements, a lack of access to hormone therapy and documents that accurately reflect a person’s gender identity and LGBTQ-friendly shelters are among the myriad challenges that LGBTQ Ukrainians have faced since the war began.

“All of these were components of a queer experience of war that was not well documented, and we had never seen in one place, especially with photos,” he told the Blade. “I felt really called to do that, not only because of what was happening in Ukraine, but also as a way to bring to the surface issues that we’d had seen in Iraq and Syria and Afghanistan.”

J. Lester Feder (Photo by J. Lester Feder)

Feder also spoke with the Blade about the war’s geopolitical implications.

Russian President Vladimir Putin in 2013 signed a law that bans the “promotion of homosexuality” to minors.

The 2014 Winter Olympics took place in Sochi, a Russian resort city on the Black Sea. Russia annexed Crimea from Ukraine a few weeks after the games ended.

Russia’s anti-LGBTQ crackdown has continued over the last decade.

The Russian Supreme Court in 2023 ruled the “international LGBT movement” is an extremist organization and banned it. The Russian Justice Ministry last month designated ILGA World, a global LGBTQ and intersex rights group, as an “undesirable” organization.

Ukraine, meanwhile, has sought to align itself with Europe.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy after a 2021 meeting with then-President Joe Biden at the White House said his country would continue to fight discrimination based on sexual orientation and gender identity. (Zelenskyy’s relationship with the U.S. has grown more tense since the Trump-Vance administration took office.) Zelenskyy in 2022 publicly backed civil partnerships for same-sex couples.

Then-Ukrainian Ambassador to the U.S. Oksana Markarova in 2023 applauded Kyiv Pride and other LGBTQ and intersex rights groups in her country when she spoke at a photo exhibit at Ukraine House in D.C. that highlighted LGBTQ and intersex soldiers. Then-Kyiv Pride Executive Director Lenny Emson, who Feder profiles in his book, was among those who attended the event.  

“Thank you for everything you do in Kyiv, and thank you for everything that you do in order to fight the discrimination that still is somewhere in Ukraine,” said Markarova. “Not everything is perfect yet, but you know, I think we are moving in the right direction. And we together will not only fight the external enemy, but also will see equality.”

Feder in response to the Blade’s question about why he decided to write his book said he “didn’t feel” the “significance of Russia’s war against Ukraine” for LGBTQ people around the world “was fully understood.”

“This was an opportunity to tell that big story,” he said.

“The crackdown on LGBT rights inside Russia was essentially a laboratory for a strategy of attacking democratic values by attacking queer rights and it was one as Ukraine was getting closet to Europe back in 2013, 2014,” he added. “It was a strategy they were using as part of their foreign policy, and it was one they were using not only in Ukraine over the past decade, but around the world.”

Feder said Republicans are using “that same strategy to attack queer people, to attack democracy itself.”

“I felt like it was important that Americans understand that history,” he said.

Continue Reading

Popular