Treasury Secretary Scott Bessent participated in an interview in which he said his sexuality had no impact on the president’s selection of him.

On Sunday, Axios co-founder Mike Allen interviewed Secretary Bessent, the 79th person to lead the Treasury Department, in the “Cash Room” in the Treasury building. The two talked for more than 40 minutes about issues related to the current administration’s efforts for Axios’s YouTube channel.

Bessent has been something of an anomaly during this administration, breaking what many consider the “gay glass ceiling.” He is the first openly gay person to lead the U.S. Treasury Department, the first openly gay Senate-confirmed Cabinet member in a Republican administration, and the highest-ranking LGBTQ government official in U.S. history.

The two covered various ground — about the state of the U.S. economy, the various AI approaches by the Trump administration, and the war in Iran. All things that have made President Trump’s constant appraisal of the U.S. economy difficult to sell to the American people as the affordability crisis has worsened.

Toward the end of the interview, Allen asked Bessent about deciding not to attend the U.S. Naval Academy, knowing his sexuality would be a hindrance, and instead attending Yale University. Allen asked if his choice to attend the Ivy League school held him back in life.

“I don’t think it did at all, and it’s very difficult to talk about the counterfactual… but I don’t think going to Yale held me back,” Bessent said. “Maybe some people at other schools would think it might. But I think it makes you aware, and I’ve openly spoken about it before, too. I think maybe some of my career choices were influenced by it.”

The U.S. Naval Academy only began allowing openly LGBTQ students to apply — and be open about their sexuality — following the 2011 repeal of “Don’t Ask, Don’t Tell.” Prior to the policy’s removal, students could be removed from the school for violating the rules, including rules related to their sexuality.

“You said President Trump chose me because he believes I’m the best candidate, not because of my sexual preference or your green eyes…,” Allen said.

“Exactly,” Bessent replied. “And I think that’s one of the reasons we have such a great team. The president makes his decisions all the time. You know, he’ll occasionally tell me, ‘You’re breaking my friends’ hearts.’ They see you on TV and they want an intro, and we have to break the news to them.”

Bessent has been married to former New York prosecutor John Freeman since 2011, and they have lived together in South Carolina. There, they had two children through surrogacy.

Despite being a member of the LGBTQ community, Bessent has publicly supported Trump’s policies, including some that have drawn criticism from LGBTQ advocates and organizations. These include reductions to PEPFAR funding, policies removing transgender service members from the military, recognizing only two sexes, removing LGBTQ protections from Title IX, and other policies that LGBTQ advocates argue come at the cost of LGBTQ safety and protections.

The Washington Blade has reached out to the Treasury Department and Secretary Bessent’s team for comment and responses to these questions, including questions about how he views his identity and sexuality in relation to — and potentially at odds with — the policies and mission of the current administration. The Blade did not receive a response by publication time.

Promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas LGBTQ en Centroamérica es el propósito del proyecto “Alianza para la Inclusión: hacia la promoción de derechos LGBTIQ+ en Centroamérica”, una iniciativa subvencionada por la Unión Europea, Global Gateway, Oikos Cooperação e Desenvolvimento y Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, que articula esfuerzos en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El proyecto, cuya implementación se desarrolla entre 2025 y 2028, busca fortalecer a organizaciones, liderazgos comunitarios y redes regionales frente a contextos marcados por la discriminación, la violencia y la reducción del espacio cívico.

A través de procesos de formación, atención integral, protección, fortalecimiento organizativo, incidencia y articulación regional, la iniciativa procura generar condiciones más seguras y dignas para que las personas LGBTQ puedan ejercer plenamente sus derechos.

Formación y fortalecimiento de liderazgos

Durante los primeros 18 meses de ejecución, el proyecto ha desarrollado acciones de formación y acompañamiento, otorgado subvenciones a colectivos comunitarios, impulsado estrategias de seguridad integral y respaldado procesos regionales de articulación e incidencia.

Uno de los resultados reportados es la participación de 489 personas LGBTQ de Guatemala, El Salvador y Honduras en procesos formativos relacionados con la desnaturalización de la violencia, organización e incidencia. Asimismo, 41 personas líderes LGBTQ de El Salvador y Guatemala fortalecieron sus capacidades para la formulación de proyectos.

Para Pedro Campos, coordinador de Oikos — Cooperação e Desenvolvimento en El Salvador, estos procesos tienen una dimensión que trasciende lo técnico.

“Desde hoy estamos cada día más convencidas y convencidos de que la gestión de proyectos más que técnica o administrativa es esencialmente humana. Nunca debemos olvidar que la persona en toda su diversidad es el centro de nuestro quehacer. Y si un día la empatía y el amor nos abandonan, habremos perdido la esencia de nuestro trabajo”.

La formación también ha significado una oportunidad para fortalecer liderazgos comunitarios. Josh Hernández, persona no binaria y codirectore de Espacios Seguros El Salvador, destaca el impacto que tuvo su participación.

“Esta experiencia me ha fortalecido como activista y como parte de una organización comunitaria, y me ha permitido ampliar mi visión y soñar con nuevas actividades que contribuyan a construir una cultura de paz en nuestra sociedad salvadoreña”, comenta Hernández.

Atención integral para personas LGBTQ en situación de vulnerabilidad

En El Salvador, uno de los componentes del proyecto se ha enfocado en brindar atención integral a personas que enfrentan situaciones de violencia, discriminación o vulnerabilidad.

A través de COMCAVIS TRANS, el proyecto permitió atender a 128 personas, mediante servicios psicosociales, legales y de resguardo temporal en su albergue.

La atención incluyó orientación para activar mecanismos de denuncia y medidas de protección, además de contención emocional, manejo de crisis y acompañamiento para la estabilización de condiciones básicas.

La experiencia también se ha extendido a Honduras. Loren López, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres Lesbianas y Bisexuales LITOS, resaltó el valor de generar espacios seguros para mujeres lesbianas, bisexuales y personas LTBQ (lesbianas, trans, bisexuales y queer).

“Me quedo con la satisfacción de haber contribuido a crear espacios donde una mujer LTBQ+ pueda sentirse segura, escuchada y reconocida, sin tener que esconder quién es. Esta experiencia fortaleció a LITOS y nos dejó nuevas herramientas y posibilidades para seguir trabajando por los derechos y la eliminación de la discriminación”, agrega López. 

La seguridad integral como herramienta de protección

En contextos donde quienes defienden derechos pueden enfrentar diferentes tipos de riesgos, el proyecto ha incorporado la seguridad integral como un componente fundamental.

Durante 2026, 140 personas LGBTQ pertenecientes a seis organizaciones participaron en procesos de formación sobre seguridad integral, abordando dimensiones físicas, digitales y emocionales.

Como resultado, seis organizaciones elaboraron y consolidaron sus propios planes de seguridad integral, incorporando medidas de prevención y respuesta ante riesgos físicos y digitales, con especial énfasis en la protección de información sensible, el uso seguro de plataformas digitales y la gestión de incidentes en entornos virtuales.

Incidencia para transformar políticas y garantizar derechos

La iniciativa también ha acompañado procesos de incidencia y litigio estratégico en Guatemala.

La Asociación LAMBDA, junto con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), acompañó una consulta nacional con personas LGBTQ para contribuir a la elaboración de una Estrategia Nacional para las personas LGBTQ, cuyo proceso se encontraba en elaboración y cuya aprobación se esperaba para finales de 2026.

Asimismo, en julio de 2026 fue presentada ante la Corte Constitucional de Guatemala una acción de inconstitucionalidad como parte de una estrategia nacional de litigio estratégico orientada a la aprobación del matrimonio igualitario. Al cierre de la actualización de resultados de este año, el proceso permanecía pendiente de resolución.

El acompañamiento jurídico también ha permitido apoyar procesos individuales relacionados con el reconocimiento de la identidad.

Uno de estos casos es el de Paula Escobar, mujer trans guatemalteca acompañada por LAMBDA en el proceso de cambio de nombre en sus documentos de identidad.

“Ha sido el paso más grande de mi vida, pues me libró de momentos incómodos y de dar explicaciones para ser reconocida como la mujer que soy”.

De acuerdo con el testimonio, la organización se encargó de la gestión legal y aproximadamente seis meses después obtuvo una respuesta favorable.

Redes regionales para ampliar el alcance de la defensa de derechos

La articulación regional constituye otro de los componentes del proyecto. La iniciativa ha apoyado a redes latinoamericanas que buscan fortalecer y posicionar el trabajo de organizaciones LGBTQ.

Entre ellas se encuentra la Alianza Centroamericana y del Caribe de Hombres Trans, que articula organizaciones y personas transmasculinas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Durante su primer año, ALICAHT desarrolló su Plan Estratégico y Reglamento Interno 2025-2030, además de su identidad gráfica y sitio web.

Otro proceso regional respaldado fue el III Congreso Regional de CORPORA en Libertad, realizado en Guatemala en diciembre de 2025. El encuentro reunió esfuerzos orientados a fortalecer la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTQ privadas y exprivadas de libertad en América Latina y el Caribe.

El espacio permitió fortalecer la articulación regional y compartir experiencias y estrategias frente a los desafíos que enfrentan las personas LGBTQ dentro y fuera de los sistemas penitenciarios.

Ari Vera, fundadora de CORPORA, ha destacado la importancia del trabajo en red como una herramienta para generar transformaciones y fortalecer las capacidades colectivas.

Inclusión más allá de las palabras

Durante el Foro “El Impacto de Incluir”, uno de los planteamientos centrales fue que la inclusión requiere transformaciones concretas y no únicamente el uso de conceptos o siglas.

Jason García, técnico PMA de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje para Oikos El Salvador, señaló una de las barreras que persisten en los proyectos. “Una de las barreras en los proyectos es que son binarios y no se reconocen las otras identidades”.

Desde esta perspectiva, un proyecto inclusivo no se limita a utilizar la palabra inclusión o incorporar las siglas LGBTQ, sino que requiere revisar prácticas, metodologías, mecanismos de participación y formas de reconocer la diversidad.

Como parte de este proceso también se preparó una guía práctica que sistematiza instrumentos y mecanismos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, destacando su importancia histórica en la ampliación y protección de derechos.

La compilación fue presentada en la X Conferencia de la Red ILGA LAC y en el 18º Encuentro de la Red Centroamericana de Intercambio Académico en Derechos Internacionales, realizado en la Universidad de El Salvador.

Cooperación centrada en las personas

Los resultados alcanzados durante los primeros 18 meses reflejan una estrategia que combina formación, atención directa, protección, fortalecimiento institucional, incidencia y construcción de redes.

Para la Unión Europea, colocar a las personas en el centro constituye un elemento fundamental de la cooperación. Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea en El Salvador, expresó “Desde la Unión Europea seguiremos apostando para una cooperación que pone en el centro a las personas. Porque el verdadero impacto de influir se mide en vidas transformadas, en derechos conquistados y en sociedades que celebran con orgullo su diversidad”.

Con una implementación prevista hasta 2028, la Alianza para la Inclusión continúa articulando organizaciones nacionales y redes latinoamericanas para fortalecer capacidades y generar herramientas que permitan a las personas y organizaciones LGBTQ enfrentar los desafíos de sus contextos y avanzar en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

Más allá de las cifras y los productos alcanzados, el proyecto coloca en el centro una premisa: la inclusión se construye cuando las personas pueden participar, organizarse, defender sus derechos y vivir su identidad con dignidad y seguridad.

Uncloseted Media published this story on Oct. 6.

This story was reported in partnership with The 19th, a nonprofit newsroom reporting on gender, politics and policy.

By ORION RUMMLER | Bentley Hudgins is a 33-year-old democratic socialist who spent the past three years advocating for LGBTQ rights in the Georgia statehouse.

Bella Bautista is 10 years younger, the first transgender woman to win a legislative primary in Georgia and head of a nonprofit distributing supplies to at-risk young adults.

Both are running for a spot in the Georgia House of Representatives, part of a cohort of Democrats who hope to shrink or end Republicans’ hold on the chamber. Both would make history as the first trans members of the body. Neither wants to discuss identity politics or pronouns — they want to talk about data centers, the price of groceries and healthcare.

But their districts are very different: Hudgins is running in a liberal stronghold in Atlanta with no serious Republican opposition and is all but certain to win in November. Bautista’s district is rural and deeply conservative; it hasn’t elected a Democratic state representative since 1996, and she’s the first to run for this seat since 2010. But Hudgins’s and Bautista’s bets are the same: Voters are looking for someone to fight for them. In Hudgins and Bautista’s view, something in the country is broken and no one else will fix it. So they stepped up.

“People around here just hate the government, and that’s why I’m running,” Bautista told Uncloseted Media and The 19th. “People have lost faith in the system as a whole.”

Hudgins’ mind is on the big picture: getting as many Democrats, especially progressives, in the statehouse as possible. Without that, they believe the future — especially for LGBTQ people and immigrants — isn’t certain.

“At the end of the day, we have to have the numbers,” Hudgins told Uncloseted Media and The 19th.

A deep red district in rural Ga.

In the hourlong drive from Atlanta to Cartersville, where Bautista grew up, suburbs fade away and the land expands into RV lots, farms, and houses on the edge of the woods. Bautista launched her campaign in this small town, at Noble & Main Coffee Co., across the street from a butcher shop that offers deer processing.

“It’s one of those hidden gems,” she says. “They’re friendly toward Democrats.”

It’s also not in the statehouse district she wants to represent. She’s running for office in the more rural side of the county, an area that’s about 80 percent white, mostly older and mostly conservative. And it’s been a challenge. Most people here vote Republican. Her opponent, the GOP incumbent Mitchell Scoggins, has not run against anyone since he first won a special election in 2018.

Lack of change is what spurred Bautista to run. And it’s not just Scoggins sailing unopposed to reelection every two years. Bartow County is one of a small handful of counties in Georgia with only one commissioner, who single-handedly decides the fate of everything from data center construction to new roads. The current commissioner has held the position for 14 years.

The issues facing her hometown can’t be left to one man, Bautista says. She wants to pass legislation for locals to vote on a board of commissioners, regulate Flock cameras, shield locals from data center pollution, conserve farmland and expand rural mental healthcare. She thinks these stances will appeal to voters who may otherwise vote Republican. But it’s still an uphill battle — and a lonely one.

“This is not a story about pride. It’s not a story about visibility,” she says. “It’s a story about challenges, difficulty. I don’t want to be the fucking first to do it, but I have no choice but to be the first.”

But Bautista says she’s struggling. This campaign has cost her privacy and peace, which doesn’t impact just her: She lives in her family home as the primary caretaker for her mom.

In May, during the primaries, someone came to her house twice, she says: once to put up a sign supporting President Donald Trump next to her own campaign sign in the front yard, and later to take down her sign.

“I literally live in the middle of nowhere,” she says. “That sent chills down my back, because I’m like, OK, that means someone physically went to my home, got out of their car, went up the hill, put up a Trump sign.”

Her neighbors, who she’s known her whole life and are Trump voters, assured her that they weren’t involved. But that fear hasn’t left her. Since then, more signs have gone missing: A few weeks after we met, hundreds of her campaign signs were taken down across the district. Those cost money to replace — money the campaign doesn’t have.

As a trans Latina, she belongs in Bartow County just as much as anyone else, she says. This is the only home she’s known. But campaigning in this district feels like being thrown into the ocean, she says. Online, people mock her and misgender her. It hurts. Often, they’re the same people she’s fighting for.

At one point during an interview at Noble & Main Coffee Co., Bautista started crying. Keeping her head above water means she doesn’t often take time to think about why she’s doing this.

“You’re just having to swim, swim, swim, swim and you never get any chance to look back and think, oh my gosh, why am I doing this, what does this mean to other people?”

Dramatically different districts

Hudgins launched their campaign at Joe’s Coffeehouse in East Atlanta Village, roughly 50 miles from Bautista’s district. This place, a local indie fixture, holds personal history for them: When they became homeless in 2017, it became a refuge as they couchsurfed and lived in their car. It took a year to find stable housing.

This neighborhood is where they got back on their feet after being kicked out of their apartment, something they know is common for queer people in the U.S., as well as in their own circles.

“Most of the queer electeds that I’m really close with are people who have experienced homelessness,” they say. “It just goes to show how prevalent this is for queer Southerners.”

And, years later, this same neighborhood is where they fell back in love with politics.

Being here makes Hudgins think about how the city is changing as people get priced out. Gay bars are closing and, as a former drag performer, they know of only three places still putting on shows. It’s all getting too expensive. Midtown isn’t the bustling queer neighborhood it used to be, they say, but the queers are still here: They’re just moving further into DeKalb County, East Point and southeast Atlanta, all in search of affordability.

That’s part of the problem. Hudgins sees solutions, though: raising the state minimum wage to $20 an hour or creating a state earned income tax credit to give money to lower-income families. Previous Democrat-sponsored bills to enact those policies have been blocked in the statehouse, and it’s those stalemates that are driving voters to push for something different, Hudgins says. Decades of Republican control have left people disillusioned.

“People’s political will and spirit has kind of been chipped away at,” they say. “Life can be better.”

The first time Hudgins ran for this seat in 2022, they were 28 and single, and the pandemic was still fresh. The previous year, Atlanta spa shootings targeting Asian women had taken place, and “Cop City,” the massive training ground for local police in DeKalb County, was formally proposed amid national protests against police brutality. Joe Biden was president, and from where Hudgins sat, the Democratic establishment was clamping down on progressive dissent.

They were angry — but that anger didn’t resonate with voters, they say.

“It was such a more agitated time in a lot of different ways, and this strong leftist point of view wasn’t as appreciated,” they say. “At that time, I was also angry. I was mad. And I think it came through.”

Their opener in their 2022 race was, “To be frank, I’m tired of my friends dying,” they say. They had lost friends to police violence, addiction, hunger and mental illness. One of their friends was left permanently disabled from a hate crime, they say. Hudgins had begun to get severe cluster headaches and was managing that while running their first campaign.

After losing that race, they reassessed if they wanted to do politics at all. They were broken-hearted, they say. A friend helped them get a job at a Laotian pop-up restaurant in East Atlanta Village, only a short walk from Joe’s Coffeehouse. But what they thought would be an escape from politics became a reeducation in why it mattered, they say. Surrounded by other Asian Americans, they learned about U.S. bombing campaigns in Laos and connected with their new friends’ working-class struggles.

“I really got to understand more about how my Southeast Asian neighbors and friends have experienced American identity,” they say.

If elected, Hudgins would be Georgia’s first Japanese American lawmaker. To them, it feels like that usually gets left out of their story as people instead focus on their gender identity.

They weren’t planning on running for office this year. Their wedding is in November. Until recently, they were lobbying against anti-LGBTQ bills as Georgia state director for Human Rights Campaign, a major LGBTQ advocacy group. But Saira Draper, who beat Hudgins in 2022 to represent House District 90, is running for the state Senate. That left the House seat open. And it left the door open for Hudgins to run again.

When three other Democrat contenders dropped out in the primary, Hudgins became the front-runner. Their opponent, Samantha Boston, received only about 500 votes in the Republican primary. Hudgins got over 7,000 in the Democratic contest.

Fearless advocates

On a muggy September night, Hudgins and Bautista were in full glam at the College Park Woman’s Club in Atlanta, gathered alongside activists, volunteers and political candidates at a fundraising gala for LGBTQ youth.

At her table, Bautista prepared to present a “fearless youth advocate” award to state Rep. Akbar Ali, sworn in last year at 21 as the youngest lawmaker in Georgia. Bautista won this same award last year for the work she does at her nonprofit, which primarily supports transgender and immigrant young adults. Seated with Ali and friends running for office in Bartow County, she read over her notes.

Democrats in the room buzzed with the possibility of reshaping the statehouse, and with nerves that Republicans’ now abandoned redistricting effort will resurface.

On stage, Bautista looked to a different future — one where trans visibility in politics is not a rarity in Georgia.

“To all my transsexual girls in the building, just know that I’m fighting for you, and that in two years it’s going to be one of y’all,” she said. “It’s going to be one of y’all running for governor. It’s going to be one of y’all running for state senator. It’s going to be one of y’all running for commissioner.”

But she knows that history recognizes the victors, people who make it past the finish line, regardless of how much work they put into the race.

“I stand before you in the middle of history, not on the other side of it,” she said on stage. “I keep going not because the water is calm, but because someone on the other side is waiting for proof that a person like them survived it.”

Hudgins watched from the front of the room. They sat next to Sam Park, the Georgia House minority whip, a longtime mentor.

“I’m incredibly proud of Bella’s leadership and her courage for stepping up,” Park told Uncloseted Media and The 19th in an interview a few days later. “Bella is giving her voters, her fellow neighbors, an option, a real choice to say enough is enough.”

Rural Democrats are craving someone willing to fight for them, says Courtney Bruder, chair of the Democratic committee of Cherokee County, where Bautista’s district also touches. But complacency has gotten in the way, she says.

“It’s been difficult to try to get someone to be willing to fight for a seat that’s going to be hard,” she told Uncloseted Media and The 19th. “It’s been a slow change to get Democrats in this area to run.”

Bautista hasn’t felt supported by the Georgia Democrats, she says. She has allies in the statehouse and in others running for office, but she still feels like the subliminal message from the party is that she just isn’t electable. She feels like she isn’t taken seriously because she’s not white, doesn’t have wealthy donors and isn’t running in a safe district for Democrats.

Democrats in leadership say she’s changed the game, though, and see her candidacy as a sign of a changing tide in Georgia.

A blue wave may be brewing in the Peach State. Georgia saw record-breaking engagement in the primaries, and an NBC analysis found that Democrats turned out in unusually high numbers across the state. But in Bartow County, where Bautista lives, Democrats make up just one-third of the vote in the gubernatorial primary, according to data from the Georgia Secretary of State’s elections office.

Bautista is positioning herself as an anti-establishment candidate first, and a Democrat second, to appeal to people who aren’t engaged in politics, she says.

It may not be enough to win. But for the past 16 years in this district, no one was willing to step into the ring at all. She still sees victory in that, and in the ways her campaign has gotten neighbors to care about what’s happening in their backyard.

‘I’m going to be who I am’

If elected, Hudgins would become the state’s first nonbinary lawmaker. But they don’t care if voters understand their gender or use the correct pronouns; they just want voters to understand the issues.

“I realized if I led with my identity, it would distract people from understanding what I had to say,” Hudgins says.

One moment in particular on the campaign trail, at Israel Missionary Baptist Church in April, changed their perspective on this.

“The deacon lays his hands on me. He’s like, ‘God, help her, help this person, help him, just help them be victorious.’ I wanted to laugh, but then I was really touched. This guy I’ve never met before … was just trying to be respectful,” they say.

If they win, a whole new set of challenges awaits them at the Georgia statehouse. The dress code is gendered; men must wear a coat and tie, while women are allowed a more nebulous “dignified dress.” But it’s not just the clothes; they would be joining an institution built around a gender binary they don’t adhere to.

Lawmakers are used to referring to each other as “Mr.,” “Mrs.” or “Miss,” per the rules. Although there are more formal options that could allow for a loophole, those are gendered too — members may identify each other by the district “he or she” represents or by the city of “his or her” residence. The bathroom is its own ordeal: if there is a gender-neutral bathroom, Hudgins has yet to find it. As a gender nonconforming person, if Hudgins takes office, they would be walking into a system designed to exclude them. And there are fines associated with breaking these rules.

They are still weighing how to respond to it. They want to be taken seriously as a legislator and build relationships that move bills, but if they don’t stand up for themselves, it sends a poor message, they say.

“I have a pesky knack for maintaining who I am regardless of what the rules say,” they say with a laugh. “If we have a Democratic majority, we can change the rules. If there is a Republican majority, I’m going to be who I am and I’m going to dress how I think is appropriate. And their problems, we’ll address them as well.”