News
Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio
Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.
Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.
Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.
“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.
“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.
Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.
En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.
“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.
“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.
La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.
Plantón frente a Fiscalía General de la República.
Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.
Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.
“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.
Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.
Chile
Santiago Pride march doubles as protest against new Chilean president
José Antonio Kast took office in March
More than 100,000 people participated in the 26th Pride March in Santiago, Chile, one of the largest demonstrations by the LGBTQ movement in the South American country, on June 27.
The event, organized by the Movement for Homosexual Integration and Liberation and Fundación Iguales, proceeded along the Alameda, the capital’s main avenue, with flags, signs, and slogans in support of equality, against a backdrop of concern among organizations regarding the direction of President José Antonio Kast’s administration.
The march was preceded by speeches in Plaza Baquedano and included the participation of human rights organizations, families, activists, victims of discrimination, and representatives from various embassies. This year, the parade was also led by LGBTQ seniors from the group Años Rosados, part of Acción Gay, as a gesture of historical remembrance for those who lived through decades when publicly expressing one’s sexual orientation or gender identity could mean persecution, imprisonment, or social exclusion.
“This march demonstrates that the fight for equality is still alive and will not be pushed back into the closet,” said Movilh spokesperson Javiera Zúñiga. “We march with remembrance, with pride, and with the conviction that Chile cannot roll back the rights we have won.”
During the event, the organizations called upon the Chilean government to move forward with a comprehensive reform of the Zamudio Law — the anti-discrimination law in effect since 2012 — as well as to introduce penalties for hate speech and strengthen protections for LGBTQ people in education, health care, the workplace, and public spaces.
Movilh founder Rolando Jiménez noted that Chile between 1991 and 2022 made significant strides toward equality and nondiscrimination. He warned, however, that this progress has begun to lose momentum in recent years and that, under the current administration, the signs have become increasingly concerning.
“For decades, Chile forged a path of progress, with laws and public policies that expanded rights. Today we are marching because there are attacks aimed at weakening those protections and preventing further progress,” Jiménez stated.
The march took place place in a country that, in recent years, has established a robust legal framework for sexual and gender diversity. Chile has had a Civil Union Agreement since 2015, a transgender rights law since 2018, and marriage equality since 2022. For these organizations, this legal framework explains why recent decisions by the executive branch and Congress are viewed as signs of regression, not merely as administrative debates.
One of the main points of concern arose in March, when the Kast administration shortly after the new president took office decided not to endorse an Organization of American States’ LGBTQ rights declaration. The decision marked a departure from the stance taken by previous administrations and was interpreted by civil society organizations as a sign of a weakening of Chile’s foreign policy on human rights.
The Foreign Affairs Ministry, however, has maintained that Chile remains committed to promoting and protecting human rights without discrimination, and that the decision stemmed from differences regarding the document’s wording. That explanation has not fully dispelled the doubts of these organizations, which, during the march, demanded that the executive branch take a clear and consistent public stance.
One hundred days into the Kast administration, Fundación Iguales also presented the findings of its LGBTQ+ Radar, an ongoing monitoring initiative of government, legislative, and administrative measures that impact the rights of LGBTQ people in Chile.
According to the organization, of the nine measures recorded so far, five have been rated as unfavorable, three remain under evaluation, and only one has been considered favorable.
Among the adverse measures, Fundación Iguales identifies actions that, in its view, involve hostility, restriction, or elimination of previously existing public policies or safeguards. In this category, it includes the repeal of Circular 781, which protected LGBTQ students in educational institutions; Chile’s decision to abstain from the OAS LGBTQ declaration; the elimination of the section on diversity from the national household survey; the discontinuation of the inclusion training program for public officials; and alignment with the U.S. to restrict the definition of gender at the U.N.
The monitoring also includes three measures currently under evaluation whose final impact has not yet been determined: the National Human Rights Plan, the regulations on access to justice, and the regulations for the Adoption Law. In contrast, the only favorable measure identified so far is the enactment of the School Coexistence Law, which the foundation considers an action that expands or protects rights.
Fundación Iguales states that the LGBTQ+ Radar is updated in real time and that each measure includes its source, date, and the responsible institution. For the organization, the assessment of Kast’s first 100 days confirms that the signals from the executive branch are not isolated incidents but part of a pattern that must be monitored by civil society and the international community.
Another controversial move took place in the education sector. The Superintendency of Education repealed circulars related to school coexistence and internal regulations, including provisions addressing gender identity and nondiscrimination. However, a few days before the march, the Comptroller General’s Office upheld the legality of Circular 812, which protects the rights of trans students in the school system, rejecting the attempt to declare that regulation illegal.
For Fundación Iguales, this ruling was a significant signal amid an adverse political climate.
“The fact that organized groups have tried to eliminate this circular speaks volumes about the times we are living in. We celebrate that the Comptroller’s Office has clarified the matter, and we will remain vigilant to prevent setbacks,” said María José Cumplido, the organization’s executive director.
The debate also reached Congress.
The Chamber of Deputies amid Pride month approved a draft resolution calling on Kast to eliminate the use of inclusive language in public services. The initiative, backed by right-wing sectors, called for the repeal of administrative acts promoting these forms of communication and for a ban on what it defined as “grammatical distortions” based on gender, ethnicity, or other identity classifications.
For LGBTQ organizations, the measure is ideological in nature and fails to recognize that inclusive language has not been a widespread imposition, but rather a tool used in certain contexts to name historically excluded groups. At the march, this point was one of the most frequently cited examples of the new political climate that has taken hold under the Kast administration.
Despite this situation, the organizations also highlighted a positive institutional development: Senate President Paulina Núñez of Renovación Nacional, a more moderate right-wing ruling party, pledged in May to push for reform of the Zamudio Law and to serve as a bridge with the executive branch to advance the modernization of anti-discrimination legislation. The reform is currently stalled in Congress, despite years of criticism from human rights organizations regarding its limited effectiveness.
“The commitment to move forward with reforming the Zamudio Law is good news, because Chile needs effective anti-discrimination legislation, with real tools to protect victims and combat hate speech,” Movilh representatives stated.
The march culminated with a cultural event in Plaza Los Héroes, but the political message was clear from the start: the organizations not only celebrated the progress made but also warned that these rights require constant defense.
For the organizing groups, the country continues to have a strong legal foundation regarding sexual and gender diversity, but it faces a period of uncertainty under a conservative government that, in its first months, has sent mixed signals about the continuity of those commitments.
Chile already has legislation in place regarding gender identity, civil unions, and marriage equality. For this reason, the organizations believe that the setbacks they have observed are not merely symbolic but could undermine the safeguards that form part of the democratic framework the country has built over the past decades.
Massachusetts
EXCLUSIVE: Pressley rips State Department over LGBTQ rights rollbacks abroad
Massachusetts Democrat sent letter to Marco Rubio on Tuesday
Massachusetts Congresswoman Ayanna Pressley sent a letter to Secretary of State Marco Rubio urging the Trump-Vance administration to take urgent action to defend LGBTQ people across the globe; including in countries that are violating international human rights protections for LGBTQ individuals, putting at risk the safety of civilians and U.S. citizens working, living, and traveling abroad.
The letter, which the Washington Blade got an exclusive preview of prior to it’s sending, criticizes the Trump-Vance administration’s foreign policy direction at the State Department, arguing that it has moved to roll back LGBTQ protections that have long been part of the U.S.’s global human rights posture.
“Criminalizing LGBTQI+ individuals undermines democracy globally, as well as U.S. national security. Thus, we urge the State Department to take adequate measures to speak out against this criminalization and protect U.S. citizens abroad, including your staff, who may be detained or harmed under such laws, policies, and practices,” Pressley, a Democrat who represents roughly three-fourths of Boston and much of the city’s suburbs, said. “U.S. civilians, diplomatic personnel, military members, and nonprofit workers on the ground providing health care and disaster support will be affected and have their safety threatened if the U.S. does not take action. Even U.S. citizens perceived as being part of the LGBTQI+ community and traveling or living in those countries may be used as bargaining chips. This is a serious U.S. national security concern.”
In the letter, Pressley underscores what she describes as a global escalation in criminalization and violence against LGBTQ people, noting that one-third of countries still criminalize consensual same-sex sexual relationships and that 12 countries impose the death penalty. She argues that these conditions make LGBTQ travelers, diplomats, and aid workers particularly vulnerable, and calls on the State Department to reassert U.S. leadership in defending human rights abroad.
“Every person deserves to live authentically, yet several countries are violating international human rights laws that protect LGBTQI+ individuals,” she said. “One-third of countries around the world criminalize same-sex consensual acts between adults, and 12 countries allow LGBTQI+ people to be executed for being themselves.”
She also invokes the U.S. has played in promoting democratic values internationally, arguing that LGBTQ rights should remain central to that mission.
“Historically, the United States has played a critical diplomatic role in promoting democracy and freedom for all individuals, including LGBTQI+ persons. The U.S. should be a world leader promoting human rights domestically and globally.”
In a separate statement included in the letter, Pressley emphasized both the moral and national security implications of the issue, warning that rising anti-LGBTQ laws abroad are endangering lives and require a coordinated U.S. response.
“Every person deserves to show up as their true, authentic selves here in the United States and in countries across the globe — and that includes our LGBTQI+ community members,” she said.
“However, we are witnessing a deeply concerning rise in human rights violations and criminalization of LGBTQI+ individuals in other countries, endangering the lives of civilians and U.S. citizens. It is incumbent upon the United States to protect our LGBTQI+ siblings at home and abroad not only for our national security but for the safety and freedom of LGBTQI+ people everywhere.”
The letter goes on to press the State Department for concrete action, including a public reaffirmation of U.S. commitments to LGBTQ human rights, the restoration of LGBTQ analysis in annual country reports, and clearer guidance for Americans traveling abroad. It also seeks clarity on whether the department is tracking cases of U.S. citizens detained or harmed under anti-LGBTQ laws and what proactive steps are being taken to warn and protect LGBTQ travelers.
While she is not a member of the Foreign Affairs Committee, Pressley remains highly active in international affairs and global policy.
While the letter focuses on current policy, it also lands in the broader context of Secretary of State Marco Rubio’s long record on LGBTQ issues. Rubio, a former senator from Florida, has consistently opposed same-sex marriage, calling the federal Respect for Marriage Act, which he voted against, a “stupid waste of time.” He has also expressed support for efforts to overturn Obergefell v. Hodges, the U.S. Supreme Court decision that legalized same-sex marriage nationwide.
During his time in the U.S. Senate and as a Florida political leader, Rubio has a long anti-LGBTQ track record. He defended state policies that LGBTQ advocates say target queer and transgender people, including Florida’s Parental Rights in Education law — commonly known by critics as “Don’t Say Gay” or “Don’t Say Trans” — which restricts classroom discussion of sexual orientation and gender identity.
He has also drawn criticism for his voting record, including a 0/100 score from the Human Rights Campaign’s Congressional Scorecard, reflecting opposition to expanding federal civil rights protections for LGBTQ people and for opposing adoption rights for same-sex couples.
Now serving as secretary of state, Rubio has overseen changes at the State Department that LGBTQ advocates say have reduced visibility and protections for transgender people, including the removal of trans-specific references from parts of the department’s public-facing materials and travel guidance. He has also been linked to broader restructuring efforts involving U.S. foreign assistance programs, including the U.S. Agency for International Development, which has historically supported global HIV prevention and LGBTQ rights initiatives in regions such as sub-Saharan Africa, Central Asia, and Latin America.
Those cuts and shifts, critics argue, have weakened programs like PEPFAR — credited with saving millions of lives worldwide — and reduced U.S. support for LGBTQ communities facing persecution abroad. The program is credited with saving at least 25 million lives.
Pressley’s own record stands in contrast, with a 100/100 on HRC’s Congressional Scorecard and a long history of legislative and advocacy work centered on LGBTQ equality. In recent years, she has secured federal funding for The Pryde, an affordable housing development for LGBTQ seniors in Boston, and has repeatedly pushed for expanded civil rights protections, including support for the Equality Act and the Equal Rights Amendment.
She has also advanced policy efforts aimed at LGBTQ survivors of violence, trans, and nonbinary individuals navigating credit and legal systems, and broader protections under housing and civil rights law — framing her work as part of a sustained effort to ensure LGBTQ people are included in federal policy at every level.

District of Columbia
Longtime Blade staffer Stephen Rutgers steps down after 14 years
Plans to focus on running Crush Dance Bar, other ventures
Longtime Washington Blade employee Stephen Rutgers announced he is stepping down after 14 years to focus on other ventures, including his part ownership of the popular Crush Dance Bar.
Rutgers was hired by the Blade in 2012 to help plan Pride festivities and over the years was promoted to director of sales and marketing. In addition to his broad set of responsibilities, Rutgers planned the annual Pride on the Pier celebration at the Wharf, which has exploded in popularity over the seven years since its launch.
“Watching Pride on the Pier grow from a new community event into one of D.C.’s signature Pride celebrations has been incredibly rewarding,” Rutgers said. “Expanding Pride on the Pier into a two-day festival for WorldPride in 2025 was definitely a career highlight. Seeing thousands of people come together to celebrate our community while supporting the Blade’s mission is something I’ll always be proud of.”

Rutgers described his biggest challenge as navigating the changing media landscape.
“More than ever, we’ve had to remind our community that local journalism matters and that it needs their support,” he said.
He added that he’s most proud of helping to ensure the Washington Blade is positioned to thrive for the next 50 years.
“I was fortunate to be part of the Blade during its 50th anniversary — a milestone that reflects its incredible history and impact,” Rutgers said. “The Blade has been an important voice for the LGBTQ community for more than five decades, and knowing I played a small part in helping its future is most important to me.”
Blade Publisher Brian Pitts praised Rutgers for juggling multiple responsibilities.
“We wish Stephen all the best,” Pitts said. “For the past 14 years, Stephen has been a vital part of the Blade, handling many things — marketing and advertising, sponsorships, and Blade signature events. We will all miss him.”
Blade Editor Kevin Naff thanked Rutgers for his years of service to the community.
“After 14 years, it’s hard to imagine the Blade without Stephen and his boundless energy and creativity,” Naff said. “He’s one of the hardest working and most dedicated people I’ve ever known and he will be missed. But change is the only constant and I know Stephen will move on successfully to new challenges and the Blade will expand on Stephen’s important work.”
As for what’s next for Rutgers, he said he plans to focus on Crush as well as his real estate business.
“I’ve always been someone who likes to stay busy,” Rutgers said. “For the past 12 years, I’ve balanced my work at the Blade and in real estate. Two years ago when I opened Crush, I never realized just how much time and energy it would take. The passing of my father earlier this year also gave me a new perspective. It reminded me that life is short and that it’s important to make time for the people and experiences that matter most. Stepping away from the Blade will allow me to focus on those ventures while also creating more balance in my life. After 14 incredible years, it feels like the right time for a new chapter.”
Naff said that for now Rutgers’s responsibilities will be divided between existing staff along with several new freelance contractors.
“The Washington Blade plays a unique role in our community’s fight for equality,” Rutgers said. “It’s the only LGBTQ news organization with White House credentials, giving it direct access to the people and institutions shaping policies that affect our community. The Blade continues to hold elected officials accountable, report on the issues that matter most to LGBTQ people, and tell the stories that often go uncovered by mainstream media.
“The Blade has been my family for most of my adult life. For 14 years, it has been part of my daily routine, so it’s going to feel very strange waking up and not logging on each morning.”
