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Indocumentadas en Honduras: la realidad de las personas trans (parte I)

La CIDH dijo el Estado de Honduras es responsible por la muerte de Vicky Hernández

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Angie en las calles de su aldea natal (Foto cortesia de Dunia Orellana)

Esta es la primera parte de un reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — En la aldea de Tacamiche, que se desligó de la transnacional bananera Tela Railroad Company a finales de los años 90, vive Angie Orellana, mujer trans, activista y lideresa comunitaria que pese a las múltiples limitantes en el área rural se mantiene firme en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras.

De actitud afable, mirada expresiva y suave sonrisa, Angie nos recibe en su casa en esta aldea situada en San Manuel, a 22 kilómetros de la segunda ciudad más importante de Honduras, San Pedro Sula, para ilustrar la realidad que viven muchas personas trans en el país. 

En una hamaca, debajo de un barracón rodeado del verde de las plantas, la originaria de  la ciudad de La Lima narra que su espíritu aguerrido nació cuando apenas tenía 13 años en la lucha campesina de la que sus padres fueron parte para desligarse de la transnacional. 

“De ahí nace la lucha a la que me dedico ahora para el cumplimiento de nuestros derechos. De ahí parte lo que soy como mujer trans, como luchadora, porque soy una persona que me mantengo luchando por nuestros derechos”, expresa.

En su juventud, Angie incursionó en las luchas estudiantiles y, con el paso de los años, gracias a su hermana, quien también es mujer trans, llegó a las puertas de la Asociación Feminista Trans (AFET), donde aprendió más acerca de la diversidad de género y poco a poco se fue involucrando en las actividades para defender los derechos de la población trans en Honduras.

Incertidumbre

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que hizo responsable al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández durante el golpe del 28 de junio de 2009 marcó un precedente histórico para la población trans y comunidad LGBTIQ+ en América Latina. Hubo un velo de esperanza para una comunidad que durante años ha sido víctima de odio, discriminación y violaciones de derechos humanos que les han despojado de su plenitud como personas.

Vicky Hernández (Foto cortesia de Cattrachas)

Sin embargo, la realidad es que la incertidumbre continúa para las personas trans, aunque se han dado avances en algunos procesos. El Estado de Honduras realizó el 9 de mayo de 2022 el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la muerte de Vicky Hernández, una de las medidas reparatorias que la Corte IDH ordenó al Estado luego de la sentencia.

Al respecto, Angie expresa que luego del acto de reconocimiento de responsabilidad, la poca visibilidad que la presidenta Xiomara Castro da a las personas trans en los espacios públicos es preocupante. “Nosotras le apostábamos a que en todo momento, en todo espacio, la presidenta iba a estar representándonos y no ha sido así”, comenta.

Las personas trans todavía continúan en espera de una respuesta que les deje saber cuál será el siguiente paso que les permita acercarse al goce integral de sus derechos. “Hemos tocado varias puertas, así vemos la poca voluntad política de cada una de las personas que llevan este proceso”, puntualiza la activista. 

Con 40 años de edad, Angie dice ser “una persona indocumentada en su propio país”. De igual manera, remarca la carencia de una ley de identidad de género que beneficie a las personas trans, no para solucionarles la vida por completo, sino para erradicar las violaciones a los derechos humanos que viven diariamente.

Falsas esperanzas

Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, se realizó el censo nacional de la población con la intención de actualizar la tarjeta de identidad, anteriormente llamada cédula, a un nuevo documento nacional de identificación (DNI).

Para el DNI, las personas trans pudieron tomarse la fotografía vistiendo acorde a su expresión de género. El nuevo documento incluye los apartados de nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de identificación, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de expiración y firma del ciudadano, dejando el apartado de sexo/género.

Sin embargo, en la parte posterior del documento se observan los diferentes códigos de barra, QR, domicilio y un código alfanumérico que contiene un identificador de F o M (femenino o masculino), el  cual, de acuerdo con dirigentes de las asociaciones LGBTIQ+, evidencia la forma en que el pasado gabinete manipulaba la información para hacer parecer que se avanzaba en la materia cuando no era así.

Fotografia de la DNI mostrando códigos f y M

Esta relevante pieza de información que muestra cómo los procesos se camuflan para impedir el goce de derechos humanos integrales no aparece en las fotografías de la campaña informativa que publicaron entes del Gobierno al momento del censo.

Fotos de la campaña del DNI-2 promovida.

La lideresa trans y defensora de AFET, Allyson Hernández, comenta que esta ha sido “una estrategia muy sucia”. “Hay muchas compañeras que se alegran porque está el cambio de la imagen, pero nosotras que estamos dentro y al frente de la lucha y el movimiento entendemos que ha sido algo maquillado, donde siempre se nos marca que somos sexo masculino”, señala.

Según Hernández, esto conlleva a que otras personas se confundan, dado que la imagen de expresión de género no es la misma que indican los documentos de investigación, propagando aún más el odio y el estigma.

¿Hay avances?

Dentro de la sentencia de la Corte IDH, la octava medida reparatoria que el Estado debe cumplir es “adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos en los documentos y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida”.

En septiembre del presente año debía haberse dado una reunión para iniciar el proceso de cambio de nombre, pero el Registro Nacional de las Personas (RNP), institución que se encargará del proceso de cambio de nombre en el DNI, no ha definido hasta el momento la metodología ni fechas para iniciar con el cumplimiento de dicha medida.

Al ser consultados, el RNP aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la institución que lidera el cumplimiento de la sentencia, apoyándose en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otras organizaciones de sociedad civil defensoras de las personas de la diversidad. Asimismo, argumentó que “solo están a la espera de la suscripción del memorándum de entendimiento para el cumplimiento de la sentencia, con el acompañamiento de todas las instituciones involucradas a nivel nacional que garanticen su cumplimiento”.

Angie reconoce que las personas trans tienen que vivir situaciones de discriminación en cada espacio. Las actividades cotidianas más simples como ir al banco o recibir atención médica se vuelven engorrosas al no contar con los documentos que reflejen su expresión de género. 

Cabe resaltar que en Honduras actualmente existen solamente tres motivos por los cuales una persona puede cambiar su nombre, basados en el artículo 51 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: 1) por error del registro al momento de su inscripción, 2) cuando el nombre sea demasiado difícil de pronunciar o de escribir y 3) cuando el nombre denigre a la persona o sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Dentro del último punto se hace énfasis en que, si los nombres son contrarios a la moral y a las buenas costumbres, se realizará el cambio de nombre solamente si hay un dictamen forense solicitado por el RNP que evidencie que esto está causando daño psicológico en la niña o niño.

Mientras tanto, las personas trans continúan sumidas en procesos de discriminación, en los que son objeto de burlas, humillaciones y negación de servicios por no tener un documento de identidad que refleje su expresión de género real.

Esperanza con liderazgo

En su diario vivir, Angie trata de dejar huella ejerciendo su liderazgo. Dedica su tiempo a hacer voluntariado dentro de AFET y también coordina el grupo Frida Trans, integrado por 40 personas voluntarias con diferentes expresiones de género. Angie creó Frida Trans con el propósito de brindarles apoyo, ser más visibles en la comunidad y educar a las personas de su entorno para derribar estigmas sociales. Por ello, Angie resalta que le gusta “la inclusividad porque la lucha es LGBTI+, no es solo de las personas trans”.

El municipio de San Manuel es una zona del interior del país bastante conservadora, que se vuelve agravante para la seguridad de las personas trans. Sin embargo, la lideresa se muestra firme en destacar la importancia de la educación comunitaria en temas de diversidad. El semblante de Angie se va endureciendo a medida que habla de sus puntos de vista para poder alcanzar una sociedad más justa e inclusiva.

“Considero que nosotras debemos educar a la sociedad. No te miento, siempre hay un grado de estigma y discriminación en los lugares que puedo llegar o llego, pero lo que me gusta dar a conocer es el trabajo que nosotras realizamos, lo positivo de trabajar en los colectivos LGBTI+ para el cumplimiento de los derechos, específicamente”.

Frida Trans ha permitido que haya mayor visibilidad en el sector, las personas LGBTI+ se están manifestando para abrir espacios donde puedan abordar temas referentes a su expresión de género, ya que actualmente esta localidad no cuenta con un punto de reunión para la población diversa, como en la mayoría del territorio hondureño, donde se segrega a muchas personas trans por considerar que alteran las buenas costumbres y el orden público. 

Relación del fundamentalismo religioso con el Estado

El fundamentalismo religioso ha levantado ataques de odio en la comunidad de San Manuel, propagando la desinformación y haciendo que más personas apoyen la posición de los grupos antiderechos.

Angie reflexiona que “eso es algo que siempre va a existir” porque lo vienen acarreando desde hace muchos años, pero “nunca se había visto de manera tan violenta ni directa como en este momento”, indica.

En lo que va del 2022 ya se superó el número de muertes violentas de personas diversas del año pasado. En 2021 se cerró con 29 muertes, mientras que en julio del presente año esta cifra ascendía a 36 muertes violentas dentro de la comunidad, siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán los que registran mayor número de fatalidades.

Aunque se muestra optimista al afirmar que “esto va a disminuir a medida se eduque a las personas”, la cotidianeidad de Angie y el resto de sus compañeras no es fácil. “Algunas de nosotras o todas nosotras nos preparamos diariamente para conllevar lo que pasa a nuestro alrededor; discriminación, rechazo, odio, todo ese tipo de cosas”.

Un ejemplo de esto se dio en el marco del Día contra la HomoLesboBiTransFobia luego de que varias organizaciones LGBTIQ+ realizarán eventos de manifestación exigiendo sus derechos. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se negó a izar la bandera del orgullo, argumentando que “no quería enemigos como la iglesia o cualquier otro sector que pudiera pronunciarse en contra de su gobierno”, comparte el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara. 

“Esta es una de las mayores limitantes dado que ni nosotras gozamos de un Estado laico, tú bien sabes todo lo que hemos venido acarreando desde años, donde siempre la Iglesia ha estado incluida en las decisiones del pueblo. Entonces creo que no debe ser así”.

Según un estudio publicado por CID Gallup, la población hondureña es 36 por ciento católica y 44 por ciento evangélica. La religión en Honduras es con frecuencia utilizada como mecanismo de manipulación, lo cual conlleva a que se divulguen más discursos de odio en contra de las personas trans.

Grupos religiosos de Tegucigalpa en manifestación para defender la moralidad y buenas costumbre de país. (Foto de Luis Vallecillo)

No obstante, la Constitución de la República en el artículo 77 expone lo siguiente: “Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”.

La realidad es completamente opuesta a la teoría. Desde hace mucho tiempo se ve abiertamente cómo la relación entre Iglesia y Estado ha interferido en decisiones para el bienestar social como derechos sexuales y reproductivos, ley de identidad de género y matrimonio igualitario.

Angie inclina el cuerpo, se impulsa hacia adelante en la hamaca donde está sentada y abre las manos para gesticular, canalizando toda la energía que siente en ese momento para expresar su relato. 

“Parte del Estado debe de ir trabajando en esto para que se vaya erradicando … Son personas aliadas prácticamente todas las que están en contra de nuestros derechos en beneficio de la población LGBTI+ … hay intereses políticos detrás de todo esto también porque todo nace de esta manera”, enuncia.

Radio Nacional de Honduras es censurada

Sumándose a esto, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales se convierten en fuentes de desinformación y perpetúan el odio. Por otra parte, los medios independientes hacen uso de las herramientas de capacitación de entes internacionales para empezar a exponer la realidad de las poblaciones rezagadas.

En junio de 2022, Radio Nacional de Honduras difundió dos audios que fomentaban el respeto a los derechos LGBTIQ+. En uno de ellos, una joven le comenta a su madre que es lesbiana y, en el otro, una mujer mayor expresa que existirá normalidad hasta que se respeten los derechos de todas las personas.

Se trata de un hecho histórico en el país, puesto que ningún medio estatal había emitido alguna opinión al respecto hasta ese momento. Como consecuencia, la radioemisora sufrió una serie de reacciones negativas y ataques dado que los oyentes argumentaban que se estaba atentando contra la institución de la familia y que la campaña era inmoral e incorrecta para los niños del país.

Venciendo el desconocimiento con la verdad

De vuelta a su semblante risueño, relajada y acercándose más a cámara, Angie deja apreciar su personalidad más rockera con sus característicos tatuajes y su nítida manicura. Procede a abrirse para relatar cómo fue su transición. Cuenta que, por desconocimiento en temas de género y diversidad, durante algún tiempo se definió como un chico gay, aunque siempre se sintió más femenina.

“Recuerdo que me gustaba mucho el rock, así que lo utilizaba de escudo para que no me discriminaran cuando yo saliera con ropa bien ajustada y con un poquito de maquillaje en mi cara”, relata.

Reconoce que aún en ese momento no se definía como mujer trans por la desinformación es estos temas que son de suma importancia. Aquí entran las organizaciones LGBTIQ+, dedicadas a la incansable labor de la educación y visibilización de lxs miembrxs de la comunidad.

Hace siete años, luego de capacitarse, por fin reconoció su género. “Hasta que yo llego a AFET y comenzamos a hablar de género y orientación sexual es cuando yo ya me identifico como una persona trans”, comparte.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Angie comparte lo que significa esta transición para su vida, lo cual ella cataloga como “un logro porque me siento libre, libre al expresarme y al identificarme con el género con el que yo me siento conforme”.

A pesar de que ha sido un reto luchar diariamente contra las imposiciones de un Estado y sociedad rotos por los intereses políticos, no oculta la felicidad que siente al poder ser ella misma y que su activismo llegue a más personas que como ella no entienden cómo identificarse.

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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