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Gobierno de Chile reafirma su compromiso con los derechos LGBTQ

La ‘Mesa LGBTIQA+’ se terminó su primer año este mes

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El 6 de enero finalizó el primer año de trabajo de la 'Mesa LGBTIQA+' en la que participaron 42 organizaciones de todo Chile. (Foto cortesía del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)

Diversas reacciones en el mundo político chileno dejo este fin de semana la publicación de una noticia en el medio conservador El Mercurio, donde afirmaron que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) estaban preparando un proyecto de ley para instaurar este año una Subsecretaría LGBTQ.

Y es que precisamente dicha cartera de Estado puso en marcha en 2022 la primera “Mesa LGBTIQA+”, la cual es integrada por distintas instituciones públicas, organizaciones y activistas LGBTQ chilenos, con el objetivo de mejorar la calidad de la población queer en ese país latinoamericano, que en el último año ha tenido un aumento de ataques y crímenes de odio. 

En la última década los derechos LGBTQ en Chile han ganado terreno. El matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género, la unión civil y una Ley antidiscriminación son algunas de las conquistas que tardaron tiempo instalarse. Sin embargo, no existe ninguna institución de Estado o política pública que trabaje por garantizar la inclusión de este grupo históricamente discriminado. 

Es por eso, que con la puesta en marcha de la “Mesa LGBTIQA+” impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, las deudas pendientes de esta población tienen una oportunidad sin precedentes, ya que ningún gobierno anterior había generado una instancia de trabajo como esta. 

Durante el primer año participaron 42 organizaciones de todo Chile, y culminó el pasado 6 de enero con la firma de un convenio entre la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, el SERNAMEG y la Subsecretaría de Prevención del Delito, para atender a las personas que son víctimas de ataques anti-LGBTQ. Un importante logro, que permitirá entregar ayuda en todo el territorio nacional. 

Al mismo tiempo, al culminar el primer año de trabajo de la “Mesa LGBTIQA+” desde el MinMujeryEG anunciaron que durante el segundo semestre de este año enviarán un proyecto de ley que amplié el mandato ministerial, para que “se incluya a la comunidad LGTBIQA+”. Hasta ese momento, no había ningún anunció de la creación de una Subsecretaría LGBTQ.

Luego de la publicación de El Mercurio, la mayoría de los medios de comunicación chilenos replicaron la noticia levantando una polémica sin confirmar la información. Ya que oficialmente desde el gobierno no han anunciado la creación de una Subsecretaría LGBTQ o una institución antidiscriminación, como el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en Argentina. 

El ex candidato presidencial de derecha extrema, José Antonio Kast, criticó en su cuenta de Twitter la imprecisa noticia. 

“Chile es más pobre, más violento e inseguro que hace un año y el gobierno inepto en vez de resolver las urgencias sociales, se dedica a agrandar el Estado para profundizar su agenda ideológica”, escribió el líder del Partido Republicano. 

Desde el MinmujeryEG dijeron al Washington Blade que “se ha finalizado recién la mesa con las organizaciones de la comunidad LGBTIQA+. Una de las demandas es tener una institucionalidad, por lo que durante el 2023 se definirá cuál es el camino progresivo, mientras en paralelo se mejora la ley antidiscriminación”.

Mientras que la subsecretaría del MinMujeryEG, Luz Vidal Huiriqueo, publicó en sus redes sociales que “por siete meses nos reunimos con organizaciones LGBTQ+. Sus urgencias son las de todo el país: seguridad, trabajo y salud. Sobre la 1ra avanzamos en un convenio con @SubPrevDelito para atender correctamente y para los largos desafíos comprometimos proponer un mecanismo institucional”. 

La autoridad dijo en una entrevista exclusiva con el Blade antes de la publicación de El Mercurio que “para el gobierno del presidente Gabriel Boric, encontrar y dar respuestas a las demandas de la población LGBTIQA+ en Chile es un compromiso que no se va a dejar de lado por nada”. 

“Nosotras y nosotros del MinMujeryEG hemos acogido las necesidades de esta comunidad que día a día, en muchos casos, tiene que sobrevivir. Es por eso, que desde nuestro ministerio hemos levantado esta mesa intergubernamental para tener una comunicación fluida y permanente con las organizaciones LGBTIQA+”, explicó Vidal desde su despacho ministerial.

Vidal agregó que “el presidente nos encargó pasar del discurso a la acción. Hay que ponerse a trabajar. Hay que implementar los acuerdos, no podemos quedarnos solamente en bonitos anuncios y ese es nuestro compromiso. El compromiso que hoy día tenemos es trabajar por las mujeres, por la equidad de género, por y con toda la población, a favor de toda la ciudadanía y de quienes les falta presencia del Estado”.

Autoridades chilenas luego de firmar el convenio que permitirá entregar ayuda a los ataques de odio. (Foto cortesía del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)

La subsecretaria mencionó a este medio que la necesidad de incorporar a la población queer al trabajo de su ministerio es importante ya que “exactamente hoy día, el Estado no tiene facultades para atender específicamente a la población LGBTQ+, entonces necesitamos crear una camino progresivo que, ya sea una institucionalidad u otra figura, nos permita implementar políticas públicas”.

Aquella supuesta institucionalidad fue la que encendió la disputa el pasado domingo y desnudó que sea cual sea el mecanismo que instale el gobierno de Boric, no será un camino fácil. Aunque también evidenció un interesante debate que tenía personas a favor y en contra. 

“Creo que no va a ser un trámite fácil. No va a ser un proyecto que podamos decir, los vamos a sacar a final de año, eso lo tenemos claro. Hoy día incluso en proyectos o en el trabajo que se está realizando desde el ministerio cuesta avanzar simplemente porque actualmente tenemos un Congreso con fuerzas políticas contrarías a la inclusión y el respeto a la diversidad. Eso presente en nuestro Congreso, también está presente en varios países de Latinoamérica”, opinó Vidal. 

Por otro lado, la primera diputada transgénero de Chile, Emilia Schneider, dijo al Blade que “me parece que el anuncio de una institucionalidad para la población LGBTI en el Ministerio de la Mujer, y también en lo que se ha estado trabajando con el Ministerio de Justicia para avanzar en una institucionalidad contra la discriminación, a propósito de la reforma a Ley Antidiscriminación son dos pasos fundamentales para avanzar en dignidad y derechos para las diversidades y disidencias sexuales”. 

Según la congresista es importante “hacer un cambio permanente en el Estado, que de reconocimiento a la importancia de tener un espacio que responda a las necesidades de la población queer y se haga cargo de combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia a la que está expuesta nuestra comunidad”. 

“Me parece que este es uno de los compromisos más importantes, que de concretarse serian un legado fundamental de este gobierno en materias de diversidades y disidencias sexuales”, concluyó Schneider. 

Mientras que la coordinadora de políticas públicas de la Asociación OTD Trans, la organización trans más importante de Chile, Ignacia Oyarzun, opinó que la instauración de una institucionalidad “es un avance que va en la dirección de establecer lo que será un cupo laboral trans para lograr una mayor integración de la comunidad en la sociedad, ya que en la práctica ocurre que las personas de las diversidades trans, no son contratadas, o son despedidas injustificadamente de espacios laborales, precarizando aún más una vida llena de violencias, y por lo tanto, es una señal de querer hacer las cosas de manera correcta, teniendo en consideración que las personas de nuestra comunidad pertenecen a grupos de vulnerabilidad y por tanto somos sujetes de especial protección”.

Finalmente, Jorge Muñoz, de la organización Mogaleth de Puerto Montt, una ciudad ubicada a 640 millas al sur de Santiago, que también participa de la Mesa LGBTIQA+ señaló al Blade que “todo acercamiento desde el poder central a la sociedad civil, y sobre todo a las regiones es positivo. En ese marco consideramos un avance en cuanto a las demandas del colectivo en la lucha por el reconocimiento de la vulneración histórica de nuestros derechos”.

“El reconocimiento del Estado hacia el maltrato y los discursos de odio hacia las disidencias han sido históricamente centralistas. Las regiones, donde también sufrimos acoso, maltrato, dificultades de acceso a salud, educación y trabajo hemos sido relegadas a lo largo de la historia. En este sentido lo que más valoramos es el reconocimiento de nuestras demandas en el contexto territorial”, remató Muñoz. 

Por ahora, no hay una versión oficial sobre cuál será el mecanismo se utilizará para crear la anhelada institucionalidad. Lo que sí está claro, es el compromiso del gobierno y el MinMujeryEG con los derechos LGBTQ que avanzarán sin importar los costos políticos que puedan traerles. 

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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