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El ‘manotazo’ ministerial, la negociación ‘secreta’, un ‘cumpleaños’ violento: Todo sobre la última protesta de La Habana
Ministro de Cultura atacó a periodista durante manifestación pacífica
LA HABANA — El ministro Alpidio Alonso apartó de un golpe el teléfono de un periodista independiente que lo tenía enfocado. El suceso, ocurrido en la mañana de este miércoles frente al Ministerio de Cultura (Mincult), desató la violencia contra un grupo de artistas y activistas que se manifestaba pacíficamente.
“Otra vez sabotean el diálogo. El Ministerio de Cultura no aceptará presiones de mercenarios. Los revolucionarios entendemos de razones, no de coacción. No permitiremos que empañen el homenaje de la Nación Cubana a José Martí”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
El 27 de enero es la víspera del cumpleaños de José Martí, un pensador liberal que pasó a la historia como el “apóstol” de la independencia de Cuba. También se cumplen dos meses de la manifestación del 27 de noviembre de 2020, cuando un grupo de artistas, conocido desde entonces como 27N, se plantó frente al Mincult para demandar a las autoridades que respeten la libertad de creación artística y, en última instancia, la libertad de expresión de toda la ciudadanía.
Una nota del Ministerio de Cultura ofrece la versión oficial del incidente violento de este miércoles. La institución declara que había decidido reunirse con tres voceros de los artistas independientes, a pesar de la “actitud provocadora” del grupo 27N y de “su relación con los medios pagados por agencias federales estadounidenses”.
Lo cierto es que el Mincult había cancelado las conversaciones a principios de diciembre. “Con los mercenarios, no nos entendemos”, dijo entonces otro comunicado oficial.
Ni el ministerio ni los medios oficiales que lanzaron una campaña contra artistas, periodistas y activistas independientes, han probado la reiterada acusación.
Poco después de cancelar el intercambio pactado con los manifestantes del 27N, el viceministro Fernando Rojas hizo una jugada inesperada y contactó confidencialmente a la curadora Solveig Font, “para indagar si era posible un encuentro entre ellos dos”. El grupo reveló los detalles de esta negociación secreta en una cronología publicada ayer.
Font conversó con Rojas el 17 de diciembre y los miembros del grupo decidieron no hacerlo público por el momento. El viceministro preguntó a Font si seguían interesados en dialogar.
El 21 de diciembre le respondieron que sí y designaron tres voceros, la propia Font, la artista visual Camila Lobón y el dramaturgo Yunior García Aguilera, para que se entendieran directamente con el ministerio.
Esa postura la ratificaron en una carta dirigida a Alonso y a Rojas, hecha pública el 27 de diciembre. Se manifestaban dispuestos a “seguir abogando por una solución a la escalada de injusticias, violencia y odio hacia quienes tienen un pensamiento político diferente”.
Rojas prometió que el intercambio se produciría en 2020. El 29 de diciembre, en efecto, se reunió con los voceros y les comunicó que “el Ministerio de Cultura está dispuesto a dialogar”. La única condición del viceministro fue que no conversaría con “corresponsales de medios financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
Por lo demás, Rojas propuso discutir sobre el decreto 349, los “espacios independientes” reclamados por los artistas independientes y la censura, una práctica común de las autoridades desde el comienzo de la Revolución Cubana.
A principios de enero, la negociación parecía estancada.
El 12 de enero, el grupo envió un correo electrónico al viceministro con “la nueva propuesta de condiciones del 27N”. Cuatro días después, como Rojas no respondía, le enviaron otro mensaje.
Este 26 de enero, finalmente, Rojas le pide a Solveig Font que vaya al Mincult sobre la media mañana, junto al resto de los voceros. A partir de ahí, se precipita la crisis.
Varios miembros del 27N amanecieron con vigilancia este miércoles. Algunos fueron detenidos. Solveig Font consiguió llegar a la cita. También Camila Lobón, después de ser detenida por un rato. Yunior García denunció, poco después, que la policía no le permitió pasar. La zona ya estaba cerrada. Una decena de personas llegó al ministerio, entre ellos varios periodistas independientes.
Tremenda Nota transmitió en vivo una discusión entre el viceministro y los artistas, entre los que se encontraba a esa hora el rapero Maykel Osorbo, uno de los huelguistas de hambre del Movimiento San Isidro, a quienes el gobierno considera “mercenarios”.
Poco después, se precipita el final. Ante la negativa de marcharse expresada por el 27N, que a esa hora exige la liberación de los detenidos esa mañana, varios funcionarios cruzan la calle con el ministro Alpidio Alonso a la cabeza.
Es Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba, el que alza su teléfono móvil ante el avance del ministro. Alpidio le da un manotazo.
Esta agresión, que desencadenó la violencia contra los artistas y activistas, fue transmitida en vivo por varios medios independientes. Un video difundido en las redes sociales captó algunos detalles dramáticos del arresto.
Una veintena de personas fueron detenidas en total, incluyendo a quienes acabaron interceptadas antes de llegar frente al ministerio.
La actitud del ministro generó una campaña por su renuncia en Facebook y Twitter, con etiquetas como #RenunciaAlpidio y #DimisiónYa.
Lo que pasó
Lo que pasó este 27 de enero no iba a pasar. No estaba en el plan de nadie, que se sepa. De esta historia, como siempre, no sabremos todo.
Asegura 27N que no quería manifestarse frente al Ministerio de Cultura. Pensaban celebrar el cumpleaños de José Martí frente a la estatua ecuestre que Anna Hyatt Huntington hizo para Nueva York y Eusebio Leal copió en La Habana Vieja.
Emilio Pagues, un perfil falso de Facebook, puso en evidencia este plan y comprometió la seguridad de los participantes.
“Aparecernos en la réplica de la estatua de Martí en Nueva York que tenemos en La Habana, mañana en la mañana, para que los del 27N perjudiquen algo que estamos ganando y se llama espacios de libertad, es una locura”, posteó Pagues, que dice tener amigos actores o él mismo ser actor. No se sabe. No ha vuelto a postear. No deja más pistas.
Pagues mencionó el proyecto de fundar una Asociación de Actores y comparó “el éxito de los actores que promueven un diálogo” con la “culpa de algunos del 27N como los del MSI (Movimiento San Isidro)”. No dijo tampoco cuál es la culpa que cargan.
“No aparezcamos a las 11 de la mañana ni a ninguna otra hora, busquemos otras acciones”, terminó.
Este martes, como Pagues dijo vagamente, 10 actores se reunieron durante cinco horas con funcionarios del Mincult para convencerlos de autorizar la nueva asociación. Los participantes no han hecho declaraciones públicas hasta ahora sobre el resultado de la discusión.
Emilio Pagues es un perfil falso que tiene 226 amigos. Tiene tres likes el post donde menciona al 27N. No obstante, la Seguridad del Estado llamó a varios miembros del grupo para decirles que supo por Pagues del homenaje a Martí y que no iba a permitirlo. El grupo decidió cambiar de sitio su conmemoración. Citaron para el Vedado, en 11 y 4, cerca del Ministerio de Cultura.
El mismo día que Pagues y la Seguridad del Estado intentaban frustrar el plan de los artistas y activistas, el viceministro llamó a Solveig Font para comunicarle que esperaba a los voceros aproximadamente a la misma hora que el 27N pensaba homenajear a Martí.
Todas las piezas empezaron a ubicarse en el Vedado. El ministerio, Martí, los voceros. Las detenciones de Camila Lobón y Camila Acosta cuando iban acercándose a Martí y bordeaban el ministerio. Camila Lobón era uno de los voceros que esperaba Rojas antes del mediodía.
“Los miembros del 27N que lograron llegar a 11 y 4 se trasladaron a un busto de José Martí ubicado a la entrada de un edificio en 15 y 2. Desde allí realizaron la actividad que habían planificado para ser llevada a cabo en el parque 13 de Marzo. Una vez terminada la acción, tienen noticias de la detención de Camila Acosta y Tania Bruguera y deciden trasladarse al Mincult para exigir sus liberaciones inmediatas”, explicó el grupo en su versión de lo que finalmente pasó.
Según ellos, el acuerdo establecido entre Solveig, Yunior, Camila y el viceministro, nunca fue firme. No pasaba de un preámbulo que no los comprometía a nada. Dicen también que el conato de manifestación de hoy no estaba planificado y que, si empezaron a reunirse frente al Mincult, fue porque ocurrieron detenciones en la mañana del miércoles.
“Aquí no pueden estar”, les dijo Fernando Rojas, en la acera del Mincult. Los activistas pidieron garantías para sus compañeros detenidos y se negaron a entrar al edificio, como exigía el viceministro.
Los funcionarios avanzaron sobre ellos lo mismo que un escuadrón.
Mauricio Mendoza se llama el periodista independiente que alzó el teléfono frente al ministro Alpidio Alonso. Vino un manotazo. Al poco rato, todos los medios cortaron las transmisiones. Un operativo policial dio jaque mate a los artistas. Las pocas imágenes salvadas muestran cómo los meten a la fuerza en un ómnibus.
De “show mediático” calificó el incidente en su cuenta de Twitter el Ministerio de Cultura. “Los trabajadores del organismo los enfrentaron y desalojaron del lugar”, admitió. Ningún medio oficial se refirió a la escena violenta, excepto para justificar el golpe que el ministro lanzó contra un periodista.
Que no aceptaran la invitación de Fernando Rojas para entrar al ministerio ha sido uno de los principales señalamientos de las autoridades contra el 27N. Los medios oficiales han mostrado a un viceministro hospitalario, convidando a pasar, frente a los artistas negándose.
“Ponían la condición de dejar los teléfonos fuera, que son la única, literalmente la única arma que tenemos para protegernos”, dijo Julio Llópiz Casal en Facebook.
“Además, nos negamos a entrar hasta que no liberaran a personas que estaban detenidas sin razón”, explicó el artista.
Lo que pasará
Ulises Padrón Suárez, activista LGBTI+ y colaborador de Tremenda Nota, llegó a su casa con el teléfono formateado, como la mayoría de los detenidos. Tardó en comunicarse con sus amigos. Seguirá al tanto.
Alfredo Martínez Ramírez, community manager de Tremenda Nota, tenía un dedo fracturado cuando llegó a su casa. Este jueves lo enyesaron en el hospital. Pasará 21 días así.
“Yo estaba transmitiendo en vivo cuando un policía me hace una llave, intenta quitarme el teléfono. Me echó el dedo atrás, bien duro, y ahí se partió”, dijo.
Nelson Julio Álvarez Mairata, reportero de ADN Cuba y colaborador de Tremenda Nota, llegó ripiado a su casa. La ropa descosida, rasguños en la piel.
“Me arrastraron, aunque no hice resistencia”, dijo. “Cuando me vi el pulóver roto de arriba hasta abajo, me sentí más queer y ‘modelé’ para la policía”.
Mairata es el único periodista en la isla que se define a sí mismo como “una persona no binaria”. No tiene residencia legal en La Habana. En el interrogatorio que le hicieron después de detenerlo frente al Mincult, la policía le exigió que regresara a su provincia. Va a desobedecer.
La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba denunció la violencia ejercida en el Mincult contra las mujeres que integran el 27N.
“Lamentamos en especial las agresiones sufridas por mujeres como Camila Lobón y Celia González, fueron desnudadas y registradas en sus genitales con la justificación de buscar dispositivos de grabación, en la estación de policía a donde fueron conducidas”, dijo la plataforma en un comunicado.
En su post compartido por la página del 27 en Facebook, Julio Llópiz Casal dijo: “Yo siempre voy a intentar dialogar porque es lo que sé hacer y quiero hacer”.
A pesar de la “golpiza”, el artista insistió en que no responderá con violencia ni cancelará su disposición a debatir. Esta parece ser la postura del 27N, que este viernes ofrecerá una conferencia de prensa para evaluar los incidentes de esta semana.
“Me siento intentando hablar con una entidad que me lanza trompadas, me pone trampas, rara vez media palabra transparente”, escribió el artista. “Esquivo, me protejo en lo posible, y sigo apelando a la palabra”.
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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña
Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza
SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.
La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan.
“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.
Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.
La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.
“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.
Escenarios adversos
El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.
A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.
En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.
La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.
Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.
La lucha del movimiento LGBTQ sigue
La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.
La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.
El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.
La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia
La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad
Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.
Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.
A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.
Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad.
NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!
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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador
Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país
SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.
La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño.
En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental.
Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.
Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH.
“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.
Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año.
Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley.
“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández.
De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género.
“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH.
También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández.
Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población.
ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.
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