News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
District of Columbia
Ruby Corado sentenced to 33 months in prison
Former Casa Ruby director pleaded guilty to wire fraud in 2024
A federal judge on Jan. 13 sentenced Ruby Corado, the founder and former executive director of the now closed D.C. LGBTQ community services organization Casa Ruby, to 33 months of incarceration for a charge of wire fraud to which she pleaded guilty in July 2024.
U.S. District Court Judge Trevor M. McFadden handed down the sentence that had been requested by prosecutors with the Office of the U.S. Attorney for the District of Columbia after Corado’s sentencing had been postponed six times for various reasons.
The judge also sentenced her to 24 months of supervised release upon her completion of incarceration.
In addition to the sentence of incarceration, McFadden agreed to a request by prosecutors to hold Corado responsible for “restitution” and “forfeiture” in the amount of $956,215 that prosecutors have said she illegally misappropriated from federal loans obtained by Casa Ruby.
The charge to which she pleaded guilty is based on allegations that she diverted at least $180,000 “in taxpayer backed emergency COVID relief funds to private offshore bank accounts,” according to court documents.
Court records show FBI agents arrested Corado on March 5, 2024, at a hotel in Laurel, Md., shortly after she returned to the U.S. from El Salvador, where authorities say she moved in 2022. Prosecutors have said in charging documents that she allegedly fled to El Salvador, where she was born, after “financial irregularities at Casa Ruby became public,” and the LGBTQ organization ceased operating.
Shortly after her arrest, another judge agreed to release Corado into the custody of her niece in Rockville, Md., under a home detention order. But at an Oct. 14, 2025, court hearing at which the sentencing was postponed after Corado’s court appointed attorney withdrew from the case, McFadden ordered Corado to be held in jail until the time of her once again rescheduled sentencing.
Her attorney at the time, Elizabeth Mullin, stated in a court motion that her reason for withdrawing from the case was an “irreconcilable breakdown in the attorney-client relationship.”
Corado’s newly retained attorney, Pleasant Brodnax, filed a 25-page defense Memorandum in Aid of Sentencing on Jan. 6, calling for the judge to sentence Corado only to the time she had already served in detention since October.
Among other things, Brodnax’s defense memorandum disputes the claim by prosecutors that Corado improperly diverted as much as $956,215 from federally backed loans to Casa Ruby, saying the total amount Corado diverted was $200,000. Her memo also states that Corado diverted the funds to a bank account in El Salvador for the purpose of opening a Casa Ruby facility there, not to be used for her personally.
“Ms. Corado has accepted responsibility for transferring a portion of the loan disbursements into another account she operated and ultimately transferring a portion of the loan disbursements to an account in El Salvador,” the memo continues.
“Her purpose in transferring funds to El Salvador was to fund Casa Ruby programs in El Salvador,” it says, adding, “Of course, she acknowledges that the terms of the loan agreement did not permit her to transfer the funds to El Salvador for any purpose.”
In his own 16-page sentencing recommendation memo, Assistant U.S. Attorney John Borchert, the lead prosecutor in the case, said Corado’s action amounted at the least to fraud.
“The defendant and Casa Ruby received no less than $1.2 million in taxpayer backed funds during the COVID-19 global health crisis,” he memo states. “But rather than use those funds to support Casa Ruby’s mission as the defendant promised, the defendant further contributed to its demise by unlawfully transferring no less than $180,000 of these federal emergency relief funds into her own private offshore bank accounts,” it says.
“Then, when media reports suggested the defendant would be prosecuted for squandering Casa Ruby’s government funding, she sold her home and fled the country,” the memo states. “Meanwhile, the people who she had promised to pay with taxpayer-backed funds – her employees, landlord, and vendors – were left behind flat broke.”
A spokesperson for the U.S. Attorney’s office and Corado’s attorney didn’t immediately respond to a request from the Washington Blade for comment on the judge’s sentence.
“Ms. Corado accepts full responsibility for her actions in this case,” defense attorney Brodnax says in her sentencing memo. “She acknowledges the false statements made in the loan applications and that she used some of the money outside the United States,” it says.
“However, the money was still utilized for the same purpose and intention as the funds used in the United States, to assist the LGBTQ community,” it states. “Ms. Corado did not use the money to buy lavish goods or fund a lavish lifestyle.”
Brodnax also states in her memo that as a transgender woman, Corado could face abuse and danger in a correctional facility where she may be sent if sentenced to incarceration.
“Ruby Corado committed a crime, she is now paying the price,” said D.C. LGBTQ rights advocate Peter Rosenstein. “While it is sad in many ways, we must remember she hurt the transgender community with what she did, and in many ways they all paid for her crime.”
U.S. Supreme Court
Supreme Court hears arguments in two critical cases on trans sports bans
Justices considered whether laws unconstitutional under Title IX.
The Supreme Court heard two cases today that could change how the Equal Protection Clause and Title IX are enforced.
The cases, Little v. Hecox and West Virginia v. B.P.J., ask the court to determine whether state laws blocking transgender girls from participating on girls’ teams at publicly funded schools violates the 14th Amendment’s Equal Protection Clause and Title IX. Once decided, the rulings could reshape how laws addressing sex discrimination are interpreted nationwide.
Chief Justice John Roberts raised questions about whether Bostock v. Clayton County — the landmark case holding that Title VII of the Civil Rights Act of 1964 protects employees from discrimination based on sexual orientation or gender identity — applies in the context of athletics. He questioned whether transgender girls should be considered girls under the law, noting that they were assigned male at birth.
“I think the basic focus of the discussion up until now, which is, as I see it anyway, whether or not we should view your position as a challenge to the distinction between boys and girls on the basis of sex or whether or not you are perfectly comfortable with the distinction between boys and girls, you just want an exception to the biological definition of girls.”
“How we approach the situation of looking at it not as boys versus girls but whether or not there should be an exception with respect to the definition of girls,” Roberts added, suggesting the implications could extend beyond athletics. “That would — if we adopted that, that would have to apply across the board and not simply to the area of athletics.”
Justice Clarence Thomas echoed Roberts’ concerns, questioning how sex-based classifications function under Title IX and what would happen if Idaho’s ban were struck down.
“Does a — the justification for a classification as you have in Title IX, male/female sports, let’s take, for example, an individual male who is not a good athlete, say, a lousy tennis player, and does not make the women’s — and wants to try out for the women’s tennis team, and he said there is no way I’m better than the women’s tennis players. How is that different from what you’re being required to do here?”
Justice Samuel Alito addressed what many in the courtroom seemed reluctant to state directly: the legal definition of sex.
“Under Title IX, what does the term ‘sex’ mean?” Alito asked Principal Deputy Solicitor General Hashim Mooppan, who was arguing in support of Idaho’s law. Mooppan maintained that sex should be defined at birth.
“We think it’s properly interpreted pursuant to its ordinary traditional definition of biological sex and think probably given the time it was enacted, reproductive biology is probably the best way of understanding that,” Mooppan said.
Justice Sonia Sotomayor pushed back, questioning how that definition did not amount to sex discrimination against Lindsay Hecox under Idaho law. If Hecox’s sex is legally defined as male, Sotomayor argued, the exclusion still creates discrimination.
“It’s still an exception,” Sotomayor said. “It’s a subclass of people who are covered by the law and others are not.”
Justice Elena Kagan highlighted the broader implications of the cases, asking whether a ruling for the states would impose a single definition of sex on the 23 states that currently have different laws and standards. The parties acknowledged that scientific research does not yet offer a clear consensus on sex.
“I think the one thing we definitely want to have is complete findings. So that’s why we really were urging to have a full record developed before there were a final judgment of scientific uncertainty,” said Kathleen Harnett, Hecox’s legal representative. “Maybe on a later record, that would come out differently — but I don’t think that—”

“Just play it out a little bit, if there were scientific uncertainty,” Kagan responded.
Justice Brett Kavanaugh focused on the impact such policies could have on cisgender girls, arguing that allowing transgender girls to compete could undermine Title IX’s original purpose.
“For the individual girl who does not make the team or doesn’t get on the stand for the medal or doesn’t make all league, there’s a — there’s a harm there,” Kavanaugh said. “I think we can’t sweep that aside.”
Justice Amy Coney Barrett questioned whether Idaho’s law discriminated based on transgender status or sex.
“Since trans boys can play on boys’ teams, how would we say this discriminates on the basis of transgender status when its effect really only runs towards trans girls and not trans boys?”
Harnett responded, “I think that might be relevant to a, for example, animus point, right, that we’re not a complete exclusion of transgender people. There was an exclusion of transgender women.”
Justice Ketanji Brown Jackson challenged the notion that explicitly excluding transgender people was not discrimination.
“I guess I’m struggling to understand how you can say that this law doesn’t discriminate on the basis of transgender status. The law expressly aims to ensure that transgender women can’t play on women’s sports teams… it treats transgender women different than — than cis-women, doesn’t it?”
Idaho Solicitor General Alan Hurst urged the court to uphold his state’s ban, arguing that allowing participation based on gender identity — regardless of medical intervention — would deny opportunities to girls protected under federal law.
Hurst emphasized that biological “sex is what matters in sports,” not gender identity, citing scientific evidence that people assigned male at birth are predisposed to athletic advantages.
Joshua Block, representing B.P.J., was asked whether a ruling in their favor would redefine sex under federal law.
“I don’t think the purpose of Title IX is to have an accurate definition of sex,” Block said. “I think the purpose is to make sure sex isn’t being used to deny opportunities.”
Becky Pepper-Jackson, identified as plaintiff B.P.J., the 15-year-old also spoke out.
“I play for my school for the same reason other kids on my track team do — to make friends, have fun, and challenge myself through practice and teamwork,” said Pepper-Jackson. “And all I’ve ever wanted was the same opportunities as my peers. But in 2021, politicians in my state passed a law banning me — the only transgender student athlete in the entire state — from playing as who I really am. This is unfair to me and every transgender kid who just wants the freedom to be themselves.”

Outside the court, advocates echoed those concerns as the justices deliberated.
“Becky simply wants to be with her teammates on the track and field team, to experience the camaraderie and many documented benefits of participating in team sports,” said Sasha Buchert, counsel and Nonbinary & Transgender Rights Project director at Lambda Legal. “It has been amply proven that participating in team sports equips youth with a myriad of skills — in leadership, teamwork, confidence, and health. On the other hand, denying a student the ability to participate is not only discriminatory but harmful to a student’s self-esteem, sending a message that they are not good enough and deserve to be excluded. That is the argument we made today and that we hope resonated with the justices of the Supreme Court.”
“This case is about the ability of transgender youth like Becky to participate in our schools and communities,” said Joshua Block, senior counsel for the ACLU’s LGBTQ & HIV Project. “School athletics are fundamentally educational programs, but West Virginia’s law completely excluded Becky from her school’s entire athletic program even when there is no connection to alleged concerns about fairness or safety. As the lower court recognized, forcing Becky to either give up sports or play on the boys’ team — in contradiction of who she is at school, at home, and across her life — is really no choice at all. We are glad to stand with her and her family to defend her rights, and the rights of every young person, to be included as a member of their school community, at the Supreme Court.”
The Supreme Court is expected to issue rulings in both cases by the end of June.
Virginia
Woman arrested for anti-gay assault at Alexandria supermarket
Victim recorded video of Christmas Day attack
Alexandria police announced on Jan. 12 that a Maryland woman has been arrested for allegedly assaulting a man while shouting anti-gay slurs at him at a Giant supermarket in Alexandria on Christmas Day.
The arrest came after a video of the assault that the victim captured with his phone and on which the woman can be heard shouting anti-gay slurs went viral on social media.
Police identified the woman as Shibritney Colbert, 34, of Landover, Md. Alexandria Police Chief Tarrick McGuire stated at a news conference that police responded to a 911 call placed by the victim and attempted to apprehend the woman, but she drove off in her car before police could apprehend her.
He said following an investigation, Colbert was apprehended and arrested in Prince Goerge’s County, Md., on Jan. 8. He said arrangements were being made for her to be brought to Alexandria where she was expected to face charges of assault and battery, destruction of property, felony eluding, and driving an unregistered vehicle.
The video of the incident shows Colbert pushing a shopping cart she was using in an aisle at the Giant store, located at 3131 Duke St., into the victim and another woman who was trying to help the victim. She can be seen throwing groceries at the victim while shouting anti-gay names. “Boy, get out of here with your gay ass,” was among the words she yelled at him that could be heard on the video.
The victim, who police identified only as a 24-year-old man, could be heard on the video saying he does not know the woman and urging her to “please back up.”
“Based on the victim’s statement, comments exchanged prior to the assault, and the totality of the circumstances, investigators believe the victim was targeted because of his sexual orientation,” police said in a statement.
Tarrick said Colbert’s arrest came at a time when Alexandria police were completing a strengthened hate crime policy calling for detectives to investigate crimes based on hate and for the department to prepare reports on hate crimes twice a year.
“Hate crimes are not just crimes against individuals, they are offenses that threaten the entire community and undermine the fundamental principles of dignity, equality, and safety,” Tarrick said.
Alexandria police didn’t immediately respond to a request from the Washington Blade for a copy of the official police report on the incident.
A link to the video posted on the social media site Reddit in which an unidentified man provides some details of the attack, can be accessed here:
